Ginebra, 10 dic (SP). “El Estado colombiano agradece al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la aceptación de su postulación voluntaria para presentar ante todos los Estados del mundo el Examen Periódico Universal y agradece a los estados que nos han hecho llegar sus preguntas y recomendaciones para este ejercicio.

Colombia se presentó voluntariamente porque tenemos un profundo compromiso con este mecanismo que pretende examinar de manera objetiva a todos los países en la realización de los derechos humanos.

El Estado colombiano ha querido presentarse a este examen en concordancia con su política de cooperación y apertura hacia la comunidad internacional; 24 oficinas de Naciones Unidas y el CICR hacen presencia en Colombia; desde el año 2002, se han recibido 15 visitas de mecanismos relacionados con derechos humanos; la sociedad civil, el Estado y 39 embajadas acreditadas en Colombia han establecido un sistema de seguimiento a la situación colombiana mediante una agenda concertada; los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales extranjeros tienen acceso total a nuestro país sin ninguna restricción.

También hemos querido que se constaten los profundos cambios en la realidad colombiana. De ser un Estado señalado como negligente o de complicidad con los grupos paramilitares, hemos pasado al encarcelamiento de todos los jefes de los grupos paramilitares, a la desmovilización de sus estructuras y a la incautación sus bienes.

Un Estado más consciente de que su legitimidad reside en la eficacia para garantizar los derechos a la población; actuando así se ha logrado que entre el 2002 y el 2007, el homicidio se haya disminuido en un 45%, las masacres en un 77%, los atentados terroristas en un 76.5% y el secuestro extorsivo en un 87%.

La situación de los grupos armados ilegales también ha cambiado profundamente. Hoy no tienen ningún respaldo ni representatividad en Colombia y mucho menos opción de tomarse el poder. Como consecuencia de ello, los paramilitares aceptaron la desmovilización de manera colectiva y 17.000 personas se han desmovilizado de manera individual.

Las Farc gozan de un bien ganado repudio en Colombia; no podía ser de otra manera: hace dos días asesinaron a dos miembros de una misión médica e hirieron a 7 más en el Caquetá; este es el último de cientos de hechos entre los cuales se cuenta un artefacto explosivo en Ituango, Antioquia, que causó 7 muertos y 51 heridos en una fiesta popular; la muerte de varios líderes comunitarios en Arauca acusados de apoyar al ELN; de decenas de indígenas asesinados o muertos por minas antipersonal en Arauca, Cauca, Nariño y Meta; el asesinato de varios profesores, 4 de ellos en un solo hecho en Güachavez, Nariño; los ataques a concejales municipales y el secuestro de cientos de colombianos, 28 de los cuales se pudren en la selva desde hace entre 6 y 10 años en condiciones infrahumanas. Cero respeto por la dignidad humana y repetidos ataques a sectores indígenas, afro colombianos y populares no podrían arrojar otro resultado.

Quisiera llamar la atención sobre el tema del narcotráfico y su relación con la situación de derechos humanos. Los inmensos recursos que producen el tráfico anual de 500 toneladas métricas de cocaína alimentan a todos los grupos armados ilegales; así, desmantelados los carteles de Cali y Medellín surge la disputa entre guerrilla y paramilitares por este negocio; cuando el paramilitarismo se desmoviliza, surgen pequeños capos de la droga pretendiendo controlar los cultivos, el comercio y las rutas para el tráfico de cocaína.

El afán por este dinero lleva a la destrucción de la selva y a la agresión de afrocolombianos, campesinos, indígenas y autoridades locales; de ahí nuestra demanda por la corresponsabilidad internacional en el tema de las drogas ilícitas. En Colombia, el narcotráfico alimenta a los más importantes violadores de los derechos humanos.

Me refiero ahora a las preguntas relacionadas con la eficacia de la justicia y el combate a la impunidad. En Colombia tenemos una rica mezcla de bases constitucionales, desarrollos legislativos, jurisprudencia, políticas y medidas frente a problemas específicos para lograr el imperio de la Ley.

