Bogotá, 31 ago (SP). El Ministro del Interior y de Justicia considera que las afirmaciones del Presidente de la Corte Suprema en entrevistas al periódico El Espectador (sábado 30 de agosto) y al periódico El Tiempo (domingo 31 de agosto) son precipitadas,  injustas  y carentes de sustento.

La propuesta de reforma constitucional tiende a robustecer nuestro sistema judicial, no a debilitarlo; y comienza por devolverle la plena autonomía e independencia. Hay que alejar a la rama judicial de funciones electorales que la politizan y generan clientelismo. También es necesario descongestionar los despachos judiciales, a través de reglamentos autónomos, sin necesidad de que cada decisión pase por el Congreso, para que haya justicia pronta y cumplida.   

Dice el doctor Ricaurte que hay intento de interferir los procesos que actualmente se adelantan ante la Corte. Olvida que hay una norma expresa sobre irretroactividad del Acto Legislativo y la no aplicabilidad del principio de la favorabilidad frente a los juicios del presente y sobre los que se inicien antes de su vigencia.

Es obligación incorporar a la Carta la garantía universal de la doble instancia para los funcionarios aforados. La primera instancia será la Corte y la segunda radicará en cabeza de la nueva Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura –integrada, entre otros, por los presidentes de cada una de las Cortes-. Se separarán las facultades de investigación (en cabeza del Fiscal General) y juzgamiento, como corresponde a una democracia liberal, según fallo reciente de la Corte Constitucional.

No hay ‘complot’ contra la Corte Suprema, como dice el doctor Ricaurte. El Señor Presidente de la República ha manifestado reiteradamente su acatamiento y respeto por los fallos judiciales, advirtiendo el derecho que le asiste a él, o a cualquier ciudadano, de controvertirlos cuando se alejan de su único cometido, que es el de administrar justicia. En este Gobierno se impulsó, a través de la política de Seguridad Democrática, la Ley de Justicia y Paz, que ha permitido el conocimiento de la verdad sobre graves delitos y atrocidades de los grupos criminales desmovilizados y el desmonte de sus estructuras. También de esa desmovilización partió el acervo probatorio del proceso llamado de la Parapolítica. La extradición de jefes renuentes a cooperar con la verdad, a entregar bienes, o que eran reincidentes y contumaces, ha favorecido el interés de las víctimas que demandan verdad, justicia y reparación. El Estado norteamericano ha garantizado la comparecencia de los extraditados ante los Jueces de Justicia y Paz. 

La H. Corte Suprema ha contado y contará con todo el apoyo del Gobierno para el buen desarrollo de esas investigaciones, pero no puede ser ajena a las denuncias de algunos ciudadanos que cuestionan los procedimientos, que, según ellos, colocan en tela de juicio a algunos funcionarios de la rama judicial.

Miembros del Gobierno han sostenido y deberán sostener reuniones con todo ciudadano que anuncie conocer la comisión de delitos. Se han llevado y se llevarán a cabo con absoluta transparencia.

También, el Presidente Uribe, en desarrollo de su obligación constitucional, ha trasladado a los órganos competentes, múltiples y graves sindicaciones, que sobre algunos funcionarios de la justicia llegan a su conocimiento.

El Gobierno desea mantener un diálogo institucional constructivo, tal como lo han aconsejado los presidentes del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.