El Presidente Álvaro Uribe Vélez y funcionarios del Gobierno alertaron a los colombianos sobre el riesgo de invertir dineros en ‘pirámides’. Hoy, el imperativo es denunciar a quienes continúan estafando a los ciudadanos a través de estas captadoras ilegales.
Bogotá, dic 19 (SP). Desde diciembre del 2006, el Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, alertó a los colombianos para que no depositaran sus dineros en las denominadas ‘pirámides’. En mayo de ese año, el Gobierno había iniciado las labores de seguimiento a las captadoras ilegales de dinero.
A partir de ese momento, el Ejecutivo inició las tareas de indagación frente a las personas o entidades que podrían estar realizando actividades de captación ilegal, mediante visitas a oficinas, locales y/o establecimientos de comercio en Bogotá y otras ciudades del país, en las que se revisaban los mecanismos que empleaban.
Ante las inquietudes planteadas por ciudadanos y algunas entidades, y con el fin de prevenir actuaciones que pudieran poner en riesgo los derechos de terceros de buena fe, se informó al público sobre los riesgos de entregar dineros a las personas no autorizadas legalmente para realizar operaciones de captación masiva. En tal sentido, se publicaron avisos en diarios de circulación nacional (El Tiempo) y regionales (como Llano 7 Días y Nuevo Putumayo). Los primeros se publicaron el 23 diciembre de 2006, y los últimos, el 14 de noviembre de 2008.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en desarrollo de las distintas actuaciones adelantadas, desplegó una intensa actividad administrativa dirigida a comprobar los supuestos de captación masiva y habitual de dineros del público, contemplados en el Decreto 1981 de 1988. Una vez comprobados tales supuestos, expidió las resoluciones de medidas cautelares que la Ley le permitía.
Tratándose de la sociedad Grupo DMG S.A., después de una rigurosa y extensa investigación, en septiembre del 2007 la SFC ordenó la suspensión de operaciones de captación ilegal y la devolución de los dineros mediante el mecanismo de venta de las denominadas ‘Tarjetas Prepago DMG’. Medida que fue ampliamente difundida al público en general y que generó protestas en varias partes del país contra la acción del Gobierno Nacional.
A principios del 2008, la Policía Nacional inició las labores para identificar a las personas responsables de la captación masiva de dineros sin la autorización correspondiente. Por esa misma época, y con el propósito de definir acciones contra estas captadoras ilegales, se realizaron reuniones lideradas por el Ejecutivo, a las que asistieron entidades como DIAN, SuperFinanciera, Dijín, DAS, MinHacienda, Supersociedades, Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía General de la Nación.
El Presidente, desde un principio, se declaró respetuoso de la independencia de los organismos del Estado y de los procedimientos legales, pero no dejó de pedir celeridad en las investigaciones por parte de funcionarios y entidades competentes.
Es así como desde el 12 de septiembre del 2008, al terminar un Consejo de Seguridad en Ipiales (Nariño), el Jefe de Estado advirtió a los colombianos que no invirtieran dineros en ‘pirámides’. “La primera solución es que la gente no le apueste a las pirámides. Van a terminar engañados, van a terminar perdiendo la platica de la familia”, dijo en ese momento el Presidente.
Entre los meses de abril y mediados de noviembre de 2008 las Superintendencias Financiera y de Sociedades adoptaron medidas administrativas frente a las cuatro entidades más grandes que se investigaban (Corporación Superservi; Grupo Network Inversiones Ltda.; Carlos Alfredo Suárez, propietario de los establecimientos de comercio Inversiones DRFE, y DMG Holding S.A.) Todas estas entidades se caracterizaban por tener presencia significativa en el país. Dichas medidas fueron ampliamente difundidas al público en general.
El 17 de noviembre, pese a las medidas cautelares adoptadas y a las advertencias hechas al público por las autoridades competentes sobre los riesgos de entregar sus recursos a captadores ilegales, y ante la proliferación de pirámides en el país, el Gobierno declaró el estado de Emergencia Social y, como consecuencia, expidió decretos para frenar esta situación.
La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República relaciona a continuación las acciones más importantes tomadas por el Gobierno desde el 2006, en el propósito de evitar que miles de colombianos fueran estafados.
