Bogotá, 13 may (SP). “Ministros, Altos Mandos, Alto Comisionado, compañeros del Gobierno, amigos de los medios de comunicación, compatriotas todos:

Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega.

El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas.

Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.

Es en este Gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.

La verdad tiene que ser simple y oportuna. La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones.

El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el Pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, cometidos en su mayoría antes de este Gobierno; la verdad sobre los procesos en curso propiciados por la firmeza de nuestra política de seguridad.

Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.

El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.

El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.

La Seguridad Democráticay la Ley de Justicia y Paz han reducido enormemente la violencia en el país. Por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos.

A la fecha se han desmovilizado 47.433 personas, han sido postuladas para la Ley de Justicia y Paz 3.284, y 639 de ellas, que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares, se encuentran en la cárcel.

La Procuraduría ha aceptado acompañar un procedimiento que aplicará la Fiscalía para resolver la situación jurídica de 19.377 integrantes de antiguas organizaciones paramilitares que hacen parte del grupo de desmovilizados.

La Leyde Justicia y Paz continúa.

Exigimos a los miles de desmovilizados cumplir con la Ley de Justicia y Paz; el país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar reincidencias en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de colaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Ahora los desmovilizados son más libres para que la reinserción les recupere plenamente su bienestar, su familia y su futuro.

Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita en el futuro la tragedia que estamos superando en el presente. Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz deben reparar a las víctimas, al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron; tampoco se les exigió.

La Policía Judicial, fiscales y jueces perseguirán e incautarán todos los bienes para reparar a las víctimas. Que haya propósito absoluto para este cometido.

Invitamos a los ciudadanos que tengan conocimiento a denunciar bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados para facilitar la extinción de dominio y la reparación de las víctimas.

Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran de su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales.

Recordamos a los compatriotas que el Gobierno ha expedido el decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de 7 billones de pesos.

Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición.

Las decisiones firmes protegen a las víctimas potenciales y deben animar a las víctimas actuales en el resarcimiento, que nunca será completo ni compensará el dolor causado en 50 años de terrorismo.

Pedimos respetuosamente a los jueces de la Patria continuar ayudándonos con la extradición, herramienta importante para rescatar el orden público.

No puede ser que la noble institución de la Tutela se utilice para eliminar la extradición, que se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común.

Agradecemos a los soldados y policías de la Patria su heroísmo, que ha abierto el camino de la paz, de la paz cada vez más cercana. Con las Fuerzas Armadas, la Constitución y el Pueblo, avanzamos hasta la derrota total de los criminales.

Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean menos estrictos que el actual proceso. Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean procesos de impunidad, como sucedió en el pasado.

Recuerdo que las guerrillas fueron los maestros que enseñaron a los paramilitares a penetrar las instituciones democráticas y a asesinar a periodistas, sindicalistas y a tantos colombianos, con el resultado de millones de familias abatidas en el luto y la tristeza.

Recuerdo que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado.

Compatriotas: toda la firmeza para tener una Colombia sin violencia, próspera en la inversión, fraterna en las relaciones con los trabajadores y equitativa en los beneficios.