Y apenas ha aparecido ahora el universo fundamentalmente relacionado con los grupos paramilitares, sin que Colombia hubiera hecho estos esfuerzos en el pasado frente a las guerrillas que se desmovilizaron –como Epl, Quintín Lame, M-19, la Corriente de Renovación Socialista del Eln–, y sin que Colombia haya aplicado a los cabecillas de las Farc, del Eln, la Ley que hoy se aplica a los cabecillas del paramilitarismo.
Nosotros hemos tenido una gran desmovilización guerrillera en este Gobierno. Esta mañana veíamos que solamente este año ya llevamos unos 822 desmovilizados, todos de la guerrilla. Debemos estar ya en alrededor de 12 mil guerrilleros desmovilizados en el Gobierno. Pero lo grandes jefes terroristas del Eln y de la Farc, en quienes recae la reparación principal de la reparación a las víctimas, siguen todavía atentando contra el pueblo colombiano.
O sea que esto puede crecer, por efectos de lo que no se hizo en el pasado frente a las guerrillas que se desmovilizaron, y a consecuencia de lo que hay que seguir haciendo y de lo habrá que hacer en el futuro para que Colombia resuelva totalmente esta pesadilla. Es un problema inmensamente grande. Casi que coincide con la totalidad del universo de la Patria.
Y allí concurren las fallas del Estado en el servicio público de seguridad y los crímenes de los victimarios, que tienen que ser unos y otros los que reparen a las víctimas.
Para reparar a las víctimas ha existido el mecanismo tradicional de la demanda al Estado; el mecanismo tradicional de la demanda al victimario; el mecanismo excepcional de la Ley de Justicia y Paz –que obliga al victimario, como condición para recibir el beneficio de la sentencia reducida, a la reparación de la víctima–; el mecanismo de extinción de dominio, en el cual Colombia ha avanzado bastante, y al inicio de este Gobierne se aprobó una Ley que lo agiliza, y el mecanismo de la entrega de bienes a que obliga la Ley de Justicia y Paz.
Creo que todos esos mecanismos son concurrentes al propósito de reparar a las víctimas.
Alcances del Decreto
Cuando examinamos por primera vez la posibilidad de un decreto, en esa reunión, hablábamos lo siguiente: si todo se va a ir a demandas, es un camino tortuoso para las víctimas. Y un camino que puede traer unos resultados imponderablemente graves para el Estado.
Y además hicimos este raciocinio: si el Estado puede conciliar con contratistas, con inversionistas, ¿por qué el Estado no puede tener un mecanismo expedito, en alguna forma conciliatorio, para la reparación de las víctimas, y evitarles que forzosamente tengan que acudir a la estancia judicial? Y allí empezó a trabajarse este decreto.
Diría que es un gran paso. Es una prueba fehaciente de que aquí queremos una política de Seguridad Democrática y que, como su calificativo de democrática lo infiere, es una política integral, que además tiene que conducir a una sociedad reconciliada.
La pérdida del ser querido nunca se repone. Pero pienso que cuando las víctimas sientan esta decisión del Estado de apoyarlas, mantendrán el dolor por el ser querido que fue asesinado, pero tendrán una confianza en ese Estado y en esa sociedad. En ese Estado que conforman y en esa sociedad de la cual hacen parte, que ayudará a que florezca un sentimiento de reconciliación.
Este Decreto ayuda a que florezca la confianza en las víctimas. Confianza de la cual se infiere un sentimiento de reconciliación, que le da solidez, en el mediano y largo plazo, a la política de Seguridad Democrática.
Es la prueba fehaciente de que aquí se quiere Seguridad Democrática con un componente muy importante de su alcance democrático, que es la reconstrucción de la confianza en el Estado, y el entendido de que esa confianza es presupuesto de reconciliación de la sociedad, no obstante que persista el dolor.
Esto logra el dolor sin odio. Diría que ante tanta sangre, el dolor es inevitable. Lo que tenemos que escoger es: dolor con odio o dolor sin odio. El dolor con odio desata una cadena de reacciones y de nuevas acciones criminales, que nunca permiten la paz en una sociedad. El dolor sin odio es un dolor que permite la reconciliación, que permite ponerle freno a la violencia.
