Bogotá 7 oct (SP). “Quiero dar los agradecimientos por la oportunidad de examinar en un momento difícil de la economía mundial, de grandes retos para el país, temas tan importantes como los propuestos por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, en la muy constructiva intervención que acabamos de escuchar, y las preocupaciones que a lo largo de las últimas semanas ha venido proponiendo el doctor Sergio Clavijo Vergara.

Permítanme, en primer lugar, recordar algunos fundamentos elementales, que todos los Gobiernos necesitan para que esos fundamentos guíen su trabajo.

El esfuerzo nuestro está orientado por una palabra: confianza en Colombia. Y quiero recordar a ustedes, apreciados compatriotas, de dónde surge.

En nuestra primera campaña presidencial, yo preguntaba a los estudiantes de las universidades sí en algún momento habían querido irse definitivamente del país, sin tiquete de regreso, y la mayoría contestaba que sí. Por eso nos propusimos trabajar jalonados por esa palabra: confianza. Soportada en tres pilares: la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista con responsabilidad social y la Cohesión Social con libertades.

Solamente esa combinación de seguridad y de confianza inversionista, crean un marco de prosperidad que puede construir la cohesión social, que a su vez se necesita como un gran validador para la seguridad, y para la confianza inversionista.

En materia de seguridad agradezco el reconocimiento del doctor Luis Carlos Sarmiento y la patriótica participación que él ha tenido en el grupo asesor del señor Ministro, para garantizar la eficiente y transparente aplicación de los recursos patrimoniales, que en cuantía de 8 billones se derramaron en la reforma tributaria de 2006.

Permítanme referir a unos pocos intangibles y a unos resultados materiales.

Quisiera compartir con ustedes la noticia de esta mañana. El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde.

En el mismo evento el señor Fiscal Iguarán señaló que esas desapariciones pueden estar relacionadas con una banda de reclutamiento y entrenamiento. Asimismo, el Fiscal General precisó que el Ejército permitió el levantamiento de los cuerpos a los miembros del CTI.

Por su parte, el director de Medicina Legal dijo que los cuerpos presentan varias heridas por proyectil, pero que no fueron ajusticiados por el Ejército.

Nuestra Seguridad Democrática es una seguridad sin supresión de libertades, es una seguridad con vigilancia nacional e internacional, sustenta su credibilidad en las exigencias de un Estado de opinión, una seguridad eficaz y transparente, la transparencia es adhesión a los Derechos Humanos.

Nosotros no hemos tenido inconveniente que este tipo de denuncia, en lugar de conocerla la competencia de la Justicia Penal Militar, las conozca la justicia ordinaria. Así lo hicimos cuando hubo esa masacre en Jamundí, que le costó la vida a tantos policías de Colombia pocos días antes de la elección presidencial de 2006.

Los colombianos pueden tener la certeza que nuestras Fuerzas Armadas tienen hoy tanto afán por la eficacia de su tarea, como por la transparencia de la misma.

Hemos venido infundiendo conciencia en todas las Fuerzas Armadas, en el más antiguo de los generales y en el más joven de los soldados y policías, sobre la necesidad que esa Seguridad Democrática consolide su credibilidad en el pueblo, credibilidad que solamente se obtiene a partir de la eficacia y la transparencia.

Hemos avanzado pero falta mucho. Hay avances bien importantes, por ejemplo, en la última edición de la revista ‘Foreign Policy’ aparece Caracas con 130 asesinatos por cada 100 mil habitantes, Cape Town (Ciudad Cabo) con 62, New Orleans con 67, Bogotá con 19, Barranquilla con 28, Medellín con 34. Ya se le empieza a reconocer al país un gran avance comparativo en seguridad.

Este año si comparamos todos los delitos denunciados con los mismos que se habían denunciado hasta la misma fecha del año anterior, vemos una caída del 27 por ciento, pero esta es una tarea en la cual, como en todo, el Gobierno tiene que mantener siempre actitud de alerta y sentido de urgencia. En nada el país está para complacencia, para entrar en estados de hibernación.

Los que quisieron en algún momento tomarse por la vía violenta las instituciones democráticas en Colombia, instaurar una dictadura a su amaño, hoy lo ven más difícil pero no han desistido.

Yo creo que en el diagnostico del país debe quedarnos claramente que no han desistido, porque sienten que aquello que les puede evitar la definitiva derrota nacional, es el refugio que obtengan en algunos lugares de la comunidad internacional.

Por eso los colombianos debemos partir del hecho que hemos mejorado, pero que todavía no hemos llegado a un avance que esté en un punto irreversible. La conquista de ese punto irreversible es una meta necesaria de la Seguridad Democrática.

Permítanme compartir algunos intangibles. Se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos y para ejercer justicia. Algunos objetan esta afirmación refiriéndose al hecho de que los paramilitares desmovilizados, un número de aproximadamente de 3 mil ha reincidido, de ellos siguen activos 400. El Gobierno ha sido generoso con la Ley de Justicia y Paz, con la reinserción, pero al mismo tiempo el Gobierno ha sido totalmente severo con aquellos que han reincidido en el delito.

¿Qué hemos encontrado? Ya su propósito no es combatir a la guerrilla, hacemos un consejo de seguridad con participación de la comunidad en Aguachica (Cesar), o en Tarazá (Antioquia), o en Ipiales (Nariño), y queda en evidencia que en unos sitios de esas regiones la guerrilla produce coca y la comercializan a través de bandas criminales, que en alguna forma se han constituido con reincidentes de los desmovilizados.

Cuando decimos que el país ha superado el paramilitarismo, lo decimos porque la palabra paramilitar se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla, hoy el único que combate a los delincuentes en Colombia es el Estado, ese es un gran intangible.

En muchas zonas de la patria la justicia del estado había sido usurpada por la justicia terrorista de la guerrilla, de los paramilitares o de ambos. Aparentemente desde polos antagónicos, pero unidos a través de ese sistema común de financiación: el narcotráfico. Vemos que la justicia colombiana ha venido recuperando su monopolio en todo el territorio nacional.

Me voy a referir, más luego, a los muy importantes comentarios del doctor Luis Carlos Sarmiento sobre la justicia. Otro intangible bien importante, más confianza de los ciudadanos.

Los ciudadanos en muchas regiones estaban en un estado de indeferencia o de temor. No se atrevían a buscar en el Estado la prestación del servicio público de seguridad. O corrían todos los riesgos o pretendían enfrentar esos fenómenos cada quien con sus propios medios.

Hoy hay más confianza en el colectivo, hay más confianza en las instituciones, hay más confianza en las Fuerzas Armadas.

Hoy los ciudadanos han superado la indiferencia y encuentran que es útil acudir a las Fuerzas Armadas, en busca del servicio público de seguridad. Creemos que ese es otro intangible bien importante.

Los ciudadanos temían o encontraban inútil denunciar. La justicia ha venido avanzando en Colombia porque los ciudadanos han perdido el temor a denunciar. Otra consecuencia de la Seguridad Democrática.

Por supuesto, apreciados compatriotas, no podemos pasar de un estado decosas en el cual había total temor a la denuncia o se le encontraba inútil, a un estado en el cual se utilice la manipulación política del testimonio.

El tema de las víctimas

Crecía su número, se registraban las estadísticas, pero no estaba en la prioridad de las políticas públicas ni del interés ciudadano la atención de las víctimas.

