“Lo que el país puede esperar con la aprobación de esta ley es que todas las actividades de inteligencia, que han sido tan importantes en los resultados de los últimos meses, van a ser unas actividades más fuertes y mejor reguladas”, afirmó Santos Calderón.

Bogotá, 31 oct (SP). Ante la Secretaría General del Senado de la República, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, radicó este miércoles un proyecto de ley que busca crear un marco legal que regule todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

“Hasta ahora no teníamos una ley de inteligencia, teníamos unas interpretaciones de la Corte Constitucional, y con base en esas interpretaciones se ha venido creando ese marco legal”, explicó Santos Calderón.

El proyecto plantea, entre otros aspectos, la introducción de controles administrativos a la inteligencia preventiva, incluyendo la propuesta de que toda operación de inteligencia tenga un responsable de su autorización, y que esta sea dada teniendo en cuenta ciertos principios, desarrollándose actividades posteriores de inspección y supervisión para garantizar que se ha cumplido con los procedimientos de control.

“El proyecto establece unos procedimientos, por ejemplo, un procedimiento a través del cual toda operación de inteligencia tiene que ser autorizada. Eso existe en todos los países serios y eso lo vamos a introducir en los mecanismos que tenemos nosotros”, agregó Santos Calderón

Agentes encubiertos

El texto propone garantías a la identidad de las personas que ejercen actividades de inteligencia y sus familias.

“Hoy, si un agente de inteligencia muere en una operación encubierta, ese agente muere como un N.N. y pierde todos sus derechos, o si un agente de inteligencia se presenta con una identidad falsa, está cometiendo un acto ilegal, eso es un absurdo y hay que corregirlo”, dijo.

Santos agregó que a través de esta iniciativa se busca precisar el manejo legal de lo que llamó “zonas grises” del ejercicio de inteligencia y aspectos relacionados con “la tensión constante entre valores constitucionales como la seguridad y la intimidad que exigen la clarificación de las normas para su operación”.

De igual forma, la iniciativa pretende profundizar los controles a las bases de datos y archivos de inteligencia garantizando que la información recolectada se mantenga en estricta reserva, se actualice, depure, y en todo caso no se archive por razones discriminatorias, es decir, por género, raza, partido, entre otros, buscando siempre la protección del debido proceso y la honra de los ciudadanos.