Bogotá, 25 ago (SP). “Buenas noches, señor Presidente, señores Ministros, compañeros del Gobierno. Compatriotas:

Hoy voy a hablar de los logros del Ministerio del Interior y Justicia a lo largo del último año, y de los retos que nos hemos fijado.

Para los próximos 12 meses:

Haré una revisión de lo que ha logrado este ministerio, durante el tiempo en que estuvo bajo la dirección del doctor Carlos Holguín Sardi y me detendré en los retos que nos hemos impuesto para este próximo año.

Lo fundamental que nos proponemos, Señor Presidente, estará en:

- Una reforma política que evite la presencia de las mafias y los delincuentes en esta actividad.

- Y otra a la justicia que fortalezca la autonomía y eficacia de las instituciones de la rama judicial.

- También trabajaremos en fortalecer nuestras políticas criminal, penitenciaria y contra las drogas.

- Daremos especial importancia a la defensa de las víctimas de la violencia y el impulso a los programas en favor de las poblaciones indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Mi antecesor, el doctor Carlos Holguín Sardi, presentó al país hace un año, diez retos que fueron atendidos de la siguiente forma:

PRIMER LOGRO: SE REGLAMENTÓ LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN

Hoy contamos con normas de contratación claras y eficientes que:

• Promueven el concurso de méritos.

• Facilitan la selección de contratistas.

• Permite las subastas inversas, es decir, ofertas de precios más bajos.

• Regulan la publicación de los contratos, la imposición de multas y los convenios de cooperación internacional.

• Fijan mecanismos de enajenación de bienes del Fondo para Rehabilitación Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) a cargo hoy de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

SEGUNDO LOGRO: SE CONSOLIDÓ LA JUSTICIA TRANSICIONAL PARA FACILITAR PROCESOS DE PAZ CON GRUPOS ILEGALES

Para ello:

• Se creó el Programa de Reparación por Vía Administrativa de las Víctimas de los Grupos Armados Ilegales, que les permite obtener, de manera directa del Gobierno Nacional, la reparación del daño por la violación de sus derechos fundamentales, causado por organizaciones al margen de la ley.

• Se aprobó el funcionamiento de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes para los desplazados por la violencia de los mencionados grupos.

• Se autorizó la desmovilización individual de miembros de la guerrilla privados de la libertad. A la fecha, el gobierno ha recibido 867 solicitudes de postulantes para la ley de justicia y paz. Se estima que este beneficio puede cobijar a cerca de 2.300 internos.

• Se creó el programa de protección de víctimas y testigos de justicia y paz y a la fecha se han beneficiado 300 personas.

TERCER LOGRO: SE FORTALECIÓ EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA

Se creó el Sistema Nacional de Convivencia, Reconciliación y Cultura de Paz (Concordia) cuya función es recoger las mejores prácticas internacionales en el tema.

Se realizó en Cartagena el primer Congreso Mundial de Violencia en la Niñez con el apoyo del instituto Goldin y con la participación de 34 países.

Se mejoró la seguridad urbana al ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES). Pasamos de 5 municipios con líneas 1 2 3 al inicio del cuatrienio, a 34 ciudades de la cuales se incluyen hasta ahora 16 capitales. Adicionalmente, se cuenta con 11 nuevas ciudades con Circuitos Cerrados de Televisión en funcionamiento.

CUARTO LOGRO: SE MANTUVIERON LOS ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DE AMENAZADOS

Con las medidas del Programa de Protección de Personas y Derechos Humanos, se pasó en el último año de 6.810 a 8.020 protegidos, lo que indica un incremento del 18% por ciento.

Con los esquemas móviles de protección de las personas amenazadas aumentó la cobertura en un 3.4 % por ciento, pasando de 551 a 570 esquemas.

Así mismo, hubo un incremento del 15.13 por ciento de los recursos destinados al Programa de Protección. Cabe anotar que, en la medida en que el país mejora su situación de seguridad, este tema debería ser cada vez menos importante en la agenda del Ministerio. Por lo pronto, sigue siendo una gran prioridad.