Hoy las víctimas han perdido el temor a reclamar sus derechos, encuentran que es útil hacerlo. Se han registrado, en lo últimos meses, más de 150 mil víctimas que reclaman reparación. Estamos haciendo un esfuerzo enorme.

Primero, adoptamos un mecanismo de conciliación administrativa que puede tener un costo en los próximos años de siete billones de pesos. Y se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso de la República.

Desde esta asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) respetuosamente llamó al Congreso, para que esa ley no exceda el alcance de los siete billones de pesos incorporado en el decreto.

Es tan grave no reparar a las víctimas, como hacer una oferta ilusoria con la cual el Estado no pueda atender ese requerimiento.

Nosotros vamos a hacer el esfuerzo, hemos empezado a hacerlo, pero también sin desvincular este esfuerzo de reparación de las posibilidades fiscales.

El suyo es un compromiso bastante grande. Un compromiso de casi dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Reparación total no hay. ¿Cuál es el efecto de hacer el esfuerzo de reparación? Cicatriza heridas. Construye conciliación. Cuando no se repara hay dolencia, indiferencia. En cada caso de dolor, hay un germen de venganza, hay un germen de odio.

El esfuerzo de reparación anula esos gérmenes, construye reconciliación.

Estos son algunos intangibles bien importantes de la Seguridad Democrática.

La justicia

Empecemos por reconocer esa circunstancia a la cual ya nos hemos referido. Se ha recuperado el monopolio de la justicia al Estado. El Gobierno ha hecho enormes esfuerzos en materia presupuestal y ha hecho enormes esfuerzos en materia normativa.

Primero se introdujo el sistema penal acusatorio, la oralidad. Eso requirió una reforma constitucional. Cuando llegó este Gobierno había sido aprobada en los primeros cuatro debates. Correspondió a este Gobierno, la aprobación en el segundo período de cuatro debates. Después vino toda la actualización de los códigos. A eso se ha sumado leyes de gran importancia, como la Ley Estatutaria de la Justicia, la Ley de Instrumentos de Paz que combate el exceso de excarcelación que nos venía afectando tanto.

Recientemente, por razones que respetamos, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley de desjudicialización de las pequeñas causas. Vamos a corregir los errores y a tramitarla de nuevo en el Congreso de la República.

Hemos venido haciendo un gran esfuerzo normativo para agilizar la justicia, para hacerle más transparente, para descongestionarla.

No podemos olvidar que la justicia en Colombia es totalmente independiente del Ejecutivo, que la Constitución de 1991 creo una relación entre el Ejecutivo y la Justicia totalmente diferente a la que existía.

Antes, en el Ministerio de Justicia estaba la Dirección de Instrucción Criminal, era prácticamente la cabeza de la justicia.

La Constitución de 1991 elevó al nivel del Presidente de la República, una figura independiente creada en esa norma constitucional, la del Fiscal General de la Nación y le ordenó coordinar las políticas criminales con el Presidente de la República.

La justicia es autónoma, es independiente y maneja sus propias decisiones gerenciales. En el Ejecutivo hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar su financiación.

Ímpetus constantanes del 2002, entre, en la rama judicial el crecimiento del presupuesto ha sido del 32 por ciento, teniendo en cuenta el presupuesto para 2009 aprobado ya en primer debate, en el Consejo de la Judicatura del 8 por ciento, en la Corte Suprema de Justicia del 71 por ciento, estoy hablando de crecimientos en pesos constantes.

En el Consejo de Estado del 62 por ciento, en la Corte Constitucional del 38 por ciento, en los tribunales y juzgados del 37 por ciento, en la Fiscalía General de la Nación del 39 por ciento, en Medicina Legal del 68 por ciento.

En términos más populares les dije a los compatriotas en el Consejo Comunitario del pasado sábado que todos estos han sido incrementos por encima de inflación. Creemos que son unos incrementos bastantes considerables.

La justicia nos ha dicho que, en términos de participación en el presupuesto nacional se requiere mucho más, hemos dicho –seguramente- a todos nos falta. Hay que ir en ese proceso, pero no se puede invocar lo que nos falta para negar aplicar con más eficiencia el esfuerzo de los últimos años.

Por que a esto hay que sumarle el esfuerzo que se esta haciendo en construcción de las nuevas cárceles, el esfuerzo con la reinserción, el esfuerzo con los desplazados a lo cual me voy a referir más adelante.

El doctor Clavijo ha expresado a lo largo de los últimos días la preocupación de Anif sobre la posibilidad de que los conflictos laborales en lugar de que Colombia los resuelva los compre. Esa no es la decisión del actual Gobierno.

Nosotros, hemos hecho unos ajustes salariales en la justicia en aras de la equidad. Por ejemplo, se entendió por algunos que la Ley Cuarta, anterior a este Gobierno, obligaba una nivelación salarial en la justicia que algunos aprecian todavía no se ha dado, nosotros creemos que sí, que primero hubo una nivelación salarial que costó 704 mil millones anuales.

A este Gobierno se le reclamó, primero por los salarios de los magistrados de los tribunales. El Gobierno dijo: nosotros no aceptamos ese reclamo sobre la tesis de que no ha habido nivelación. Lo aceptamos sobre la tesis de que hay mucha distancia entre los salarios de los magistrados de las Altas Cortes y los salarios de los Magistrados de los Tribunales.

Se dictó el decreto 4040 de 2004, después vino un alegato semejante en relación con los ingresos de los jueces, teniendo como referencia los ingresos de los magistrados de los Tribunales. Vino algún alivio. Se dictó el decreto 3131 de 2005.

El doctor Luís Carlos Sarmiento nos traía la cifra de los administradores de Justicia. Un poco más de 4 mil, pero toda la rama tiene alrededor de 44 mil personas.

Están los empleados. Los empleados alegan tener una enorme distancia salarial en relación con los jueces, como lo mostró la Directora de Presupuesto, (Carolina Soto), el pasado sábado.

Los empleados de la Justicia tienen mejor remuneración que sus equivalentes en el resto del Estado, sin embargo aceptamos que es bajo. El Estado en estos niveles en la Nación especialmente, sigue siendo mal remunerado.

Para atender este reclamo de equidad, dictamos el decreto 2460 de 2006. Estos tres decretos en el presupuesto del año entrante cuestan 200 mil millones. Son gastos recurrentes.

¿Qué dicen los jueces y que dicen los empleados? Que no se ha cumplido con la nivelación. Si esta tesis hiciera carrera, no habrá dinero en el presupuesto nacional para cumplir con esa aspiración.

Ellos mismos estiman que la nivelación cuesta un billón 300 mil millones. El Gobierno considera que esa nivelación esta dada, pero el Gobierno acepta que hay unos casos de equidad que nos obligan a ir más allá en las reivindicaciones salariales de jueces y especialmente de empleados.

¿Qué hemos ofrecido? Primero ofrecimos 66 mil millones de este año, para jueces y empleados. 70 por ciento para las reivindicaciones de los empleados y 30 por ciento para las reivindicaciones de los jueces.

Segundo, 45 mil millones solamente para empleados. Aumentando la prima que habíamos creado en 2006. Cada día de incremento de la prima vale 3 mil millones de pesos.