Cronología de acciones del Gobierno Nacional:
Mayo de 2006
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) realizó la primera visita a la Sociedad DMG S.A., pero en ese momento no se pudieron establecer los supuestos de la captación masiva de dineros, debido a que ni en los registros contables disponibles ni en la documentación suministrada se evidenciaba pasivo para con el público y tampoco se pudo conocer cuál era la verdadera actividad a la que se dedicaba la compañía.
Junio - Octubre de 2006
La SFC continúo recopilando información de diferentes fuentes, atiende solicitudes tanto de entidades públicas como particulares en las cuales indagan sobre si la sociedad Grupo DMG se encuentra vigilada por esta Superintendencia y si está autorizada para captar recursos del público, insumos que constituyen indicios para practicar una segunda visita.
Noviembre de 2006
En la segunda visita se estableció que la sociedad Grupo DMG realizaba, entre otras actividades, la compra y venta de mercancía a través de las denominadas ‘Tarjetas Prepago DMG’. Así mismo, dejó constancia la comisión de visita que la sociedad no le suministró toda la información financiera y contable requerida, pues se limitó a entregar los mismos estados financieros a 31 de diciembre de 2005, los cuales ya habían sido observados en la visita anterior, argumentando que su contabilidad no estaba al día.
De igual manera, la SuperFinanciera remitió a la Fiscalía General de la Nación información recaudada que podría sugerir que DMG estaba ejerciendo la actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización.
Diciembre 23, 24, 30 y 31 de 2006
Ante nuevos requerimientos de información presentados a la SFC en relación con la sociedad Grupo DMG, en el sentido de si estaba autorizada para captar recursos del público, la SFC previno al público a través de avisos de prensa en el diario El Tiempo, en los que se advertía que dicha sociedad “no se encontraba autorizada para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual, bajo ninguna modalidad”.
Así mismo, la SFC informó a la Fiscalía sobre la dificultad para obtener información de la sociedad Grupo DMG que permitiera establecer con certeza la captación ilegal, y que tampoco era claro si todos los dineros que recibía esa sociedad provenían de operaciones de venta de mercancías mediante el prepago de las mismas, como lo querían hacer parecer, lo que dejaba en duda el real origen de los fondos.
Febrero de 2007
La SFC requirió a la sociedad Grupo DMG la actualización de su información financiera y contable, entre otra documentación necesaria para continuar con la investigación, otorgándole un plazo improrrogable hasta el 2 de abril, dado el término legal que disponía para realizar su asamblea general de accionistas y aprobar sus estados financieros de cierre de ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2006.
Mayo - Junio de 2007
Se realizó la tercera visita a la sociedad Grupo DMG S.A., que incluyó la oficina principal y otras sedes. Se estableció el detalle de los pasivos por ingresos recibidos por anticipado, correspondientes a la venta de tarjetas prepago, y que su consumo en bienes y servicios era mínimo. Sin embargo, no se pudo determinar con claridad que el remanente se estuviera devolviendo en dinero en efectivo. Por tal razón, en esta ocasión tampoco se logró probar todos los supuestos normativos de la captación masiva de dineros.
Julio - Agosto de 2007
La SFC amplió sus investigaciones solicitando información adicional y llamando a declarar al representante legal, revisor fiscal, contador y otros funcionarios de la sociedad Grupo DMG.
Septiembre de 2007
Con base en las pruebas recaudas en la investigación, la SFC determinó que la sociedad Grupo DMG realizaba captación masiva de dinero del público en forma ilegal. Por lo tanto, el 12 de septiembre expidió la Resolución 1634, en la que ordenó a DMG la suspensión de la operación y la devolución de los dineros captados por el mecanismo de la tarjeta prepago, así como la adopción de otras medidas tendientes a proteger a los ciudadanos que colocaron sus dineros allí.
Copia del expediente de la actuación administrativa se remitió en 527 folios a la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, para que adelantara las investigaciones penales de su competencia e, igualmente, envió copia de la Resolución a las Cámaras de Comercio de las ciudades en donde funcionaba la sociedad, para su inscripción correspondiente en el registro mercantil, con fines de publicidad frente a posibles clientes, contratantes y terceros de buena fe.
De la expedición de dicho acto administrativo se informó al público mediante aviso de prensa en el diario El Tiempo, el 17 de septiembre, en el periódico Llano 7 Días, el 20 de septiembre y en el periódico Nuevo Putumayo el 29 de septiembre.