QUINTO LOGRO: SE CONSOLIDÓ EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS DE LAS DEMANDAS A LA NACIÓN

Se firmó un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de fusionar el Sistema de Información Litigiosa del Gobierno Nacional (LITIGOB) con el sistema de información de demandas distrital (SIPROJ).

Así, el país contará con un sistema único de información litigiosa del Estado.

SEXTO LOGRO: SE PROFESIONALIZÓ LA SELECCIÓN DE NOTARIOS Y SE AGILIZARON SUS SERVICIOS

Para el proceso de selección de notarios en 865 plazas a proveer en todo el país, se presentaron 14.655 aspirantes, de los cuales han sido nombrados 154 y ya se posesionaron 88.

Actualmente, el proceso continúa su trámite y esperamos darle finalización en los próximos 2 meses.

Con este concurso se impide que en el nombramiento de notarios haya intervención política.

VENTANILLA ÚNICA PARA REGISTRO

Esta permitirá a los ciudadanos realizar, en un solo lugar y ante un solo funcionario, las diligencias que antes se hacían en 13 entidades diferentes del orden nacional, departamental, municipal y en notarias.

La diligencia que hasta hoy demora casi 50 días para concluir con un registro, ahora se acortará a cinco días.

En Bogotá, además de las 3 oficinas de registro para expedición de certificados de tradición y libertad, se habilitó el servicio en los 5 SuperCades y se expiden ya certificados de manera inmediata y ágil.

LOGRO SIETE: SE ELABORÓ EL PLAN INTEGRAL CONTRA LAS DROGAS

Este se concertó con las instituciones del Estado (unas 44), se presentó al Consejo de Ministros y se continúa en el proceso para su implementación.

El Gobierno Nacional ha continuado su lucha indeclinable contra el cultivo, procesamiento, tráfico y consumo de estupefacientes.

Pero así como las acciones represivas con las fuerzas del Estado se han incrementado, también las acciones sociales crecieron y ya son 66 mil las familias que han abandonado los cultivos ilícitos, con el programa Familias Guardabosques.

En este momento hacemos acompañamiento empresarial a 59 proyectos para la sustitución de cultivos

LOGRO OCHO: SE MANTUVO LA COBERTURA DEL 100% EN ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS

La atención de damnificados por emergencias naturales mantuvo una cobertura del 100 por ciento de quienes solicitaron apoyo al Fondo Nacional de Calamidades, lo que implicó una inversión de 19 mil millones de pesos.

En el periodo agosto de 2007 a agosto de 2008 han sido atendidas un millón 109 mil personas con recursos por 56 mil millones de pesos.

LOGRO NUEVE: APLICACIÓN DEL PLAN INTEGRAL A LARGO PLAZO PARA LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, PALENQUERA Y RAIZAL

Hubo avances en dos fases.

En la primera, se fijó el marco de referencia para la adopción e implementación de políticas regionales sectoriales, en favor de la población afrocolombiana.

El Conpes aprobó la Política de Estado para el Pacifico, que busca insertar esta región al desarrollo nacional e internacional, en el marco de un programa estratégico para la reactivación social y económica, propendiendo por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores.

Se promovieron y habilitaron 10 espacios de participación e interlocución con las comunidades negras.

Se fortalecieron 66 consejos comunitarios.

La Segunda Fase, en ejecución, busca adoptar el Plan Integral a largo plazo para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.

Tras la incorporación de la primera fase del plan integral de las comunidades negras en el Plan Nacional de Desarrollo, en la segunda fase proyectada a 2019 se están adelantando las acciones pertinentes para su adopción definitiva, de manera concertada con las comunidades negras, a instancia de la Comisión Consultiva de alto nivel.

En esta fase, tenemos 3 actividades en curso:

Socialización a nivel regional y consolidación del plan.

Adopción del documento final del plan integral a 2019.

Formulación de los proyectos específicos para la asignación de partidas presupuestales, del 2009 al 2012.

LOGRO DIEZ: SE GARANTIZÓ EL VOTO LIMPIO Y LA TRANSPARENCIA EN LOS COMICIOS DE OCTUBRE DE 2007.

Las elecciones de octubre de 2007 se caracterizaron por el incremento de electores, cifra que aumentó en 22 % respecto de 2003.