Allí tenemos 111 mil millones. Nosotros no podemos ir más allá. Una de las normas de este Gobierno ha sido no crear, so pretexto del apaciguamiento, obligaciones que los gobiernos que nos sucedan no puedan cumplir.

Les hemos mostrado a nuestros interlocutores de la Justicia, con todo el cuidado, en un diálogo respetuoso, que nosotros nos tenemos espacio en el presupuesto para ir más allá.

Nos ha planteado el tema de los depósitos judiciales y el tema de los ingresos notariales. Y estamos buscando hacer una revisión.

En el tema de las tarifas notariales podríamos hacerla por decreto, no obstante que recientemente fueron reajustadas.

En el tema de los depósitos judiciales y del impuesto a los ingresos notariales, tendríamos que apelar a la Ley. Cualquier esfuerzo allí tiene que dedicarse a lo que llamaríamos una prima de productividad. Estaría condicionado a que se incremente la productividad en la justicia.

Yo creo que ahí empezaríamos a responder una, de eses conjunto de iniciativas valiosas para la reforma de la Justicia que acabamos de escucharle al doctor Luis Carlos Sarmiento.

Yo he expresado a mis compañeros de Gobierno que si la realidad es la que hemos visto, que no tenemos espacio presupuestal para ir más allá. Que lo que se puede hacer con los depósitos judiciales y con los ingresos notariales tiene que ir a una prima condicionada a la productividad, pues el Gobierno simplemente tiene que explicar una y mil veces a nuestros interlocutores de la Justicia, y a la opinión pública.

El Gobierno no puede so pretexto de terminar una huelga y de ganarse un aplauso, crearle mayores dificultades al presupuesto nacional, crearle mayores dificultades al futuro de las finanzas públicas.

Si algo necesita este país, es que los gobiernos, para salir de sus problemas, no le ‘chuten’ problemas mayores a quienes habrán de sucedernos. Por eso el Gobierno, conciente de estas dificultades ha tenido que aceptar las duras consecuencias del paro, en lugar de crearle más duras consecuencias a las finanzas nacionales.

Nosotros vamos a mantener aquí, una combinación de diálogo, de esfuerzo patriótico, de realismo. Nada de furias, pero tampoco nada de demagogia.

Yo prefiero que se queden en paro hasta el último día de este Gobierno a que me pongan a tomar decisiones irresponsables, que le hagan daño irreparable a las finanzas públicas.

Yo estoy de acuerdo que hay que hacer mayores esfuerzos en materia de descongestión. Por eso la idea de utilizar recursos de notarías y de depósitos judiciales es utilizarlos, pero condicionados a resultados de productividad.

En la Reforma a la Justicia que empieza a discutir el Congreso se propone la creación de una sala de Gobierno, integrada por los presidentes de las Altas Cortes y un magistrado adicional por cada Corte.

Esa sala de Gobierno tendría la competencia constitucional, sin tener que apelar a la Ley, de tomar todas las medidas necesarias para la descongestión de la Justicia.

La aspiración del Gobierno, con esta propuesta, es que esa instancia de las mismas Cortes, pueda adoptar, mediante reglamentos constitucionales, las medidas que nos permitan tener una Justicia más ágil, una Justicia más eficiente, superar el tema de congestión de la Justicia.

Pero vamos a seguir examinando, con toda la apertura, en este debate que apenas empieza en el Congreso, todas las iniciativas que nos ayuden a tener una justicia descongestionada, sin que necesariamente de ello dependa, de un esfuerzo presupuestal proporcional que no estamos en condiciones de hacer.

Me preocupa que de aprobarse esta reforma constitucional, necesita 8 debates, y entonces hay afugia por el entre tanto. Vamos a reunir, nuevamente, al equipo del Gobierno y le voy a pedir que escuchemos al doctor Luís Carlos Sarmiento y a Anif (Asociación Nacional de Institutos Financieros), a ver qué podemos hacer mientras se aprueba y se aplica la nueva reforma constitucional de Justicia.

El tema de desplazados

La semana pasada tuvimos una discrepancia con cifras internacionales. Por que las cifras que registran las instituciones gubernamentales en materia de desplazamiento son muy inferiores, a las que siguen registrando algunas instituciones internacionales.

No hemos podido parar totalmente el desplazamiento pero hay un gran descenso. Venimos de un desplazamiento de más de 400 mil personas en el año 2002, y en lo corrido de este año tenemos un desplazamiento de 120 mil personas.

El Gobierno cree que la única causa hoy no es el orden público. El país ha sufrido un fenómeno migratorio, rural–urbano desde los años 40, que es lo que nos obliga a tener un crecimiento más equilibrado de todas regiones colombianas.

Hemos multiplicado por 10 el presupuesto para atención de desplazados.

Estamos haciendo un gran esfuerzo. Hemos avanzado muchísimo en educación, en Familias en Acción y en salud.

El programa de Familias en Acción, como todos los programas de nuestra política social, este es un programa también estructural, no un programa paternalista.

Los sociólogos y los economistas suelen dividir la política social entre política social asistencialista y política social estructural.

La asistencialista es aquella que apacigua las afugias sociales sin crear posibilidades de cambios estructurales. La estructural abre caminos para que haya movilidad social.

Las políticas sociales nuestras giran alrededor de la educación. Por ejemplo, Familias en Acción este año completa 1 millón 700 mil familias, y que vamos a hacer el esfuerzo de llevar el Programa, a tres millones de familias.

Es un subsidio condicionado a que las familias acrediten que los niños están asistiendo al colegio, que se están sometiendo a las pruebas médicas. Ha mostrado el Programa una gran eficacia para disminuir la deserción escolar.

Le está dando a las familias pobres, la certeza de que sus hijos puedan estudiar, de que sus hijos no están condenados como sus padres a ser pobres, lo cual tiene que ayudar a abrir los caminos de movilidad social.

Todo programa social que abra caminos de movilidad social, que son de la esencia de la democracia, es un programa estructural y no asistencial.

Claro que tenemos un programa asistencial, el de los ancianos. Cuando este Gobierno empezó el país atendía 60 mil ancianos, hoy estamos, módicamente, atendiendo 837 mil, pero el país tiene 2 millones de ancianos pobres.

Hemos avanzado mucho, pero falta mucho. Por eso tenemos que seguir trabajando en estos programas.

En Familias en Acción, salud, educación, hemos avanzado mucho con los desplazados, nuestra gran dificultad es con vivienda.

El Gobierno tiene que contar en que va bien y dónde tiene atrasos y dificultades. Nuestra gran dificultad hoy es con la provisión de vivienda a los desplazados.

Qué faltan proyectos, qué el subsidio no alcanza, qué no hay el crédito para el cierre, qué no quieren vivir en tal parte, sino en tal otra.

Vamos a ver cómo somos capaces de tener más éxito, en la eficacia de la adjudicación de subsidios de vivienda, porque los adjudicamos, pero no se hacen efectivos, no se convierten en vivienda en el caso de los desplazados.

El tema de la Orinoquía. Escuche con toda la ilusión patriótica, ese panorama optimista que nos trae el doctor Luis Carlos Sarmiento, que lo comparto. Mientras él nos daba unas cifras, yo escuchaba esas palabras y trataba de recorrer con fascinación la geografía de esa porción de la Patria.

