No ha sido fácil para este país superar los obstáculos a la extradición. Se ha derramado mucha sangre. Por eso, de manera serena, desde el Guainía, hago un llamado de atención a los integrantes de la justicia de Colombia, con todo el respeto, porque la administración de justicia en Colombia es independiente del Ejecutivo: por favor, no obstaculicemos la extradición, que es una figura necesaria para derrotar el terrorismo.
Por favor, no la obstaculicemos, porque sería un paso atrás. No se entendería que después de esta historia de dificultades y de sangre, cuando el país definitivamente sacó adelante la institución de la extradición, y para tranquilidad de los colombianos se han extraditado a tantos delincuentes, hoy, por alguien de la administración de justicia que ha sufrido tanto en Colombia y que ha derramado tanta sangre por la extradición, se reversara en Colombia en esta materia. Es la primera referencia. ¿Soy claro, compatriotas?
Segundo: la Ley de Justicia y Paz y la extradición.
Cuando avanzábamos en la discusión de la Ley de Justicia y Paz, varios de los que hoy dicen que lo que pretendíamos con esa Ley era evitar la extradición y legalizar a los paramilitares, hoy piden que no extraditemos. Esto llama muchísimo la atención y crea enorme preocupación en el Gobierno.
Debo recordar a los colombianos que el Gobierno fue firme, y lo ha sido. Dijimos: ‘En materia de extradición nada se negocia. No permitiremos que en la Constitución o en la Ley se debilite la figura de la extradición’. Y lo cumplimos.
Solamente en unos casos, que son alrededor de 18 ó 20, de los 46 mil desmovilizados que se han presentado en Colombia en este Gobierno, el Gobierno ha suspendido el envío de personas en extradición, sometiendo esa suspensión a que cumplan unas condiciones muy rigurosas. La condición de no reincidir, de colaborar con la justicia, etcétera.
¿Por qué el Gobierno tomó la extradición en este caso, de hacer efectivo el envío? Porque el Gobierno, que es el que debe apreciar si se cumplen o no las condiciones, estimó, por información absolutamente creíble de la Policía Nacional y de otras instituciones, que la persona estaba reincidiendo. Es por eso.
Creo que no se le puede quitar al Gobierno, que es el final responsable del proceso de paz y la autoridad finalmente competente para extraditar, la facultad de apreciar si la persona ha reincidido o no. El Gobierno es el responsable de la extradición y es el responsable de ese proceso de paz.
Quiero también invitar a mis compatriotas a esa reflexión, y a cada uno de los compatriotas que integran la administración de justicia.
Se dice ahora: ‘Es que si lo extradita, no se repara a las víctimas’. Perdón, personas que llevan mucho tiempo en la cárcel, han reincidido y no han reparado las víctimas. Han tenido mucho tiempo. En lugar de haber entregado los bienes, los han ocultado.
Esta semana se incautó una finca entre Segovia y Remedios, entre Remedios y Yalí, Antioquia, de una de esas personas.
¿Por qué tiene que ir la Policía a incautarla? ¿Por qué, si aducen que quieren reparar a las víctimas, no la habían entregado? Porque han estado en un proceso dilatorio de esconder bienes, para no cumplir la obligación de reparar a las víctimas. Y tuve anoche un informe, que me confirmó la Policía esta mañana: estaban sacando los semovientes de esa finca.
¿Quién entiende que, por un lado, quieran engañar al país diciendo que no los extraditen para poderse quedar aquí y reparar a las víctimas, y, por otro lado, escondan el patrimonio mal habido, no lo entreguen para reparar a las víctimas, y además lo deterioren, como se deteriora una empresa de esa naturaleza cuando le sacan los semovientes.
El último tema: ¿qué instrumentos hay para reparar a las víctimas?
En muchos casos, cuando la persona reincide, cuando la persona oculta los bienes, es mucho mejor extraditarlo que mantenerlo aquí para que repare a las víctimas.
