Bogotá, 10 abr (SP). “Hay que separar las instituciones de las personas que las integran. Hay que aplicar severamente la ley a cualquier persona integrante de una institución que la viole. Pero hay que defender las instituciones como garantía de la estabilidad democrática.

Por eso el Gobierno ha apoyado totalmente a la justicia en sus decisiones, como corresponde, pero no está de acuerdo en que el país corra riesgos e incertidumbres, dé señales de desconfianza, abra paréntesis al proceso que viene ascendiendo de construcción de confianza en Colombia.

Por eso el Gobierno ha dicho: que opere la justicia y que el Congreso, de acuerdo con los instrumentos legales, cumpla su deber de legislar y su deber de adelantar el control político.

Debo recordar a los compatriotas que la mayoría de los delitos que se investigan, con los cuales se ha relacionado a los congresistas, fueron cometidos antes de 2002 o cuando apenas empezaba la política de Seguridad Democrática. Y que es esta política de Seguridad Democrática la que ha venido cambiando la situación de poder en las regiones.

Durante muchos años, las regiones colombianas estuvieron bajo el poder efectivo de la guerrilla, de los paramilitares o de ambos. El poder del Estado era cada vez menos efectivo y más simbólico.

El país tendrá que estudiar qué pasó en esas regiones. Muchos tuvieron que someterse a la guerrilla, lo que el país no ha investigado. Otros a los paramilitares. Y finalmente la justicia tendrá que decir: fue una falla del Estado, fue una falla del congresista o fue una falla de ambos.

Por supuesto, al congresista, al servidor público, hay que exigirle más que al ciudadano que no tiene esos deberes. Pero nunca está el Estado exento de que se examine su responsabilidad.

En esas regiones crecieron los grupos terroristas, casi que sin contención estatal. Crearon una situación de vulnerabilidad para todos los ciudadanos. Y la justicia tendrá que decir en qué casos hubo intención delictiva de congresistas, y en qué casos estuvieron sometidos por circunstancias de estado de necesidad o por afanes humanitarios.

El Gobierno apoya a la justicia. El Gobierno también pide que para que las nuevas generaciones de colombianos conozcan lo que pasó en la Patria, para que se afiance la Seguridad Democrática, para que el país en lugar de retroceder en ella pueda dejar definitivamente atrás la pesadilla del terrorismo, además de adelantar las acciones de la justicia, se adelante todo lo que sería la instrucción de la memoria histórica.

Muy bueno que por lo menos se le cuente a las nuevas generaciones de colombianos qué se ha vivido en esas regiones controladas durante tanto tiempo por el terrorismo.

Sobre la Reforma Política

Ustedes saben que Colombia en materia de reformas políticas es un país que ha dado ejemplo. Creímos que con la Constitución del 91 estaba estancado el proceso de reformas políticas. Después de la Constitución del 91 se han introducido otras.

Durante este Gobierno, por iniciativa del Congreso, se introdujo una reforma política, la que dio lugar a la ley de bancadas, la que obligó a la lista única por partidos. La reforma política que creó la figura de la cifra repartidora para sustituir el cuociente electoral. La que introdujo un umbral moderado para no afectar a las minorías, que tienen que ser el objeto principal de las preocupaciones democráticas, pero algún umbral para evitar ese exceso de dispersión política en que vivía Colombia. Y también la reforma política que introdujo el voto preferencial en cada lista, opcional.

Ahora el Congreso, teniendo como interlocutor al Ministro del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holguín, está adelantando otra reforma política. Uno de cuyos puntos más importantes para exigir que los partidos pongan todo el cuidado en la confección de sus listas, es la norma que determinará, de ser aprobada, que aquellos partidos que sean afectados porque integrantes de sus listas deben perder la curul, no la puedan reemplazar ellos mismos, sino que las pierdan”.