Cali, 18 oct (SP). “Me complace mucho, por tercer año consecutivo, poder acudir a esta reunión, que en los años anteriores, a través de la discusión y el diálogo, produjo buenos resultados para la Justicia y el país.

Y no pocos. Creo que los avances en estos años, en ajustes de remuneración, en la parte legislativa, tanto sustantiva como procedimental, han sido bien importantes en la parte presupuestal.

Permítanme compartir con ustedes algunas ideas simples, sobre lo que pienso, es el modelo colombiano estimulado por el actual Gobierno. Definir, desde mi punto de vista, si debemos permanecer en el debate obsoleto entre izquierda y derecha, o trabajar por los principios configuradores de la democracia moderna.

Compartir con ustedes los principales objetivos del Gobierno. El tema de la Seguridad Democrática, el papel de la Justicia en la Seguridad Democrática, la Ley de Justicia y Paz, los reclamos en materia legal, que tendrá que estudiar el país, que provienen de los grupos terroristas, que aún no se han desmovilizado, como ELN y Farc.

El tema del tratamiento igual o desigual, al cual se ha referido el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que ocurre en este proceso electoral, y lo que ha sido la tendencia en los procesos electorales, presididos por este Gobierno.

El tema de las participaciones presupuestales, también referido en la intervención del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La lucha contra la impunidad, el tema de los sindicalistas, las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, las relaciones con la Corte Interamericana, con la Corte Penal Internacional, el tema de la tutela, del Ministerio de Justicia.

Y el gran aporte, en el cual este Gobierno viene a reiterar el compromiso, para que en el 2010 toda la Justicia colombiana tenga un gran soporte de conectividad, pueda actuar en línea, tenga a disposición ese elemento fundamental de la productividad, de la eficiencia contemporánea, que es la información tecnológica.

Y por supuesto, la relación del Estado de Derecho con la opinión pública.

Izquierda y derecha

La discusión entre izquierda y derecha en el continente, a mi juicio es obsoleta, polarizante, no tiene hoy razones prácticas para sostenerla.

Tuvo razón de ser, cuando grupos disidentes y grupos insurgentes se enfrentaban a dictaduras, y habían traído de la Europa de la posguerra, conceptos como los de (Norberto) Bobbio, para poder implantar regímenes de libertades.

Hoy, que todo el mundo quiere girar alrededor de la regla democrática en el continente, esa lucha ya no tiene razón de ser. Difícil de sostener en la práctica.

Una periodista internacional me preguntaba: “¿cómo puede Colombia actuar con un Presidente de derecha, en una América Latina de izquierda?” Y yo le decía: ¿por qué usted dice que el Presidente de Colombia es de derecha y América Latina de izquierda? La periodista, empezó a dudar. Le dije: déme ejemplos de gobierno de izquierda, y me mencionó el uno, el otro, el del Presidente Lula. Y dígame en la práctica, ¿cuáles son las diferencias con el actual Gobierno de Colombia? y empezó a dudar.

Creo que hay más diferencias en el discurso que en la práctica gubernamental, en la campaña electoral que en el ejercicio del Gobierno.

Y cuando uno examina los elementos que deben caracterizar una democracia moderna, encuentra que de pronto, muchos de los que reclaman para sí el calificativo de izquierda, incurren en prácticas autocráticas de derecha.

Nosotros en lugar de esa discusión, hemos propuesto que Colombia trabaje cinco principios: el principio de la Seguridad Democrática, el principio del respeto a las libertades públicas, el de la búsqueda de la cohesión social, el de respeto a la independencia entre las instituciones, y el de la búsqueda de transparencia, como razón de ser de confianza de la ciudadanía en las propias instituciones estatales.

Tienen diferentes orígenes. Los marxistas decían que la seguridad era un instrumento de la clase dominante, para reproducir las condiciones de explotación. Y finalmente, las izquierdas disidentes se dieron cuenta que se requería un concepto democrático de seguridad, para que sus opiniones no fueran amordazadas.

El reclamo de seguridad, es un reclamo que hoy proviene de todas las fuentes ideológicas.

Los marxistas, y quienes en nombre de la izquierda quisieron sucederlos, con diferentes aproximaciones y matices, desdeñaban las libertades públicas, peyorativamente las calificaban como las libertades burguesas, que anestesiaban la explotación y reproducían las condiciones de dominación.

Pero finalmente, la misma izquierda se dio cuenta que la garantía eficaz de las libertades públicas, era un imperativo para poder presentarse como opción de Gobierno.

Sin cohesión social no se garantiza la legitimidad democrática, y sin transparencia no se garantiza la confianza.

Nosotros hemos buscado la confianza en Colombia como nuestro primer afán de Gobierno. Creo que se va ganando.

Por ejemplo en materia de inversión internacional, el país es hoy un país que está de moda, todo el mundo quiere venir. El país ha recuperado enorme confianza.

Los sucesos recientes con Ecopetrol. Una reforma bien importante después de superar radicalismos ideológicos que la impidieron durante tantos años, muestra que los colombianos han recuperado confianza en su país; 520 mil colombianos, exclusivamente colombianos, suscribieron acciones en el proceso de capitalización de Ecopetrol, además de 7 millones de trabajadores dueños de los Fondos de Pensiones.

Creo que todos estos elementos están vinculados a la confianza.

Una de las maneras de construir confianza, es hablar claramente de los temas que pueden suscitar diferencias y buscar opciones.

Independencia de las ramas del poder

Entonces, allí llegamos a uno de esos puntos que acabo de mencionar: la independencia entre las ramas del poder que confluyen a la formación del Estado, que también tienen que colaborar armónicamente, en procura de los fines superiores del Estado.

A mí me parece muy bien reivindicar la trayectoria de la Justicia colombiana, lo aplaudimos. Pero puedo decir con franqueza fraterna a ustedes, apreciados magistrados y jueces, que en Colombia hay total respeto por la independencia de la justicia.

Me parece que no hay una sola razón para quejarse ante la comunidad nacional o internacional, de que se está violentando la independencia de la justicia.

La independencia entre las ramas del poder público exige la colaboración armónica. Y por supuesto, hay hechos, episodios de la vida nacional, que son más exigentes en materia de colaboración armónica.

Un proceso de desmovilización, que ha logrado que un país que tenía aproximadamente 60 mil terroristas hace cinco años, haya desmovilizado 46 mil, es un proceso que requiere colaboración armónica. Colaboración armónica, no componenda.

Y el examen de los diferentes matices de cara a la opinión, no para enfrascarse en animosidades o en antagonismos insuperables, sino para buscar opciones, creo que establece la diferencia entre la suspicacia por la componenda, y la confianza por la cooperación armónica.

