Así lo reiteró el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, al referirse al proyecto de ley de víctimas que cursa en el Congreso. Valencia Cossio explicó que “no se puede poner en el mismo rasero” a los actores alzados en armas y a los agentes del Estado que incurran en violaciones a los derechos humanos.

Bogotá, 6 nov (SP). “El Gobierno tiene mucho interés en una ley de víctimas que sea responsable, que corresponda a la capacidad fiscal del país y que distinga muy bien entre los actores alzados en armas y los agentes del Estado que incurran en violaciones a los derechos humanos”.

Así lo expresó este jueves, en Bucaramanga, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, al explicar que la ley debe dejar claramente establecido que el actor armado siempre estuvo por fuera de la ley.

“En cambio –agregó-, los agentes del Estado tienen siempre que actuar dentro de la ley; cuando se desbordan, es necesario probar ese desbordamiento, a través de un proceso judicial”.

El Ministro Valencia explicó así la propuesta del Ejecutivo: “El Gobierno dice: vamos a hacer un reconocimiento de las víctimas de los agentes del Estado, previa sentencia ejecutoriada, en un proceso preferente que no se demore tanto y, además, complementando la pena con una reparación integral. Es decir, que se le den los mismos beneficios que requieren las demás victimas”.

El titular de la cartera del Interior y de Justicia insistió en que el Gobierno es partidario de atender a una y otra victima, pero no comparando ni partiendo de la base de que es lo mismo hablar de los delincuentes alzados en armas, que hablar de un agente del Estado que incurre en un delito.

“No se puede poner en el mismo rasero a uno y otro. Hay que atender las víctimas de los agentes del Estado, pero sobre la base de que la responsabilidad del Estado la tiene que determinar primero un juez y después, obviamente, hay que reparar a la víctima y, además, sancionar a los responsables”, recalcó.

Valencia Cossio consideró que el Estado no puede, per se, de una forma administrativa, reconocer una responsabilidad sin que sea probada, porque se trata del patrimonio público.

Recordó que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez tomó una decisión que, incluso, es ejemplar en el mundo, de reparar por vía administrativa a las víctimas de los alzados en armas.