Medellín, 5 dic (SP). “Apreciados compatriotas, es muy grato volver a este nuevo dialogo con la Justicia.

La verdad, es que a lo largo de estos años hemos podido realizar lo que yo llamaría unos Consejos Comunitarios con la justicia, con la justicia ordinaria varias veces.

Este año no me pudo invitar la Corte Suprema, espero que el año entrante si me invite, los anteriores me había invitado, y había ido y habíamos sacado unas conclusiones bien importantes siempre.

Con el Consejo de Estado hemos hecho Consejos Comunitarios permanentes. Con el doctor Hernando Torres Corredor, Presidente del Consejo Superior de La Judicatura, a lo largo de estos años; hemos dialogado permanente con el doctor Jesael Antonio Giraldo Castaño, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; especialmente en los últimos meses, y es muy grato tener este dialogo con ustedes, en un momento muy difícil de la economía mundial, y por supuesto con todos los efectos negativos en la economía colombiana.

Permítanme primero expresarles de manera elemental dónde ubica el Gobierno la Justicia en las principales políticas del Gobierno.

Nuestro gran objetivo es conseguir confianza en Colombia, y para eso es fundamental la justicia.

Ese objetivo lo soportamos en tres pilares: Seguridad Democrática, seguridad con valores democráticos, eficacia en el tema de la seguridad con transparencia, observancia de los valores democráticos de los derechos humanos.

El segundo pilar es confianza inversionista, hoy si que se necesita.

En esta época de crisis de la economía mundial, los dineros que alcanzaron a escaparse de la borrasca de Wall Street, van a ser muy selectivos para definir a que sitios van, entonces en esta escasez de dinero solamente van a tener éxito los países que tengan una bien merecida y bien consolidada confianza inversionista.

De ahí la insistencia en ese tema, apreciados compatriotas.

Y el tercer tema, la cohesión social. El Presidente del Consejo Superior de La Judicatura, el doctor Hernando Torres Corredor, se refería a ella, y la mostraba en la expresión, en la connotación, de acceso democrático a la justicia.

La Seguridad Democráticay la confianza inversionista crean un ambiente de prosperidad, que es el que puede financiar la cohesión social. Y a su vez, la cohesión social es la que valida, en un Estado de opinión, los esfuerzos de seguridad y los esfuerzos de inversión.

Entremos en la Seguridad Democrática.

Primero. Superar la impunidad en un país, con 30 mil asesinatos, es imposible. Superar la impunidad en un país con 3 mil 500 secuestros es imposible. Superar la impunidad en un país con 200 municipios arrasados por los grupos terroristas, en 3 años, es imposible.

Nosotros creemos que la seguridad y la justicia tienen la siguiente relación. La seguridad se convierte en una herramienta de contención del crimen, que permite que la justicia entre a operar, y en la medida en que la justicia entre a operar, se le da legitimidad a la seguridad.

Este año ojala no pasemos de 16 mil homicidios en Colombia, todavía es muy alto, pero es que venimos de 30 mil homicidios.

Tenemos unos 270 secuestros, todavía es muy alto, quisiéramos no tener uno sólo pero venimos de 3 mil 500.

Es menos difícil para una justicia, actuar en un país con 270 secuestros que en un país con 3 mil 500 secuestros. Es menos difícil para la justicia actuar en un país con 16 mil homicidios que en un país con 30 mil homicidios, y por supuesto esa seguridad se legitima, si la justicia avanza.

Creo yo que hay unos intangibles importantes, que resultan de la Seguridad Democrática.

Primero. Se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los criminales y para ejercer justicia. Ustedes saben apreciados magistrados, jueces, compatriotas, que la palabra paramilitar se escogió en Colombia para señalar las bandas criminales privadas, cuyo objetivo era enfrentar a la guerrilla.

Creo que algo bueno que ha pasado en estos años, es que el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a los delincuentes.

Se habla mucho de las bandas emergentes. Este gobierno, que como decía el doctor Hernando Torres Corredor, viene en diálogo con los colombianos de todos los días. Lo que hemos encontrado en las regiones es que esas bandas emergentes, primero han venido siendo combatidas efectivamente por las Fuerzas Armadas, y segundo, ¿en qué están? Están simplemente aliadas con la guerrilla en extorsión, en narcotráfico y en secuestro, y hay que combatirlas.

Yo todos los días miro el reloj y el calendario. Esta mañana hablaba con los señores generales Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, Óscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional, el General Óscar González, comandante del Ejército Nacional; y ahora en el aeropuerto con mi General Mantilla San Miguel, comandante de la VII División del Ejército y con mi General Jorge Luis Garcia Carneiro, y esta mañana le decía a mi General Padilla: General, todos los días nos quedan más poquitos días y todavía hay muchos bandidos por ahí sueltos, hay que avanzar con toda la determinación.

Yo creo que es bueno haber recuperado ese monopolio para combatirlos y se ha recuperado el monopolio de la justicia.

Apreciados magistrados y jueces, para nadie es un secreto que en muchas regiones de Colombia, la justicia estaba usurpada, estaba sustituida de facto, por los peores criminales.

Me lo decían unos campesinos en una región, no, mire aquí, un problema de cercas; tenemos que ir a donde el comandante guerrillero. En otra región decían: no, aquí el problema porque los animales de un vecino me destruyeron la cosecha, tenemos que ir a donde el comandante paramilitar.

Y los conflictos de familia, en los conflictos de familia, muchos ciudadanos ya no estaban acudiendo a Bienestar Familiar, ni a los jueces de familia, sino que estaban acudiendo a los grupos terroristas.

Yo creo que algo bueno que está pasando en el país y que es lo que yo llamo intangibles de la Seguridad Democrática, es que se han recuperado las condiciones para que la única justicia sea la justicia democrática del Estado.

Y pienso que los colombianos hoy dan testimonio. Una de las grandes dificultades que tenían ustedes, apreciados compatriotas administradores de justicia, era que los colombianos no denunciaban, no daban testimonio por temor o por que lo encontraban inútil. Hoy hay más denuncia, hoy hay más decisión de rendir testimonio, y eso ayuda.

Lo que he venido diciendo es que no podemos pasar del extremo de un país en el cual la gente no daba testimonio por temor, o por que lo encontraba inútil, al otro extremo; al de la manipulación política del testigo, eso sería desquiciante de la justicia y de nuestra democracia.

El tema de las víctimas

Las víctimas no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Hoy reclaman, estamos en el proceso de reparación. El año entrante, solamente, para el año entrante, tenemos en el presupuesto 200 mil millones para reparar víctimas.

Eso puede costar 12, 14 mil millones de dólares en los próximos años. Eso es una suma muy grande.

El Gobierno, primero, impulsó la Ley de Justicia y Paz, que tiene el capítulo de reparación. Después el decreto que permite la reparación por vía de conciliación administrativa, ya se están dando los primeros casos. Y le hemos pedido al Congreso, que en la Ley que está en curso, se tengan en cuenta dos elementos.

Primero. Hay que tener prudencia fiscal. Si nos excedemos en la parte fiscal, una ley que inicialmente se plantea como generadora de una ilusión de reconciliación, puede terminar convertida en una frustración. Qué tal que mañana, los administradores, digan: no tenemos recursos, es imposible cumplir con esa ley, entonces se necesita prudencia fiscal.

Nosotros creemos que reparación total no hay, pero todo esfuerzo de reparación anula una semilla de odio. Elimina un germen de venganza. Para la conciliación de los colombianos es muy importante la reparación, pero hay que tener moderación fiscal.

Y lo otro es que el Gobierno le ha pedido al parlamento que, por favor, no se le de el mismo tratamiento al reclamo que hace quién es víctima de un grupo terrorista, que al reclamo que se hace contra un agente del Estado.

¿Por qué? El grupo terrorista nunca tiene la autorización legal para proceder en contra de alguien. Siempre que lo hace delinque. En cambio, el agente del Estado tiene la obligación de proceder contra los criminales.

La regla es que proceda de acuerdo con la ley, con procedimientos legítimos. La excepción es que haya un desbordamiento, una violación de la ley, una violación de los derechos humanos.