Constitucionalmente todos los ciudadanos cuentan con algún recurso para proteger sus derechos individual o colectivamente y frente a todas las situaciones o actos de cualquier autoridad.

La Corte Constitucional de Colombia es reconocida como una de las Cortes más activas en el mundo en el desarrollo de jurisprudencia para la protección de los derechos humanos y de combate a la impunidad. En virtud de ello ha ampliado el concepto de derechos fundamentales estableciendo conexidad con los económicos y sociales; ha declarado el “estado de cosas inconstitucional” cuando las violaciones son repetidas u obedecen a causas estructurales impartiendo órdenes a las instituciones estatales; ha definido criterios para la competencia entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar; y ha protegido a los sectores más vulnerables como en el reciente reconocimiento de los derechos patrimoniales, acceso al sistema de salud y derechos pensionales en el caso de las parejas entre homosexuales.

En el campo de los desarrollos legislativos recientes se debe destacar:

• El establecimiento del sistema penal oral acusatorio que descongestiona los despachos judiciales y es una medida efectiva contra las detenciones arbitrarias al establecer la figura del juez de garantías y el desarrollo de la audiencia de control de legalidad en un plazo máximo de 36 horas;
• La reforma a la Justicia Penal Militar para limitar su competencia a los delitos relacionados con el servicio e independizarla del Ministerio de la Defensa Nacional sin perder su carácter especializado;
• En el 2005 una ley desarrolla la lucha contra la trata de personas; durante el 2007 y 2008 se promulgaron nuevas leyes en relación con la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la violencia contra la mujer.
La política para el fortalecimiento del sistema judicial ha sido una de las prioridades del Estado, en virtud de ello:
• Se ha procurado garantizar las condiciones de seguridad para la acción independiente y sin presiones de los operadores judiciales;
• Se aumentó en un 86% el presupuesto del sector justicia entre los años 2002 y 2007;
• Se crearon 2.166 nuevos cargos en la Fiscalía General de la Nación desde enero de 2008;
• De manera concertada se adoptó la política de lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos.

En casos de especial preocupación se han tomado medidas para enfrentarlos mediante la creación de unidades de fiscales dedicados a esos casos; en el caso de las agresiones sufridas por los sindicalistas mientras en el 2000 y 2001 se profirieron 2 sentencias, desde el 2002 a la fecha se han proferido 153 sentencias que han condenado a 233 personas por crímenes contra sindicalistas; vale la pena destacar que 98 de esas sentencias corresponden a hechos sucedidos después del 2002, es decir, la acción en los casos de violaciones a los derechos humanos de la población sindicalizada es cada vez más efectiva y decidida.

El otro caso específico es el de las denuncias contra miembros de la fuerza pública por supuestos homicidios fuera de combate o en personas protegidas; la justicia colombiana ha desarrollado una formidable acción de respuesta a estas denuncias: hasta el momento se desarrollan 716 investigaciones a las cuales hay 1.000 miembros de la fuerza pública vinculados; 46 de ellos han sido condenados y 232 se encuentran acusados o en juicio. Los jueces penales militares están dando un ejemplo de aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de transparencia, hasta el momento han trasladado 285 casos a la justicia ordinaria; mientras en el 2005 se trasladaron 31 casos, en el 2008 han trasladado 148 casos.

Trataré de responder ahora las preguntas sobre víctimas, desmovilización y la Ley de Justicia y Paz. Como todos ustedes saben, Colombia ha enfrentado medio siglo de violencia con diferentes manifestaciones e intensidad; a diferencia de otros países, Colombia ha tenido procesos de paz parciales y un programa de desmovilización individual muy exitoso.

