Se creará el Índice de Precios del Transporte (IPT), que servirá de base para formular parámetros de regulación y formulas tarifarias. También se definieron medidas para reducir la informalidad en el sector y para garantizar la renovación del parque automotor.

Bogotá, 1 oct (SP). El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó los lineamientos de política para el desarrollo del transporte público automotor de carga por carretera.

Con el fin de armonizar las relaciones económicas de todos y cada uno de los integrantes de la cadena, se propone la creación del Índice de Precios del Transporte (IPT), que debe contener una estructura de costos de operación eficiente y que sirva de base para formular parámetros de regulación y formulas tarifarias.

Con el fin de obtener una reducción de costos, la política está orientada a promover la organización de la cadena productiva del sector, de tal manera que se asegure el desarrollo sostenible del mismo, bajo esquemas de libre competencia, transparencia, facilitación logística, eficiencia y profesionalización.

En este sentido, se propone que el Ministerio de Transporte revise y actualice las normas para la habilitación de empresas con el fin, entre otros, de reducir informalidad y fomentar la competencia.

Teniendo en cuenta que el parque automotor de carga en Colombia presenta una edad promedio alta y adicionalmente una baja utilización de los equipos se proponen acciones como: regular transitoriamente el acceso de equipos de transporte al servicio; determinar una metodología para el cálculo de la oferta actual y futura; y, actualizar las normas de especificaciones técnicas y de seguridad de los vehículos de transporte de carga, y la definición de configuraciones vehiculares que avancen hacia sistemas multiarticulados de carriles exclusivos de carga, principalmente en corredores de comercio exterior.

El documento aprobado por el Conpes destaca los mecanismos aplicables para acceder a la renovación y reposición del parque automotor. En este sentido, el Fondo Nacional de Garantías, respalda operaciones de Crédito y Leasing dirigidas a personas naturales o jurídicas que pertenezcan a las micros, pequeñas y medianas empresas; cuya destinación sea la inversión en activos fijos nuevos o usados.

El objetivo es respaldar la financiación de los activos fijos e inversiones diferidas que requieran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), apoyando créditos destinados a incrementar la capacidad instalada, la renovación del parque automotor y su repotenciación, la innovación tecnológica o la reconversión industrial.

De otro lado, con el fin de fortalecer la gestión del Estado, se sugiere que el Ministerio de Transporte (Superintendencia de Puertos y Transporte), en coordinación con el Comité Técnico del Programa de Renovación de la Administración Pública (Prap), evalúen la situación actual y determinen un plan de acción con el fin de fortalecer los mecanismos de control y dar cumplimiento a la normatividad establecida.

De otro lado, en cuanto a la política de aseguramiento de riesgos se recomienda que los ministerio de Transporte y Hacienda, así como la Superintendencia Financiera y los integrantes de la cadena productiva de transporte, en coordinación con el sector asegurador, evalúen e identifiquen los riesgos de cada uno de los usuarios del servicio, transportadores, mercancías y vehículos, en los cuales se incluyan los posibles riesgos derivados del terrorismo y de la alteración del orden público.

La política sectorial también prevé el desarrollo e impulso de servicios logísticos, para lo cual Planeación Nacional en coordinación con los ministerios de Transporte y Comercio, están adelantando una asesoría para la identificación de potenciales zonas para el desarrollo de plataformas y elaborar un plan de acción para promover la implementación de dicha infraestructura.

Esta asesoría tendrá una duración de 6 meses y se espera contar con los resultados en el primer trimestre de 2008.

En materia de seguridad en el desplazamiento por carreteras, se propone que el Ministerio de Defensa, verifique periódicamente el mantenimiento de las condiciones de transitabilidad mediante la aplicación de las estrategias establecidas en la política de Seguridad Democrática.

Así mismo, el se recomienda que el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio de Transporte diseñen un programa e identifiquen los elementos jurídicos y operativos necesarios para mejorar el proceso de judicialización y penalización de los delitos cometidos en contra del transporte.