Octubre 8 de 2007
Ante el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Grupo DMG, la SFC expidió la Resolución 1806, confirmando en todas sus partes las medidas cautelares adoptadas. De esta providencia también se dio aviso al público en el diario El Tiempo, el 9 de octubre, y en los periódicos Llano 7 Días, el 11 de octubre, y Nuevo Putumayo, el 15 de octubre.
Octubre 10 de 2007
La SFC nuevamente remitió copia del expediente de la actuación administrativa, en 710 folios, junto con la Resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto, esta vez al Vicefiscal General de Nación, la cual incluía dos carpetas AZ y un video de publicidad.
Octubre 12 de 2007
Se envió copia de la Resolución que resolvió el recurso a las Cámaras de Comercio de las ciudades en donde funcionaba la sociedad, para su inscripción correspondiente en el registro mercantil, con fines de publicidad frente a posibles clientes, contratantes y terceros de buena fe.
De igual manera, remitió al Procurador Regional del Putumayo copia de las resoluciones 1634 y 1806 del 2007, relacionadas con las medidas cautelares de la sociedad Grupo DMG S.A.
Diciembre de 2007
La SFC suministró a la Dijin 480 folios referentes a los libros auxiliares de la sociedad Grupo DMG, por solicitud de dicho organismo.
Enero 27 y 28 de 2008
Se publicaron avisos en El Tiempo (27 de enero) y en Portafolio (28 de enero), en los cuales se advertía al público que las únicas entidades legalmente autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público son las sometidas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia. La SFC informó las condiciones que identifican a los presuntos captadores de dinero y advirtió al público que debía abstenerse de entregar dineros a este tipo de personas.
Enero 31 de 2008
El Superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, informó a los medios de comunicación que intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país.
Señaló que dicha intervención se hará sobre aquellas sociedades identificadas plenamente y cuya competencia de vigilancia no corresponda a otras entidades. También precisó que sobre otros negocios no registrados legalmente, la supervisión deberá ser definida por los respectivos alcaldes.
Febrero 7 de 2008
Reunión en la Alta Consejería Presidencial para evaluar el tema de captaciones ilegales de dinero. Asistieron: Dian, Fiscalía, SuperFinanciera, Dijin, DAS, MinHacienda, Supersociedades y la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (UIAF). Se acordó unir las investigaciones de estas entidades, con el fin de que la Fiscalía pudiera presentar las evidencias necesarias. La Fiscalía coordinó para que cada entidad entregara las pruebas pertinentes. Se estableció que un funcionario de cada una de estas entidades estaría al frente del tema.
Febrero 13 de 2008
El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, hizo un llamado a las personas que se sienten atraídas por los altos rendimientos y rentabilidades exageradas que les ofrecen los establecimientos ilegales que recogen dinero del público, para que denunciaran este tipo de prácticas anómalas. “Que no coman cuento”, dijo y agregó que “la plata no se puede llevar sino a los establecimientos financieros aprobados”.
En un comunicado, la Policía Nacional informó que inició labores para identificar a las personas responsables de la captación masiva de dineros a través de ‘empresas de garaje’, donde prometen altos rendimientos a los ciudadanos, para que sean investigadas penalmente por sus actuaciones. Agregó que con la Fiscalía se estaban intensificando las operaciones.
Abril 16 de 2008
La SFC informó al CTI de la Fiscalía de Pasto que ni Proyecciones DRFE ni el señor Carlos Alfredo Suárez se encuentran vigilados ni están autorizados para captar dineros del público. Solicitó enviar la información y documentación que tengan disponible, para poder adelantar la actuación administrativa correspondiente. Frente a dicha solicitud, no se recibe información.
Abril 25 de 2008
La SFC, mediante Resolución 0667, adoptó medidas cautelares respecto de la Corporación Superservi, ordenando la suspensión inmediata de la captación de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros recibidos. Se comunicó al público a través de un aviso de prensa en el diario El Tiempo el 28 de abril. La adopción de esta medida generó más de 3.600 comunicaciones dirigidas a esta Superintendencia por parte de los afiliados a los programas mediante los cuales se realizaba la captación ilegal, en las que se rechazaban tales medidas.
Abril 30 de 2008
En diligencia con el investigador designado por la Fiscalía se le hizo entrega de copia del expediente de la actuación relacionada con la Corporación Superservi.