¿Qué hemos pedido? Que en el caso de los agentes del estado para reparar haya sentencia.

Nos dicen. Pero es que puede tomar mucho tiempo. Entonces que la ley incluya una norma mediante la cual se le de tratamiento de proceso preferente a estos procesos de reclamación.

Me da mucho temor que no se exija la sentencia para indemnizar a quienes se aleguen como víctimas de agentes del Estado. Si yo fuera policía o soldado pensaría. Toda actuación que yo vaya a tener contra un criminal, la van a alegar como un desbordamiento de derechos humanos, inmediatamente van a aparecer a decir me declaro víctima, voy a pedir la reparación.

Y entonces viene la necesidad también de investigar, y está muy bien denunciar lo mal hecho, pero no se puede afectar lo bien hecho. Eso puede producir el efecto de que a los actores principales de la Seguridad Democrática, que son los soldados y policías de Colombia, se les cause un temor tremendo y se paralice la política de Seguridad Democrática.

Esos son los dos temas en los cuales el Gobierno más ha insistido ante el Congreso.

Es importante entrar a mirar la justicia también en la confianza Inversionista. Nosotros para trabajar la confianza inversionista, hemos dicho que mientras hay países con gran hostilidad a la inversión y son obvios, notorios, los casos en América Latina, y que a uno lo preocupa objetivamente.

A mi me preocupa que un país que viva del buen precio de un producto básico, llegue un momento en que no pueda crecer la producción de ese producto básico, que el precio esté bien deprimido y que no tenga alternativas productivas porque se destruyó la producción de alimentos y se destruyó la producción de manufacturas, ¿qué le puede ocurrir a ese país? ese país puede tener agravantes en la crisis de la economía.

Entonces nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos dado confianza a la inversión, exigiendo responsabilidad social.

Y en esa responsabilidad social exigimos temas muy importantes, en los cuales nos tiene que ayudar la justicia.

Primero. Transparencia en las relaciones entre la inversión y el Estado, por eso este Gobierno ha reformado mucho la legislación y los trámites.

Nosotros hemos resuelto casi todos los grandes pleitos, que tenían los concesionarios asociados con el Estado, en telecomunicaciones, en carreteras, en aeropuertos, en ferrocarriles.

Y al funcionario del Estado le da mucho temor conciliar, porque dice, ¡ah! concilio e inmediatamente viene la Procuraduría, viene la Contraloría, viene la Fiscalía y en la ciudadanía hay mucha suspicacia. Muchos tienden a ver en cada conciliación un hecho de corrupción.

¿Qué hemos propuesto nosotros y qué hemos practicado? Que cada vez que haya una conciliación, antes de perfeccionarla, se publique ampliamente. Se le deje a conocer a la Procuraduría, se le deje conocer a la Fiscalía, se le deje conocer a la Contraloría, y se publique ampliamente ante la opinión ciudadanía.

Eso le da tranquilidad al funcionario que concilia y elimina razones de suspicacia para la ciudadanía.

En el tema de responsabilidad social en la contratación. Nosotros hemos exigido que haya prepliego y que se discuta ampliamente. Primero en el decreto 2170 y ahora en la ley 1150, y eso evita que el pliego de una licitación se arme a la medida de un potencial proponente.

Segundo, la discusión de todas las propuestas en audiencia pública. Ojala hoy puedan adjudicar la segunda parte del túnel de La Línea, la primera está construida, y eso tiene que hacerse en audiencia pública.

Toda esta semana ha habido unas reuniones públicas, examinado el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, de cada uno de los proponentes, hoy debe haber la última audiencia, y si se surte ese proceso pues ya se pasa a analizar la propuesta económica.

La audiencia pública es bien, bien, importante para garantizar transparencia.

Nosotros, en responsabilidad social, proponemos también la observancia rigurosa de los estándares ambientales, la fraternidad laboral, y aquí sí que juega un papel bien importante la justicia.

A mi me parece muy grave para el país, en las relaciones laborales, estar en el extremo del odio de clases o en el extremo del capitalismo salvaje. Ni lo uno ni lo otro, se necesita fraternidad.