El Gobierno continuó fortaleciendo los programas de protección para minimizar los riesgos y evitar al máximo los ataques contra los candidatos o el constreñimiento de los electores, por lo que se redujeron en más del 50% los homicidios o secuestros políticos.

Por lo tanto, hubo garantías y protección para la actividad proselitista y la plena libertad para los electores.
Hasta aquí los avances en los retos formulados hace un año por el ex ministro Carlos Holguin Sardi.

Ahora, Sr. Presidente, señores ministros. Colombianos:

Antes de presentarle los 10 propósitos fundamentales, que vamos a cumplir en los próximos 12 meses y que están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, quiero presentarle parte de mi equipo de trabajo:

La señora viceministra del Interior, María Isabel Nieto.
El señor viceministro de Justicia, Gilberto Orozco Orozco.
La Secretaria Privada, doctora Viviana Manrique
La Secretaria General, doctora María del Pilar Serrano.
Director Nacional de Estupefacientes, doctor Carlos Albornoz.
Superintendente de Notariado y Registro, doctora Lida Salazar.
Director del Inpec, general en retiro Eduardo Morales.
Directora de Imprenta Nacional, María Isabel Restrepo.
Nos acompañan, también, asesores y directivos del Ministerio del Interior y de Justicia.

Estos son los 10 propósitos fundamentales que vamos a cumplir:

PRIMER RETO: FORTALECER LA POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA DEL PAIS.

Para lograr este reto, redefiniremos la política criminal y penitenciaria y reduciremos el hacinamiento carcelario en 45%, pasando del 26,6% en 2008 a 14,63% en 2009.

La política del Gobierno en materia carcelaria será la humanización de los centros, la resocialización y trabajo de los internos que podrían laborar, por ejemplo, aportando maquila desde las cárceles.

Para reducir el hacinamiento avanzaremos en los siguientes frentes:

PRIMERO: continuaremos con la construcción y dotación de 11 establecimientos de reclusión, ubicados en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Yopal, Ibagué, Florencia, Puerto Triunfo, Jamundí y Acacias, con una inversión de un billón de pesos, con los que se crearán 24 mil nuevos cupos en los próximos 2 años.

En estos 12 meses tendremos construidos y en funcionamiento los establecimientos carcelarios de Yopal, Puerto Triunfo y Cúcuta, con capacidad para 4 mil internos.

Para esa misma fecha tendremos construidos 5 más, que empezarán a funcionar con toda su dotación en 2010.

SEGUNDO: BRAZALETES ELECTRÓNICOS

Adoptando las mejores prácticas internacionales, pondremos en marcha el sistema de monitoreo y vigilancia electrónica para condenados por delitos menores o quienes tengan su casa por cárcel.

Ningún homicida, violador, terrorista, sea paramilitar o guerrillero, y menos narcotráfico, parapolítica o farcpolítica, se podrá beneficiar con el programa.

Este proyecto, de alta tecnología, inicia este año con un plan piloto en el Distrito Judicial de Bogotá, donde el índice de hacinamiento es del 78.6%.

A finales del 2009, se beneficiarán con este programa 4.112 presos, lo cual también disminuye significativamente el hacinamiento.

TERCERO: Con el fin sacar algunos centros penitenciarios de las zonas urbanas, buscaremos que el sector privado, a través de convocatorias públicas, participe en la construcción de nuevos y modernos centros de reclusión, mediante el sistema “Llave en mano”.

El procedimiento es sencillo:

Quienes estén interesados en los terrenos donde hoy hay cárceles dentro de zonas urbanas, como en el caso de La Modelo y el Buen Pastor de Bogotá, podrán adquirirlos, participando en una subasta pública y ofreciendo al Gobierno cárceles con los más avanzados sistemas de vigilancia y seguridad en otras zonas cercanas a la ciudad.

Esperamos hacer lo mismo en otras 7 ciudades del país.

SEGUNDO RETO: DISEÑAR E IMPULSAR UNA POLÍTICA ANTIDROGAS ACTIVA Y EFICIENTE
Esta es una de las políticas más importantes para el país y por eso haremos una profunda reestructuración de la Dirección Nacional Estupefacientes.