¿Ese proceso de dónde surge? Primero, de la firmeza del Gobierno que empezó el 7 de agosto de 2002, para desmontar por igual los fenómenos terroristas de paramilitares y guerrilla.

Segundo, de la expresión, colectiva de algunos, individual de otros, de abandonar las armas y someterse a la ley.

Tercero, del proyecto de ley de Justicia y Paz, controvertido, analizado en detalle, en el cual se oyeron todas las opiniones, previamente, con excepción de la Corte Constitucional, que solamente se pronunció cuando le correspondía, al examinar la constitucionalidad de la ley, y proceder a modularla.

Por supuesto, un proceso que así se surte, necesita que se mantenga la cooperación. Por ende, hay que entender que un Gobierno que tiene responsabilidades en el orden público, manifieste acertada o equivocadamente preocupaciones por una sentencia, que no es irrespetarla, que no es desatenderla.

Preocupaciones que se fundan, en la circunstancia de pensar que hay 19 mil desmovilizados a quienes hay que resolverles la situación jurídica.

Yo pediría una reflexión: ello no implica desconocer la independencia de la justicia.

Y, no me gusta hablar de un caso personal, pero las cosas se arreglan examinándolas tranquila y francamente, no a través de esperar un cóctel, o una tertulia, o unos buenos puentes sociales para superarlas.

Déjenme decir, que el Presidente de la República reclama el derecho a preocuparse y a ofrecerle colaboración a la Justicia, cuando le informan que probablemente hay una investigación contra él, por haber hecho contacto con un paramilitar en el 2003, para que asesinara otro paramilitar.

Eso es muy grave. El Presidente de Colombia, incurso en una investigación por haber contactado un paramilitar para asesinar otro paramilitar.

Que el Presidente llame, con todo el respeto, con todo el respeto, al Magistrado auxiliar que adelantaba esa investigación, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para manifestar su preocupación y al mismo tiempo ofrecer su disposición a contribuir con la investigación, yo creo que debe entenderse. Y creo que eso no debe causar reclamos sobre obstrucción a la justicia.

Permítanme decir respetuosamente que a lo largo de estos cinco años y dos meses de Gobierno, no hay un solo hecho de obstrucción de la Justicia. Todo lo contrario, creo que es el primer Presidente que ha deliberado en extenso con la Justicia y la deliberación no es una formalidad para salvar apariencias, la deliberación es para mirar dificultades y buscar cómo superarlas.

Yo, por ejemplo, llego hoy aquí con el antecedente de haber dialogado con la Justicia a lo largo de estos cinco años, de haber acudido a cuantas reuniones de la Justicia he sido invitado, y de haber buscado, de manera patriótica, soluciones indicadas para la prosperidad de la Justicia colombiana,

Reitero, basado en los hechos, no en discursos de última hora, que aquí hemos preservado la tradición de respeto a la independencia de la Justicia, y que al manifestar preocupación por una sentencia, buscar alternativas -que se están buscando en el Congreso de la República- discutir cómo le he discutido con algunos Magistrados, una de esas discusiones en presencia del señor Procurador General de la Nación, para buscar opciones o el episodio personal, en ningún momento pueden invocarse como factores que alteren la independencia de la Justicia.

La confianza en Colombia, de propios y extraños, depende también de una justicia independiente, que haga cumplir las reglas de juego para todos. Y por eso es esencial distinguir entre unos episodios puntuales, y una tradición que ha preservado este Gobierno, de respeto a la independencia a la Justicia.

Responsabilidad social

Nosotros hemos reformado 420 entidades del Estado, pero no lo hemos desmontado. Ahí marcamos una diferencia con décadas anteriores en América Latina, donde en nombre del ‘Consenso de Washington’ se desmanteló el Estado.

No estamos en el estatismo, que quiere darle al Estado el monopolio del manejo de los medios de producción. Le damos todo el espacio al sector privado, pero le exigimos responsabilidad social, ahí tenemos otra diferencia con corrientes de la hora presente en América Latina.

Creemos en tres expresiones de la responsabilidad social:

La transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, para lo cual es fundamental la Justicia.

La solidaridad de los inversionistas con las comunidades. He citado en múltiples ocasiones el ejemplo de que quienes extraen carbón del Cesar no pueden ignorar los reclamos de las comunidades afectadas, porque en poblados por los cuales nadie transitaba antes, ahora transitan 600 tractomulas al día, levantando una polvareda asfixiante a la comunidad. La solidaridad de los inversionistas con las comunidades la garantiza la justicia.

Y la tercera expresión de responsabilidad social, en nuestro concepto, es el manejo de las relaciones laborales: ni de odio de clases -odio de clases que le inocularon al país las guerrillas marxistas y que todavía no hemos podido superar- ni de capitalismo salvaje, sino de fraternidad.

Y, señor Presidente de la Corte, en su intervención, que hemos escuchado atenta y rigurosamente, y sobre la cual hemos tomado nota, ha hecho la mención de una serie de sentencias bien importantes en la historia laboral de la Nación.

Seguridad Democrática

Nosotros creemos que hay tres objetivos de Gobierno que deben ir de la mano: las metas sociales, todo el mundo se compromete con ellas, hay gobiernos más pródigos en el discurso y más escasos en los resultados, y hay gobiernos más pródigos en los resultados y más parcos en los discursos.

Pero hay dos objetivos de Gobierno que generan mucha controversia, que no se aclimatan bien en el lenguaje político, a los cuales muchos políticos les tienen temor a su solo planteamiento: la Seguridad Democrática y la confianza inversionista.

Estos tres van de la mano. Sin Seguridad Democrática no hay confianza inversionista, sin confianza inversionista no hay política social, sin política social no se da la legitimidad que se requiere, para prolongar en el tiempo la seguridad y la confianza inversionista como valores del Estado y de la sociedad.

Y esto nos lleva a ver que la prosperidad económica y la prosperidad social tienen que ir de la mano.

En estos años, como lo mostraré más adelante, se ha hecho un enorme esfuerzo para avanzar en la financiación de lo social, de la seguridad y de la Justicia, sin antecedentes. Y eso, en buena parte se ha logrado, muy distinguidos magistrados y jueces de mi Patria, porque este Gobierno ha recuperado confianza inversionista. Por eso hemos podido atender muchos de los reclamos de ustedes, reconociendo que en un país con tantas necesidades todo reclamo es justo.

He repetido en todos los escenarios en los cuales puedo dirigir unas palabras a mis compatriotas -lo repetía ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta mañana al Fiscal de la Corte Penal Internacional- que la Seguridad Democrática es un proyecto colombiano, por oposición a la doctrina de la seguridad nacional. Y pertinente repetirlo hoy, cuando estamos aquí, ante el grupo de colombianos que en razón de oficio, son los individuos tutelares de los derechos individuales y colectivos.