De la Cordillera Oriental, su pie de monte, al este norte y sur, la Patria tiene aproximadamente 640 mil kilómetros.

De estos hay 470 mil en selva, especialmente al sur de los ríos Vichada y Guaviare, que no podemos tocar. En el resto nos quedan unos 180 mil kilómetros de sabanas, pero allí hay unas tierras que hay que proteger porque es donde están los Morichales, esos nacimientos de agua también protegidos en el Oriente colombiano, y una pequeña porción en la cordillera Oriental.

Nosotros creemos que hay tiene el país una gran posibilidad, es una tierra ácida, pero corregible. Tiene muchísimos ríos que vienen de la cordillera Oriental y tiene unas lluvias de más de 2 mil milímetros por centímetro cuadrado de superficie al año, bastante bien repartidas, los periodos de sequía son cortos.

Pero en periodos de sequía cortos, la tierra se ve muy seca porque la capacidad de absorción de agua es muy poca, lo cual también es corregible.

Infraestructura, incentivos, tierras, resultados

Estamos empezando esfuerzos de infraestructura, pero insuficiente.

El primero, el Gobierno no había podido que los concesionarios recibieran la carretera de Bogotá a Villavicencio, hicimos un gran esfuerzo presupuestal, una gran inversión del presupuesto, la recibieron.

Ahora estamos en la idea de buscar como se convierte en doble calzada.

Si pudiera ser contra extensión de la concesión, magnifico; si necesitara recursos fiscales en los primeros años, yo le he dicho al Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, no se me ilusione, porque necesitamos las otras dos alternativas.

El Gobierno ha avanzado bastante en la carretera que baja del Sisga al Llano, pero ahora estamos abriendo la licitación, para concluir la rectificación y pavimentación de esa carretera.

Lo que vimos recientemente con el temblor de tierra en Quetame y los municipios vecinos de la ladera cundinamarquesa y del Meta, nos indican que es necesario tener las vías alternativas al Llano.

La otra es la carretera que baja de Sogamoso a Cusiana, ustedes habrán visto que hemos avanzado mucho en la doble calzada Bogotá–Tunja– Sogamoso, es una realidad. Ahora estamos abriendo la licitación para mejorar la carretera y pavimentar los kilómetros que faltan, después de rectificación, entre Sogamoso y Cusiana, sería la otra vía alterna al Llano.

Hemos avanzado mucho en la pavimentación de la carretera de Tame a Arauca, nos faltan unos pocos kilómetros. Y estamos abriendo la licitación para repavimentar unos trayectos de Villavicencio a Yopal, que se han deteriorado.

Llegando ya al Llano, vamos a concluir la pavimentación entre Puerto López y Puerto Gaitán y entre Granada y San José del Guaviare.

Entre Puerto Lopez, Puerto Gaitán son 130 kilómetros. Hace mes y medio estuve allí y me dijeron Presidente muchas gracias, ya no faltan sino 20 kilómetros.

Hemos sorteado muchas dificultades, pero me dijeron: se sale uno de esa carretera y lo que encuentra son esos caminos de herradura.

Entre Granada y San José del Guaviare, 230 kilómetros, nos faltan 30, vamos a concluirlo, pero ocurre lo mismo.

Entonces allí hay un esfuerzo muy grande para el presupuesto, muy pequeño para las necesidades de la zona.

Yo estoy de acuerdo, el país tiene que planificar cómo sigue con esa infraestructura vial de Puerto Gaitán a Puerto Carreño. Me parece difícil es avanzar después de San José del Guaviare.

Yo creo que allí deberíamos poner el punto final, porque avanzar con esa carretera es crearle otro riesgo adicional a la selva.

Estamos ya en las primeras inversiones para recuperar la navegabilidad del río Meta, creemos que todo el desarrollo agroindustrial del Oriente colombiano tiene en la navegabilidad del río Meta, una gran posibilidad.

Hemos avanzado mucho en electrificación, los municipios de la antigua Zona de Despeje han visto un gran avance, en los últimos tiempos, en materia de electrificación.

Los incentivos tributarios han operado, cuando a mi me preguntan los compatriotas ¿y qué hace el Gobierno para que haya confianza inversionista en Colombia? Una respuesta elemental es esta, es un Gobierno garantista de la inversión privada, ningún foro colombiano puede dar eso por descontado.

El constitucionalismo que estamos viendo en la región, es una amenaza a la inversión privada.

Muchos países de la región quieren hoy afectar la confianza a la inversión privada, asumen una posición hostil a la inversión privada y la remplazan por el monopolio estatal.

Nosotros tememos mucho. Allí tiene que poner mucho cuidado Colombia, para evitar esos contagios.

Esos monopolios estatales fracasados en el mundo, para no hablar de los fracasos de los monopolios estatales en América Latina a fin de no crear irritaciones.

Uno se puede referir a la circunstancia del colapso de la Unión Soviética, del traslado de la China de Mao Tse Tung, a la de Deng Xiao Ping y a la caída del Muro de Berlín.

La historia no ha contestado porque se dieron esos fenómenos, sí se dieron por falta de libertades o se dieron por falta de calidad de vida.

Muchos se atreven a pensar que la variable más incidente fue la falta de calidad de vida. Por las rendijas del Muro de Berlín los alemanes del Este veían la prosperidad del Oeste y sufrían su propio atraso.

En la Unión Soviética se experimentaba un gran avance armamentista pero un gran retroceso en la calidad de vida por la obsolescencia y la corrupción de los monopolios estatales.

Y un fenómeno parecido, obligó a Den Xiao Ping a decir que China tenía que aprender a combinar la economía centralmente planificada con la economía de mercados.

Nosotros tememos mucho que los monopolios estatales, que desalojan la creatividad de la inversión privada, le hagan un enorme daño a América Latina. Y por eso en Colombia tenemos que volver por los fundamentos, por las lecciones elementales de la política. No podemos dar por descontado que hay todas las garantías a la inversión privada.

Los fenómenos del continente nos traen luces de peligro. Y uno se preocupa mucho por lo que pueda pasar en el vecindario. Se estanca la producción de petróleo, ya no hay incremento de precios, porque eso es tan impredecible. Se destruye toda la producción diferente a la de petróleo. No hay inversión. Puede haber además un estancamiento en crecimiento, un gran retroceso, con un gran daño a pueblos hermanos y un impacto negativo en Colombia.

Creo que lo que está pasado en el vecindario nos obliga a nosotros a ser muy, muy cuidados en esta materia.

Yo leo otra constitución más reciente. Dice que el capital privado no puede participar sino como minoritario en los servicios públicos. Y algunos interpretan que esa constitución también declara servicio público a los medios de comunicación. ¿Entonces qué va a pasar con las libertades?

Todos los países han venido reconociendo que el tema de los servicios públicos es un tema tan acuciante, que necesita superar los viejos fundamentalismos ideológicos y permitir la presencia del capital privado.

Sin embargo, esas nuevas constituciones arrinconan al capital privado en servicios públicos. Y con el ánimo de que el Estado asuma control en los medios de comunicación, entonces también extienden el concepto del servicio público a los medios de comunicación, para llegar a la conclusión de que allí sólo se permitirá una participación minoritaria del capital privado. Tenemos que estar atentos a esos riegos y cuidarnos muy bien.

Mejoría de indicadores fiscales

Colombia ha venido mejorando, para estimular la inversión, los indicadores fiscales.

