Bogotá, 18 dic (SP). En primer lugar quiero felicitar al doctor Edmundo (del Castillo, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República) por este esfuerzo académico que tanto ayuda.

Ahora que todos estamos inquietos, llenos de curiosidad por la Ley 1150, tener este libro en el escritorio, como libro de consulta, será de la mayor utilidad.

Y él es un buen pedagogo, tiene  la gran virtud de convertir en frases sencillas los conceptos más abstractos del Derecho. Creo que corrige él lo que es una equivocación de muchos: algunos confunden la profundidad en los temas con la dificultad para entenderlos.

El doctor Edmundo (del Castillo) sabe tratar los temas profundos, presentándolos de una manera fácil, que estén al alcance del entendimiento de  todos los ciudadanos.

Es bien importante en la literatura del doctor Edmundo (Del Castillo) distinguir eso.

Lo profundo no es lo abstracto. Lo profundo no es lo ininteligible. Lo profundo debe llegar fácilmente al acceso del conocimiento de todo ciudadano.

Y muchas gracias a la Cámara de Comercio, a la doctora María Fernanda  (Campo Saavedra), su Directora, por este apoyo a esta publicación.

Muy apreciados compatriotas y distinguidos visitantes:

La propuesta fundamental del Gobierno es construir confianza en Colombia sobre tres soportes: la Seguridad Democrática, la confianza inversionista con responsabilidad social y la construcción de cohesión social. Avanzar en procura de construir confianza en Colombia sobre esos soportes.

Y es fundamental el tema de la transparencia. Allí viene algo que es un principio cardinal de la Ley 1150, que es la participación de opinión pública.

Nosotros hemos venido abogando por un Estado Comunitario, en el cual haya creciente participación de la opinión pública para la toma de decisiones, para la ejecución de decisiones y para la supervisión de decisiones. Nuestra idea es que entre más participe la opinión pública, mayor la transparencia, mayor la credibilidad.

Algunos antecedentes de nuestra Ley de Contratación:

Nosotros, en la Gobernación de Antioquia, en el período 1995-1998, adjudicamos en obras públicas más de 3 mil contratos y se busco hacerlo todo, todo en audiencia pública, con una gran participación de la ciudadanía, lo cual da tranquilidad.

Cuando llegamos al Gobierno Nacional encontramos una gran cantidad de controversias, de litigios. El Ministerio de Comunicaciones, la vieja Telecom,  tenían 21 litigios en 21 contratos con asociados extranjeros, internacionales.

Una de las causas de los atrasos en infraestructura es que el país tenía la infraestructura en litigio. Todas las concesiones estaban en litigio. Estaban en litigio las pocas concesiones aeroportuarias; estaban en litigio las concesiones de carreteras; estaban en litigio las concesiones de ferrocarriles. Y había dejado de avanzar la consultoría.

¿Y qué encontrábamos nosotros como obstáculos para resolver litigios?

Encontrábamos lo siguiente: un gran temor de los funcionarios y una suspicacia ciudadana a flor de piel.

Los funcionarios no se atrevían a conciliar los litigios por temor: que temor a la Fiscalía, que temor a la Procuraduría, que temor a la Contraloría. Y en la ciudadanía había la tendencia de ver en cada conciliación un fraude al Estado; en cada conciliación un acto de corrupción.

Entonces, recuerdo que les dijimos a los asociados de Telecom, cuando entramos en la vía de buscar resolver los litigios: Nosotros estamos dispuestos a conciliaciones equitativas, transparentes y confiables. Y uno de los requisitos es que antes de suscribir los acuerdos de conciliación, una vez acordados los términos entre las partes, pero antes de su perfeccionamiento, deben publicarse ampliamente.

Eso generó mucha resistencia.

Yo, particularmente, acompañé a la doctora Martha de Hart, entonces Ministra de Comunicaciones, en ese proceso. Y recuerdo que en cada ocasión que se le proponía esto al embajador del país del cual eran oriundas las firmas, a los representantes de las firmas, había una gran protesta.

Y nosotros nos empeñamos en el tema. Dijimos: La única manera de sacar adelante conciliaciones es que esas conciliaciones sean equitativas, que esas conciliaciones sean transparentes, que esas conciliaciones sean confiables. Y hay que darle confianza al funcionario y hay que darle confianza a la opinión pública.

Vencimos esa resistencia y se pudo adelantar ese proceso de conciliaciones.

Cuando fue a empezar nuestro Gobierno nos dijeron: ‘Cuidado que esas conciliaciones van a costar mil 800, 2 mil millones de dólares’. Costaron 450 (millones de dólares).

Después vino el decreto 2170, en el que introdujimos temas como el de la publicación de prepliego, la necesidad de una discusión amplia del prepliego antes de la adopción como pliego definitivo, y el tema de las audiencias públicas.

