Para la puesta en marcha de esta fase, el Ministerio del Interior y de Justicia adelantó acciones y gestionó recursos para la designación de jueces y fiscales, la realización del concurso de méritos de la Rama Judicial, la designación de 36 nuevos jueces y la creación de un número importante de centros de servicios judiciales de menores.

Bogotá, 01 abr (SP). El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y con el concurso del Consejo Superior de la Judicatura, anunció este martes la entrada en vigencia de la segunda fase del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en los distritos judiciales de Medellín, Armenia, Manizales, Pereira y Buga.

Para la puesta en marcha de esta fase, el Ministerio del Interior y de Justicia adelantó acciones y gestionó recursos para la designación de jueces y fiscales, la realización del concurso de méritos de la Rama Judicial, la designación de 36 nuevos jueces y la creación de centros de servicios judiciales de menores.

El objetivo del Sistema es establecer medidas de carácter pedagógico, privilegiando el interés superior del adolescente y garantizando la justicia reparativa, la verdad y la reparación del daño, prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas entre los 14 y 18 años de edad.

Normatividad

• Menores de edad que cometan ilícitos serán vinculados a procesos de educación y la privación de la libertad solo procederá como medida pedagógica.

• El adolescente contará, en todas las etapas del proceso, con acompañamiento psicosocial permanente y con la asesoría de un Defensor de Familia.

• El Sistema se fundamenta en la filosofía de la protección integral del niño, recogida
por la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1991 y la Constitución Política de 1991.

La eficacia del sistema reducirá ostensiblemente la impunidad frente a los delitos que amenazan a los adolescentes y asegura las garantías de estos, como se refleja en los distritos de Bogotá y Cali, donde hace un año opera exitosamente este Sistema.