El anuncio lo hizo la Agencia Presidencial Acción Social, al destacar que este año se invierten 500 millones de dólares para atender a esta población vulnerable. Son significativos los avances en salud, educación y hectáreas de tierra protegidas.

Bogotá, 17 jun (SP). Con 500 millones de dólares que invierte este año el Gobierno Nacional en atención a la población desplazada por la violencia, Colombia es el país del mundo que más recursos destina para ayudar estos ciudadanos vulnerables, informó la Agencia Presidencial Acción Social.

Las cifras han venido creciendo en los últimos años, lo cual refleja el interés del Gobierno en la atención del problema, y es uno de los puntos que más destaca la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Los avances no sólo sobresalen por el incremento en los presupuestos de oferta institucional para asistir a los 2 millones 596 mil colombianos registrados oficialmente como desplazados, sino en diferentes frentes de atención, como la educación y salud.

En materia educativa, todos los niños, niñas y jóvenes desplazados, tuvieron acceso a los cupos que solicitaron. En cuanto a salud, la cobertura alcanza a más del 50 por ciento de esta población desplazada, manifestó Acción Social.

Así mismo fueron vinculados 250 mil hogares en condición de desplazamiento al Programa Familias en Acción, que entrega subsidios condicionados de nutrición y educación para los menores de edad.

A partir de mayo de 2007 se inició la estrategia ‘Juntos’, con la cual se busca que más de cinco millones de colombianos superen la pobreza extrema.

‘Juntos’ vinculará a la totalidad de la población desplazada incluida en Familias en Acción.

Y aunque en materia de vivienda y tierra para los desplazados es donde más atraso existe, los indicadores comienzan a ser alentadores, ya que se han entregado 40 mil subsidios para vivienda en la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, y la meta a partir del año 2009 es entregar en promedio 30 mil subsidios al año.

También se intensificaron las tareas de extinción de dominio de bienes a los desmovilizados de las autodefensas ilegales, con lo cual se busca que estas tierras sean recuperadas por sus reales propietarios, quienes en el pasado las tuvieron abandonar obligados por el terrorismo.

A la fecha, más de dos millones y medio de hectáreas pertenecientes a desplazados están protegidas por el Gobierno, en asocio con instituciones como el Banco Mundial, la Comisión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las agencias de cooperación de Suecia, Canadá y Estados Unidos, y la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados.