El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, destacó la labor que viene desarrollando este organismo, en el propósito de reunir toda la información que le permita al Estado colombiano acudir en atención y reparación de los afectados por los fenómenos de la violencia.

Bogotá, 12 ago (SP). El Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, reunido este martes en el Ministerio del Interior y de Justicia, avanzó en el rediseño del programa de protección a víctimas y testigos, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en el fallo de tutela T-496-08.

Durante la sesión de trabajo, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, reiteró que para el Gobierno Nacional la atención a las víctimas es una prioridad y resaltó el trabajo que en esta materia adelanta el Comité de Justicia y Paz.

“Destaco la importante labor que viene desarrollando el Comité Interinstitucional para reunir toda la información que permita al Estado colombiano acudir en atención y reparación de los afectados por los fenómenos de la violencia que han sacudido al país”, indicó Valencia Cossio.

Los integrantes del Comité también evaluaron asuntos como la implementación del modelo de atención integral a las víctimas; la propuesta sobre el plan piloto para las reparaciones colectivas; el sistema unificado de información y la aplicación del Decreto 1290-08 sobre reparación administrativa a las víctimas.

Con respecto a este último punto, se revisó el desarrollo del programa y se divulgaron cifras sobre el número de víctimas que han comenzado a diligenciar los formularios con destino a Acción Social, los que podrán ser radicados a partir del próximo 15 de agosto en las diferentes entidades señaladas en este Decreto.

Con ello, se da comienzo al programa de reparación en beneficio de las víctimas de la violencia, que busca repararlas y restituir la presencia del Estado Social de Derecho en las comunidades que sufrieron graves deterioros en sus tejidos sociales y económicos, por la acción de grupos armados ilegales.

De esta manera el Comité esta dando los pasos necesarios para atender el fallo de la Corte Constitucional (sentencia T-496 del 16 de mayo de 2008), que ordenó a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior y de Justicia “efectuar, en los próximos seis (6) meses, una revisión integral del Programa de Protección de Victimas y Testigos”.

La decisión de la Corte hace especial énfasis en la evaluación de riesgo y en la decisión de las medidas aplicables a las víctimas, teniendo especialmente en cuenta las obligaciones internacionales del Estado sobre la protección de la mujer contra todo tipo de violencia.

A la reunión también asistieron el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres; el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, y la comisionada del mismo organismo, Ana Teresa Bernal.

Así mismo, la Superintendente de Notariado y Registro, Lyda Salazar; representantes de otras entidades del Estado, así como de la OEA, la OIM y Usaid, tres organismos internacionales que están apoyando este programa.