Aquí quiero remontarme, apreciados asistentes, al origen ideológico de esta propuesta elemental.

En el proceso del Estado de Derecho -que empieza con Juan sin Tierra en Inglaterra y que al decir de Bertrand Russell, el matemático, ha sido un proceso imperceptible de cesión de derechos de la soberanía al pueblo- en ese proceso de formación del Estado de Derecho se fueron diseñando los controles: controles fiscales a cargo de las contralorías; administrativos y disciplinarios a cargo de las procuradurías; controles políticos a cargo de los congresos, de las asambleas, de los concejos.

Creo que lo que finalmente distingue al Estado de Derecho no es lo que los tratadistas, en las primeras etapas del Estado de Derecho, definieron como sus características: Que la Constitución escrita; hoy todo el mundo la tiene. Que la separación del poder en ramas más o menos independientes; se dan en todas partes. Que órganos de control independientes, más reales, más simulados;  hoy parecerían darse en toda parte.

Creo que lo que finalmente distingue al Estado Social de Derecho es el grado de participación de opinión.

Por eso, nos parece de la mayor importancia la participación de la ciudadanía en la contratación. Y eso es lo que tiende a crear ese elemento de control que se llama el control de opinión.

Está bien el control fiscal y está bien el control disciplinario y está bien la aplicación de las normas penales y está bien el control político. Pero a eso hay que agregarle el control directo de opinión.

Por eso, propusimos esas normas que se incorporaron finalmente en la Ley 1150: el prepliego, su publicación. Muchos ciudadanos alegaban que cuando no había prepliego y no se discutía, los pliegos sorprendían a la ciudadanía, a los eventuales proponentes y, en muchas ocasiones, se utilizaban como factor de corrupción, para que quedaran confeccionados a la medida de un eventual proponente.

Publicar el prepliego, permitir una discusión antes de su adopción como pliego, genera transparencia; evita esos sesgos, esas orientaciones casi  que criminales para favorecer determinados proponentes.

Creo que es bien importante, en el proceso de licitación, la audiencia pública.

Nosotros, en este Gobierno, hemos manejo contratos muy difíciles y todos han salido con transparencia: que la concesión de El Dorado, que el Túnel de La Línea, que los diferentes tramos del corredor Bogotá-Buenaventura, que los transmilenios.

Una cosa es estar construyendo un transmilenio, otra cosa es estar 9 transmilenios en 9 ciudades colombianas. Y ahora entran otras dos, que son las ciudades de Pasto y Santa Marta.

Y yo creo que después de 6 años y 4 meses de Gobierno, la práctica de esa contratación nuestra ha mostrado el gran esfuerzo del Gobierno por la transparencia.

Ahora que se adjudicó la licitación para la segunda fase del Túnel de La Línea -porque el primer túnel ya está construido, que es el túnel básico. Inclusive ya en un trencito cruzamos la cordillera. Es el túnel que sirvió para conocer la realidad de los problemas geológicos; es el túnel que sirve para, desde allí, poder adelantar la construcción del otro; es el túnel que servirá de ducto de ventilación- ahora entramos en el segundo túnel, el que servirá ya para el desplazamiento de vehículos. Creo que la última audiencia duró entre 15 y 17 horas. Que todos los contratistas puedan, todos los proponentes puedan discutir públicamente los análisis que el Gobierno haga de los elementos de su propuesta técnica y jurídica. Creo que eso ha sido muy útil en todos los contratos.

Y eso de que se dividan los contratos de manera sencilla en el sobre de la propuesta técnica y jurídica y en el sobre de la propuesta económica. Una propuesta económica definida con claridad en los pliegos; que no haya lugar a confusión; que la puede interpretar el criterio más elemental; que no se necesite importar sabios para entenderla.

Si eso se logra, entonces se simplifica mucho el proceso, porque una vez definidos quiénes son elegibles, por la circunstancia de haber aprobado los requisitos técnicos y jurídicos, la segunda etapa, la económica, con una descripción muy sencilla, muy clara, muy nítida en los pliegos, se facilita y evita el subjetivismo. Creemos que todo esto puede ayudar muchísimo.

Quiero destacar que el país se ha venido desatrasando en conectividad.

En nuestro primer Gobierno nos desatrasamos en telefonía móvil. El país tenía 4 millones de aparaticos, hoy tiene más de 34 (millones). Es sorprendente. Y ahora estamos es en el desatraso en conexión de Internet y de banda ancha. Ya podemos terminar este año con más o menos dos millones de conexiones. Y eso está multiplicándose cada año.

Entonces había que poner la legislación al día en materia de apelación a esa formidable herramienta que es el Internet. Aquí, las compras electrónicas, las subastas a la inversa, que en el maltrato del idioma se llaman bajastas. Todo eso puede ayudar muchísimo.