Comenzaremos por fortalecer el Consejo Nacional de Estupefacientes, dando prelación a la política antidrogas, haciendo énfasis en la erradicación de cultivos, procesamiento y control para la reducción del consumo de drogas.

Impulsaremos, en forma articulada por todos los organismos del Estado involucrados en la ejecución de esta política, campañas masivas orientadas a desestimular el cultivo, la producción y el consumo, educando a la población sobre sus efectos nocivos.

Después de 12 años de no realizar un estudio oficial sobre el consumo de droga en el país, hemos contratado una encuesta en el país, que cumple los parámetros internacionales, cuyos resultados se conocerán en el mes de diciembre. Este estudio se realizará en 39 mil hogares, el más grande en toda la historia de Colombia y mostrará qué tan grave es el problema del consumo de sustancias sicotrópicas.

Dejaremos de estar a ciegas en un tema crucial para poder fijar correctamente la política y disminuir el consumo de drogas.

Al mismo tiempo, y dentro de la reestructuración que nos proponemos, la administración y venta de bienes incautados a los narcotraficantes ya no estará a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino que se entregará a una entidad especializada la administración y enajenación de dichos bienes.

Con este propósito, también hemos presentado al Congreso un proyecto de ley orientado a que los bienes incautados puedan ser inmediatamente enajenados sin necesidad de esperar el proceso de extinción de dominio.

TERCER RETO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE REPARACIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Impulsaremos el proyecto de Ley de reparación de víctimas, de origen parlamentario, que actualmente cursa en el Congreso de la República.

Esta ley recogerá el Decreto ya dictado por el Gobierno, donde se establece un mecanismo administrativo ágil para reparar a las victimas sin esperar fallos judiciales.

Para la atención integral de las víctimas de los grupos armados ilegales, pondremos en funcionamiento 6 centros pilotos ubicados en Medellín, Santa Marta, Bucaramanga, Riohacha, Pasto y Bogotá.

Además, tendremos el sistema de información de justicia y paz que contará con todos los datos sobre víctimas, procesos, bienes y reparación.

En este sistema participarán todas las entidades relacionadas con el programa: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Acción Social, Ministerio del Interior y de Justicia y la Comisión Nacional de Reparación.

CUARTO RETO: FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Con este propósito:

Instalaremos 5 Comités Departamentales de Atención a la Población Desplazada en Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Putumayo.

Brindaremos apoyo técnico y financiero en 13 planes de contingencia para las comunidades focalizadas por el proyecto de atención a comunidades en riesgo.

Capacitaremos en asocio con la ESAP a 150 funcionarios públicos de las nuevas administraciones de las regiones identificadas en materia de DD.HH. y DIH.

Haremos un seguimiento permanente al cumplimento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en la declaración del 16 de julio de 2008 con las centrales obreras del país.
Además, para afianzar la protección a los sindicalistas, impulsaremos la aprobación del proyecto de Ley mediante el cual se establece como circunstancia de agravación punitiva, para el delito de homicidio, el que sea cometido en persona de un sindicalista.

Así, mismo el Ministerio del Interior y de Justicia elaborará el mapa de riesgo nacional por municipios para el sector sindical y actualizaremos el mapa para concejales, alcaldes, personeros y diputados. Y activaremos la plataforma virtual Mapa de Alertas contra el terrorismo, para la seguridad en tiempo real para dichas poblaciones.

Nuestra voluntad es proteger la integridad y la vida de todos los dirigentes amenazados.

En la lucha contra la trata de personas, y continuando con el liderazgo que Colombia ejerce en este tema en Latinoamérica, en el próximo año habrá comités y planes de acciones en 12 departamentos.

QUINTO RETO: DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA GRUPOS INDÍGENAS, POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA

Para la protección a los indígenas, tendremos las siguientes acciones:
El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un proyecto de ley que reglamenta la consulta previa con los pueblos indígenas, con el fin de garantizar sus derechos y su diversidad étnica.

Este año, el Gobierno, honrando el compromiso consignado en los acuerdos por la masacre del Nilo, adquirirá el 50 por ciento de las tierras correspondientes de las 4.282 hectáreas que faltan actualmente.