En endeudamiento ha pasado de 47 – 48 al 27. Si no tuviéramos a Ecopetrol por fuera de las cuentas nacionales, estaríamos en el 25. Vamos a hacer todo el esfuerzo para terminar 2009, a pesar de estas dificultades de la economía mundial, con la misma masa absoluta de endeudamiento con que terminamos este año: 149 billones.

El déficit fiscal, el que más importa, el del Gobierno Nacional central, ha pasado del 7,5 al 3,2. ¿Por qué digo 7,5? Porque en las cuentas nacionales de 2002 estaba en 6,2. Pero esas cuentas nacionales no sumaron lo que se hizo presente a partir de 2003: la necesidad de una transferencia anual al Seguro Social.

En este año que concluye esa transferencia vale 6 billones 400 mil millones. El año entrante vale más de 7 billones.

Así y todo, hemos reducido ese déficit del Gobierno Nacional Central al 3,2. Tiene dificultades.

El presupuesto nacional el año entrante tendrá que pagar 22 billones en pensiones. Más del 5 por ciento del PIB.

En América Latina el gasto en pensiones es un gasto del 2, 5. Aquí solamente en el Gobierno Nacional es más del 5. Y eso no le estamos sumando las pensiones que paga Ecopetrol, Colombia Telecomunicaciones. A eso no le estamos sumando las pensiones de los departamentos, de los distritos, de los municipios.

Si alguna responsabilidad social ha tenido Colombia es la responsabilidad social pensional. En muchos países de América del Sur la inflación sin reajustes pensionales deterioró totalmente la capacidad adquisitiva de las pensiones. En Colombia eso no ha sucedido. Pero haber cumplido con esa responsabilidad social nos ha implicado un alto esfuerzo presupuestal.

He ahí una de las inflexibilidades que tiene hoy, que sigue teniendo nuestro presupuesto. Y las proyecciones indican que no empezarán a ceder hasta más allá del año 2016 – 2017. Razón por la cual en la última reforma constitucional, tan controvertida, extendimos hasta esa fecha el periodo de transición para transferencias a las regiones.

Algunos dicen que pudiéramos avanzar más en la reducción del déficit fiscal si suprimiéramos algunos gastos, por ejemplo, el de Familias en Acción. Pero quiero compartir una reflexión con ustedes.

Colombia es un país con menos conflicto social

Colombia es un país con mucha controversia política, pero proporcionalmente con menos conflicto social. Hay que pensar en el futuro y en la estabilidad. ¿Qué es mejor para la estabilidad? ¿Qué es mejor para el futuro? ¿Ir reduciendo más y más el conflicto social? ¿O por acelerar la llegada del equilibrio, permitir que crezca y explote el conflicto social y que nos cree todo un marco de inestabilidad?

Yo veo otros países de la región con unos indicadores macroeconómicos muy buenos, pero con una incertidumbre política para el inmediato futuro muy grande. ¿Para qué les sirve esos magníficos indicadores macroeconómicos?

Sería mejor que tuvieran unos indicadores macroeconómicos menos buenos, más política social, menos controversia social, y más estabilidad y más certeza para el inmediato futuro. Esa es una reflexión que quiero compartir con ustedes.

Sí. Nosotros le podemos quitar el año entrante un billón a Familias en Acción y eso nos ayuda en materia de gasto público. ¿Pero qué pasa en el conflicto social? Y es en una época de dificultades cuando más hay que entrar a proteger a los sectores sociales de la Nación.

Estas inversiones sociales las hacemos pensando en que Colombia necesita construir cohesión social, como una de las garantías para la política de confianza inversionista. En ausencia de cohesión social, es muy difícil crear el marco de garantías para que haya confianza inversionista en un país.

Reforma del Estado

Cuando se analiza el gasto público no se puede perder de vista que este Gobierno ha reformado 411 entidades del Estado. Unas reformas difíciles, apreciados compatriotas, contra radicalismos ideológicos.

Aquí algunos sectores políticos del establecimiento y la oposición radical se opusieron hasta última hora al acto legislativo de transferencias, que simplemente las racionalizó. Dijimos: no podemos volver a la Constitución del 91. Se opusieron hasta última hora al acto legislativo que elimina los privilegios pensionales. ¿Qué sería de las de las proyecciones pensionales en Colombia hoy sin ese acto legislativo?

Si ustedes me hubiera preguntado hace seis años: ¿van a hacer la reforma de Ecopetrol?, les había dicho: la laboral y la pensional las vamos a intentar. La de capitalización no habría sido capaz de anticiparla. ¿Por qué? Porque conocemos esos radicalismos ideológicos. Su capacidad que tienen de obstruir el proceso reformista. El temor que generan. Sin embargo, se hizo la capitalización de Ecopetrol. Y en un marco de América Latina muy difícil.

Porque en América Latina hoy prevalece la tesis de que en estos recursos no puede haber inversión privada. Aun el Gobierno de México, que tiene la idea que necesita inversión privada en petróleo y en energía en general, no ha podido superar los obstáculos políticos para darle alguna vía a la participación de la inversión privada. En Colombia lo hemos hecho. Hemos reformado 411 entidades del Estado.

Acabo de firmar el decreto para reformar un conjunto de clínicas del Seguro Social, que nos hace falta, las clínicas del sur del país. Hemos reformado las de la Costa, las de Bogotá.

Si ustedes van hoy a la clínica del Seguro Social de Santa Marta, encuentran una clínica de excelencia, ya no manejada por esa vieja mezcla entre politiquería entre excesos sindicales sino por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.

Espero invitar al Alcalde de Bogotá y al Gobernador de Cundinamarca, en diciembre, a ver las clínicas del Seguro Social en Bogotá. Eran un desastre, como eran las de mi tierra. Yo siempre puse como ejemplo las mi tierra. Dije: ¿por qué hay que reformarlas? Porque son muy buenas para los excesos sindicales y para la politiquería y muy malas para los pacientes.

Mientras en otras clínicas la gente es muy bien atendida, allí los pacientes permanecían arrumados en los pasillos. Y para allá iban las de Bogotá. Las de Bogotá las liquidamos, contra todos esos los obstáculos ideológicos, y se las hemos entregado a una entidad formada por la Caja de Compensación Compensar, la Universidad del Rosario y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios.

Diría que hemos pasado del desgreño estatal a la eficiencia social. Y confío que eso dé muy buenos resultados. Y esto empieza a dar unos resultados fiscales extraordinarios.

El ahorro en estos años, en gasto fiscal, gracias a estas reformas, es de 6,28 del PIB. ¿Qué sería del Estado para pagar las pensiones de Telecom si no hubiéramos hechos la reforma hacia Colombia Telecomunicaciones? Vamos a continuar ese proceso reformista.

Incentivos tributarios

Y en el tema de los incentivos tributarios, me encantó oír al doctor Luis Carlos diciendo que los debíamos profundizar. Porque cuando apenas están empezando a dar resultados, hay voces en el país que dicen que hay que quitarlos, que necesitamos nuevas reformas tributarias y que hay que eliminar los incentivos.

Es bueno decir esto: nosotros no hemos rebajado los impuestos para todo el mundo, hemos dado incentivos a la inversión. No tenemos una legislación tributaria como habríamos querido: totalmente simple. Pero sí muy estimulante de la inversión. Ha ayudado mucho a que aumente la tasa de inversión en Colombia.