Recientemente se aprobaron dos leyes en el Congreso que quiero recordar hoy. Una que le recuerda a las cooperativas de trabajo asociado, que ellas tienen la obligación de pagar todas las prestaciones, la afiliación a la seguridad social y los parafiscales.

Cuando yo llegue a la Presidencia, rápidamente, produje un reglamente constitucional sobre la materia, pero después el Consejo de Estado lo declaró inexequible, entonces acudimos al trámite del proyecto de ley.

Y la segunda ley es la que despoja al Gobierno de la competencia para calificar la ilegalidad de la huelga y la traslada a la justicia. Despoja al Gobierno de la competencia para dar por terminado un conflicto laboral que lleve 60 días y dice: no. Son empleados y trabajadores por consenso tienen que convocar a un tribunal de arbitramento.

Tengo una preocupación apreciados presidentes y magistrados, no ha habido pronunciamiento en la justicia sobre la huelga de la justicia. Yo no creo que sea bueno para el país omitir ese pronunciamiento, lo quiero recordar aquí muy respetuosamente.

Porque por iniciativa del Gobierno se presentó el proyecto de Ley al Congreso, el Gobierno lo estimuló, y entonces el Gobierno casi que se autodespojó de esa competencia para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga, y se le entregó a la justicia.

Les dejo esa reflexión, porque yo creo que guardar silencio sobre el tema sería un pésimo inicio del ejercicio de esa nueva competencia.

Ahora vamos ha hablar de otro tema laboral que lo ha traído el doctor Hernando y que lo tenemos incorporado en el proyecto de descongestión, a ver cómo se aceleran todos los procesos cuando sean claros los derechos por los cuales el trabajador demanda.

Cuando se hacen los escalafonamientos mundiales de competitividad a Colombia se le reconocen avances en materia de competitividad, pero también se le señalan retrocesos.

En los últimos dos años nosotros nos hemos ganado la mención de competitividad que hace el Banco Mundial, a través de un ejercicio que se llama Doing Bussines. Estamos haciendo los esfuerzos a ver si el año entrante Colombia vuelve a estar allí bien calificada, pero tenemos muchos atrasos aún, este atraso de infraestructura.

Yo cada vez que vengo en un avión al Valle de Aburrá, empiezo a ver estas montañas y los compañeros que viene de Bogotá les digo: mis paisanos son muy guapos, a ver hecho esta civilización industrial y de servicios aquí en este pequeño valle, y a estas distancias del mar.

Es muy difícil el tema de infraestructura en Colombia, muy difícil para que el país sea competitivo, hay tenemos un gran atraso, y uno de los atrasos que más se señala hoy en Colombia es la congestión de la justicia.

La justicia colombiana es respetable y respetada, pero la congestión se invoca como un obstáculo a la competitividad, y lo tenemos que superar.

Nosotros hemos estado en el proceso de reformas institucionales y administrativas en todo el Gobierno, que le reforma de ETB, que la reforma de Telecom, que la de las clínicas del Seguro Social, que la reforma de las transferencias, que la eliminación de los privilegios pensionales, etc.

Nosotros ahora queremos dedicarnos con ustedes a entender que para el Estado colombiano, para su competitividad internacional, la reforma a la justicia que la descongestione es estructural. Eso es una no los grandes faltantes que tiene Colombia hoy, uno de los grandes señalamientos que se le hacen a Colombia y tenemos que superarlo.

Es una contradicción, sin lisonja, yo soy más crítico que lisonjero. Colombia tiene una rama de justicia en sus diferentes expresiones respetada. Jueces, fiscales, magistrados muy bien calificados, respetables. Lo que no se entiende es porque con una organización respetable, con una integración humana respetada haya este problema.

El observador internacional que no conozca esto y que vea que en el escalafonamiento de competitividad se señala que Colombia tiene un problema de lentitud en administración de justicia, dirá: ¿Qué pasará con la justicia? Cuando aquí lo que hay es muy buenas instituciones y excelentes jueces, fiscales y magistrados. Hay que superar ese problema estructural de congestión de la justicia.