Con la población afrocolombiana continuamos preparando un plan integral de largo plazo, con el que cual se busca beneficiar a estas comunidades, de acuerdo con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

SEXTO RETO: MEJORAMIENTO EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA NACIÓN

Actualmente, el Estado colombiano pierde el 70 por ciento de los procesos judiciales, contrastando con el promedio en Iberoamérica que es del 4 por ciento. Esta es una vena rota del presupuesto nacional.

Para mejorar la Defensa Judicial de la Nación, nos hemos propuesto las siguientes metas:

• Liderar la defensa técnica judicial de los procesos que cursan en los despachos judiciales, a través del Comité Interinstitucional creado para el efecto.

• En desarrollo del Convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, la función pública y el Distrito Capital de Bogota y contando con el sistema único de información litigiosa del Estado, nos proponemos revertir la tendencia de fallos contra el Estado.

• El reto, en los próximos 12 meses, es disminuir en por lo menos 10 por ciento los casos de pérdida de litigios de la Nación. Y año tras año, ampliar esta meta.

SÉPTIMO RETO: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DE LA JUSTICIA Y APROXIMACIÓN DE LA JUSTICIA AL CIUDADANO

El Gobierno Nacional formalizará oportunamente con el Banco Interamericano de DesarrolIo un crédito por $50 millones de dólares, destinado a la modernización tecnológica de las Altas Cortes, Tribunales, Juzgados, Consejo Superior de la Judicatura y al fortalecimiento del sistema normativo y jurisprudencial.

Para tal efecto, la Nación otorgará el aval que permita materializar la operación.

La ejecución de estos recursos estará en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura y los mismos se destinarán a:

• Descongestionar los despachos y mejorar la gestión judicial.

• Capacitar jueces y funcionarios judiciales en gerencia judicial y mejores prácticas en oralidad.

• Dotar a todos los juzgados del país con equipos de cómputo y sistemas modernos de gestión judicial.

• Lograr la simplificación normativa y jurisprudencial, para hacer
más sencillos y ágiles los procedimientos legales.

JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO

Con el fin de acercar la Justicia al ciudadano, aumentaremos la cobertura de los Programas Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana.

Nos proponemos construir 14 casas más en distintos municipios del país.

Completaremos así 65 Casas de Justicia que servirán de instrumento para que el ciudadano acceda fácilmente a este servicio público.

Construiremos 4 nuevos Centros de Convivencia Ciudadana en Puerto Wilches y Sabana de Torres, en Santander; Calamar, en Guaviare y Convención, en Norte de Santander, que se sumarán a los 15 que actualmente están en funcionamiento.

Para fortalecer los mecanismos de conciliación en derecho, se crearán 11 Centros de Conciliación que funcionarán en entidades públicas municipales y pondremos en funcionamiento la capacitación vía electrónica para funcionarios públicos a nivel nacional.

Así mismo, concluiremos el proceso de formación de 800 conciliadores en equidad, en 16 municipios del país.

OCTAVO RETO: IMPULSAR LA REFORMA A LA JUSTICIA PARA HACERLA INDEPENDIENTE, ÁGIL Y CERCANA AL CIUDADANO

Presentaremos mañana ante el Congreso de la República el proyecto de ajuste Constitucional a la Rama Jurisdiccional, que tiene como objetivos:

• Fortalecer la independencia y la autonomía de la Justicia.

• Combatir los fenómenos de congestión y atraso en los despachos judiciales.

• Simplificar los trámites judiciales.

• Facilitar a los ciudadanos el acceso a la justicia.

• Liberar a la rama jurisdiccional de funciones que le han generado intromisiones de tipo político que son ajenas a su función esencial de administrar justicia.

• Restituir el debido proceso, estableciendo la doble instancia para los congresistas, fortaleciendo el juzgamiento a través de las má altas instancias de la justicia.
Por lo tanto, proponemos:

• Que no haya injerencia de otras ramas del poder público en la elección de los Magistrados.

• Por el sistema de cooptación directa, los magistrados de las Altas Cortes serán elegidos por la propia corporación, en selección abierta y pública. Es decir, a través de un concurso previo.

• Los demás cargos de la Rama serán provistos por la Carrera Judicial.