Junio 9 de 2008
La Sijin, seccional Cauca, solicitó datos de Proyecciones DRFE, con el fin de establecer la existencia de captación de dinero. La SFC le informó que la entidad no se encuentra vigilada ni autorizada para captar dineros del público.
Junio 24 de 2008
Mediante Resolución 0993 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Superservi contra la Resolución de medidas cautelares, confirmando integralmente esta última.
Junio 26 de 2008
El CTI, seccional Popayán, solicitó información sobre requisitos que debe cumplir una empresa inscrita como persona natural y cuyo objeto sea la captación masiva y habitual de dineros del público, copia autenticada de la certificación previa a Proyecciones DRFE para captar dineros del público en forma masiva y habitual y copia de las actas y resoluciones que soporten las labores de vigilancia y control a DRFE de Popayán. Esta solicitud se hizo con el fin de dar cumplimiento al programa metodológico que obra en el caso adelantado por la Fiscalía Seccional con sede en Popayán.
Julio de 2008
La SFC respondió al CTI: Ninguna persona natural está autorizada para realizar captación masiva y habitual de dineros del público. Para captar dineros del público debe tener la autorización de la SFC. Proyecciones DRFE no se encuentra vigilada ni autorizada para realizar captación masiva y habitual de dineros del público.
Julio 25 de 2008
El Secretario de Gobierno de Popayán solicitó intervenir frente a algunos establecimientos, entre ellos Proyecciones DRFE, por estar presuntamente captando dineros del público.
Agosto 1º de 2008
La SFC le informó al Departamento de Policía del Putumayo que en Colombia las únicas entidades que están autorizadas para realizar captación masiva y habitual de dineros del público son las sometidas a inspección y vigilancia de la SFC. Así mismo, le informó que la empresa DRFE no se encuentra vigilada ni autorizada para captar dineros del público y le solicitó que remitiera la evidencia atendible a que dispusiera.
Septiembre 5 de 2008
Se solicitó a DRFE documentación e información relacionadas con la actividad de la entidad: libros oficiales; contratos o convenios mediante los cuales se formalizó la vinculación de una muestra de clientes vinculados; nombre y domicilio de las sociedades con las cuales tiene vinculación en su carácter de matriz o controlante; detalle de las modalidades de recepción de dinero y descripción de la gestión realizada para la administración de los recursos en efectivo recibidos de las personas vinculadas.
Septiembre 8 - 19 de 2008
La SFC realizó visita a la entidad proyecciones DRFE, en la cual recolectó información disponible y a partir de la cual se evaluaría la configuración de los supuestos de la captación masiva y habitual por parte del señor Carlos Alfredo Suárez, propietario de dichos establecimientos de comercio. Los resultados habrían de consignarse posteriormente en el respectivo informe de inspección.
Septiembre 9 de 2008
Reunión en la Alta Consejería Presidencial para revisar los temas relacionados con las ‘pirámides’ y el caso DMG. Asisten, entre otros, la Dian, la Policía Nacional, la UIAF y la Fiscalía. La Superintendencia de Sociedades advirtió haber encontrado más de 28 irregularidades administrativas y financieras en DMG y la SFC dijo que hay por lo menos 214 presuntos captadores funcionando en el país. Se sugirió que las Superintendencias hagan uso de las funciones de policía judicial para intervenir las ‘pirámides’, bajo la coordinación de la Fiscalía y en los casos que dicho organismo lo requiriera.
En la Rendición de Cuentas de MinHacienda, el Presidente Uribe se declaró muy preocupado con la situación de Nariño y otras regiones del país. Pidió “cortar por lo sano” la situación y capturar a los responsables.
Septiembre 10 de 2008
La SFC respondió al Secretario de Gobierno de Popayán que DRFE, entre otras entidades, no era vigilada por la entidad y que, por lo tanto, no estaba autorizada para captar. Así mismo, se le puso de presente que “si la actividad que pretenden adelantar o adelantan las empresas reseñadas en su oficio consiste en captar dineros del público en forma masiva y habitual, sin autorización de esta Superintendencia, consideramos que no podrían contar con ninguna clase de licencia por parte de las autoridades municipales y, en consecuencia, entendemos que los establecimientos de comercio, locales u oficinas donde se realicen de manera evidente actividades de captación de dineros sin contar con la debida autorización, pueden ser sellados y cerrados por las autoridades municipales competentes, con el fin de prevenir que se configuren futuras estafas o actos fraudulentos a la comunidad. Igualmente, se le recomendó formular las denuncias penales a la Fiscalía y se pide remitir toda la información y documentación posible que constituya evidencia atendible sobre el ejercicio de la captación.