El Estado y el pueblo colombianos han optado por facilitar los procesos de desmovilización o de paz y a la vez garantizar los derechos de las víctimas. Para el efecto se ha aprobado la ley de Justicia y Paz que reconoce los derechos de las víctimas como ninguna ley lo había hecho en cualquier parte del mundo. Entre otras cosas esta ley establece:

• Proceso judicial independiente sobre los beneficios jurídicos a los desmovilizados;
• Derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la preservación de la memoria histórica, reparación colectiva a las víctimas;
• Deber de protección a las víctimas;
• Trato diferencial por su condición de niños, mujeres o discapacidad;
• Una Comisión de reparación y reconciliación con composición mayoritaria de personas de la sociedad civil y órganos de control del estado con vigencia de 8 años;
• Comisiones regionales de restitución de bienes apropiados por los grupos ilegales que se sometan a la Ley;
• Obligación a los postulados de confesar de manera completa y veraz todos los hechos cometidos durante y con ocasión a la pertenencia al grupo armado ilegal, obligación de no reincidencia y de reparación con las víctimas;
• Penas alternativas de prisión sujetas a serios compromisos por parte de los postulados y revocatoria de ella si se incumplen las obligaciones impuestas;
• Versiones libres con participación de las víctimas o sus representantes, derecho de intervención de ellas en los procesos y asistencia integral por parte de órganos estatales.

Esta Ley ha afrontado controles por parte de la Corte Constitucional en 13 ocasiones y ha despertado gran esperanza entre las víctimas; hasta el momento 168.000 personas se han presentado demandando sus derechos, 1700 cuerpos se han exhumado de fosas comunes y se han entregado a sus familiares o están en proceso de identificación; cerca de 18.000 crímenes están en proceso de esclarecimiento; las versiones de los sometidos a la Ley han permitido crear 2908 casos en la justicia ordinaria, dentro de ellos están relacionados 172 políticos, 112 miembros de las Fuerzas Armadas y otros 35 servidores públicos.

Como complemento de esta legislación, el Gobierno Nacional expidió un decreto creando un Programa de Reparación por vía administrativa que demandará inversiones del orden de 5.500 millones de dólares. Actualmente se tramita una Ley en el Congreso de la República sobre los derechos de las víctimas; como toda norma ha suscitado un gran debate y una puja entre diferentes visiones e intereses; estamos seguros que se alcanzará una síntesis de acuerdo a nuestras condiciones y que los órganos constitucionales velarán por su coherencia con los instrumentos internacionales.

Agradezco las preguntas sobre derechos económicos sociales y culturales. El Plan de Desarrollo de Colombia ha incorporado la perspectiva de derechos en su elaboración y se ha propuesto cumplir con los objetivos del milenio. El Gobierno Nacional implementó en su primer período una política de subsidios condicionados a los sectores más pobres combinados con las denominadas 7 herramientas de equidad como política social.

El sostenido desarrollo económico de los últimos años, la recuperación de la confianza en la economía y estas políticas han permitido reducir la pobreza del 55.7% al 45.1% y la pobreza extrema del 21.6% al 12% entre el 2002 y el 2006. Hemos logrado una cobertura del 94% en educación básica y del 31% en educación superior; hacia el 2010 aspiramos a cubrir el 100% de la población en educación básica. Los programas de cobertura en educación están acompañados de la implementación del Plan Nacional de Educación en derechos humanos, de programas de mejoramiento de la calidad y de políticas especiales hacia los sectores más vulnerables.

En la actualidad el 90.4% de la población se encuentra cubierta por algún sistema de salud; la población subsidiada por el Estado se ha duplicado llegando a 23 millones en los últimos cinco años; para el 2010 aspiramos a la cobertura universal en salud.

Desde el 2007, el presupuesto de apoyo a la vivienda de interés social pasó de 75 millones de dólares a 330 millones de dólares por año, es decir, un aumento de más del 400%. 125 millones de dólares se destinarán para vivienda de la población desplazada.

