Introducción del Secretario de Prensa, Cesar Mauricio Velásquez: El doctor Luis Carlos Restrepo se va a permitir dar algunas explicaciones, ampliaciones, en torno al proceso de ‘Isaza’ (Wilson Bueno), y toda la polémica o inquietudes que ustedes tengan. Él con mucho gusto va a responder algunas de las preguntas. Entonces vamos a permanecer en ese tema y esperemos que después de este diálogo haya más claridad y así poder también escuchar las inquietudes de ustedes. Muchas gracias.

Declaración del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo

Muy buenos días. La decisión que ha tomado el señor Presidente de la República, consiste básicamente en aplicar la figura del acuerdo de intercambio humanitario, que ya había venido discutiendo el país, a casos individuales concretos cuando algún guerrillero abandone la organización y nos entregue secuestrados que estaban en su poder.

La esencia del acuerdo humanitario siempre ha sido que el secuestrado recupera la libertad y un guerrillero que ha cometido delitos graves recupera la suya. En este caso hay una pequeña diferencia, se mantiene la esencia y es que tanto el secuestrado como el guerrillero mantenga la libertad, pero el guerrillero que ayuda a la liberación del secuestrado mantiene la libertad sin que eso implique que se suspendan procesos judiciales en su contra. Bien saben todos los ciudadanos en Colombia que nosotros no podemos perdonar delitos atroces, delitos graves. Si un guerrillero responsable de delitos atroces nos entrega secuestrados, se compromete el Gobierno en mantenerle la libertad mientras avanzan los procesos judiciales, es decir, se trata de concederle un beneficio de tipo penitenciario–jurídico, más no de otorgarle indulto o amnistía por estos delitos, que seguirán siendo investigados por la justicia.

Hasta este momento nosotros hemos trabajado con lo consignado en el artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz, que establece que en aquellos casos en los que ya haya una sentencia ejecutoriada, el ejecutivo, el Presidente, puede solicitar el beneficio de la suspensión condicional de la pena; daríamos un paso más adelante y trabajaríamos para que si existen otro tipo de requerimientos, incluso órdenes de captura, medidas de aseguramiento, sin que todavía haya condena, también el guerrillero mantenga la libertad desde el preciso momento en que entrega al secuestrado. Vuelvo e insisto, esto no es obstáculo para que se adelanten los procedimientos vigentes. Algunos han dicho que esto no es un acuerdo humanitario, claro que lo es, porque en ninguna parte se dice que el acuerdo humanitario tiene que ser con uno, con dos, con tres o con cinco, no, el acuerdo humanitario se define por su esencia y es que permite la liberación del secuestrado y a su vez se le concede un beneficio a alguien que ha estado en la ilegalidad y que ha cometido delitos graves, en este caso, el guerrillero que nos lo entrega y allí hay un acuerdo tanto del guerrillero que abandona el grupo como del Gobierno que recibe el secuestrado y se compromete a mantenerle estos beneficios.

Creo que este es un excelente instrumento que nos abre un camino porque nos permite adelantar múltiples acuerdos humanitarios. Lo que nosotros hicimos con ‘Isaza’ fue un acuerdo humanitario. ‘Isaza’ ayudó a la liberación de Lizcano y el Gobierno, como parte del compromiso, tramita unos beneficios judiciales, coordina con el Gobierno de Francia su traslado a este país y también le otorga unos beneficios económicos. Entonces, nosotros esperamos que aquellas personas que durante tanto tiempo nos han pedido que adelantemos un acuerdo humanitario, nos ayuden con sus luces y los mismos instrumentos jurídicos que nos han dicho se pueden aplicar en el caso de un acuerdo humanitario con las Farc, lo podamos aplicar en los casos de estos acuerdos humanitarios puntuales, que esperamos poder realizar para que los secuestrados regresen a casa.  

Preguntas

R.- ¿Qué claridad puede tener un guerrillero  que viene con un secuestrado y que simultáneamente puede ser capturado o está expuesto a que lo capturen por una tortura, por una desaparición?