Ahí vemos entonces este tema de la justicia y su relación con la confianza inversionista. Que el Gobierno ha hecho mucho con la inversión, los estímulos tributarios, el mejoramiento del endeudamiento, el mejoramiento del déficit.

Pero nos dicen: bueno pero Gobierno tiene qué hacer por la infraestructura, Gobierno tiene qué hacer la innovación productiva, Gobierno tiene qué ayudar a que la justicia se descongestione.

Entonces entremos ahora a estos temas específicos de la justicia.

Primero insertémosla en estas dificultades de la economía mundial y en las nuestras.

Nosotros todavía tenemos un endeudamiento alto y un déficit fiscal alto. Y tenemos temor de lo que pueda pasar con el financiamiento en los años que vienen.

Hemos contado con un gran apoyo de los bancos multilaterales y quiero aquí dar los agradecimientos al Presidente de BID, al nuestro destacado compatriota, al doctor Luis Alberto Moreno. Pero la situación de financiamiento en el mundo entero es muy difícil. Ustedes saben que hemos hecho esfuerzos a lo largo de estos años.

Por ejemplo, en el tema de salarios. En el diálogo con la justicia lo primero que se definió fue aquel decreto para los magistrados de los Tribunales. Después el decreto para jueces y después para jueces, y para funcionarios.

Esos tres ajustes de este Gobierno entre el 2009 y el 2010 llegan a un costo anual en pesos de hoy de 310, 315 mil millones.

Y en el un país con déficit, un país con endeudamiento, ese esfuerzo no es un esfuerzo despreciable y lo largo de las reuniones con Asonal Judicial en el anterior paro, volvimos a repasar todo eso. En un momento que les dije: mire el Gobierno está dando otro paso que le cuesta 115 mil millones, además de los otros 200 mil y el límite no lo ponemos caprichosamente, es porque nuestra situación presupuestal es muy difícil.

Porque le expresé yo a Asonal y a sus directivos, al doctor Hernando, al doctor Jesael, que teníamos que reunirnos en mayo, no con la promesa de otro ajuste. El diálogo público tiene que ser diálogo con toda sinceridad para que no pierda credibilidad.

Yo he preferido en este diálogo con mis compatriotas procurar decir toda la verdad, lo que siento, porque uno se pone a crear expectativas, lo aplauden, pero al otro día reniegan de uno. Y es preferible que la gente pueda decir del Presidente de Colombia lo odio, estoy en desacuerdo con él, no me gusta ese tipo, pero le puedo creer. Dijo lo que no me gusta, pero se le puede creer.

Yo creo que es preferible la credibilidad, que el acuerdo sin credibilidad.

Entonces porque propusimos para mayo, porque el mayo debemos saber cómo se está comportando la economía. ¿Qué esta pasando con todas las incógnitas que hay para los años que vienen, cómo va el recaudo? Y vamos a hacer esa reunión en mayo, pero con mucha objetividad y a mirar las cifras con toda la transparencia.

Y me obligo a repetir eso apreciado doctor Hernando porque le fui tomando nota a su discurso, y yo que tanto lo respeto y lo admiro, soy muy cuidadoso, porque usted con ese talento siempre trabajando por la justicia, me ha ido poniendo a mí en compromisos presupuestales todos los días más altos que no sé hasta dónde podamos cumplir. Entonces le quería hacer esa anotacioncita, apreciado doctor Hernando.

Sin embargo, vienen otros temas que lo vamos a ver ahora, como el arancel judicial.

Miren esto, no sé ¿De dónde venimos?

El Consejo Superior en el 2002 tenía 172 mil millones, para el año entrante 296 mil. En la Rama en 2002, 831 mil; el año entrante billón 665 mil. Estos son aumentos considerables.

En la Corte Suprema 2002, 19 mil; el año entrante 50 mil.

Consejo de Estado 2002, 19 mil; el año entrante 47 mil.

Corte Constitucional 2002, 9 mil; el año entrante 17 mil 900.

Tribunales y juzgados 2002, 610 mil; 2009 billón 253 mil.

Se ha hecho un gran esfuerzo con el presupuesto, vamos a ver qué pasa con estas dificultades de la economía.