Cuando por América Latina hizo su recorrido el fantasma de la doctrina de la seguridad nacional, se sustentaron dictaduras. Nuestra seguridad es democrática.

Ese fantasma de la seguridad nacional suprimió el disenso. En Colombia hay plenitud de disenso.

Ese fantasma de la seguridad nacional eliminó el pluralismo. El proceso electoral cercano en Colombia tiene 235 orígenes diversos, que postulan candidatos.

La seguridad nacional eliminó libertades como la de prensa. Aquí hay plenitud de libertades.

La seguridad, en la doctrina de la seguridad nacional, no era un bien público ni un valor democrático, sino un bien para grupos selectos. En la Seguridad Democrática nuestra, la seguridad es un valor democrático que busca apoyar por igual a líderes sindicales que a empresarios, a voceros de la oposición que a amigos del Gobierno. Eso es bien importante.

Y hemos avanzado en lo resultados, bastante. No hemos ganado, pero vamos ganando.

Creo que las reducciones de masacres, homicidios, secuestro, la mayor tranquilidad que se respira en todos los rincones de Colombia, son un gran avance de la Seguridad Democrática.

¿De dónde venimos?

Hace cinco años el Estado había sido derrocado en muchos sitios del país. Finalmente ¿cómo se caracteriza el Estado? Como el órgano legítimo para tomar decisiones y hacerlas cumplir, donde el Estado coincide con el poder soberano.

Esa soberanía se había perdido en muchas partes. El Estado había sido derrotado por el terrorismo; se mantenía la Nación, pero se había desdibujado el Estado.

Y allí recuerdo la discusión de los juristas y politólogos cuando la invasión alemana a Francia. Se preguntaba: “quién ejerce hoy el poder soberano en el territorio francés”. Y algunos, aduciendo que se mantenía intacta la Nación francesa, decían que el Estado francés. Y finalmente primó la tesis de que ese poder soberano lo ejercía el Estado usurpador, el Estado alemán, que era el que podía en ese momento tomar decisiones en Francia y hacerlas cumplir coercitivamente.

Algo similar pasó con el Estado colombiano, que mantenía intacta la Nación, pero el poder soberano legítimo del Estado había sido derogado en muchas partes, por terrorismo guerrillero y por terrorismo paramilitar.

Hemos avanzado sustancialmente.

Hemos desmovilizado 46 mil personas. Todo lo que falta, el Gobierno lo reconoce, pero el Gobierno, para pedir colaboración, tiene también que invocar todo lo que se ha logrado.

En la década de los 90, el país no desmovilizó más de cuatro mil guerrilleros. En este Gobierno se han desmovilizados más de 10 mil guerrilleros, y alrededor de 34 mil paramilitares. Creo que es un gran avance.

Y mantenemos el proceso de reinserción complejo. No les hago sino una comparación, jueces y magistrados de mi Patria, piensen en 46 mil desmovilizados. Nuestra Patria tiene casi 800 municipios, en promedio, con menos de 25 mil habitantes. Imaginen ustedes dos municipios de éstos, exclusivamente habitados por desmovilizados, y eso da la dimensión del problema, la complejidad del desafío, pero lo venimos superando.

Creo que hay otro gran logro: la desmovilización del paramilitarismo. Déjenme decir que este es el primer Gobierno que los enfrentó, y que los enfrentó resueltamente, y que eso no hay que comprobarlo en el discurso sino en la práctica. Un Gobierno que lleva 62 meses en ejercicio, no tiene sino un lenguaje, el de los resultados.

Recuerden ustedes el poder guerrillero y paramilitar de hace cinco años, y compárenlo con el de ahora: una guerrilla debilitada y un paramilitarismo en su acepción original desmontado.

Cuando hablo con mis compatriotas, en un diálogo que he mantenido todos los días en este Gobierno, muchos me dicen: “Presidente era imposible pensar hace cinco años, que cinco años después estuvieran la mayoría de estos líderes paramilitares, con ese poder que ostentaban y ejercían, estuvieran en la cárcel”. Creo que allí hay un gran logro, un gran logro.

Y habían derrotado la justicia. Quiero llamar la atención de ustedes sobre eso. Esa justicia imparcial, independiente, que los investidos de autoridad para ejercerla deben prestar como servicio público en todo el territorio, estaba anulada en muy buena parte del territorio.

Entonces, en materia laboral, en derecho de familia, en materia penal, había sido suplantada -como en todas la expresiones del Estado- por guerrilleros y paramilitares.

Eso se ha recuperado. ¿De cuántos municipios escuchábamos hace cinco años la tesis de que allí la justicia la ejercían los guerrilleros o los paramilitares, y cuánto hemos avanzado cinco años después? Es una reflexión que quiero traer a consideración de ustedes.

He dicho que el actual proceso electoral es un proceso electoral sin paramilitares, en la acepción original. Si ustedes recuerdan el país, verán que hay guerrilla y bandas criminales, pero no hay paramilitares.

¿Por qué lo digo? Porque el vocablo paramilitar surge para denominar organizaciones privadas criminales, cuyo objeto era combatir la guerrilla. Hoy, en ninguna parte del territorio, hay organizaciones privadas criminales para combatir a otros criminales.

El Estado ha recuperado el monopolio que nunca debió perder. Me parece que es un gran avance.

De los desmovilizados ha reincidido, aproximadamente, un cinco por ciento. Es un número relativo que parece bajo, pero cuando se expresa en el equivalente de la cifra absoluta es muy alto: alrededor de dos mil 500. Dos mil 500 reincidentes hacen enorme daño a una sociedad. Pero más de mil han sido capturados, pierden los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y más de 400 dados de baja por las fuerzas institucionales del Estado.

Se persiguen hoy, con toda la determinación, de manera imparcial, neutral, por igual a guerrillas, a bandas del narcotráfico, a nuevas bandas criminales, etcétera.

Yo creo que ese es un gran avance, que va a ayudar muchísimo a restablecer el imperio de la Justicia en todo el territorio.

La mayoría de los delitos que se investigan hoy de paramilitares y sus contactos con la política, fueron anteriores a este Gobierno.

Procesos electorales

Miren ustedes el proceso electoral de 2003, cómo ese fenómeno delincuencial se redujo sustancialmente. Miren ustedes los dos procesos electorales de 2006: parlamento y presidencia.

Después de examinar todo lo que allí se dijo, he llegado a esta conclusión: el único que puede quejarse del proceso electoral de 2006, es el Presidente de la República que aspiraba a la reelección, porque las guerrillas -especialmente en el sur del país, y por culpa del propio Gobierno que todavía no las ha podido reducir totalmente- condicionaron poblaciones campesinas, con el fusil en el cuello, para que no votaran por el Presidente, y les ordenaban votar por otro candidato.