• El Presidente no volverá a presentar ternas de candidatos para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ni participará en la elaboración de la lista del Procurador General ni en la del Defensor del Pueblo.

• Las Cortes no participarán en la nominación de candidatos para los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Auditoría General).

• En adelante, las ternas para elección del Procurador General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y el Auditor General serán conformadas por Concurso Público de Méritos y la elección la hará el Congreso Pleno en votación nominal y pública.

• Por la naturaleza de la función de la Corte Constitucional, la conformación de las ternas para elegir sus Magistrados, continuará siendo integrada por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y serán elegidos por el Senado de la República.

• El Fiscal General, seguirá siendo ternado por el Presidente de la República y elegido por la Corte Suprema de Justicia.

• Con el fin de buscar mayor autonomía e independencia de la justicia, se propone cambiar la composición de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que en adelante se llamará Sala de Gobierno, para que sea integrada por los Presidentes de las Altas Cortes y un magistrado más de cada una de ellas.

• A esta Sala así constituida le corresponderá la administración de la Rama, a través de un Gerente General designado por ella y se le otorgarán atribuciones constitucionales permanentes, para que por medio de reglamentos autónomos tome todas las medidas para descongestionar los despachos judiciales y agilice la administración de justicia sin necesidad de acudir al Congreso.

Esta reforma también propone facultar a la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura, para fijar los requisitos y condiciones en que proceda, excepcionalmente, la acción de tutela contra sentencias judiciales.

De esta forma, se pretende superar el denominado “choque de trenes”.

Se propone, con el proyecto reformatorio, que por vía de la Ley se puedan reglamentar los casos en que la jurisprudencia reiterada de las Altas Cortes sobre asuntos similares resulte de obligatorio acatamiento por parte del Ejecutivo, a fin de que este no persista en litigar contra esa jurisprudencia reiterada, creando una gran congestión judicial.

Por ejemplo, si estuviera ya en aplicación la jurisprudencia reiterada, se podrían conciliar más de 17 mil demandas que se adelantan contra el Instituto del Seguro Social por incrementos pensionales bajo el régimen del decreto 758, pues ya existen 5 fallos de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, donde han considerado que procede este reconocimiento.

Con lo anterior se logra una descongestión considerable de los despachos y se generan importantes ahorros al Estado a través de la disminución de los costos procesales.

Como la jurisprudencia puede cambiar, el Ejecutivo actuará conforme a los nuevos lineamientos.

EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN

Se fortalecerá la justicia al más alto nivel para el juzgamiento de los congresistas. En el caso de los altos funcionarios con fuero constitucional, se dará cumplimiento a los instrumentos internacionales que establecen el derecho de toda persona a tener separados el investigador del juzgador.

Así mismo, en consagración del principio universal de la doble instancia, estos funcionarios tendrían la garantía procesal de contar con jueces de primera y segunda instancia.

Para todos los efectos, estas modificaciones constitucionales solo se aplicarán para investigaciones que inicien después de promulgado el Acto Legislativo.

Por lo tanto, no cobijará a ningún proceso en curso o cuya investigación se inicie antes de la expedición de la presente reforma. A partir de esta reforma, ningún congresista podrá renunciar a su fuero.

Este mismo principio, de la aplicación futura, fue consagrado en reciente fallo por la Corte Constitucional, al disponer que el investigador sea distinto al juzgador en todos los casos.

NOVENO RETO: IMPULSO DE LA REFORMA POLÍTICA

Presentaremos ante el Congreso de la República el proyecto de Reforma Política, cuyo objetivo fundamental es erradicar las mafias y la delincuencia en la política, estableciendo un régimen sancionatorio a los partidos y a sus integrantes que incurran en alianzas con organizaciones criminales.

Adicionalmente, se pretende el fortalecimiento de los partidos a través de su democratización interna, una mayor responsabilidad en la selección de sus aspirantes y en la financiación de sus campañas, y un régimen sancionatorio a la violación de estos preceptos.

A continuación, algunas de las principales propuestas:

• Los partidos o movimientos políticos que avalen delincuentes tendrán sanciones que van desde multas hasta la cancelación de la personería jurídica, pasando por la pérdida de curules y la devolución de los recursos de la financiación estatal.