Este Decreto no aspira a evitar el dolor de ese 50 por ciento de las familias colombianas que han sufrido en carne propia esta violencia. Pero este Decreto sí aspira a que todas las víctimas puedan tener confianza en su Estado, en el colectivo nacional, para que puedan llevar su dolor sin odio. Para que su dolor, en lugar de generarles desconfianza en el Estado, amargura, les inspire un gran espíritu de cooperación para construir una sociedad pluralista pero solidaria. Una sociedad en permanente debate, pero una sociedad finalmente unida alrededor de los principios fundamentales.
Evitar riesgos a futuro
En las reuniones iniciales propusimos dos objetivos. Un objetivo: evitarle a la víctima el tortuoso camino de la demanda para obtener la reparación. Y un segundo objetivo: evitarle al Estado el riesgo de la demanda, con consecuencias que podrían ser imponderables.
Creo que con el Decreto hemos avanzado muy bien frente a las víctimas, pero no puedo negar mi preocupación de que algo nos falta para poder evitarle riesgos al Estado.
Los gobiernos no pueden pensar solamente en su período. Tienen que tener la responsabilidad de mirar a la Nación en el largo plazo. Y hay muchos ejemplos.
Cuando discutíamos ese tema tan controversial de las transferencias a las regiones, alguien me dijo: ‘Presidente, ¿por qué está usted preocupado por el año 2016, que se dice que será el año cuando las transferencias a las regiones crezcan en el mismo porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación? ¿Por qué está preocupado por el año 2016?’.
Y les dije: ‘Por una cosa: porque hay que acabar con aquel principio que dice: yo no resuelvo esto, el que viene de atrás que arree’.
No precaver problemas de largo plazo, es irresponsabilidad de los gobiernos. A mí me parece que vamos a tener que buscar cómo este esfuerzo que se ha hecho hoy, se complementa con una figura jurídica que le dé el alcance de conciliación que evite nuevas demandas contra el Estado.
La invitación al Ministro, al Vicepresidente –que ha tenido tanto interés en el tema–, a la Comisión de Reparación –encabezada por el doctor Eduardo Pizarro Leongómez–, con la ayuda del señor Procurador y del señor Fiscal, es que exploremos un mecanismo para que, al cumplir el Estado este deber de reparar por vía administrativa, sin litigio, a la víctima, el Estado también quede a salvo frente a demandas en el futuro. Eso nos toca hacerlo. Creo que es de responsabilidad.
Y hablemos solamente de lo fiscal. Es que lo estimado hasta hoy puede costar 7 billones. Esos son casi dos puntos del PIB.
Este es un país que todavía tiene un endeudamiento del 28 por ciento. Todavía de 100 pesos que producimos, debemos 28. ¿Que hemos mejorado? Sí, debemos 50. Pero la situación sigue siendo muy delicada.
Es un país que todavía tiene un alto déficit fiscal en el Gobierno Nacional Central, que ha bajado del 7,5 al 3,3. Pero el 3,3 sigue siendo muy alto, sobre todo cuando entramos ahora en un momento muy delicado de la economía internacional, que le crea incertidumbres a todo país, y al nuestro, sobre la posibilidad de seguir bajando el déficit y sobre la posibilidad de seguir bajando el endeudamiento.
Hacer este esfuerzo cuando el dinero sobra, no es importante. Hacer gestos solidarios cuando el dinero sobra, no es importante. Lo importante es que este esfuerzo lo hace un país que todavía tiene un alto endeudamiento y un alto déficit. Un país que todavía tiene un alto nivel de pobreza y un alto nivel de desempleo. Un país que todavía tiene un alto atraso en infraestructura.
En este Gobierno, durante la práctica comunitaria de todos los días, en la reunión comunitaria de casi todos los días, la gente no acude a alabarnos. La gente acude a pedirnos, a exigirnos. Y la ciudadanía tiene razón. He aprendido a entender, por allá en la intimidad de mi ser, que casi todo reclamo, para no decir todo reclamo, que formulan los colombianos, es justo.