Para el desarrollo de la Orinoquía, uno encuentra allí la aplicación de varios de estos incentivos tributarios. Para los biocombustibles: no pagan IVA, ni impuesto global al combustible. Para cultivos de tardío rendimiento, que le sirven de fuente. Palma africana: durante los primeros diez años del periodo productivo, no paga renta y complementarios. Para el caucho, por ser un cultivo de tardío rendimiento, tiene el mismo beneficio.

La madera volvió la exención tributaria. El país iba bien en materia de reforestación, pero quitaron los incentivos en una reforma tributaria de 1974 y creció la violencia. Y mientras Chile llegó a casi tres millones de hectáreas de reforestación comercial, Colombia se quedó en 120 mil. Ya estamos llegando a 260 mil. Está empezando.

Que esos proyectos empiecen, toma tiempo. Por eso es muy importante oír que por lo menos se mantengan los incentivos tributarios. No los vamos a echar para atrás, so pretexto de que son regalos a los ricos, como se dice en el discurso político, y que el país necesita una nueva reforma tributaria. El país necesita de estabilidad tributaria. El Gobierno prefiere aplazar inversiones, que entrar a presentar nuevas reformas tributarias.

Nosotros creemos que una prioridad nacional hoy para dar confianza inversionista, es garantizar estabilidad tributaria, apreciados compatriotas.

Para todo el desarrollo de la Orinoquía, creo que el tema de incentivos tributarios es muy indicado. Y a eso se suma la nueva ley que nos permite firmar los pactos de estabilidad a 20 años con el sector privado.

¿Qué problema encontramos allí? Una ley, dicen, restringe la titulación de tierras en la Orinoquía colombiana. La restringe en función de unidades agrícolas familiares. Entonces el Estado hoy no puede titular sino mil, mil quinientas, dos mil hectáreas. Y hay proyectos de 50 mil hectáreas. Tema no fácil de resolver.

¿Qué está buscando en este momento el Ministro de Agricultura con Incoder? Está buscando una alternativa en la ley, a pesar de que ya surgió la discusión, que por vía excepcional permitiría hacer adjudicaciones mayores ante proyectos que se consideren de importancia estratégica para el país. Vamos a ver cómo lo logramos.

Pero también quiero invitarlos a lo siguiente: Colombia tiene una institucionalidad muy sólida en contratos de asociación. Lo hemos visto en el sector cañicultor, en el sector de madera. Lo empezamos a ver en el sector de palma africana.

A propósito, en este Gobierno la palma africana ha pasado de 175 mil hectáreas y este año debemos terminar con 400 mil. Y ha sido apoyada por la seguridad democrática, por los incentivos tributarios. Y a los campesinos se les ha apoyado con el certificado de inversión rural, que representa el 40 por ciento del valor de la instalación del cultivo.

Estamos llegando a 400 mil hectáreas. Es un buen avance, pero el país tiene un potencial mucho mayor. Con un problema que tenemos en Tumaco, porque allí se nos ha presentado una reducción del hectariaje, por un hongo que produce pudrición. Afortunadamente los últimos hallazgos ya permiten a los científicos, los científicos dicen que ya han aislado el hongo, y le están buscando medicina. Y estamos promoviendo en el área de Tumaco unos híbridos más resistentes a este hongo que genera la pudrición. En ese tipo de cultivos el país va bien.

Hace unas semanas, cuando hubo el accidente de las canecas de cianuro en el río Magdalena, tuve la oportunidad de visitar esos municipios del otro lado del río, al frente de Barranca y al frente de Wilches. Ahí hace cinco años no había sino guerrilla, paramilitares, coca y pobreza.

Eso no está convertido en un paraíso, dificultades hay, infraestructura apenas la estamos empezando a hacer, pero ya hay 18 mil hectáreas de palma africana, sin que se haya cambiado la propiedad de la tierra. Un gran sistema de integración entre campesinos entre campesinos propietarios e inversionistas, industriales y capitalistas.

Mi invitación es a que busquemos en el llano unos acuerdos entre los inversionistas y los dueños de tierra. La legislación en Colombia para eso es muy afortunada y se pueden aplicar todas las garantías de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno seguirá, a través del Ministerio de Agricultura, buscando como se excepciona esa limitación de adjudicación por una unidad agrícola familiar, en los casos en que haya proyectos de gran importancia.

Tenemos allí para ensayar dos núcleos: Carimagüa y Marandúa. Creo que hubo una prevalencia del discurso político sobre la razón en el caso de Carimagüa.

Ahora se ha hecho un acuerdo con Ecopetrol. Ecopetrol va a ir lentamente haciendo unos ensayos, y creemos que eso sale adelante. Eso es bueno para todo el mundo, para el país, para Ecopetrol, para los desplazados. Entra Ecopetrol a poder hacer unos desarrollos donde hay 20 mil hectáreas, sin tener que comprarlas, porque uno de los temores de llegar a comprar tierra, que ya se ha visto en el Llano, es que inmediatamente dispara su precio.

Ya tenemos partes del Llano donde la tierra ha pasado a valer 100 mil pesos la hectáre, a valer millón y medio, a valer dos millones de pesos la hectárea.

Entonces es bueno también que los proyectos no se tengan que afincar allí exclusivamente sobre la adquisición de tierras.

Y el Gobierno, la Fuerza Aérea, tiene en Marandúa, cerca de 80 mil hectáreas. Hemos estado allí abiertos a las propuestas del sector privado para hacer alianzas estratégicas a fin de que se puedan llevar a cabo desarrollos, con todas las potencialidades productivas del Llano.

Otros incentivos

Los incentivos diferentes del incentivo tributario: el incentivo a la capitalización rural, los incentivos a la producción de alimentos, Ley Agro Ingreso Seguro, etcétera, combinados, están produciendo un proyecto muy importante, que va para 47 mil hectáreas, ya tiene 10 mil, es un proyecto de maíz, soya, integrado en la cadena avícola y porcícola.

Fabuloso, quisiera a invitarlos a todos ustedes a que lo conozcan

¿Qué hemos visto allí? Primero, han llegado a unos sitios donde no podían llegar, gracias a la seguridad democrática. Se han instalado en unas tierras, que son las tierras típicas del llano, con una ley de ondulación, donde no hay inundación y en donde escurre. Han roto la tierra. En lugar de echarle una tonelada de cal por hectárea, le han aplicado cinco, como en el cerrado del Brasil.

Usted nos recordaba en su intervención, doctor Luis Carlos, el cerrado de Brasil, allá están los técnicos de Embrapa en este proyecto, la entidad de de Desarrollo Agropecuario del Brasil. Apenas encalan para corregir ese PH tan deficiente en el llano, como en tantas tierras colombianas. Siembran un pasto que tiene una raíz muy fuerte, que es la braquiaria. Eso ayuda a romper el suelo, pero no se lo dan la ganado. Enseguida lo queman con un agroquímico para que se descomponga y produzca materia orgánica. Después siembran maíz sin voltear la tierra. En lugar de afectar la capa que es pequeña, la cuidan mucho y la manejan con una siembra de precisión sin ararla, sin rastrillar.