Pudiera extenderme largamente en contarles otras realizaciones, pero el tiempo no me lo permite; los invito a leer nuestro informe y el anexo sobre todas las políticas, quisiera destacar en relación a las poblaciones vulnerables algunos hechos:

En cuanto a derechos de la niñez:

• Se expidió el Código de la infancia y adolescencia que define como principios rectores la prevalencia, la prevención, el interés superior, el enfoque diferencial y la corresponsabilidad familia, estado, sociedad para prevenir y garantizar derechos;
• Se elaboró y está aplicando el Plan de Acción para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes;
• La estrategia de erradicación del trabajo infantil ha permitido disminuirlo del 12.9% en el 2001 a 8.9% en el 2005;
• El presupuesto del Instituto de Bienestar Familiar (encargado de atención a la población infantil) ha pasado de 311 a 1092 millones de dólares entre el 2002 y el 2008;
• Se creó la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley, la cual está interviniendo en los 50 municipios más críticos en el 2008 y llegará a 200 en el 2010;
• 3.712 menores se han acogido a los Programas de atención integral a los desmovilizados en un Programa Integral y diferenciado acompañado por la UNICEF entre otros;

Respecto a las mujeres:

• Se desarrolla la Política de Mujeres constructoras de paz y desarrollo con énfasis en empleo y desarrollo empresarial; educación y cultura; prevención de la violencia contra las mujeres; participación política y fortalecimiento institucional;
• Las instituciones del Estado firmaron el Acuerdo Nacional por la equidad entre mujeres y hombres;
• En los Ministerios del Gobierno, las mujeres tienen más del 30% de los cargos directivos en promedio llegando a ser en algunos casos del 80%; sin embargo, su participación en el poder legislativo es del 10 al 15%;
• Se creó el Observatorio de Asuntos de Género destacado por la CEPAL como una buena práctica en el Continente;

En lo que tiene que ver con desplazados:

• ACNUR ha reconocido que Colombia es el país que mayores esfuerzos hace por atender a la población desplazada en el mundo; por ejemplo, el presupuesto para atender a la población desplazada ha pasado de 65 a 442 millones de dólares entre el 2002 y el 2008; el 80% de los hogares desplazados inscritos reciben la ayuda humanitaria de emergencia;
• Los desplazados participan en todos los escenarios de decisión de políticas públicas sobre el desplazamiento;

Sobre los grupos étnicos:

• Para el 10% de la población afrocolombianas y el 3% de la población indígena existe legislación que reconoce sus derechos al territorio, a la autonomía y a la preservación de su cultura; políticas afirmativas e instituciones dedicadas al desarrollo de estas políticas; programas de etnoeducación y etnoprotección con respeto a sus usos y costumbres; el Plan Nacional de Desarrollo contempla un capítulo con recursos asignados denominado enfoque étnico del desarrollo entre otras realizaciones.
• Actualmente presido una Comisión temporal establecida para proponer medidas eficaces contra la discriminación a causa de la raza.

Otras preguntas versan sobre dos temas: homicidio por parte de las FF. AA. en personas protegidas o fuera de combate y la relación con los defensores de derechos humanos. Quiero referirme a ellos.

Constituye una vergüenza para el Estado colombiano la participación de miembros de las fuerzas armadas en la muerte de personas fuera de combate. Es un tema al que hemos puesto toda la atención y hemos actuado permanentemente. Ya expliqué las medidas y resultados en materia de investigación; debo recalcar que desde su posesión el Presidente Álvaro Uribe ordenó la mayor eficacia en la lucha contra la violencia y el narcotráfico con transparencia. “Ustedes observarán el buen nombre de la patria con la observancia rigurosa de los derechos humanos” proclamó en su primer encuentro con los militares. La política de seguridad democrática establecía: “Todas las actuaciones del Gobierno se darán dentro del marco de las normas jurídicas. Habrá una observancia rigurosa de los derechos humanos y un estricto acatamiento al derecho internacional humanitario…”.

También debo informar que desde que se empezaron a conocer las denuncias se han realizado entre otras las siguientes acciones:

• Visitas al departamento de Antioquia durante el 2005 y 2006;
• Creación de las figuras de Inspector Delegado independiente del mando por División y de los asesores jurídico operacionales en todas las unidades;
• Expedición de las reglas de enfrentamiento;
• Directivas ordenando acciones de prevención, de cooperación con la justicia, de recepción de quejas y de cambios en los métodos de evaluación de las Unidades;
• Creación de un comité de análisis con participación de la OACNUDH; visitas para analizar casos en las divisiones con la misma oficina;
• Capacitación a Fiscales y Jueces Penales Militares en el Protocolo de Minnesota;
• Expedición de la política integral de derechos humanos del Ministerio de Defensa;
• Investigación administrativa especial de algunos casos en este año;
• Desvinculación de militares por posible participación o negligencia en la investigación de las acciones de sus subordinados;
• Adopción de 15 medidas en el ámbito de Inteligencia, operaciones, control, responsabilidad del mando, aplicación de la doctrina militar, evaluación de desempeño, definición de objetivos entre otros temas;
• Realización de un programa de Televisión cada quince días presidido por el Presidente de la República para recibir y tramitar denuncias.

La muerte de personas por fuera de combate es un crimen inexcusable para el Estado colombiano; desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad y que estamos tomando todas las medidas para evitar que estos hechos se repitan.

El Gobierno Nacional ha tenido la política de brindar todas las garantías a sectores como los partidos políticos, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, los grupos étnicos, los líderes sociales, los periodistas, los testigos en el proceso de Justicia y Paz entre otros. También hemos desarrollado un proceso de interlocución permanente con estos sectores. El Presidente de la República sostuvo largas reuniones con defensores y cada 45 días preside una reunión con los presidentes de las centrales obreras y algunos de sus ministros.

Hemos rechazado los ataques a los defensores y a sus sedes en todos los tonos y en todo momento; cuando la justicia ha reclamado a alguien en relación con algún cargo se han brindado todas las garantías procesales y en ningún caso es por su labor como defensor de derechos humanos o por su opinión.

La verdad es que desearíamos una relación más constructiva con las organizaciones de derechos humanos sin perder la autonomía e independencia. Discrepamos de algunos informes o análisis de la realidad colombiana, pero somos conscientes de nuestras limitaciones y fallas. Discrepamos del método de hacer generalizaciones, de negar los avances y sobre todo de la práctica de suspender la participación en todos los espacios de interlocución con cualquier pretexto. Sólo el diálogo puede enriquecer las diferentes posiciones y beneficiar la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Confiamos en que esta relación encuentre caminos para mejorarse y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos razonables para ello.

Somos conscientes del camino por recorrer y de las fallas a superar. Por eso hemos dedicado 14 párrafos del Informe a enumerar 67 compromisos, los cuales asumimos de manera solemne ante ustedes.

Esperamos contar con el acompañamiento solidario de la comunidad internacional para ello; con la oportunidad de compartir las posibilidades de desarrollo para superar la pobreza; con su consejo experimentado para fortalecer la calidad y eficacia de nuestras instituciones; con su rechazo firme a todas las formas de violencia que amenazan a la sociedad y a las instituciones democráticas en Colombia y con su paciencia y sabiduría para estimular el diálogo constructivo al interior de nuestra sociedad.

Hoy, hace 60 años, todos los seres del mundo vislumbraron la esperanza de que su condición de seres humanos debe ser dignificada mediante el reconocimiento de sus derechos para vivir pacífica y libremente. En Colombia cada día es mayor la prioridad por hacer realidad ese sueño y esperamos que quienes persisten en la violencia comprendan que un proceso serio de negociación es el siguiente paso en esa búsqueda”.