Son hechos recientes, cuyo examen y cuya denuncia pública ameritan la controversia.

Miren este proceso electoral: han sido asesinados 18 personas, candidatos. Un proceso electoral con una explosión de candidaturas sin antecedentes, casi 87 mil candidatos, de 235 orígenes políticos diferentes, para proveer 18 mil 332 cargos. No debería haber sido asesinado uno sólo.

Estamos haciendo todo el esfuerzo. Hay un despliegue de Fuerza Pública sin antecedentes, como lo muestra el copamiento de casi todos los sitios de votación, para el debate del domingo último de octubre.

¿Qué nos ha dicho la justicia, hasta ahora? Hay ocho casos de autor indeterminado aún. Hay un caso de riña política. Y los otros son casos imputables a las Farc.

El Gobierno, que está de cara a los hechos, puede reivindicar hoy lo siguiente: el paramilitarismo, como organización criminal privada para combatir la guerrilla, ha dejado de existir, y gracias a este Gobierno.

Y reconozco los esfuerzos de todos, de los soldados y policías de la Patria, su heroísmo, su sacrifico; de la Fiscalía; de la Justicia; de los órganos de control. Ese es un gran avance. Un enorme avance.

Ley de Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz, qué difícil. El país conocía leyes de amnistía, indulto, que no se denominaban de perdón y olvido, pero en la práctica eran de perdón y olvido.

¿Qué diferencia? La Ley de Justicia y Paz, con leyes anteriores del país sobre la misma materia, y del mundo. Muchos en la comunidad internacional han reconocido que ésta es una legislación ejemplar, que marca un antecedente ante el mundo entero, porque establece ese buen equilibrio entre la paz y la justicia; porque exige que la paz no se consiga con impunidad, y también exige que la justicia no se aplique, en desconocimiento de la necesidad de la paz.

Creo que esa reflexión, que coincide, que es consistente con la práctica, debe ser motivo de orgullo para el pueblo colombiano y sus instituciones.

Y no entremos en los detalles que ustedes las conocen. Hay que proponer un debate: ¿qué va a pasar con el ELN y las Farc en el futuro?

Cuando se adelantan conversaciones preliminares para un proceso de paz con el ELN, lo primero que dice el ELN: “Nos tienen que indultar a todos, todos queremos ir al parlamento”.

El Presidente de la Corte acaba de mencionar la condena a la cúpula del ELN, por ese delito de lesa humanidad que fue la masacre de Machuca. El país se tiene que preparar en ese debate: ¿hasta dónde se va llegar en materia de ley, de Constitución, de tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en aras de la paz?

Y las Farc dice que ellos no son sujeto del ordenamiento penal colombiano, porque ellos desconocen el Estado colombiano.

Miren, esta Ley de Justicia y Paz no permite que los autores de delitos de lesa humanidad salgan del monte al parlamento, como ocurrió en el pasado, que salieron del holocausto de la Justicia al parlamento. Pero, hay unos temas pendientes, de profundidad, como el tema del ELN y de las Farc.

Permítanme detener en el tema de tratamiento igual.

Yo creo que deliberar sobre estos temas, con toda la franqueza, a riesgo de estar equivocado, no le hace daño a la independencia de los poderes, estimula reflexiones.

El delito político

Lo primero es que acepto de la justicia colombiana, en materia de delitos atroces, les ha dado igual tratamiento. Mi preocupación es por el tratamiento desigual a quienes no han estado incursos en delitos atroces. Espero ser absolutamente claro en eso.

Y he dicho, desde el punto de vista sociológico ¿qué diferencia hay entre el campesino que pertenece al grupo paramilitar, y el campesino que pertenece al grupo guerrillero?

Y he insistido en una tesis: desde el punto de vista del padecimiento de la víctima, ¿qué diferencia hay entre el delito del uno y el delito del otro?

Y desde el punto de vista rigurosamente jurídico -y permítanme asomar esta reiteración ante ustedes, lo hago con todo respeto- creo que violan por igual el ordenamiento jurídico, que es el Estado, quienes quieren suplantarlo, para establecer un gobierno guerrillero, o quienes lo desconocen, so pretexto de atacar a la guerrilla y de defender el orden socioeconómico. Los dos, finalmente, están por fuera y en contra de ese ordenamiento jurídico y del Estado.

Yo no participo de la tesis de que los paramilitares están a favor del Estado. Su accionar viola el ordenamiento jurídico, lo desafía, que es finalmente el Estado.

Entonces ¿cuál es la preocupación del gobierno? El tratamiento diferente a quienes solamente han cometido el delito de pertenencia al grupo, el delito de portar uniformes de uso restringido, del porte de armas, de la promoción de estos grupos. Eso es lo que preocupa al gobierno.

Tenemos 19 mil, de los 34 mil paramilitares desmovilizados, a quienes tenemos que resolverles la situación jurídica. ¿Qué he pedido yo? Démosles el tratamiento igual que a los 10 mil guerrilleros que se han desmovilizado.

Si no han incurrido sino en el delito de pertenencia, uso de uniformes restringido, porte de de armas, y no han incurrido en otros delitos, permitamos que durante la etapa investigativa se les pueda dar el beneficio de la cesación de la acción, o de la preclusión. O si están condenados, el beneficio del indulto.

Deliberar es bueno, cuando se oye y se buscan alternativas. Por eso escuché muy atentamente todo el discurso del Presidente de la Corte Suprema. Deliberar es bueno, es la dinámica de la democracia.

¿Por qué un guerrillero desmovilizado, que solamente ha cometido el delito de pertenencia al grupo, puede recibir el indulto? ¿Y por qué el paramilitar desmovilizado en las mismas condiciones, que solamente ha cometido ese delito, no puede recibir el beneficio del indulto? Esa es mi preocupación.

Alguien me decía, en alguna discusión, en presencia del Procurador, con magistrados de la Corte, respetuosa, de tesis, alguien me decía: “Presidente, es que si se les hace ese reconocimiento se evita la extradición”. De ninguna manera.

‘Simón Trinidad’ y ‘Sonia’ no fueron extraditados por sediciosos. Muy clara la Constitución. El incurso en el delito político no es extraditable. Fueron extraditados porque, además de la sedición, eran reclamados por delitos diferentes, que de acuerdo con la ley, son delitos que hacen posible la extradición.

Un paramilitar, que además de la pertenencia al grupo cometió otros delitos, primero, no se le puede dar el indulto; segundo, es extraditable. Quiero hacer esa reflexión.

