Bogotá, 11 dic (SP). El Director del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, Óscar Ortiz González, destacó este jueves la oportuna acción del Estado para proteger los recursos públicos, en el contrato por 53 mil millones de pesos para la contratación de la seguridad de 10 cárceles del país.

Según el funcionario, se detectó que dos particulares se habrían puesto de acuerdo para desplazar a un tercero de la competencia, y quedarse con mil millones de pesos por su actuar en el proceso licitatorio.

“El Estado corrió, persiguió a los tramposos, a los corruptos, y mediante la decisión del Ministerio del Interior de revocar la adjudicación, se evitó que 53 mil 500 millones de pesos se pusieran en riesgo, y que mil millones de pesos entraran al bolsillo de unos corruptos”, indicó Ortiz.

Agregó que la revocatoria de la adjudicación se adoptó debido a irregularidades encontradas en las propuestas que fueron presentadas.

Por tal motivo, el 18 de noviembre solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia, así como a la Procuraduría General de la Nación, emplear un tiempo adicional con el fin de verificar un posible fraude contra el Estado.

“Lo que sigue ahora es que la Fiscalía lleve a cabo las acciones pertinentes. En mi consideración hay soporte suficiente para una imputación por el delito de fraude procesal. De lo que se trataba era de unos particulares corruptos engañando a los colombianos y al Gobierno en particular”, anotó Ortiz.

Calificó este caso como un buen ejemplo de acción articulada entre el Estado y los diferentes órganos de control, para impedir hechos que van en detrimento de la Nación.