Así lo señaló hoy viernes el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, al recordar que “el paro de Asonal agravó la congestión judicial y puso en peligro el orden público y social”. Agregó que la declaratoria, sustentada en la Constitución Política, “no estaba dirigida a desbaratar el cese, sino atender sus efectos”.

Bogotá, 19 dic (SP). El estado de Conmoción Interior que declaró el Gobierno Nacional el pasado 9 de octubre era necesario para superar las graves consecuencias que en la administración de Justicia y en el orden público y social del país provocó el paro decretado por Asonal Judicial. Así lo señaló hoy el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

El Ministro explicó que la declaratoria, sustentada en la Constitución Política, “no estaba dirigida a desbaratar el cese, sino atender sus efectos”.

Recordó que el Gobierno, con apego a la Ley, había solicitado a un tribunal competente que declarara la ilegalidad del paro de la Justicia, pero sus magistrados inexplicablemente dejaron pasar el tiempo y no se pronunciaron.

Señaló que cuando el Gobierno ejerció las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, las consecuencias de la parálisis, entre otras, eran las siguientes:

- La Policía Nacional informó que debido al cese de actividades de la Rama Judicial habían quedado en libertad más de 2.720 personas, capturadas bajo la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros.
- La Fiscalía General de la Nación no podía formular las correspondientes acusaciones bajo el sistema acusatorio, mientras los términos corrían, con grave peligro de impunidad.
- Además, el Fiscal General informó que era inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con trágicos hechos que conmovieron al país.
- Más de 120.000 procesos se habían dejado de fallar por el paro; casi 40.000 decisiones de tutela estaban estancadas; más de 25.000 audiencias no se habían realizado, de ellas más de 15.000 para Control de Garantías.

El Ministro subrayó que el Fiscal General, el Procurador General, magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de otras Cortes habían planteado la necesidad de que el Gobierno adoptara medidas de emergencia para detener el agravamiento de la situación.

“Era, pues, evidente que la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana estaban en peligro”, manifestó.

“Con el regreso de los operadores de justicia a sus labores no quedaba superada la crisis provocada por el paro. De hecho, la administración de Justicia en Colombia tiene una congestión inveterada, que se agravaba con la parálisis decretada por la organización sindical Asonal Judicial y que ya cumplía 35 días”, explicó Valencia Cossio.

También subrayó que el Presidente Uribe, al anunciar al país la declaratoria de la Conmoción, dijo que era un recurso constitucional del cual el Gobierno iba a hacer uso con absoluta prudencia y con medidas destinadas únicamente a superar las consecuencias que dejaba el paro sindical.

Con la conmoción interior, el Gobierno dispuso:

- Facultar al Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial de la Justicia.
- Dictar medidas para descongestionar, mediante atribuciones de competencia a los notarios, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción.
- Otorgar facultades a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para suspender funcionarios judiciales que de manera injustificada se abstengan de prestar sus servicios al público.
- Autorizar a los jueces para rechazar de plano una demanda o un recurso por manifiesta carencia de fundamentos.
- Facilitar el cumplimiento de las sentencias.
- Modificar el Código de Procedimiento Civil con medidas para combatir la congestión de los despachos judiciales, agravada por el paro.
- Facilitar la práctica de notificaciones personales, mediante empresas de mensajería.
- Facilitar la adopción del Plan Nacional de Descongestión por el Consejo Superior de la Judicatura, como mecanismo para contrarrestar la congestión originada por el cese de actividades de la Rama Judicial.

“Se han juntado las voluntades del Gobierno, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de las Altas Cortes, para adoptar las medidas excepcionales que pudieran contrarrestar los hechos sobrevinientes por el paro. En ese proceso estamos y esperamos rendir pronto al país un informe sobre el resultado de la Conmoción Interior en estos 90 dias”, puntualizó el Ministro Valencia Cossio.