El gobierno es partidario de que se apruebe un acto legislativo propuesto por el Ministro (del Interior y de Justicia) Holguín: que los familiares cercanos, de personas elegidas, servidores públicos de elección popular, no se puedan presentar a procesos electorales en fechas próximas a esa condena, para desmontar aparatos políticos ilegítimos. Ojalá el Congreso de la República nos apruebe esa reforma.

Pero queremos agregar otra: que los desmovilizados que no hayan perdido el derecho de ser elegidos, no se puedan presentar en elecciones próximas. Hoy jurídicamente lo pueden hacer, otra cosa es que sea inconveniente, desde el punto de vista de la tranquilidad para la sociedad y de la transparencia electoral.

Hoy por hoy, el que no haya cometido sino el delito, un delito político, de acuerdo con la Constitución, puede aspirar a los cargos de elección popular. Nosotros creemos que si su desmovilización es reciente, eso es inconveniente.

Y que esa inconveniencia se debería en convertir en obstáculo legal, para por lo menos uno o dos debates electorales posteriores a la desmovilización. Pero jurídicamente hoy pueden participar, ofreciéndose, postulándose como candidatos.

Mi pregunta es: ¿por qué si el guerrillero lo puede hacer, el paramilitar no lo puede hacer?

Lo que yo le pido al Congreso, y le pido en esta reflexión a la Corte y a la Fiscalía, es que nos ayuden a encontrar una solución jurídica, en el Congreso de la República, para darle tratamiento igual a quienes simplemente han cometido ese delito de pertenencia al grupo.

Y advierto: yo no soy partidario de los delitos políticos. El delito político es un atenuante de la historia de la humanidad, para proteger en alguna forma la acción de quien se levanta en contra de la agresión del opresor.

En una democracia garantista, como la nuestra, no debería haber delito político. Lo acepto porque está en la ley, y porque definitivamente es una herramienta práctica, para poder superar esta larga noche de terrorismo en Colombia.

Sin ser yo partidario del delito político pido a los magistrados y jueces una reflexión, la misma al Congreso: que podamos disponer del elemento jurídico, del instrumento jurídico, para darle el mismo beneficio al guerrillero que reúna los presupuestos, que al paramilitar que reúna los presupuestos. Examinemos eso.

Yo creo que el Gobierno, por buscar esa salida jurídica, y discrepar de una sentencia, no la irrespeta. Ese problema no es fácil. Hay que resolverle esa situación a 19 mil desmovilizados, y el problema apenas empieza.

Imaginen magistrados apenas el país tenga que enfrentar, en este o en futuros gobiernos, el tema del ELN y el tema de las Farc.

Creo que ha sido un periodo importante éste de reformas a la Justicia, la introducción del Sistema Penal Acusatorio, de la oralidad; la Nueva Ley Estatutaria, la Ley de Familia y de Infancia, la Ley 1142 para apoyar la recuperación de la seguridad cotidiana, la Ley de Justicia y Paz.

Financiación de la Justicia

Y permítanme referir que hemos avanzado bastante en la financiación de la Justicia.

Le decía yo en una discusión franca, buscando opciones, al Presidente del Consejo de Estado –él hacía un reclamo en una asamblea que se realizó hace poco en el Quindío, donde en compañía del Ministro del Interior, y del Viceministro de Justicia asistí- para examinar allí, con la jurisdicción contenciosa, los reclamos que debe atender el Gobierno.

Me decía que la participación se ha reducido sobre el Producto (Interno Bruto), lo acabamos de escuchar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Les quiero decir lo siguiente sobre ese punto: este Gobierno encontró un déficit en el Gobierno Nacional Central del 6 y medio, a eso hay que sumarle que se agotaron las reservas del Seguro Social. Solamente este Gobierno le tiene que trasladar casi 5 billones.

La doble calzada Bogotá – Santa Marta debe costar 5 billones. Esa es la suma que cada año le estamos trasladando ahora al Seguro Social, porque sus cotizaciones no le alcanzan para pagarle a 650 mil pensionados.

Las pensiones del Magisterio valen 37 billones. Las pensiones de las Universidades Públicas, empezando por la Universidad Nacional, su cálculo actuarial es de 4 billones.

Argentina resolvió un problema pensional, disminuyendo las pensiones a la cuarta parte en su capacidad adquisitiva. Nosotros las hemos honrado totalmente. Eso es bien importante.

Hemos hecho un enorme esfuerzo. Hemos reducido ese déficit al 4 (por ciento). Todavía es muy alto.

Ustedes no saben lo difícil que fue tramitar el acto legislativo de transferencias a las regiones, porque teníamos que conciliar la necesidad de promover la descentralización y al mismo tiempo de cuidar la salud fiscal de la Nación. Si se quiebra la Nación, se quiebra la descentralización.

Cuando el Presidente Barco terminó el endeudamiento público de Colombia, hablo del año 90, no superaba el 16% por ciento del PIB. Nosotros en el 2002 lo encontramos entre el 48 y el 50. Lo hemos bajado al 28, pero todavía es muy alto.

Lo que hemos podido atender en política social, en política de justicia, en política de solidaridad, ha sido con un enorme esfuerzo. Por supuesto, ha crecido más la economía en estos años, gracias a Dios, que el presupuesto. Y eso lleva a que todos los sectores vean disminuir su participación en el Producto.

Pero déjenme darles estas cifras: en el año 2002 el presupuesto de la Rama fue de 831 mil millones. Para el año entrante un billón 460 mil.

El de la Fiscalía fue en el 2002 de 657 mil millones. Para el año entrante de un millón 169 mil. Creo que hay un gran avance.

Recuerden ustedes hace 2 – 3 años las discusiones en estas mismas reuniones por los reclamos de los magistrados de los tribunales, por la necesidad de financiar los juzgados administrativos.

Posteriormente durante el Ministerio del Interior y de Justicia del doctor Sabas Pretelt, la larga discusión con Asonal Judicial, hasta que se pudo presupuestamente atender muchos de sus reclamos con unas primas.

Pienso que hemos avanzado. Reconozco lo que hace falta.

Ahora voy a ir aquí a un pago de Familias en Acción en Cali. Uno de los programas banderas de nuestra política social.

Cuando en la Presidencia de la República mis compañeros de Gobierno me muestran en un power point que en este Gobierno hemos pasado de 220 Familias en Acción a millón y medio, eso parece una maravilla.

Ahora voy allí y tres cuartas partes del auditorio me dicen: “Presidente, ¿y porqué no he entrado yo?”. Un país con mucha pobreza, con muchas limitaciones, donde toda solución hoy al Gobierno, en los computadores del Palacio Nariño, le parece grande. A la hora de dialogar con los ciudadanos es muy pequeño.