Y también he aprendido a asimilar un profundo sentimiento de impotencia. Uno termina un Consejo Comunitario los sábados, y llega entre abrumado y con un sentimiento de impotencia.
Porque uno sale de aquí por la mañana creyendo que va a poder presentar en esa región un gran balance, y apenas en esa región empieza a ver las necesidades –que se ha hecho esto en Bienestar Familiar, pero falta aquello; que se ha hecho esto en infraestructura, pero falta aquello; que se están atendiendo tantos ancianos, pero que hay dos veces el número sin atender–, uno llega muy preocupado.
Entonces hacer un esfuerzo de siete billones, que uno no sabe a cuánto puede llegar –siete billones inicialmente estimados–, en un país con alto endeudamiento, en un país con alto déficit, en un país todavía con alta pobreza, en un país todavía con alto desempleo, en un país con altas carencias aún en necesidades básicas y en infraestructura, pensaría que es un esfuerzo meritorio.
Y esperamos que así lo reciba la comunidad nacional y la comunidad internacional. Pero es una obligación nuestra buscarle a este Decreto un complemento, para que al cumplir el Estado esa obligación de reparar por vía administrativa, como lo dispone este Decreto, el Estado pueda tener un seguro de que no va a ser demandado por el beneficiario de esa reparación.
¿Implica esto exigir que el beneficiario, en este caso la víctima, de la reparación estatal, no acuda en acción litigiosa frente al victimario? De ninguna manera.
Poner al Estado a salvo frente a acciones litigiosas, por la condición de que el Estado cumpla con esta reparación administrativa, no quiere decir que la víctima vaya a perder el derecho de acudir a las acciones litigiosas frente al victimario.
La relación, el derecho de la víctima, a demandar al victimario, es un derecho que no lo podemos tocar. Es un derecho que no podemos limitar.
Quiero hacer esa aclaración. Cuando invito a que creemos un mecanismo que le dé seguridad al Estado para que al cumplir con esta obligación de reparar, el Estado no tenga que correr nuevos riesgos de demandas, aclaro, al hacer esa invitación, que no puede haber limitación alguna al derecho de la víctima para demandar al victimario.
Rogaría entonces al Ministro (del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi), con las luces del Vicepresidente (de la República, Francisco Santos), a la Comisión (Nacional de Reparación y Reconciliación), a su Presidente, a sus integrantes, al doctor (Eduardo) Pizarro Leongómez, a todos, con la ayuda del Procurador (Edgardo José Maya Villazón) y del Fiscal (General de la Nación, Mario Iguarán Arana), explorar mecanismos que nos den, que le den ese seguro al Estado, mirando en el mediano y en el largo plazo.
Creo que es importante que los aquí presentes y los compatriotas escuchemos un análisis de comparación internacional que tiene el Vicepresidente de la República, que retrata muy claramente la dimensión del esfuerzo que está haciendo Colombia en este momento. Y también es importante que sepamos nuevamente, por boca del doctor Luis Alfonso Hoyos, Director de Acción Social, los esfuerzos que Colombia ha venido haciendo hasta hoy en este programa, que se complementarán con el paso trascendental que se da en este Decreto.
Apelo a su bondad, Vicepresidente, para que nos cuente su tesis de la comparación internacional.
Comentarios finales sobre la extradición
Permítanme hacer unos comentarios finales sobre la relación entre la figura de la extradición y la obligación de la reparación a las víctimas.
Quiero hacer unas proposiciones argumentales, con el siguiente preámbulo: el respeto a la independencia de las instituciones no tiene por qué asimilarse a una eliminación de la deliberación.
Pienso que la deliberación argumental, con profundo respeto, tiene que ayudar a que todo el mundo haga reflexiones que contribuyan a construir un mejor país.
Colombia libró una batalla muy difícil por el tema de la extradición.
Ustedes saben que se supo que quienes atacaron el Palacio de Justicia iban en connivencia con el narcotráfico, y una de sus pretensiones era frenar extradiciones.
