Como herramienta legal, la administración del municipio encontró que la ‘pirámide’ no cumplía con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y no tenían autorización para captar dinero del público. El Presidente Álvaro Uribe resaltó la determinación del Alcalde de Envigado, y reveló que la legislación que prepara el Gobierno frente al tema, busca darles atribuciones a los mandatarios regionales para actuar contra esta actividad ilegal.

Bogotá, 15 nov (SP). El Alcalde de Envigado (Antioquia), José Diego Gallo, y las demás autoridades municipales buscaron las herramientas legales para cerrar el pasado 11 de noviembre una ‘pirámide’, y hacer que los promotores de la captadora ilegal devolvieran todo el dinero a dos mil personas que habían depositado allí sus ahorros.

“Pues hice una revisión. Se encontraron dos falencias en este negocio: El primero, no cumplían con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el segundo era que no tenían ninguna autorización de la Superintendencia (Financiera)”, indicó Gallo, al explicar los instrumentos legales utilizados para adoptar la medida.

Tras enterarse de esta acción, durante el Consejo Comunal de este sábado, el Presidente Álvaro Uribe felicitó al mandatario municipal, y anunció que las medidas especiales que prepara el Gobierno con el objeto de enfrentar la problemática de las ‘pirámides’, incluirá atribuciones especiales para los alcaldes y gobernadores, que les permitan actuar contra estos negocios ilegales.

“Felicitaciones al Alcalde (de Envigado). La legislación de emergencia que estamos preparando está buscando darles también atribuciones a Gobernadores y Alcaldes, en esta lucha contra esa modalidad especulativa tan grave que quiere causar un problema social inmenso en Colombia. La legislación va a obligar a que devuelvan toda la plata”, explicó el Jefe de Estado.

Al ser consultado sobre el procedimiento que adelantó contra esta ‘pirámide’, el Alcalde Gallo, reveló que cuando conoció que llevaba cerca de una semana funcionando, envió funcionarios a hacer fila en las instalaciones del negocio, con la intención de comprobar que realmente se trataba de una operación fraudulenta.

Posteriormente reunió a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno y la oficina de Planeación del municipio, con el fin de buscar herramientas legales para el cierre, y se encontró que además de no contar con la autorización de la Superintendencia Financiera para su funcionamiento, la ‘pirámide’ estaba ubicada en una zona residencial donde, según el POT, no es posible instalar establecimientos comerciales.

“Cuando ya encontramos estas dos debilidades procedimos al cierre. Ahí mismo subieron al despacho de la Alcaldía (de Envigado) los administradores con abogados, quejándose y además amenazando con que iban a demandar al municipio. De una manera muy vehemente, muy clara, muy definida, se les dejó establecido que no íbamos a permitir que estuvieran en un municipio, que lo mejor era que se fueran”, relató el funcionario.

Luego, los promotores de la ‘pirámide’ solicitaron que se les permitiera abrir nuevamente el local, ante lo cual el Alcalde pidió que reintegraran los recursos a la ciudadanía.

La Alcaldía expidió una resolución e hizo firmar un acuerdo a los dueños de la ‘pirámide’, para asegurarse de que la plata sería devuelva a cada una de las personas que habían depositado su dinero en esta actividad ilegal.

Así mismo, envió dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Policía Nacional y Secretaría de Transito, para que verificara, lista en mano, la gente a la que se le devolvía el dinero.

“En menos de una semana ya tenían más de dos mil ahorradores, y en dos días se logró devolver todo, absolutamente todo el dinero de más de dos mil ahorradores. Y apenas se termino de entregar al último, se hizo el sello definitivo de este negocio”, recordó.

Luego de explicar todo el procedimiento, Gallo manifestó que si bien en otras partes se pueden encontrar debilidades diferentes a las detectadas en su municipio con la mencionada ‘pirámide’, lo primordial es tener la decisión de ordenar el cierre de estos negocios.

“Algo fundamental es la clara voluntad de hacer el cierre, sea como sea, buscando todas las herramientas legales. Es que si uno no cierra eso, siguen engañando a la gente”, concluyó el funcionario, quien se convirtió así en ejemplo para los gobernantes regionales, con su actitud decidida contra los captadores de dinero ilegal, y en beneficio de los habitantes de su comunidad.