El Embajador de Colombia en Países Bajos, Francisco Lloreda, y el Consejero Presidencial para la Reintegración, Frank Pearl, se reunieron con autoridades holandesas para explicar también los desafíos del proceso.

La Haya, 29 may. (SP). Los avances y dificultades en el proceso de reintegración de los más de 47 mil desmovilizados de grupos armados ilegales, expuso este jueves el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Frank Pearl, durante una visita de dos días a Holanda.

Al agradecer la permanente colaboración en la consecución de una paz sólida en Colombia, Pearl destacó que Holanda fue el primer país europeo en respaldar el proceso de reintegración de antiguos miembros de grupos armados ilegales y detrás de éste se han vinculado otros países del viejo continente.

Durante el primer día de su visita en La Haya, el Consejero Presidencial junto al Embajador de Colombia ante Países Bajos, Francisco José Lloreda, se reunieron con el Ministro para la Cooperación, Bert Koenders y altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Holanda y los países europeos financian iniciativas de reintegración basada en el desarrollo comunitario, las cuales incluyen a personas de bajos recursos y a víctimas de la violencia, con aportes que superan los 12 millones de euros.

Así mismo, Pearl tuvo la oportunidad de explicar en detalle el proceso de reintegración, basado en el esfuerzo, a los parlamentarios Katheleen Ferrier y Kees van der Staaij quienes han seguido de cerca la situación en Colombia y han promovido la cooperación holandesa en nuestro país.

Pearl relató que de los 47 mil desmovilizados, 32 mil forman parte de los antiguos grupos de autodefensa y 12 mil de grupos guerrilleros, principalmente las Farc.

El proceso de reintegración que se realiza en Colombia está basado en el esfuerzo individual de cada desmovilizado, quien recibe acompañamiento permanente junto a su familia para que al momento de retornar a su hogar y a su comunidad se sientan útiles, dentro de un esquema de desarrollo comunitario.

Los desmovilizados reciben un apoyo económico inferior al salario mínimo y tanto ellos como sus familias son afiliadas al sistema de salud y educativo y mantienen dichos beneficios en tanto cumplan con las reglas del programa.

El Alto Consejero Presidencial enfatizó que las personas que dejan de cumplir con las obligaciones del programa, no colaboran con la justicia, ni a la reparación a las víctimas y/o reinciden en el delito, pierden de inmediato los beneficios. Ese es el caso de apenas el 7 por ciento de los desmovilizados.

Pearl sostuvo que el Gobierno es inflexible en este punto, pues se trata de una oferta generosa por parte de las autoridades y la sociedad colombiana para que las personas que alguna vez empuñaron las armas se reincorporen a sus comunidades. Actualmente hay 1.700 desmovilizados detenidos.

Así mismo, el funcionario manifestó que uno de los pilares del proceso es que los desmovilizados enfrenten sus responsabilidades ante la justicia colombiana en el marco de los compromisos adquiridos al aplicar a la Ley de Justicia y Paz.

Frente a la extradición de 13 ex jefes paramilitares hacia Estados Unidos, Pearl indicó que ello no pone en riesgo el proceso de verdad, justicia y reparación de los casos que investiga la justicia en Colombia. Actualmente hay 670 mandos medios de las autodefensas ilegales encarcelados y con procesos ante la Fiscalía General de la Nación y se espera que otros 2500 se acojan a la Ley de Justicia y Paz.

Reiteró que los procesos judiciales siguen abiertos en la Fiscalía General de la Nación y que existe un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para que los bienes incautados a dichas personas se destinen al Fondo de Reparación de Víctimas.

Sostuvo que si bien los extraditados eran comandantes de dichas organizaciones ilegales, son los integrantes de estos grupos los que conocen a fondo lo sucedido en el país y ellos hacen parte de los procesos que adelante la Fiscalía General de la Nación.

El Gobierno colombiano, dentro de su estrategia de cooperación sur-sur compartirá sus experiencias en el diseño y ejecución de políticas de reintegración con países que puedan beneficiarse de las mismas.

Este viernes el Consejero Presidencial y el Embajador de Colombia se reunirán con el Fiscal de la Corte Penal Internacional, integrantes de organizaciones no gubernamentales y ofrecerá una conferencia en el Instituto de Estudios Sociales.