Se solicitó al Viceministerio de Justicia que por intermedio de ese Ministerio se procure la coordinación y colaboración de la rama judicial, para proceder a adelantar los procesos de liquidación de captadores que sean ordenados por la SFC, considerando el marco jurídico entonces vigente para el efecto.
Septiembre 12 de 2008
Consejo de Seguridad, Ipiales (Nariño). El Presidente advirtió que ese es un problema inmenso: “Es un fenómeno que puede arruinar a las personas, que puede crear una crisis inmensa en todas las familias”. Hizo un llamado a los colombianos para que no le apuesten a las pirámides y señaló que la SFC tiene dificultades legales para intervenir. Agregó que el DAS, la Policía y la Fiscalía adelantaban investigaciones.
El Director de la Policía informó que había operaciones en todo el país contra estos captadores de dineros. Indicó que en Nariño cursan 28 investigaciones. Dijo que no solamente se puede tratar de captación masiva y habitual de dinero, de manera ilegal, sino de delitos conexos como lavado de activos y concierto para delinquir.
El Presidente anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para elevar la pena del delito de captación ilegal del dinero, que hoy es excarcelable. Ese mismo día, los Ministros de Hacienda y del Interior y Justicia radicaron la iniciativa en el Congreso.
Septiembre 13 de 2008
Consejo Comunitario en Ipiales (Nariño). El Presidente advirtió que el fenómeno de las ‘pirámides’ puede ser más peligroso que el Volcán Galeras: “Una pirámide financiera de esas puede arruinar los ahorros de todas las familias de Nariño”. Invita al Consejo al Superintendente Financiero. Le propuso a la SFC diseñar un mecanismo que permita disuadir a los colombianos de invertir en las ‘pirámides’.
Septiembre 29 de 2008
La SFC, mediante Resolución 1550, ordenó a la sociedad Grupo Network Inversiones Ltda la suspensión inmediata y definitiva de la captación masiva y habitual de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros captados. De la misma se remitió copia a la Fiscalía General de la Nación, así como del expediente de la actuación administrativa.
Octubre 2 de 2008
Confederación General de Cámaras de Comercio. El Presidente advirtió que no podemos dejar que prospere el capital especulativo no autorizado. Reiteró su preocupación sobre las ‘pirámides’ y dijo que “hay que seguir con toda la determinación combatiéndolas”.
Octubre 4 de 2008
Nuevamente el Presidente hizo un llamado a los colombianos para que no sigan colocando la plata en las ‘pirámides’. Le pidió a la SFC “que todos los días sea más audaz y más estricta para intervenir esas pirámides”.
Noviembre 11 de 2008
Se expidió la Resolución 1778 de 2008, mediante la cual se adoptaron medidas cautelares respecto de DRFE, por cuanto a través de la revisión del acervo probatorio se comprueba la captación masiva y habitual de dinero del público. Además, se ordenó:
- La suspensión inmediata y definitiva de la captación masiva y habitual de dineros del público bajo el apremio de multas sucesivas.
- La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente.
- La devolución de la totalidad de los dineros captados del público.
Sobre las medidas tomadas se informó el 13 de noviembre al Fiscal General de la Nación y al Director General de la Fiscalía de Pasto, y el 14 de noviembre, al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al Procurador General de la Nación, a gobernadores, al Defensor del Pueblo, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Dian y a la Superintendencia de Sociedades.
Noviembre 12 de 2008
El Presidente le pidió al Congreso agilizar el trámite del proyecto de ley para penalizar en Colombia a los promotores de las ‘pirámides’. Insistió en que las ‘pirámides’ conducen a facilitar el camino de los estafadores en contra del bienestar de los colombianos.
Así mismo, encabezó una reunión en la Casa de Nariño, a la que asistieron el MinHacienda, los Superintendentes Financiero (César Prado) y de Sociedades (Hernando Ruiz) y el Director de la Policía. Anunció que tras las investigaciones del caso, la Policía cumplió el encargo de la SFC de intervenir a DRFE en 12 departamentos y 66 establecimientos de comercio.