El Gobierno ha venido impulsado el arancel judicial y tenemos listo el proyecto. Hemos querido presentar estos proyectos después de construir un consenso con la justicia.

El proyecto de arancel estaba siendo revisado. Con el Consejo de la Judicatura, con el Consejo de Estado y faltan unos comentarios de la Corte Suprema.

Y por supuesto, por respeto a la Corte Constitucional no se lo podemos consultar, porque ellos son los que examinarán su constitucionalidad.

Pero si tenemos una guía, que es la sentencia mediante la cual declaró inexequible la ley que promovimos hace año y medio y que incorporaba el arancel, y entiendo que el Presidente de la Corte Constitucional, el honorable magistrado Humberto Sierra Porto, ante ustedes dio las razones de esa sentencia.

El Gobierno no solamente respeta esa sentencia, sino que comparte las razones. En la definición de todo tributo, en este caso este arancel, la ley tiene que ser muy clara para definir la base, el sujeto pasivo, la tarifa, todos los elementos constitutivos del tributo.

No puede una ley crear un tributo de manera general delegando la reglamentación de esos elementos.

El acuerdo básico del arancel es el siguiente. Es excepcional para no afectar el principio de la gratuidad de la justicia, que es un principio inherente a la democratización de la justicia.

Entonces es un cobro excepcional, ¿en qué materias y a quiénes? En materia comercial, en materia civil y en materia contenciosa.

¿Para casos de alta cuantía? Cuando el valor sea superior a 200 salarios mínimos legales vigentes, cuando el valor del crédito, según la liquidación, sea superior a 200 salarios mínimos. Cuando el valor de las obligaciones derivadas del respectivo acto o el valor del pago, sea superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para altas cuantías.

Entonces no puede quedar duda de que es un cobro progresivo, no regresivo, en la medida que es progresivo, no afecta la democratización de la justicia.

Es muy importante anunciar esto. El arancel judicial a favor de la rama y cargo de los demandantes en procesos civiles comerciales y contenciosos administrativos, constituye un ingreso público del fondo para la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia.

Destinado a asumir gastos de funcionamiento en inversión de la rama Judicial con prioridad para los de funcionamiento, o sea que eso es un ingreso para la justicia.

Mi invitación es a que justicia y Gobierno trabajemos en la invitación al Congreso para darle a eso acelerado trámite, y ahora si que lo necesitamos. Obtener ese ingreso en esta época de dificultades se hace imperativo.

Aquí esta nuestro Vicepresidente de la Corte Suprema, estaba el Magistrado Javier Zapata. Es muy bueno, que ellos nos ayuden rápidamente con sus comentarios, y démosle a esto trámite prioritario. Ojala pudiéramos tener para el 16 de junio cuando vence el siguiente periodo de sesiones del Congreso aprobado el proyecto de arancel judicial.

El proyecto de descongestión. Ese ya fue presentado. Hay unos temas importantes: se avanza más en desjudicialización de conflictos, fortaleciendo la conciliación.

Se ha avanzado mucho en los procesos de conciliación. Esto le traslada más materias a la conciliación. Yo creo que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, es uno de los centros de conciliación ejemplares en el país.

Yo creo que tenemos que poner a jugar en esto, las casas de justicia y paz. El país ya está llegando a 60 casas de justicia y paz.

En los procesos ejecutivos, ¿qué se propone? procesos ejecutivos con título hipotecario y prendario.

Se podrán tramitar ante notario o ante centros de conciliación debidamente autorizados, siempre y cuando no se ejerza el derecho de contradicción por parte del demandado o ejecutado.

Doctor Luis Alberto Moreno (Presidente del BIC), muchas gracias y le agradecemos en nombre de todos los colombianos, todo el apoyo del Banco Interamericano a nuestro país y por supuesto con estos créditos a la justicia.

Entonces, en la medida que, en la medida que no haya contradicción en un proceso ejecutivo, se puede tramitar ante notario, es la propuesta.

Hay una propuesta bien importante, en el caso laboral, se ordena al juez laboral ordenar el pago de los derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, tan pronto como resulten probados dentro del proceso las pretensiones que versen sobre hechos. Eso tiene que ayudar mucho, y tiene que ayudar mucho, en materia de cohesión social.

