• La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, resaltó los cambios propuestos por el presidente Uribe al Código Penal Militar, la reciente directiva del MinDefensa referida al tema de DD.HH y la construcción del Plan Nacional de Acción en esta materia.

Bogotá, 9 sep (SP). La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Louise Arbour, se mostró complacida por la extensión de la permanencia, por tres años más, de esa Oficina en Colombia y señaló que esto es “señal de un compromiso real por parte del Gobierno colombiano” en materia de derechos humanos.

“Me siento estimulada por las expresiones de aprecio por el trabajo de mi Oficina de parte del Presidente y su reafirmación de que los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales de su agenda política y de la democracia colombiana”, señaló la diplomática, tras la firma del Acuerdo de prórroga este domingo.

La señora Arbour agregó que las conversaciones que sostuvo en su corta visita, incluyendo la reunión el sábado en la noche con el presidente Álvaro Uribe, le confirmaron el decidido compromiso de los colombianos de continuar mejorando la situación de los derechos humanos en el país.

Señaló que el Gobierno ha adelantado muchas iniciativas en materia de derechos humanos y que la sensación que se lleva “es de optimismo”, pero agregó que al mismo tiempo hay muchos retos.

La diplomática resaltó los cambios propuestos por el presidente Uribe al Código Penal Militar y subrayó que espera que el Congreso apruebe dichas modificaciones.

“De igual forma, saludo la expedición de la Directiva número 10 por parte del Ministerio de Defensa, que reitera la obligación de la Fuerza Pública de respetar los derechos de las personas protegidas, y anuncia la creación de un comité que busca erradicar las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado”.

También se refirió a la elaboración del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, construido con una amplia participación de autoridades del Gobierno y de actores de la sociedad civil, en todos los niveles.

“Felicito a Colombia por su compromiso con el Plan de Acción, y confío en que los esfuerzos conjuntos del Gobierno y de la sociedad civil pronto se verán reflejados en un Plan de largo plazo que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho”, indicó la diplomática.

Durante su intervención tras la firma del Acuerdo, la señora Arbour hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que abandonen la práctica del secuestro y “liberen de manera inmediata e incondicional a todas las personas tomadas como rehenes. También exhorto a los miembros de las Farc-ep a que devuelvan todos los cuerpos de civiles y militares asesinados o muertos en cautiverio”.

Así mismo, confío en que los grupos armados ilegales no interfieran en las elecciones regionales del próximo 28 de octubre y que estas se puedan desarrollar “de manera pacífica y legal”.

La diplomática se refirió también al proceso de desmovilización adelantado por el Gobierno del presidente Uribe y lo calificó como un importante paso hacia adelante, que se refleja “en la disminución del número de violaciones cometidas por paramilitares el año pasado”. Dijo que este proceso todavía enfrenta importantes desafíos.

Por su parte, el vicepresidente Francisco Santos, encargado del manejo del tema de derechos humanos en el Gobierno, señaló que la prórroga del Acuerdo significa la voluntad del Gobierno y del Estado de ejercer sus obligaciones y atribuciones con transparencia y de cara a la comunidad internacional.

“Colombia ha sido un Estado comprometido con las causas más nobles de la humanidad, respetuoso de los acuerdos internacionales y un Estado abierto a la cooperación y al escrutinio en el cumplimiento de sus obligaciones”, indicó el funcionario.

Agregó que el Gobierno asume los derechos humanos en toda su integralidad y reclamo la solidaridad con la democracia colombiana y con la sociedad “que sufren el azote del terrorismo financiado por el narcotráfico, el ataque violento a las instituciones y a los representantes democráticamente elegidos, el azote de las minas antipersonal contra la población, el ataque a la libertad y dignidad humana con la práctica del secuestro y el asesinato cobarde”.