La cantidad de jueces, de magistrados, de funcionarios, dos Ministros de Justicia, las víctimas civiles que ha pagado Colombia por el tema de la extradición, son incontables.
El país ha venido superando obstáculos. Pienso que la Constitución del 91, en términos generales, es muy buena. Y ojalá en Colombia nos curáramos del afán de estar a toda hora tocando la Constitución. Pienso que la Constitución del 91, en su proceso, dejó por allá una pregunta: ¿cuál fue el móvil determinante que eliminó la extradición? Y al poco tiempo, en circunstancias que mostraban un consentimiento más presionado que libre, Colombia revivió la extradición.
Este Gobierno ha ordenado la extradición de más de 700 personas. Además, cuando se habla de una creciente integración entre los Estados, bilateralmente o a través de los mecanismos multilaterales, esa integración no es solamente económica, sino que también en materia de justicia ha venido creciendo.
Creo que, doctrinaria y normativamente, el mundo va avanzando hacia una globalización de la justicia. Todos los procesos de intercambio de pruebas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de La Haya, la Corte Interamericana, los tratados bilaterales, nos van mostrando un avance hacia una globalización de la justicia alrededor de reglas democráticas.
Las decisiones que, todos los días, toma Naciones Unidas, a título de recomendaciones o a título de resoluciones, muestran una globalización del tema.
Frente a un proceso globalizante de estos temas, frenar la extradición o crearle obstáculos que la vuelvan impracticable, en cabeza de los terroristas más tenebrosos, es un retroceso.
Cuando nosotros avanzábamos con la Ley de Justicia y Paz, muchos críticos dijeron: ‘Van a legalizar el paramilitarismo’. Cuando esa Ley era mucho más severa que las anteriores bajo las cuales se desmovilizaron guerrilleros. Y es mucho más severa, seguramente, que la que se va a necesitar en el futuro para reintegrar al Eln y a las Farc, cuando tomen la decisión de hacer la paz.
Todo lo contrario, hemos demostrado el desmonte del paramilitarismo. Ayer estuvimos en el sur del Cesar. ¿Y qué se observa allí, en un diálogo franco con la comunidad? Que el Estado colombiano ha recuperado el monopolio de combatir a los grupos violentos, a los delincuentes.
La recuperación de ese monopolio es la indicación clara de que hemos superado el paramilitarismo. ¿De dónde surge la palabra ‘paramilitar’? La palabra ‘paramilitar’ se utilizó para denominar a las bandas privadas de criminales que se organizaban con el pretexto de combatir a la guerrilla, y que rompían el principio del Estado de Derecho del monopolio del Estado para combatir a los criminales. Hemos recuperado ese monopolio.
Ayer lo veíamos, por ejemplo, en el Cesar, en Aguachica. Pero no en una reunión exclusiva del Ministro, los Altos Mandos, los Altos Mandos regionales y mi persona. No. En una reunión de esos Consejos de Seguridad de los lunes, donde en la primera etapa se expresa ampliamente la comunidad, con una gran diferencia: la comunidad que estaba coartada hace seis años, hoy ha recuperado plena confianza. Y la gente denuncia todo lo que quiere denunciar en esos Consejos.
Creo que al oír a los ciudadanos denunciar en esos Consejos, uno se convence de que el país ha ganado mucho en recuperación de confianza institucional.
Entonces allí veíamos problemas con el Eln, con las Farc y con estas bandas criminales emergentes. Y hacíamos una pregunta a la comunidad y a personas que históricamente han denunciado al paramilitarismo: ¿estas bandas están dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, o están dedicadas a combatir a la guerrilla?
Todo el mundo coincidió, y es lo que vemos en todo el país: esas bandas están dedicadas al narcotráfico y a la extorsión. Generalmente lo que hacen es asociarse con la guerrilla.
Nosotros veíamos que la guerrilla cuida cultivos de droga en el Catatumbo. O en la ladera oriental de la cordillera en Norte de Santander. O en el otro extremo: en la parte alta de la Serranía de San Lucas. Y negocia con estas bandas criminales, que son las que hacen la comercialización.