En materia de recursos. La idea fundamental aquí es que la apelación se surta en efecto devolutivo. Se ha discutido también, la posibilidad de exigir unas pólizas a los apelantes, y la regla general es eliminar el grado de consulta.

Sin embargo, alguien me dijo, cuidado, que en Colpuertos se evitaron muchos problemas cuando se elevó el tema al grado de consulta. Ahí tenemos que tener un cuidado.

Yo no voy a referirles todo el proyecto, ahí está, es una necesidad del país y destaco que se ha presentado después de un gran proceso de concertación.

El Gobierno dijo, nosotros no lo vamos a presentar para que la justicia diga que no fue consultada, pero también los invito para que Justicia y Gobierno, nos aliemos y le pidamos al Congreso que nos ayude a ver si esto es ley de la República, por tarde el 16 de junio.

El tema de la sistematización. Seguimos avanzando en eso, ese acuerdo lo hicimos hace dos años, yo creo que ayuda mucho en la justicia en línea.

Además de los recursos ordinarios de ustedes, hay unos aportes convenidos con la Ministra de Comunicaciones, con cargo al fondo social de comunicaciones. Vamos a seguir trabajando en eso.

Yo creo que les ayudaría mucho a ustedes, apreciados compatriotas, administradores de justicia, una justicia en línea y una justicia con tecnología de última generación.

Edmundo (Del Castillo Restrepo, Secretario Jurídico de Presidencia de la República), el doctor Hernando Torres (Presidente del Consejo Superior de la Judicatura), nuestro presidente, ha pedido lo siguiente: una jurisdicción delegada de Supersalud, que esté en la ley, a ver cómo hablamos con el Ministro de Salud y el Superintendente para avanzar en eso.

Hablaba de la de los jueces paralelos ¿Esa está creada en la ley o no? Porque la de los jueces itinerantes si. Se puede introducir la de los jueces paralelos.

Ley de pequeñas causas. ¿Ya se presentó, no?. Esa se presentó ¿también fue concertada? si porque lo que llega con concertación con la justicia al Congreso, debe tener un camino más expedito.

El principio de Oralidad. Estaba viendo, por ejemplo, en el proyecto de Ley de Descongestión, que se crea expresamente la oralidad para la jurisdicción contenciosa. Eso puede ganar muchísimo tiempo, además de que ahí hay unas cosas bien interesantes, como los recursos contra los autos e interlocutores.

Hay una serie de definiciones, que en principio parecen pequeñas, que pueden ayudar, contribuir mucho a la descongestión.

Ha pedido la justicia que pueda tener un canal de comunicación y yo ofrezco esto, lo siguiente doctor Hernando (Torres). Con el Jefe de Prensa de la Presidencia hagan el convenio que requieran para que ustedes utilicen el Canal Institucional y empiecen cuanto antes.

A mi me parece bien importante. Entiendo que ahora se han hecho unos seminarios por la televisión, sobre actualización en algunas leyes, como la actualización en el Estatuto Contractual, y que so ha sido muy útil.

Yo creo en eso, a mi me parece bien importante que la justicia pueda tener un contacto directo con todos los compatriotas a través de la televisión. Doctor Jesael”…

Jesael Giraldo, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: “Nosotros teníamos acceso al Canal Institucional, administrando justicia y presentábamos, por ejemplo, nuestra rendición de cuentas, pero a partir de este año la Comisión Nacional de Televisión nos ha exigido pagar parte del espacio.

Entonces, nos sería muy útil señor Presidente su intermediación para que a la rama Judicial no se le cierre esa posibilidad de ingresar al Canal Institucional”.

Presidente Álvaro Uribe Vélez: “Cuente con ella”

Jesael Giraldo: “Muchas Gracias”.

Presidente Álvaro Uribe: “Cuente con ella. Edmundo me ayuda en eso. Y utilicen los espacios que tiene la Presidencia, eso es una necesidad.

Yo, dejaría aquí y escucharía algunos puntos que ustedes quieran proponer, apreciados compatriotas”.