R.- Siempre la esencia del acuerdo humanitario ha sido que unos guerrilleros que están en las cárceles pueden recibir la libertad, pero eso no implica que se suspendan las acciones penales en su contra; nunca se ha pretendido ir más lejos. Eso mismo es lo que estamos ofreciendo ahora, ese guerrillero puede conservar su libertad, y estamos buscando las normas jurídicas que nos permitan tomar esa decisión, pero simultáneamente, ya en su condición de desmovilizado, él estará respondiendo ante las autoridades, colaborando, obviamente con el esclareciendo en su contra. Diferenciemos lo que es el proceso judicial del beneficio penitenciario o jurídico que se le otorga. Básicamente lo que le interesa al guerrillero es mantener su libertad, el Gobierno se compromete a hacer lo que esté en sus manos para conceder ese beneficio. Tenemos ya unas normas, estamos estudiando otras normas complementarias, lo que no puede hacer el Gobierno es extinguir la acción penal por delitos graves, ni nos interesa hacerlo, nunca se ha pretendido que en el marco del acuerdo humanitario sea esto lo que se va a hacer y creo que no tenemos por qué discutir ahora un tema que ya es de consenso de mucho tiempo atrás. Nosotros no podemos proceder a extinguir la acción penal.

Permítanme, solo por pedagogía, aclarar lo que sucedió con Wilson Bueno, con el hombre que se hacia llamar ‘Isaza’ dentro de la guerrilla. Nosotros, a él le pudimos perdonar el delito de rebelión y conexos, es decir, rebelión, porte ilegal de armas, uso de uniformes privativos de las Fuerzas Armadas, así se le solicitó a un Juez de la República, que procedió en consecuencia. Y la Fiscalía, por su parte, al ahondar en el caso del secuestro de Lizcano consideró que allí no se había configurado plenamente un delito de secuestro. Recordemos que el señor ‘Isaza’ fue reclutado por la guerrilla cuando era un menor de edad, que se mantuvo dentro de la guerrilla por la coacción del grupo, pero que en el preciso momento en que a él le entregan una responsabilidad, que él tiene nuevamente albedrío, libertad para tomar una decisión, la decisión que él toma es liberar a Lizcano y abandonar la guerrilla, es decir, hay un elemento subjetivo que impide la tipificación del delito de secuestro y por eso es que la Fiscalía se abstiene de adelantar una acción penal y precluye. Este es el caso preciso de ‘Isaza’. Si llegara un guerrillero que ya tiene procesos en contra por delitos de lesa humanidad no se podría aplicar esa figura y en eso tiene toda la razón el señor Fiscal, allí no puede haber preclusión, no puede haber cesación de procedimiento, no puede haber indulto, ni amnistía, el proceso judicial tiene que continuar, pero si puede haber un beneficio que es el de la libertad. Este debate ya se ha dado y existe un gran consenso nacional e internacional, que por razones humanitarias nosotros podemos conceder ese beneficio de la libertad a la persona que nos ayude a concretar el acuerdo humanitario. Entonces, se trata ahora de que a los instrumentos jurídicos que ya tenemos le añadamos un instrumento adicional que nos permita, desde el ejecutivo, solicitar este beneficio para que sea concedido y que en consecuencia podamos cumplir lo que públicamente el Presidente, ayer ha dicho, que está dispuesto a conceder para que el camino de regreso de los secuestrados a casa, siga abierto.

P.- Algunos juristas han advertido que a la luz del derecho internacional esta propuesta no tiene una base jurídica. Ustedes han hablado con organismos internacionales, con Naciones Unidas, con la Corte Penal Internacional para consultar sobre este tema.

R.- Este es un tema polémico porque siempre que se adelantan acuerdos humanitarios o procesos de paz hay que hacer un equilibrio entre paz y justicia. Pongo un ejemplo, acaba de recibir el Premio Nobel de Paz un ex Presidente de un país europeo muy importante, entre otras cosas por haber logrado en el año 2005, un acuerdo de paz en Indonesia. En ese acuerdo de paz hubo amnistía e indulto para todo tipo de delitos que se habían cometido durante 30 años; eso lo respaldó la comunidad internacional, nosotros no estamos de acuerdo con ese procedimiento. Ese mismo año, en el 2005, nosotros aquí hicimos un proceso de paz con aplicación de la justicia, pero respetamos plenamente lo que se hizo allá. En algunos países africanos se están adelantando procesos de paz con indulto, amnistía y perdón para delitos atroces.

