Bogotá, 22 oct (SP). “El pasado 19 de octubre, el Sr. Presidente de la República Doctor Álvaro Uribe Vélez, los representantes del Gobierno en el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, realizaron una detallada evaluación de los avances en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

En términos de aplicación de la justicia, el balance hasta la fecha es altamente positivo. A partir de la información recogida en las zonas de concentración y desmovilización, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación ha elaborado un dossier de cada bloque o frente desmovilizado, que incluya la búsqueda de anotaciones penales y la revisión de un total de 92.225 procesos. En la actualidad la Fiscalía cuenta con un álbum fotográfico de los integrantes de cada bloque o frente, así como la hoja de vida de cada desmovilizado, que incluye información personal, familiar y patrimonial.

Como producto de las actividades investigativas previas al inicio de las versiones libres, la Fiscalía General de la Nación ha logrado pasar de 366 miembros de las autodefensas que estaban vinculados a procesos penales al momento de su desmovilización, a 1.500 desmovilizados que hoy se encuentran vinculados a las investigaciones que adelanta ese organismo judicial.

Hasta el presente han sido postulados ante la Fiscalía General de la Nación 3017 miembros de las autodefensas, 2795 de ellos como desmovilizados que dejaron voluntariamente las armas y 222 correspondientes a miembros de los grupos de autodefensas que se encontraban presos en las cárceles al momento de la desmovilización, En la actualidad 442 de los desmovilizados que han sido postulados a Justicia y Paz se encuentran privados de la libertad. El Ministerio de Defensa postulará en los próximos días 145 desmovilizados individuales para empezar a rendir sus versiones libres en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Dentro de ellos hay 86 miembros de las FARC y 12 del ELN.

En el marco de aplicación de la ley de Justicia y Paz, se han programado 961 audiencias de versión libre, de las que se han terminado 399 y 80 más se encuentran en marcha. En el curso de estas versiones, los desmovilizados han reconocido ante los 21 fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, su responsabilidad en 3.114 actos delictivos y entregado información que ha permitido excavar 858 fosas, en las que se han encontrado 1.033 cadáveres. Se han identificado 558, están en prueba genética 417 y 58 se han entregado a los familiares. Han aportado además información sobre 3.588 fosas, que se encuentran en proceso de verificación.

Dentro de las actividades previas a las versiones libres, se han publicado 1.732 edictos emplazatorios y realizado 88 jornadas de atención a víctimas. La Fiscalía tiene registradas 77.767 presuntas víctimas. Está en marcha la publicación de 908 nuevos edictos y se han programado 482 versiones nuevas. Se ha realizado la primera audiencia preliminar de formulación de imputación y dos audiencias preliminares de solicitud de medidas cautelares.

Estas cifras indican un avance extraordinario en materia de verdad, pero plantean serios interrogantes en términos de la oportunidad y la celeridad en cuanto a justicia y reparación. Aún cuando el Gobierno ha propuesto y el Congreso ha aprobado la destinación de 80.000 millones de pesos adicionales en el presupuesto de 2008, para fortalecer en 235 el numero de fiscales y en 1215 el numero de investigadores de la Fiscalía General de la Nación, con énfasis en el fortalecimiento de la Unidad de Justicia y Paz. La complejidad y magnitud de las cifras hacen indispensable considerar mecanismos que aceleren los pronunciamientos de la justicia y sobretodo la reparación de las victimas, que no deben mantenerse desamparadas y sin resarcimiento en espera indefinida de los pronunciamientos judiciales.

Por ello se estudia:

1. La expedición de un decreto que determine un plazo para que comparezcan ante los fiscales de Justicia y Paz todos los postulados que aún no han comparecido, al final del cual quienes no lo hagan, perderán el derecho a someterse a la ley 975 y quedaran bajo la legislación ordinaria.

2. La posibilidad procesal de realizar juicios que incluyan a todos los miembros de un bloque o frente, o por hechos a los que comparezcan grupos de victimarios y no solo individuos, privilegiando en todo caso los juicios contra los principales cabecillas, tal como ha recomendado recientemente el Sr. Fiscal de la Corte Penal Internacional durante su visita a Colombia.

3. La posibilidad de establecer un programa administrativo de reparación integral y universal a través del cual las víctimas puedan recibir del Estado, como ha ocurrido recientemente en Chile, Perú y Guatemala, resarcimientos a través de la oferta de programas sociales del Estado y de reparaciones económicas. Estos procedimientos administrativos de reparación han sido recientemente recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otros organismos y aplicados exitosamente en países como Argentina, Brasil, Chile, Alemania y España. Naturalmente tal reparación administrativa se establecerá sin perjuicio de los derechos de las víctimas a obtener del victimario la reparación judicial y sin perjuicio de la obligación de los victimarios de entregar los bienes lícitos e ilícitos que posean a efecto de reparar con ellos a las víctimas.

Estas opciones serán objeto de consulta por parte del Ministro del Interior y de Justicia con los organismos del Estado competentes, incluidas las Altas Cortes y el Ministerio de Hacienda, con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y con los organismos Internacionales de Derechos Humanos correspondientes, con el propósito de intentar ponerlos en ejecución y expedir las normas necesarias antes de finalizar el presente año.

Bogotá. Octubre 22 de 2007”.