Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, quien explicó así los alcances de la medida:
“El Decreto consiste, básicamente, en la reglamentación de un procedimiento para que, previa la manifestación formal de que dejan de pertenecer a las Farc (o al Eln) y de que quieren reincorporarse a la vida civil, se proceda, por parte de los ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa, a reconocerlos como desmovilizados individuales y, en razón de esa desmovilización, si reúnen los requisitos, puedan ser objeto de los beneficios que otorga la Ley 418 o puedan acogerse a Justicia y Paz”.
La norma establece que los guerrilleros que se encuentren en las cárceles y que aspiren a ser cobijados por ésta deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
Su voluntad sincera de abandonar a la agrupación armada; suministrar información para judicializar y desmantelar sus estructuras de mando; localizar las personas secuestradas; detectar los apoyos financieros; ayudar en la ubicación geográfica y del área de operaciones del grupo; rutas de tráfico de narcóticos, de armas; ubicación de material de intendencia y comunicaciones y planes de guerra, para desmovilizar otros miembros del grupo guerrillero.
La norma señala que será el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la entidad que “evaluará la eficacia y oportunidad de la información aportada por el solicitante para evitar o esclarecer delitos”.
El Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda) certificará, en un término no superior a 20 días, contados a partir de la fecha en la cual reciba la documentación, la pertenencia del desmovilizado a un grupo de guerrilla y su voluntad de abandonarlo.
“Creemos que es una contribución muy poderosa tanto al avance de los procesos de paz como al avance de la justicia”, expresó el Ministro Holguín Sardi.
El funcionario agregó que son entre 600 y 700 los miembros de las Farc que están privados de la libertad y que han manifestado su interés de desmovilizarse y de acogerse a programas de reinserción.
De acuerdo con el Ministerio del Interior y de Justicia, “de ninguna manera se está abriendo una puerta para que se burle la Ley, ni se afecte el inmenso esfuerzo que han hecho las autoridades militares y de Policía para hacer efectivas las órdenes de captura, como tampoco significa que obtendrán de inmediato su libertad.
“Los postulados deberán cumplir con todos los requisitos previstos por la Ley en cuanto a sus obligaciones de decir la verdad, someterse a la justicia y reparar a las víctimas”.
La norma, concluyó el Ministro Holguín, fue analizada durante mucho tiempo por el Gobierno Nacional y discutida y concertada con distintas instancias. |