Aquí hay algunos intelectuales que en las últimas semanas nos han dicho que debemos nuevamente plantear un proceso de paz con las Farc, perdonándoles todo tipo de delitos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Queremos combinar lo humanitario y la paz con la justicia, entonces la fórmula que planteamos es una fórmula muy equilibrada. Por un lado, un beneficio, que consiste básicamente en mantener la libertad, pero por otro lado aplicación de la justicia, es decir, no se renuncia ni a la investigación, ni a la acción penal, ni a atender los requerimientos de las víctimas, pero sin que eso implique el encarcelamiento de aquella persona que nos han ayudado a concretar el acuerdo humanitario o la paz.

Esto hay que entenderlo en ese marco. Si la comunidad internacional tan generosamente ha acompañado procesos de paz, como el que acompañó en Indonesia y hace reconocimientos públicos a esta labor, esperamos que también esa misma comunidad internacional, que tantas veces nos ha requerido por un acuerdo humanitario, entienda los beneficios de este paso que hemos dado. Incluso personas que en Colombia han sido defensoras del acuerdo humanitario deben ayudarnos con sus luces. No tendría sentido que esas mismas personas que han estado pidiendo un acuerdo humanitario con las Farc, vengan ahora a criticarnos porque queremos concretar acuerdos humanitarios con miembros de las Farc que nos van a ayudar a liberar los secuestrados y otorgarles un beneficio que es el mismo beneficio que ellos han pedido que es la libertad para algunos guerrilleros que han cometido delitos atroces.

Creo que este es un debate necesario, es bueno para el país, pero requiere compresión y también precisión jurídica de qué es lo que queremos hacer, no pretendemos extinguir la acción penal por los delitos atroces, pero sí  buscamos que pueda existir el beneficio de la libertad para aquellos que nos ayuden a concretar estos acuerdos humanitarios que aspiramos impulsar con esta oferta del Gobierno

P.- Delitos de lesa humanidad pudieron haber cometido los integrantes del Secretariado, por ejemplo. ¿Si algún guerrillero de alto perfil decide entregarse con secuestrados, cuál suerte correría, iría a la calle por el beneficio que Ustedes ofrecen? ¿Cuál sería el alcance en ese caso?

R.- No tenemos ninguna limitación en cuanto a la jerarquía del guerrillero que se entregue y pueda recibir los beneficios. Si cualquier jefe de las Farc decide adelantar un acuerdo humanitario con nosotros, entregar unos secuestrados que están en su poder, nosotros igual le concederemos el beneficio, de eso se trata, y creo que este es un sano debate para el país, con una ganancia adicional, tal como se venía planteando hasta ahora el acuerdo humanitario, guerrilleros responsables de delitos atroces salían de las cárceles pero volvían al seno de las Farc a delinquir, en este caso, igual se otorga un beneficio, un guerrillero que está en la ilegalidad recibe el beneficio de mantener la libertad pero además como abandona la organización, se compromete a no volver a delinquir y mantiene una actitud de colaboración con la justicia. Esta fórmula tiene una ganancia adicional frente a la fórmula que anteriormente se venia discutiendo.

Vuelvo e insisto, no estamos poniendo ningún límite en cuanto a la jerarquía de mando que pueda tener el guerrillero que haga esta contribución. Estamos dispuestos a conceder los beneficios a todo aquel que nos ayude en el camino del acuerdo humanitario para liberar este grupo de colombianos que sufre este cautiverio tan prolongado al que las Farc han llamado canjeables y que permanentemente sectores de opinión, medios de comunicación y los familiares nos piden que liberemos y aunque nosotros tenemos caminos abiertos y por supuesto, siempre está abierta la posibilidad de un rescate militar, queremos dejar muy claro también este camino del acuerdo humanitario con esta fórmula que le hemos planteado al país.