Tengo una experiencia que quiero compartir con ustedes. Un día invité al ministro Jorge Humberto Botero, hoy representante de Colombia en el Banco Mundial, a que me acompañara a una reunión con microempresarios. Y allá vino el reclamo y él me dijo: “Pero si esto de Banca de Oportunidades funciona bien. Colombia esta creciendo enormemente la financiación del microcrédito”. Lo que es verdad.

Cuando propusimos un millón 800 mil microcréditos a igual número de familias, en el primer Gobierno la meta parecía inalcanzable. Lo logramos. Ahora con el esquema de Banca de las Oportunidades nos hemos propuesto 5 millones. Difícil. Eso hay que lucharlo todos los días. Lo vamos a lograr.

En el total de la financiación colombiana, el microcrédito representaba el 1 y medio y hoy representa el 5 y medio.

La cartera para los microempresarios hace cinco años era de 738 mil millones y hoy es de casi 6 billones.

Hemos avanzado enormemente. Pero el Ministro se quejó ese día porque en ese auditorio todos los que había eran quejosos. Y le dije: “Por eso el Gobierno no se pude quedar viendo el power point, sino que tiene que venir a contactarse con el power people. Porque usted allá, en la Presidencia de la República, en el power point ve lo que usted ha logrado. Pero si no viene aquí, no se da cuenta de lo que hace falta”.

Particularmente me he sentido muy comprometido de asistir a todas las reuniones de la Justicia para darse uno cuenta de lo que hace falta. Pero les pido recibir estas explicaciones. La situación fiscal ha sido muy difícil.

Miren los aumentos de estos cinco años y compárenlos con lo que fue la tendencia de financiación de la justicia anterior. Y verán ustedes que ha habido un gran esfuerzo de este Gobierno. Sin embargo tiene toda la disponibilidad para seguir examinando con ustedes cómo se sigue apoyando a la justicia, como es nuestro deber.

Protección a sindicalistas

Todo esto para derrotar la impunidad. Como lo decíamos ayer ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y esta mañana ante el Fiscal Moreno de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, en el caso de los sindicalistas, tan de moda hoy en los Estados Unidos para invocarlo como una causa para no aprobarle a Colombia el TLC.

Cuando este Gobierno empezó aquí asesinaban a 256 sindicalistas por año. Lo sabe quien los representó bien y fue su Ministro de Trabajo: el Gobernador Angelino Garzón, quien está completando ahora su período. A pesar de que él todos los días se declara de una orilla ideológica diferente a la mía, yo no tengo sino motivos de agradecimiento por la manera como hemos coordinado la acción de Gobierno.

La seguridad democrática ha ayudado a que en medio de la diversidad haya gobernabilidad en este país. ¿Ustedes se imaginan en qué estaría la gobernabilidad colombiana con 1.099 alcaldes de elección popular directa y 32 Gobernadores, si no tuviéramos aquí un concepto democrático, respetuoso de la diversidad? ¿Si no tuviéramos una actitud deliberante para buscar opciones?

Nosotros propusimos en la campaña presidencial de 2002 el concepto de Seguridad Democrática y dimos como ejemplos: proteger por igual al líder sindical que al empresario, etcétera.

Empezamos la Ministra de Defensa, el Vicepresidente de la República, mi persona, a ocuparnos de cada caso de asesinato de sindicalistas, a ofrecer recompensas, a aupar, a estimular a la Fuerza Pública para que se capturara a quienes perpetraban esos asesinatos.

Logramos una gran reducción en 2005 a 25 casos. En 2006 subió a 60, porque al enfrentamiento tradicional de guerrilla y paramilitares se le sumó el enfrentamiento entre el Eln y las Farc.

Este año nos han asesinado a 6 líderes sindicales y 15 maestros. Hasta ahora la justicia nos ha dicho que en el caso de líderes sindicales no hay evidencias de relación con su actividad sindical. El Gobierno lo que ha hecho a apoyar a la justicia y estimular a la fuerza pública para protegerla.

Tenemos a 6 mil colombianos en protección individual del Estado. De ellos más de 1.200 líderes sindicales. Eso le cuesta al presupuesto de la Nación más o menos, el año entrante, 42 millones de dólares.

Creo que es un esfuerzo que no lo está haciendo otro país en el mundo. Y creo que lo que se ha hecho en materia de justicia empieza a producir resultados. Falta mucho. El Fiscal aspiraba a más recursos para el año entrante y uno quisiera decirle sí.

De todas maneras creo que el avance es significativo y va a poder tener más de 830 investigadores adicionales y alrededor de 250 nuevos fiscales y fortalecer la Unidad de derechos Humanos. Es bien importante.

Hicimos un compromiso, bajo los auspicios de al Organización Internacional del Trabajo (OIT), empleadores, trabajadores y Gobierno, para apoyar a la justicia a fin de esclarecer 250 casos protuberantes señalados por los mismos trabajadores.

Creo que hemos empezado a rotar esa impunidad.

Yo realizo una reunión a la hora de almuerzo, cada mes, cada mes y medio, con los presidentes de las centrales obreras. Allí va un delegado de la OIT. Y cuando no va el Fiscal, envía a su delegado.

El último informe de la Fiscalía es que van 56 sentencias, casi todas sobre casos ocurridos después del 2002, que han condenado a 108 personas por ser autores de asesinatos a sindicalistas. Estamos avanzando y hay toda la determinación.

Ahora, por ejemplo, nos acusan del tema de que en la fuerza pública hay ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que hay que hablar es de homicidio fuera de combate. En Colombia no hay ejecución judicial. Está proscrita desde la reforma constitucional de 1910.

¿Que ha dicho el Gobierno? El Gobierno estimula todo lo que sea la derrota de la violación de los derechos humanos. La seguridad democrática para ser creíble tiene que ser eficaz y tiene que ser transparente. Y la medida de la transparencia la da su ajuste a los derechos humanos.

Hace poco condenaron a cuatro soldados a 40 años por asesinar a unos sindicalistas. Primero dijeron que los habían dado de baja y la justicia comprobó que había sido fuera de combate. El Gobierno respalda la justicia.

Yo mismo he dicho en Arauca, después de conocer todo lo que dice la comunidad: infortunadamente, de acuerdo con la justicia, en fallo que respetamos, apoyamos y ayudamos a soportar, los mataron fuera de combate y eran del Eln.

El Gobierno cree que lo que contribuye al ceñimiento riguroso de las instituciones armadas de la Nación a los derechos humanos, es un factor legitimante de la seguridad democrática. Pero hay que poner cuidado. Hay que poner cuidado porque la guerrilla y sus voceros internacionales, cada vez que sienten que avanza la seguridad y los debilita, apelan al recurso de que aquí se están violando los derechos humanos.