Porque se ha comprobado que es más fácil extinguir el dominio sobre sus bienes cuando esa persona está fuera y no puede estar aquí haciendo trampas, que cuando se quedan aquí.
Y las decisiones tienen que enmarcarse en la Constitución y en la Ley, sin ignorar los hechos sociales, que son determinantes bien importantes.
¿Para proteger a las víctimas qué hay? Política de Seguridad Democrática, Ley de Justicia y Paz, Extinción del Dominio, obligación de reparación, el instrumento de extradición, que demuestra a estos terroristas la firmeza de un Gobierno para que cumplan sus obligaciones.
Y el decreto próximo a expedirse y el acuerdo del Ministro de Agricultura con muchas universidades para que acompañen a los desplazados, a través de sus consultorios jurídicos, a fin de que puedan recuperar sus tierras.
Me refiero brevemente a cada uno de estos instrumentos:
Primero, la Seguridad Democrática. En la medida en que avance la seguridad en todas las regiones de Colombia, vamos a tener menos víctimas. Es un gran instrumento para proteger potenciales víctimas.
Segundo, La ley de Extinción del Dominio. Hay que aplicarla a la persona, esté en la Ley de Justicia y Paz o no esté. A la persona, esté en el país o esté extraditado. A la persona, esté en la cárcel o no haya sido posible arrestarla.
Si esta persona permanece en el país y no entrega los bienes, como hasta ahora no los ha entregado, hay que extinguirle el dominio sobre los bienes, y acelerarlo. Si se va del país, hay que hacer lo mismo.
El hecho de que se vaya del país, no va a llevar al Gobierno, a la Fiscalía y a la Policía a no perseguirle los bienes. Al contrario, se cree que se le persiguen con menos dificultad.
No entiendo: en la misma semana en que se alega que no se puede extraditar, porque tiene que quedarse aquí para reparar a las víctimas, se le encuentra una finca grandísima mal habida, que tenía escondida, y hay que acudir a ella con una medida cautelar de incautación, porque la persona no había dicho: cumplo con la obligación legal, entrego esta finca para reparar a las víctimas.
Y además estaban deteriorando ese patrimonio, que tiene que dirigirse a reparar a las víctimas, lo estaban deteriorando, sacando de allí lo semovientes.
El Gobierno está en vísperas de expedir un decreto, que creo que va a ser muy bueno, que lo venimos estudiando desde hace meses, consultado nacional e internacionalmente, que regula un procedimiento conciliatorio con los familiares de las víctimas. Creo que eso va a ayudar mucho en Colombia.
Pienso que es mejor esa conciliación con los familiares de las víctimas, que el pleito. Porque el pleito demorará mucho la reparación, y finalmente no habrá recursos fiscales con qué pagar las sentencias.
Esta semana, en la Presidencia, el Ministro de Agricultura firmó acuerdos con consultorios jurídicos de muchas universidades, que van a acompañar a los desplazados a recuperar los bienes que les ocupó el terrorismo. Creo que hay ahí algo bien importante.
Miren: si el Gobierno tiene que incumplir su decisión política, tuviera que hacerlo, de extraditar a alguien que reincidió, se debilita la Seguridad Democrática. Y debilitar la Seguridad Democrática es regresarles fuerza a los terroristas.
No extraditar en este caso, es debilitar la Seguridad Democrática, y aumentar el riesgo para quienes han sido víctimas o para todos los ciudadanos, potenciales víctimas.
La indulgencia con el terrorista, la indulgencia con el terrorista reincidente, es la mayor fuente de peligro para todos los ciudadanos. Llamo la atención sobre eso.
El Gobierno no ahorrará esfuerzos, a través de la Ley de Extinción de Dominio, para recuperar todo el patrimonio mal habido de estas personas, a fin de que se pueda contribuir a la reparación de las víctimas”. |