Solicitó a la Fiscalía celeridad para las investigaciones sobre lavado de activos, captación masiva e ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito. Dijo que el Gobierno ha apoyado en esta materia a la entidad.
La Policía concluyó las primeras investigaciones sobre David Murcia Guzmán. Se esperan decisiones de la Fiscalía.
Noviembre 15 de 2008
El Presidente reconoció que, en aras de respetar la independencia de la SFC, se abstuvo de presionar una intervención a tiempo. Anunció que el Gobierno está preparando una legislación de emergencia, que incluirá elevar la pena para el delito de captación masiva de recursos, para que no sea excarcelable. Dijo que el DAS entregó a la Fiscalía un informe de los reportes que desde el 2006 le ha enviado a esta entidad sobre el tema.
Pidió celeridad a funcionarios y entidades para enfrentar el tema y “un gran proceso de reeducación contra la cultura del dinero fácil”.
Solicitó al MinInterior y a la Policía liderar la iniciativa para que gobernadores y alcaldes identifiquen las ‘pirámides’ y estas puedan ser intervenidas eficazmente por las autoridades.
Noviembre 17 de 2008
Mediante el Decreto 4333, el Gobierno declaró el estado de Emergencia, por la proliferación de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público. Al amparo de ello expidió los decretos:
4334: que definió el proceso administrativo de intervención y los criterios de devolución de los dineros.
4335: que concedió a los alcaldes y gobernadores facultades de Policía para tomar medidas cautelares frente a las captadoras ilegales de dinero.
4336: que estableció que el delito de captación masiva ilegal de dinero no es excarcelable y endureció las penas: entre 120 y 240 meses y multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales. También estableció un nuevo tipo de delito: quien haya captado recursos del público y no lo reintegre incurrirá en prisión de 96 a 180 meses; tampoco es excarcelable. Indicó que se podrá aplicar el principio de oportunidad en la devolución de los recursos.
Noviembre 18 de 2008
El Gobierno, a través de un comunicado, informó:
1. Es delito sin excarcelación la conducta de no devolver los dineros captados en forma ilegal, cualquiera sea su naturaleza.
2. La legislación permite que los fiscales, en audiencia con jueces de garantía, apliquen el Principio de Oportunidad y en consecuencia suspendan la acción penal contra quienes manifiesten la voluntad de devolver los dineros y efectivamente los devuelvan.
3. El Gobierno ofrece todas las garantías, por intermedio de la Policía, a quienes tengan la voluntad de devolver los dineros y hacerse merecedores al beneficio del Principio de Oportunidad, que permite a los fiscales suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal.
Noviembre 20 de 2008
El Presidente Uribe cuestionó la “vida de sibaritas” de los dueños de las pirámides. “Es mejor vivir austeramente, tener que trabajar más, fortalecer la disciplina de la lucha honrada, que dejarnos seducir por estos sibaritas, por estos holgazanes de la criminalidad”.
Desde el 17 de noviembre y hasta la fecha, la SFC ha expedido 46 medidas administrativas respecto de entidades y personas naturales no autorizadas para captar o recaudar dineros del público. La totalidad de las medidas adoptadas se fundamentan en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Social, para lo cual se ha adelantado un plan de acción desarrollado en 42 municipios del país.
Noviembre 25 de 2008
El Presidente advirtió que el Gobierno no devolverá saldos de dinero de las ‘pirámides’ con recursos del presupuesto público. Dijo que, mediante la Emergencia Social, masificará en las regiones afectadas programas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, acelerará la bancarización y la promoción de servicios bancarios con menor costo. Reiteró que el Gobierno, junto con la Fiscalía y la Policía, ofrece garantías para aquellos promotores de pirámides que quieran devolver los dineros.
El Gobierno, en el marco de la Emergencia Social, expidió los decretos 4449 y 4450. El primero de ellos establece un nuevo tipo penal: la omisión de reporte sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo, indicando que quien esté obligado a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y no lo haga, incurrirá en pena de prisión de 38 a 128 meses y multa de 133,33 a 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El Decreto 4450 señala que cuando se cometa el delito de usura utilizando los mecanismos de la venta con pacto de retroventa o los cobros diarios o periódicos -conocidos como créditos ‘gota a gota’-, la pena de prisión será de 48 a 126 meses y la multa de 133,33 a 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Noviembre 26 de 2008
El Presidente anunció que entregará sus declaraciones de renta al Procurador General de la Nación, así como las de sus hijos Tomás y Jerónimo. Advirtió sobre versiones injuriosas alrededor de su familia, en torno al tema de las ‘pirámides’, y dijo que sus hijos no son traficantes de influencias ante el Estado, sino que han escogido “ser hombres de trabajo, honestos y serios”.