¿Qué es lo que estamos viendo en Tarazá, Antioquia, o en Uré, Córdoba? Estamos viendo lo siguiente: la guerrilla cuida los cultivos de droga en el Nudo de Paramillo, y estas bandas criminales los comercializa. La tal banda de ‘Don Mario’, la tal banda de ‘Los Paisas’, etcétera.
Entonces el convencimiento que nosotros empezamos a tener, por nuestra conversación con los compatriotas, es que estas bandas están todas unidas.
Preguntaba hace poco en Nariño: ¿cuál es la diferencia entre las prácticas del Eln en Samaniego, con la extorsión, el secuestro, los cultivos ilícitos, y una organización criminal que se llama ‘Organización Nueva Generación’, que está en lo mismo? Ninguna.
El país ha superado el paramilitarismo, pero no ha superado estos fenómenos de violencia. Y en esas bandas criminales hay gente que participó en los antiguos grupos paramilitares. Tenemos toda la determinación de derrotarlas, a toda hora y en todos los sitios del país.
Entonces se decía contra la Ley de Justicia y Paz: ‘Van a legalizar el paramilitarismo’. Se ha demostrado todo lo contrario.
Se decía: ‘Van a debilitar la extradición’. No la debilitamos en la ley y no permitimos que prosperaran proyectos de acto legislativo para debilitarla. El Gobierno no la negoció.
En unas 18 ó 20 personas, el Gobierno ha tomado la decisión de suspender el envío de la persona, mientras cumpla con unas condiciones. Y ha sido una especie de instrumento para contribuir a la desmovilización de más de 30 mil paramilitares que se han desmovilizado. Pero eso lo ha hecho el Gobierno sin negociarlo. Eso lo ha hecho el Gobierno sin incluirlo en la ley. Eso lo ha hecho el Gobierno sin permitir que prosperara un acto de reforma de la Constitución para debilitar la extradición.
¿Qué ha dicho el Gobierno? Al que reincida y tenga suspendida la extradición, el envío se le hace efectivo.
Ahora han dicho algunos jueces: ‘Es que el Gobierno no es el que puede apreciar si ha habido reincidencia o no’.
Pero yo sí reclamo una reflexión de la justicia. El Gobierno tiene una enorme responsabilidad en el tema de orden público. Este es un tema de orden público. Y al Gobierno, que tiene el derecho legal y la obligación constitucional de decir quiénes son los postulados a ser elegibles en el proceso de Justicia y Paz, por favor, no le quiten al Gobierno el derecho de revocar esas postulaciones.
El señor ‘HH’ fue postulado. Pero es que el señor ‘HH’, después de esa postulación, regresó a la clandestinidad. Y ahora está en la cárcel, no porque se hubiera sometido a la ley, sino porque fue capturado. Creo que los hechos indican que ese señor no puede entenderse hoy postulado para la Ley de Justicia y Paz.
Y pediría que haya una reflexión sobre la necesidad de no afectarle al Gobierno el derecho de revocar la postulación. Ese es un tema que trasciende el marco de lo puramente jurídico y tiene que ver con el orden público.
¿Ustedes se imaginan los desafíos al orden público si estos señores saben que pueden salir del proceso a la clandestinidad, ser capturados y volver a tener los beneficios del proceso?
Ese no es solamente un rompimiento del orden jurídico. Ese es un desafío enorme a la ciudadanía colombiana. Ese es el estímulo a que vuelvan estos individuos a expresar frente al pueblo colombiano una peligrosidad sin frenos. Por eso pido reflexiones, muy respetuosamente, en esos temas.
Entonces se ha dicho que a fulano de tal no lo pueden extraditar, si no cumple primero en Colombia la sentencia de la Ley de Justicia y Paz, y si no repara a las víctimas.
También se le está quitando al Gobierno el derecho de revocar esas postulaciones, cuando el Gobierno es el responsable de hacerlas.
¿Por qué el Gobierno no puede revocar una postulación que él mismo ha hecho? Se le está quitando al Gobierno el derecho, la obligación de apreciar el tema del orden público, cuyo responsable es el Gobierno.