Primero fue siembra en soya, porque la soya ayuda a nitrogenar, y es sorprendente. Están alcanzando producciones por hectárea iguales a la de Argentina, que es un suelo privilegiado, el suelo de Argentina.

Después viene la siembra de maíz, también siembra directa, y ahora han recogido cosechas con siete toneladas por hectárea, pero dicen que van para 11. Allí hay una cosa prodigiosa.

Veo dos obstáculos hoy: el que nos hace falta más infraestructura, pero tenemos toda la voluntad para avanzar con ello, y el de las unidades agrícolas familiares.

Vamos a ver este último cómo lo podemos resolver, pero comparto plenamente su opinión, doctor Luis Carlos, sobre ese panorama promisorio que allí tiene la patria.

El tema de inflación

Ha habido otras preocupaciones de Anif. El tema de inflación. El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo en alimentos y en petróleo. Diría que el resultado de alimentos este año es bueno. El último trimestre mostró 3,7 de crecimiento, porque hubo un gran decrecimiento de café.

El café decreció seis puntos porque la cosecha del primer semestre fue muy mala, porque los aguaceros tumbaron la florescencia. Pero en palma africana, en maíz, en arroz, en fríjol, hubo unos crecimientos muy buenos. Y el sector avícola sigue creciendo velozmente.

A eso han confluido varios elementos: la Seguridad Democrática, los estímulos estructurales, como la Ley Agro Ingreso Seguro, y los incentivos tributarios. Pero también los estímulos coyunturales.

Este año, para poder estimular la producción, el Gobierno ha hecho estos esfuerzos: primero, ha eliminado el arancel a los agroquímicos. Pero, ¡oh, paradoja! Eso nos ha costado en el recaudo.

El recaudo de los dos últimos dos meses nos ha querido consumir el superávit de recaudo que habíamos acumulado. En parte por la eliminación de esos aranceles

¿Cuál es la paradoja? Para el Gobierno eso tiene un gran costo fiscal y los productores dicen: es tanto el incremento a los insumos agropecuarios, que no hemos sentido ese alivio.

Además hemos pagado sobreprecios. Para la cosecha de maíz del primer semestre, se paga un sobreprecio con cargo al presupuesto nacional de 30 mil pesos por tonelada. Para la cosecha del segundo semestre, de 50 mil. Para fríjol, en zonas de renovación cafetera, un sobreprecio de 150 mil pesos por tonelada.

Tenemos dedicados alrededor de 30 mil millones para pagar incentivos de almacenamiento de arroz e incentivos de almacenamientos de leche.

Creo que han venido aumentándose la producción de alimentos, ha habido una buena respuesta, y el último mes lo mostró. Sin embargo, a mí me sorprendió gratamente que la inflación de alimentos en el último mes hubiera caído 1,24. Porque veíamos un panorama de incremento de la producción, pero con precios elevados por el costo de los insumos.

Ojalá esto que ha pasado ahora en el petróleo, traiga un efecto correlativo en el precio de los insumos agropecuarios. No obstante que hay algunos que no dependen del petróleo. Son hermanos de él, pero no dependen de él, como son los fosfatos y el potasio.

En materia de petróleo

Nuestro gran esfuerzo es el autoabastecimiento y poder mantener unos excedentes exportables. Hemos pasado de explorar 10 pozos en 2002, el año pasado se exploraron 76. Este año se exploran más de 100.

La autosuficiencia estaba garantizada hasta el año 2008. El Ministro, con los nuevos hallazgos, dentro de poco la garantizarán hasta el 2017. Tenemos muchos pequeños hallazgos, todavía no hay hallazgos grandes. Pero creemos que con este ritmo de exploración en algún momento tiene que llegar.

Nosotros estamos haciendo una inversión enorme en refinerías. Solamente la Refinería de Cartagena, producto de la reforma administrativa, de la cual son socios Ecopetrol y Glencor, de Suiza, tiene una inversión de 3 mil millones de dólares. Y la inversión en la Refinería de Barranca, más adelantada, es una inversión también de cifras cuantiosísimas.

Quiero registrar avances en carbón, en biocombustibles y avances en generación de energía. El país ha pasado estos años de exportar 32 – 34 millones de toneladas de carbón, este año exporta más de 80.

No producíamos un litro de biocombustibles, este año debemos concluirlo produciendo un millón de litros de alcohol carburante a partir de caña de azúcar, y un millón de litros de biodiesel, a partir de palma africana.

Ha ayudado mucho el tema de zonas francas.

Cuando leo al doctor Clavijo que dice que ve en piedra al sector financiero, pero no ve en piedra al sector productivo, digo: le tengo que dar una llamadita, porque a pesar de que hay desaceleración, tenemos 37 Zonas Francas aprobadas recientemente, en un país que tenía 11, y que apenas están empezando a instalarse.

Creo que esa es una garantía de ensanche del sector productivo en momento de dificultades, y muchas de ellas son agroindustriales, industriales y de servicios.

Creo que solamente eso demuestra que, a pesar de que estamos viviendo esta desaceleración -que ojalá no se nos convierta en recesión-, mantenemos una tasa de inversión que es garantía a futuro.

A mí me sorprendió que a pesar de la desaceleración, este año la tasa de inversión ha seguido creciendo. Un país que la tenía entre el 12 y el 14, la ha subido al 21, al 24, al 25, y ahora está entre el 27 y medio y al 28 y medio.

Ahí tenemos que hacer el esfuerzo. Si a mí me preguntaran mis compatriotas (claro que no soy el indicado para dar esas respuestas, yo soy metido de economía, no soy economista, son un osado al discutirle al doctor Clavijo), pero si a mí me preguntaran los compatriotas: ¿Y el Gobierno que piensa en esa materia? ¿Cuál es la prioridad?, diría: sostener la tasa de inversión. Es fundamental.

En eso de biocombustibles vamos bien, ahí tiene el país un gran futuro y están aprovechando bien las Zonas Francas. Por ejemplo, las Zonas Francas Agroindustriales permiten que los requisitos de empleo se cumplan, sumándoles a los empleos de la planta industrial, los empleos de los cultivos.

El país tenía once Zonas Francas en toda su vida. Y creo que algo importante este año que muestra la confianza en el país es la adjudicación de nuevas áreas para buscar petróleo y la adjudicación de nuevos proyectos de generación de energía.

Nuevas áreas para buscar petróleo. Se han adjudicado 12 millones de hectáreas, 8 bloques. Cuando nosotros llegamos el país apenas tenía un 13 por ciento explorado. Estamos haciendo el esfuerzo de aumentar muchísimo la exploración en hidrocarburos y en minería.

Y en nuevos proyectos de generación de energía, otra cosa promisoria, porque también hay que hablar de lo promisorio en momentos de dificultades.

Ustedes recuerdan cuánto costaron las represas del pasado. El endeudamiento del sector eléctrico llegó a representar el 27 por ciento del endeudamiento público del país, hoy representa el tres.

El país tiene 13 millones y medio de capacidad de generación instalado. Este año hemos adjudicado proyectos para generar otros cuatro millones de kilovatios, sin comprometer un peso del presupuesto y sin comprometer el endeudamiento público. Todo con empresas independientes.