Y son muy efectistas en eso. Porque uno de los problemas que ha tenido Colombia es que tuvimos una diplomacia paralela guerrillera en Europa, en Estados Unidos y en muchas partes, más eficaz que en nuestra Cancillería.

Yo visité a Europa cuando ese ensayo de la UP (Unión Patriótica), con Braulio Herrera. Guerrillero que estaba en el Congreso en la época. Y desde esa época me di cuenta como había esa diplomacia paralela tan eficaz de la guerrilla y esa diplomacia tan ineficaz y adormilada del Estado colombiano.

Y esa diplomacia ha servido para desacreditar injustamente a nuestra fuerza pública en muchas ocasiones. ¿Cual es el punto de equilibrio? El Gobierno apoya la justicia para que no haya impunidad en la Fuerza Pública, y apoya a la Fuerza Pública para que en el discurso político nacional e internacional no se le desdore injustamente, como se ha vivido a lo largo de muchos años de la historia del país.

Cuando hubo esta caso aquí en Jamundi, cerca de Cali, ocho días antes de elecciones. Grave. Imagínense ustedes qué pensaría el Presidente de la República, que estaba de candidato a la reelección, con ese caso. ¿Qué hicimos? Le pedimos a la Justicia Penal Militar que no conociera ese caso. Le pedimos al señor Fiscal General de la Nación que abocara el conocimiento.

El Gobierno ha sido el primer interesado en esclarecer la verdad sobre hechos que han comprometido a policías o soldados de la patria. Que en Guaitarilla. Que en Cajamarca. Y reiteramos eso, pero con el buen cuidado de no desmotivar a la Fuerza Pública de la Patria, que la necesitamos para recuperar finalmente la paz.

La paz no se recupera porque los violentos amen la paz, sino porque sientan necesidad de paz. Estos paramilitares y estos guerrilleros no se han desmovilizado por amor a la paz, sino por la presión de la política de Seguridad Democrática. Esto es bueno tenerlo también en lo que estamos mirando.

Y es bueno también decir en frente de la justicia colombiana, para que oiga la opinión internacional, en concepto del Presidente de la República quién ha asesinado a los sindicalistas. No los empresarios. En el momento en que la justicia condene a un empresario, el Gobierno colombiano es el primero en apoyar ese fallo. Desde mi perspectiva política creo que no son los empresarios los que han asesinado a los sindicalistas. Han sido los terroristas.

Yo compartí las aulas de la universidad pública con varios de ustedes. En los años en que en los primeros cuatro semestres de derecho teníamos que estudiar El Capital, el materialismo histórico, infraestructura y superestructura de Marta Harnecker, llegábamos a ciencia política a no estudiar el estado de leyes sino las ideas de Nicos Poulantzas. La forma futura de Estado era el quehacer y el Estado y la revolución de Lenin. No nos dejaban ver nada distinto.

Y recuerdo la acción de la guerrilla: combinar las diferentes formas de lucha. Y en aras de la combinación de las diferentes formas de lucha, penetraban el movimiento estudiantil y penetraban el movimiento obrero y la política.

Ustedes hoy están haciendo una tarea de exigirle a la política que cumpla con su deber de dignidad frente al paramilitarismo. En el pasado el Estado colombiano no le exigió a la política ese deber de dignidad frente a la guerrilla.

Y fue la penetración, la combinación de las diferentes formas de lucha, que impulsó la guerrilla, la que nos creó estos problemas. Y eso crecía incontroladamente. No había la voluntad de derrotar ese fenómeno ni de contenerlo. Vino la reacción paramilitar a competir en crueldad. ¿Y entonces qué pasó? Empezaban los paramilitares a asesinar a uno u otro sindicalista acusándolo de ser colaborador de la guerrilla, y la guerrilla a tomar venganza, a decir: usted es un sometido del paramilitarismo y lo asesinaban. Hasta que vino en el 2006 el enfrentamiento de las dos guerrillas para agravar la situación en Arauca.

Esa combinación de las diferentes formas de lucha, qué daño nos ha hecho. Por eso es muy importante tener en cuenta todo este proceso histórico a la hora de tomar decisiones políticas o judiciales. Lo digo con todo el respeto. Nuestra lucha es para que este país supere la impunidad.

Yo no creo en la paz voluntarista. A mí me preguntan: ¿cuál es su proyecto de paz? Un proyecto democrático. ¿Qué es lo que le puede ofrecer a las guerrillas? Democracia. Y allí juega un papel muy importante la actividad de los soldados y policías de la Patria y la actividad de la justicia. Seguridad imparcial, justicia imparcial. Y eso es lo que ayuda a que se legitimen las instituciones y finalmente nada las pueda derrotar. Y finalmente los enemigos de la paz tengan que aceptarla por necesidad.

He pensado que debe abrirse en Colombia la discusión de si esperamos hasta el año 2009, o se levanta la reserva que el país hizo ante la Corte Penal Internacional.

Esta mañana llamaba al Ministro de la Defensa, hablaba con el Ministro del Interior y le decía al general Padilla de León, comandante general de las fuerzas: Colombia es un país que pertenece a las instituciones internacionales de justicia, a la comisión de la OEA, a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional, a los órganos de Naciones Unidas. ¿Qué razón tiene esa reserva? Si de todas maneras un delito de lesa humanidad cometido después de 2002, no perseguido y no juzgado en un país signatario, inmediatamente abre la posibilidad de que la Corte Penal Internacional ejerza la competencia supletiva. Y a ese delito no le es oponible la reserva.

Yo pienso que es la hora de plantear ese debate, con el buen cuidado de explicárselo muy bien a los soldados y policías de la Patria, a quienes les tenemos que dar todo el apoyo. Y no encuentro mejor foro que este foro de los magistrados y jueces de Colombia.

La Tutela

La tutela. Estamos de acuerdo en su significado. La introducción de esa figura hizo que nuestra Constitución pasara de la categoría abstracta a la categoría material. Que pasara de inalcanzable, a tocable por el pueblo colombiano. A asible.

La discusión ha sido sobre tutelas de sentencia de las Altas Cortes. El Gobierno Nacional ha hecho muchos esfuerzos. El primero, estimular un consenso. Después presentar un proyecto de reglamentación.

Quiero decir lo siguiente: yo me sentí ofendido cuando era presidente de la Corte el doctor Yesid Ramírez. Y le leí una entrevista de prensa, donde decía que el Presidente de la República le había incumplido un pacto a la Corte Suprema y que le estaba pagando un favor a la Corte Constitucional. Yo no hice ese pacto. Y si alguien lo hizo en mi nombre, no tenía autorización. Para que eso quede muy claro.

Yo fui de la manera más honesta, pasada la reelección, a todas las Cortes. Y en todas expuse la misma tesis que ustedes conocieron en su momento. Si había discrepancias, está bien. A mí me sorprendió. Y por supuesto, como hombre, me ofendió leer esa entrevista.