En el Congreso Cafetero, en Bogotá, el Presidente afirmó que desde hace 14 meses la Policía venía entregando informes a la Fiscalía, “sometidos a una cadena de custodia tan rigurosa que ni el Ministro de Defensa ni el Presidente podían saber esos contenidos”.
Señaló que esto es un desquite del narcotráfico, de los paramilitares, de las guerrillas, para estafar a la sociedad colombiana y crearle un riesgo de inestabilidad a las instituciones. Pidió a los congresistas enfilar baterías contra los criminales organizadores de las ‘pirámides’.
Noviembre 28 de 2008
El Gobierno Nacional prorrogó por 12 días el plazo para que las personas que depositaron sus recursos en DMG, presenten la solicitud de devolución de los recursos que colocaron en la firma. El anuncio lo hizo María Mercedes Perry, Agente Interventora de DMG.
Noviembre 29 de 2008
El Presidente reiteró que las pruebas acopiadas por las autoridades indican que “esto ha sido una estafa fraguada por gente vinculada al terrorismo; desquite de paramilitares, desquite de las Farc, desquite del narcotráfico”. Denunció que las Farc están presionando a la comunidad del Putumayo, con relación a este tema.
Noviembre 30 de 2008
Durante un encuentro con la comunidad y las autoridades de Nariño, el Presidente Uribe afirmó que el Gobierno ofrece todas las garantías a Carlos Suárez (señalado de ser dueño de DRFE) para que se entregue y devuelva los dineros.
Diciembre 2 de 2008
En las ceremonias de ascenso de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, el Presidente dijo que es preferible que este Gobierno tenga que asumir el desgaste, a generarle problemas futuros al país. “No se pueden devolver esos dineros. Soluciones sociales sí; pero devolución de dineros, no”.
Diciembre 4 de 2008
Al intervenir en el Congreso Nacional de Municipios, el Presidente Uribe señaló: “A mí me hizo quedar mal la Fiscalía. Porque a mí me dijo la Policía que habían entregado unas pruebas que comprometían a estos señores en el tema de lavado de activos, narcotráfico. Y la Fiscalía primero dijo, reaccionando a lo que dije públicamente, que no tenían esas pruebas. Después vimos que sí había esas pruebas y allegaron otras”.
Durante la entrega de los Premios Portafolio, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno seguirá explicando que prefiere la intranquilidad y las dificultades políticas del Presidente de la República, antes que crear el mal precedente de utilizar dineros del fisco para compensar inversiones en actividades ilegales. Señaló que “Colombia necesita hacer una gran reflexión alrededor de un tema: la ilegalidad no puede premiarse, la ilegalidad no puede ser fuente de utilidades”.
El Gobierno expidió el Decreto 4591, mediante el cual incentiva el otorgamiento de créditos en zonas afectadas por captadoras ilegales. La norma señala que en las regiones afligidas se promoverán créditos de 10 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas, y de 2 millones de pesos para libre inversión. Además, los establecimientos de crédito y las cooperativas podrán reestructurar los préstamos otorgados en dichas zonas del país, hasta por 10 millones de pesos por cliente.
Diciembre 16 de 2008
El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Social por 30 días contados a partir del 15 de diciembre, con el fin de contrarrestar los efectos causados por los captadores de dineros del público en operaciones no autorizadas. La medida fue adoptada mediante el Decreto 4704.
El estado de Emergencia Social ya había sido declarado el 17 de noviembre de 2008, por medio del Decreto 4333 y por un término de 30 días.
Así mismo, con la expedición del Decreto 4705, la Superintendencia de Sociedades ofreció a los particulares el pago de recompensas por la información que conduzca a la efectiva recuperación de bienes producto de la captación o recaudo no autorizado de dinero, con cargo a los bienes efectivamente recuperados. La norma señala que la recompensa será equivalente al 10 por ciento del monto recuperado y no podrá exceder de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ver línea de tiempo interactiva |