Si un miembro del Secretariado de las Farc decidiera abandonar hoy la violencia y desmovilizarse y entregar secuestrados en su poder, esa persona recibiría los beneficios que estamos ofreciendo. Creo que esa sería una gran noticia de paz para el país. Eso no quiere decir que vaya a ver olvido, o eso no quiere decir que se vaya a extinguir la acción penal por delitos atroces. Esa persona conservará la libertad pero seguirán las investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos y una vez ya en la legalidad y dentro de la institucionalidad, esperamos que esa persona colabore con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos, porque de eso se trata. El procedimiento que hemos puesto en marcha en Colombia, que es novedoso, porque Colombia es el único país del mundo que simultáneamente está aplicando la justicia y adelantando acciones de paz, implica que las personas que abandonen la violencia reciben beneficios, pero como sigue la acción penal también deben colaborarnos en el esclarecimiento de los hechos. Pero vuelvo e insisto, si un alto jefe de las Farc toma la decisión de abandonar la violencia y traer consigo secuestrados, nosotros mantendremos nuestra oferta en cuanto a los beneficios que ha planteado el Presidente de la Republica y creo que eso sería una excelente noticia de paz para el país.

P.- ¿Cómo va a hacer el Gobierno  Nacional para garantizar de que estos… si se llega a entregar un jefe del secretariado, no va a hacer lo mismo que Rodrigo Granda, salir del país? ¿Cómo verificar que no van a volver a delinquir? ¿Y cómo se van a tasar las recompensas que se les podrían entregar a estos guerrilleros?

R.- En el caso de Rodrigo Granda, no había un compromiso de parte de Rodrigo Granda de abandonar la organización. Recuerden ustedes eso muy bien. Nosotros dimos el paso de liberar a Rodrigo Granda por una solicitud directa de Francia y en el marco de una acción humanitaria, cuando liberamos además 150 guerrilleros de las Farc, convencidos de que eso nos habría un camino hacia el acuerdo humanitario. Desde el momento que Rodrigo Granda salió de la cárcel, él mantuvo una posición muy dura y muy crítica frente al Gobierno; hacía parte del acuerdo que él pudiera movilizarse fuera del país para adelantar gestiones de paz, de hecho se trasladó a Cuba y después se trasladó a Venezuela donde estuvo colaborando activamente en las gestiones de paz que adelantó la Senadora Piedad Córdoba y que entonces también adelantaba el Presidente Hugo Chávez. Una vez terminaron esas gestiones, y dado que el señor Granda no mostraba gestos de paz y más bien mantenía una actitud de apología de la violencia, el Gobierno suspendió el beneficio que le había concedido y en este momento el señor Granda es buscado por Interpol a nivel internacional y por la justicia colombiana.

En este caso el guerrillero que nos entregue secuestrados, además va abandonar el grupo y va tener el compromiso de abandonar la violencia, es decir, va a tener una actitud muy distinta a la que tuvo Granda en su momento, va a tener una actitud de reconciliación con la sociedad colombiana y creo que ahí hay una ganancia que debemos evaluar.

El procedimiento de verificación en el caso de la desmovilización está plenamente establecido. Miremos el caso de Wilson Bueno, que se hacia llamar ‘Isaza’ dentro de las Farc. Wilson debió ser certificado por un organismo que se llama el CODA, Comité para la Dejación de Armas. Este es un Comité interinstitucional que evaluó el caso de Wilson y constató que existía voluntad de paz de parte de Wilson y decisión de abandonar el grupo armado ilegal, expide una certificación al respecto y hay una verificación por parte del Programa de Reintegración a la Vida Civil, que realmente él está cumpliendo esas condiciones. Incluso, así Wilson esté en Francia, el Programa de Reintegración a la Vida Civil va a seguir un monitoreo sobre su comportamiento. Eso es fácil hacerlo con el desmovilizado porque el desmovilizado ya abandonó el grupo y tiene una voluntad de reconciliación, entonces yo creo que por eso no tendríamos problema.

En cuanto a las recompensas. Hay un sistema de otorgamiento de las recompensas manejado por el Ministerio de Defensa, en donde ellos categorizan muy bien qué se recompensa y cuánto se puede dar en cada caso. Yo no quisiera entrar en este asunto que es de competencia muy exclusiva del señor Ministro de Defensa, pero creo que ya cuando se haga efectiva la recompensa a ‘Isaza’, ya que lo que hay por ahora es una decisión administrativa, a él no se le ha entregado esa plata en efectivo, aunque ya está decisión administrativa tomada, etc, creo que el señor Ministro de Defensa explicará en detalle y de pronto se conocerán adecuadamente los criterios que ha tomado la junta de inteligencia para esta decisión, asunto que además, es vigilado al interior del Estado. Ahí hay unas tarifas plenamente establecidas para que en un momento dado se pueda decir cual es el monto de la recompensa.