¿En lo de fondo qué hemos creído? Hemos creído que si en el pasado no prosperó la búsqueda del consenso entre las Altas Cortes, si no se creó un alto grado de consenso alrededor del proyecto de acto legislativo del año pasado, deben ser las Altas Cortes quienes, de manera silenciosa y efectiva, se pongan de acuerdo sobre cómo conocer esas tutelas. Es mi invitación.

Creo que ponerse de acuerdo sobre eso, evita el choque de jurisdicciones y reivindica la independencia de la justicia. Ojalá lo puedan hacer.

Otros temas

Muchos colombianos han reclamado que se reviva el Ministerio de Justicia. Nosotros hicimos esa reforma después de pensarla mucho. Antes de la elección popular de alcaldes y gobernadores, el Ministro de Gobierno de la época, tenía que entenderse no solamente con el Congreso sino con todas las asambleas y con todos los concejos. Y tenía que manejar las fibras de la política en cada departamento y en cada municipio, para nombrar gobernadores, alcaldes e inspectores de Policía. Para bien de Colombia eso se acabó, gracias a la elección popular de alcaldes y gobernadores.

El Ministro de Justicia. Es que el país cambia totalmente con la Constitución del 91 en esa materia. En lugar de tener una oficina subordinada, que era la Dirección de Instrucción Criminal, se creó una oficina a la altura de la Presidencia de la República, que por mandato constitucional debe coordinar con la Presidencia de la República la política criminal: es la Fiscalía General de la Nación. Eso se retiró del Ministerio de Justicia. Y se creó un órgano de administración de la justicia: el Consejo de la Judicatura.

Esa realidad llevó al Gobierno a proponerle al país. Las funciones hoy son muy diferentes. Y además ha habido un gran traslado de funciones a gobernadores y alcaldes, y a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura. Por ende, no puede haber hoy Ministerio de la Política que no sea Ministerio de la Justicia. La política sin justicia no se legitima. Esa fue la razón. Un resumen de las razones para haber propuesto la fusión de los ministerios.

Reclaman que se necesita más interlocución. Tengámosla, claramente, tranquilamente, francamente. Si lo que se necesita es más interlocución, emprendamos el camino de tener más interlocución. Interlocución no es forzar acuerdos. Interlocución muchas veces es examinar razones de desacuerdos.

He venido acompañado no sólo del Ministro del Interior y de Justicia sino de la Ministra de Comunicaciones, por una razón: después de las discusiones con el Consejo de Estado, jurisdicción contenciosa, y con el Consejo de la Judicatura, creemos que un paso inmediato que debe darse en la justicia colombiana es proveer a todos los jueces y magistrados de Colombia de conectividad. Y tener una justicia en línea. Creo que ayuda a la celeridad, a la eficiencia, a la transparencia, a la comunicación.

En nuestro primer Gobierno el país se desatrasó en telefonía móvil. Pasamos de cuatro millones de aparaticos a casi 30 millones. La meta en este segundo Gobierno es desatrasarnos en conectividad y banda ancha.

Tenemos unos objetivos muy ambiciosos en conectividad de alcaldías, gobernaciones, escuelas, hospitales, bibliotecas. El día que los usuarios de la salud en este país puedan tener una comunicación vía internet con los aseguradores y con los prestadores, tiene que mejorar mucho la salud.

Creo que en la medida en que la justicia pueda estar toda en línea, que cada juez, que cada magistrado tenga su sitio de conectividad, creo que la justicia tiene que sentirse más cómoda, trabajar más cómodamente, trabajar con mejores herramientas.

La Ministra ha hecho el presupuesto de que inicialmente eso puede costar unos 16 mil millones de pesos. Le he pedido que haga el esfuerzo, hasta donde pueda, del Fondo Nacional de Comunicaciones.

Y le decía ahora: mire con el Consejo de la Judicatura, que ellos consultarán con los presidentes de las Altas Cortes, cómo el aporte que hace la justicia sea exactamente igual al ahorro que ello le implique. Una sustitución de un gasto en papelería-trámite de hoy, por lo que pueda ser su aporte a este presupuesto.

Porque además la idea no es comprar los computadores ni la infraestructura, sino comprar el servicio en una licitación pública. Y que quien preste el servicio tenga que proveer los aparaticos, mantenerlos, renovarlos, proveer toda la conectividad, el servicio de energía eléctrica, etcétera.

Entonces eso es más cómodo, pero es costoso. El Gobierno reitera la voluntad de lograr un acuerdo con el Consejo de la Judicatura y con todos ustedes, para que podamos decir en breve que la justicia colombiana está dotada hoy de los instrumentos de la más moderna tecnología. Al escuchar al Presidente del Consejo de Estado, en el Quindío, llegamos a la convicción de que eso es una urgente necesidad.

Les ofrezco toda la disposición de diálogo franco, buscando opciones para que este país salga adelante. El Presidente de la Corte Suprema recordaba ahora a Montesquieu. Los principios del Estado de Derecho. Entonces después vinieron otros desarrollos. Uno de los mejores tratadistas en nuestro país fue Jaime Sanín. Un Estado con una constitución escrita heterónoma al gobernante, con que sea impuesta desde afuera y que no obedezca el capricho del gobernante, de órganos de control independientes, etcétera.

Todo eso es importante, pero creo que el más importante elemento que caracteriza el Estado de Derecho es la participación de opinión pública. Y si nosotros adelantamos análisis, consultando diferencias y poniéndolas sobre la mesa, para buscar opciones que mejoren la tarea del Ejecutivo, la tarea de la justicia, y lo hacemos de cara al país, eso da confianza y ayuda.

Mi invitación es que veamos el análisis y el debate como un camino para que el país mejore. Y que no veamos en el análisis y en el debate una obstrucción de la independencia de la justicia.

Ha sido muy grato acudir hoy de nuevo aquí a escuchar al Presidente de la Corte con toda atención y a dirigirles estas palabras.

El único propósito que nos anima es trabajar con ustedes para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en este país. Mi generación no ha vivido un día completo de paz. Ojalá los hijos y los nietos de las nuevas generaciones puedan vivir felices en este país.

Hace dos años, cuando conmemorábamos los 400 años de la primera edición de El Quijote, encontrábamos un párrafo hermoso de Don Miguel de Unamuno: “Todas las tormentas que nos suceden son indicios de que ha de serenar el tiempo y habrán de sucedernos bien todas las cosas”.

Ya que el bien y el mal no pueden ser eternos después de haber vivido tantos años de mal, ahora lo que nos espera es el bien. Es lo que deseamos para Colombia. Muchas gracias a todos ustedes”.