El Gobierno piensa, además, que hay unas personas que no han contribuido con la Ley de Justicia y Paz y que han dilatado la entrega de sus bienes y que han reincidido, y que ahora simplemente quieren arroparse en el dolor de las víctimas para evitar una extradición.
Yo no creo que, so pretexto de proteger a las víctimas, se pueda premiar, evitando una extradición, a aquel que no ha contribuido en debida forma con la Ley, que ha reincidido y que no ha entregado oportunamente sus bienes.
Han tenido dos años en la cárcel para entregar sus bienes, y ahora dicen: ‘No, no me extraditen, que ya sí los voy a entregar’. ¿Por qué?
¿Y acaso la extradición frena la entrega de los bienes? No. Aquí nos queda la acción de extinción de dominio, que va a haber necesidad de aplicárselas. Porque esa renuencia, ese espíritu de jugar con la ley, de esconder los bienes, no nos puede llevar a que, esperando que entreguen voluntariamente los bienes para reparar a las víctimas, no avancemos con las acciones de extinción.
La instrucción que hemos dado a la Policía es: ‘Avancen con las acciones de extinción’.
Y si alguien de los que estén en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, que le estén extinguiendo un bien y quiere cumplir con la ley, basta que diga: sí, ese bien es mío.
No vamos a disputar, litigiosamente, contra ese proceso de extinción. Y una vez terminen declarando la extinción, entréguenlo al Fondo de Reparación de Victimas.
Eso demuestra que la aplicación de la Ley de Extinción puede ser un mecanismo que haga más expedita la obligación de entregar los bienes al Fondo de Reparación de Víctimas.
Extraditada la persona, aquí sigue la posibilidad de la Ley de Extinción de Dominio.
Además nosotros estamos procurando lo siguiente: que los fiscales y los jueces colombianos puedan ir al país requirente a adelantar todas las gestiones frente a esa persona. Y que esa persona, frente a Colombia, facilite la entrega de los bienes para reparar a las víctimas. Entrega que no han querido facilitar a lo largo de estos dos años. Dos años de dilaciones y de engaños al país, para que nos vengan a decir ahora: ‘Es que cómo nos van a mandar, si sí queremos entregar los bienes y decir toda la verdad y reparar a las víctimas’.
Pero si no lo han hecho. Para qué les vamos a premiar, evitando una extradición, esa capacidad de engañar al país.
Quería hacerles esta reflexión, llegando a esta conclusión: la extradición, en lugar de afectar los derechos de las víctimas, es un instrumento de presión para que se cumpla con las víctimas.
Le pido a la Justicia, respetuosamente, ayudarnos con esta reflexión y con las otras que puedan girar alrededor del tema.
Permitir que estos delincuentes se arropen hoy en el dolor de las víctimas para que se les evite una extradición, es simplemente estimularles su capacidad de hacer daño a Colombia.
La extradición ha demostrado que es un instrumento eficaz contra la peligrosidad de los delincuentes. No la suspendamos.
El mayor enemigo de los colombianos, el mayor enemigo de las víctimas, es la peligrosidad de los delincuentes.
A todos los que han hecho esfuerzos por este Decreto de Reparación de Víctimas, a usted Vicepresidente (Francisco Santos); al doctor Calvani (Sandro, Director de la Organización Mundial sobre Justicia, Crimen y Seguridad de las Naciones Unidas); al Ministro (Carlos Holguín Sardi), que ha dirigido todos los debates; al Ministro de Defensa (Juan Manuel Santos), a la Comisión de Reparación, al doctor Eduardo (Pizarro Leongómez); al Defensor del Pueblo; a la Procuraduría; a la Fiscalía; al Alto Comisionado (Luis Carlos Restrepo); a Frank (Pearl, Alto Consejero para la Reintegración); a Edmundo (del Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia); a las Cortes; a todos, muchísimas gracias.
Que esto sea por el bien de Colombia. Recordemos: el dolor, cuando se han perdido seres queridos, es inevitable. Pero la paz se consigue con dolor sin odio. Este Decreto ayuda a que haya dolor sin odio.
A todos, muchas gracias”. |
