“La prioridad es reparar a las personas que en alguna forma fueron engañadas, fueron estafadas, y fueron seducidas a llevar capitales honestos a estas instituciones. Sobre eso no debe haber la menor duda”, dijo el Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Bogotá, 20 nov (SP). La prioridad del Gobierno Nacional a través de la legislación del Estado de Emergencia es devolver a los ciudadanos los recursos honestos que colocaron en las captadoras ilegales de dinero, recalcó este jueves el Presidente Álvaro Uribe, durante la instalación del simposio sobre el Sistema Penal Acusatorio, que se cumple en Bogotá.

“Creemos, recogiendo lo que decía el señor Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, del principio de la justicia restaurativa, que la prioridad es reparar a las personas que en alguna forma fueron engañadas, fueron estafadas, y fueron seducidas a llevar capitales honestos a estas instituciones. Sobre eso no debe haber la menor duda”, subrayó el Mandatario.

Agregó que esa devolución a los ciudadanos que aportaron dineros honestos no debe tener discusión, en la medida que se puedan “encontrar los recursos”.

Afirmó que una cosa es el aporte o beneficio que hayan hecho u obtenido las personas que dirijan o capitalicen esas instituciones a través de recursos de enriquecimiento ilícito, y otra cosa es el colombiano que de buena fe va y aporta dinero en esas captadoras.

Al respecto señaló que habrá un estricto control para evitar que los recursos de fuente ilícita vuelvan a sus dueños.

“Si entre los reclamantes hay personas que hicieron allí aportes de enriquecimiento ilícito, pues la justicia en ese momento –y tiene que tener un papel muy activo- la entidad administrativa, debe identificar ese fenómeno para proceder a la medida cautelar, de interceptación de esas devoluciones que tiene origen ilícito”, indicó Uribe.

Explicó que si se detecta una situación de estas, la ilicitud de los dineros autoriza a las autoridades a negar esa devolución, y a proceder por el camino jurídico de la extinción del dominio.

Reiteró que la legislación de emergencia expedida el lunes anterior busca evitar una mayor perturbación social a la que se ha vivido por la circunstancia del manejo ilícito del dinero, ayudando a que las autoridades intervengan las captadoras ilegales con más prontitud.