El Gobierno Nacional busca avanzar en el fortalecimiento de la política para la reintegración social y económica de las personas y los grupos armados ilegales desmovilizados, y convertirla en una estrategia de largo plazo, que articule las acciones de las entidades del nivel nacional y local, el sector privado y la cooperación internacional en favor de esta población.

Bogotá, 1 dic (SP). El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó este lunes la Política Nacional de Reintegración Social y Económica de las personas y los grupos desmovilizados.

Con la aprobación de esta estrategia se consolidarán los logros alcanzados en materia de seguridad democrática y se aportará a la construcción de la paz, gracias al desarme y desmovilización de quienes pertenecían a los grupos armados ilegales, explicó el Departamento Nacional de Planeación.

Además permitirá fortalecer la política del Estado para la reintegración y convertirla en una estrategia de largo plazo, que articule las acciones de las entidades del nivel nacional y local, el sector privado y la cooperación internacional, en favor de la población en proceso de reintegración.

Entre agosto de 2002 y octubre de 2008, cerca de 49 mil personas manifestaron su voluntad de desmovilizarse. De ese grupo, hasta mayo de este año, más de 3 mil eran niños, niñas y adolescentes.

Los recursos para atender la desmovilización y reintegración de los ex integrantes de los grupos armados ilegales pasaron de cerca de 200 mil millones de pesos entre 1990 y 2002, a 925 mil millones de pesos en el periodo 2003-2007.

El Conpes aprobado precisa que de 2008 a 2010 esos recursos podrían superar los 930 mil millones de pesos.

Para hacer posible la Política Nacional de Reintegración Social y Económica se necesita del concurso de varias instituciones como el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Estas entidades deben garantizar las condiciones de seguridad y orden público en las zonas de ubicación de la población en proceso de socialización, así como reducir los riesgos que puedan poner en entredicho su integridad física.

El Sena deberá asignar los cupos necesarios para la inclusión de la población en proceso de reintegración en cursos de formación para el trabajo.

El Ministerio de Protección Social y el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) deben asignar los cupos necesarios que permitan la inclusión de la población en proceso de reintegración al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La Fiscalía General de la Nación adelantará las versiones libres de la población desmovilizada colectiva.

Las demás entidades que hacen posible la Política aprobada por el Conpes, son los Ministerios de Educación y Agricultura, Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) e Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

La política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 ‘Estado Comunitario: Desarrollo para todos’. Además está contemplada en el documento ‘Visión Colombia Segundo Centenario’, en la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática y en las ‘Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015’.