• Fijar controles más estrictos para la inscripción de candidatos, exigiendo antecedentes penales y disciplinarios, para evitar que personas que se encuentren incursas en inhabilidades puedan aspirar a cargos públicos de elección popular.

• Se proponen mecanismos para que el Estado concurra a la financiación de las campañas políticas.

• Se limitan las donaciones del sector privado, prohibiendo los aportes de contratistas y concesionarios del Estado que hayan obtenido en el último año, el 20 por ciento o más de sus ingresos por contratos oficiales.

• Será obligatorio para los partidos llevar un Plan Único de Cuentas.

• Habrá silla vacía.

• Proponemos eliminar las suplencias, volviendo al espíritu del constituyente del 91.

• Solo se admiten reemplazos por muerte, incapacidad absoluta para ejercer el cargo o renuncia justificada.

• Quienes sean investigados o condenados penalmente, no podrán ser reemplazados.

• No será justificada la renuncia que se presente por el inicio de una investigación.

• Se prohíbe la contratación estatal con quienes hayan sido condenados por delitos contra el sufragio.

• Reglamentar el cabildeo en el Congreso. Quienes representen grupos de interés lo deben hacer de cara a la opinión pública y deberán hacer públicos los temas por los que abogan.

Combatiremos los ‘roscogramas’ en todas las ramas del poder público: Ejecutivo, Congreso y Justicia.

Proponemos sanciones a quienes desde el Gobierno, el Congreso o la Justicia hagan recomendaciones, pidan nombramientos o influyan en la contratación oficial en las entidades de quienes nominan, investigan o censuran.

Los partidos políticos podrán postular nombres de candidatos de altísimas calidades personales y profesionales para la provisión de vacantes en un cargo de libre nombramiento y remoción, es decir cuyas vacantes no se suplan por medio de concurso de méritos o sean de carrera administrativa.

Reiteraremos en la Reforma Política la propuesta para que las elecciones de funcionarios de los organismos de Control se realicen en Congreso Pleno, previa presentación y concurso público de los candidatos y mediante votación nominal y pública.

Le daremos mejores herramientas a la Organización Electoral para que pueda vigilar y sancionar a partidos y movimientos políticos, a sus directivos y candidatos que no cumplan con sus obligaciones legales.

DÉCIMO RETO: SANCIÓN AL CONSUMO DE LA DÓSIS MÍNIMA DE DROGA

Compatriotas: Es alarmante el aumento del consumo de drogas alucinógenas, especialmente en la población infantil y juvenil. Colombia ha pasado de ser no solo un país productor sino consumidor de drogas.

La utilización de menores en la red de comercialización, lo mismo que el preocupante incremento de la violencia relacionada con el uso de las sustancias estupefacientes, psicotrópicas y químicas y ante el clamor de padres de familia y educadores, el Gobierno impulsará nuevamente en el Congreso de la República la aprobación de una Reforma Constitucional para sancionar el consumo de la dosis mínima.

Este Acto Legislativo propone imponer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consuman sustancias psicotrópicas para uso personal.

Determinará los lugares en los cuales el uso, porte y almacenamiento de dichas sustancias estará prohibido y establecerá políticas para prevenir y sancionar el consumo frente a menores.

Este proyecto también pretende:

Dedicar especial atención al adicto y a su núcleo familiar.

Resocializar y rehabilitar al consumidor.

Desarrollar permanentes campañas frente al consumo de droga.

Vamos a fortalecer en valores y principios a la comunidad para prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud y que protejan a nuestros niños y jóvenes.

Y sancionar severamente a los llamados “jíbaros” y comerciantes sin escrúpulos que utilizan a los niños y jóvenes de Colombia no solo para inducirlos al consumo sino para convertirlos en vehículo de distribución de la droga.

En conclusión, Señor Presidente y compatriotas:

Seguiremos dando ejemplo al mundo entero en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas.

Protegeremos a las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables.

Y asumimos el reto histórico de reformar la justicia y la política, para fortalecer nuestra democracia, modernizarla y enfrentar, con toda decisión, las mafias y la delincuencia, sin importar de dónde provengan.