¿Por qué? Porque tienen confianza para invertir en Colombia; porque se pueden instalar como Zonas Francas; porque los equipos que cuestan muchísimo, gracias a Zona Franca, se pueden traer sin arancel y sin IVA; porque no van apagar sino un 15 por ciento de tasa de renta; porque tienen la posibilidad de hacer un convenio de estabilidad de reglas de juego con el Estado a veinte años, y porque sin comprometer los ingresos del presupuesto, creamos el sistema de cargo por capacidad.

Cualquier proyecto de estos, instalado, en condiciones de generar, por la sola circunstancia de poder despachar energía, así no la esté despachando, tiene derecho a un pago por capacidad instalada, cuya fuente es el sistema tarifario. Para nada afecta el Presupuesto de la Nación.

Entonces veo que allí vamos avanzando en este tema de dotar al país de generación de energía de diferentes fuentes, a ver cómo superamos este problema del petróleo.

El precio del combustible, y su incidencia en la inflación. Claro que ha incidido, ha subido enormemente. Los colombianos han tenido que soportar un incremento en precio del combustible enorme.

Pero es que, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Cuando nosotros empezamos el petróleo estaba entre 22 y 26 dólares, tocó picos de 146, esta mañana estaba a 91. Ojalá se estabilizara en algo razonable.

Nosotros hemos tenido el propósito político de desmontar el subsidio. Eso ha implicado un enorme esfuerzo en precio interno. ¿Hoy qué tenemos? El precio que hoy pagan los colombianos en el surtidor, es equivalente a petróleo a 80 dólares.

Todo lo que se ponga por encima del 80 dólares es subsidio a cargo del Estado, algunos me dirán que no, porque hacen la cuenta simplemente de llevar el precio del galón del surtidor a barriles de petróleo.

Pero es que en el surtidor hay que pagar el margen de contribución de la estación, el transporte, la refinería; y hay que pagar los siguientes impuestos: sobretasa para departamentos y municipios, son dos: IVA e impuesto global al combustible.

Y hay que pagarle al productor, bien sea Ecopetrol o el asociado o el independiente, un precio equivalente al precio en el Golfo de México, más los costos que implica ponerlo en el país.

Pues bien, nosotros hemos congelado la base de liquidación de esos impuestos, para mitigar el impacto sobre los colombianos.

Hoy a los municipios les estamos liquidando la sobretasa y le liquidamos el IVA la Nación y el impuesto global a la nación, asumiendo que el petróleo está a 80 dólares. Allí lo congelamos, cuando venía en esa escalada que lo llevó a 146.

Para mitigar el impacto, el alza del petróleo sobre la inflación, la decisión que hemos tomado es la siguiente: vamos a mantener el mismo plazo para desmontar subsidios, esté el petróleo a 90 dólares o a 120. El mismo plazo.

Entonces, si en lugar de estar a 120, está a 91 y el plazo es el mismo, las alzas pueden ser menores mes a mes. Es una decisión que se ha tomado para mitigar esto y contribuir al control de la inflación.

Tasa de cambio

La tasa de cambio nos costó mucho: en el primer semestre nos costó 614 mil millones para proteger empleos. Y viene la discusión, porque muchos decían: ‘¿Porque subsidian esos sectores? Déjenlos quebrar’.

Son sectores que han hecho un inmenso esfuerzo en productividad. Lo que pasa es que no lo pueden convertir en competitividad por tasa de cambio.

A uno le da mucho miedo que se quiebren los floricultores. ¿Qué hace Bogotá con 100 mil mujeres, madres de cabeza de familia, que trabajan en el sector de flores en los alrededores de la ciudad?

Entonces, proteger estos sectores, para proteger el empleo, nos costó 614 mil millones en el primer semestre.

Hemos hecho unos ajustes, sin fundamentalismo aperturista, sin fundamentalismo proteccionista. Tratando de equilibrar productores con importadores, oferta con demanda, intereses de quienes venden, con intereses de los vendedores. Vamos a ver cómo nos va mejor este segundo semestre.

¿El Gobierno por qué aboga? El Gobierno le teme a la revaluación y le teme a la devaluación. El Gobierno aboga por una tasa de cambio estable, en un nivel competitivo. Estas volatilidades preocupan muchísimo.

El recaudo

Ya les di una noticia: cómo se nos ha afectado por estos apoyos en los últimos dos meses. Lo que pasa es que habíamos logrado un superávit de más de 600 mil millones en el recaudo en lo acumulado del año, y lo hemos consumido en los últimos dos meses.

¿Qué vemos para el recaudo el año entrante? Revisado el sector financiero y el sector industrial, los fundamentos del recaudo del año entrante parecen dar signos de tranquilidad. Lo digo con optimismo, pero con prudencia.

Hemos revisado el comportamiento de los grandes contribuyentes en estos primeros meses, y nos dan signos de tranquilidad para el recaudo del año entrante.

Sector financiero

El sector financiero, ustedes lo conocen. Creo que el sector financiero colombiano hoy le tiene que dar un parte de tranquilidad a los compatriotas. Antes teníamos una protección del 39, hoy del 112, del 110. Creo que esa es una muy buena señal.

El sábado decían: para financiar la justicia, un impuesto al sector financiero. Creo que el sector financiero también nos va a tener que ayudar repitiéndoles a los colombianos qué hacen en materia de responsabilidad social. No creo que convenga una antipatía popular por el sector financiero. Yo procuro, semana a semana, en Banca de Oportunidades, destacar cómo nos ayudan los bancos privados en esto. Pero tenemos que avanzar mucho más.

Todo crédito a una microempresaria colombiana, proveniente de un banco privado, es construcción de cohesión social en la Patria. Hemos explicado también a nuestros casuales interlocutores o a nuestros críticos, que el sector financiero paga tasa plena de renta. El sector financiero ha sido un gran contribuyente del impuesto de Seguridad Democrática, que estoy de acuerdo con el doctor Luis Carlos (Sarmiento), ese tipo de impuestos no se deben convertir en impuestos recurrentes, son excepcionales para momentos excepcionales de la vida nacional.

El sector financiero no puede gozar del beneficio de las zonas francas, del que sí pueden gozar otros: sector de los servicios, sectores productivos, sectores industriales, sector de agroindustria.

Contarle al país que en esta crisis el sector está bien, no sobra. Que los ahorradores colombianos pueden estar tranquilos.

El tema de competitividad

A mí me preocupa que salen unas cifras malas y otras buenas. Durante dos años seguidos nos hemos ganado la mención de Doing Business del Banco Mundial. La acabamos de ganar nuevamente, nos pone en el puesto 53.

Nosotros creemos que el Gobierno nunca se puede declarar satisfecho. Este es un país con muchos problemas. El Gobierno no puede tener más de cinco minutitos de alegría, por ahí cuando hay una cosa buena. Yo les dije a los de la ‘Operación Jaque’: no gocen más de cinco minutos, que los problemas son muchos.

Pero a mí sí me preocupa esa discrepancia entre algunos indicadores de competitividad y el Doing Business. Ahora, ya empezamos a trabajar para el año entrante, le dije al Ministro Plata (Luis Guillermo, de Comercio, Industria y Turismo): ahora, tomemos las variables que debemos mejorar y las ciudades que siguen rezagadas, a ver si en 2009 somos capaces de ganarnos el Doing Business del Banco Mundial por tercer año consecutivo.

El tema laboral

El doctor Clavijo ha sido uno de los colombianos más insistentes en que eliminemos los parafiscales. Yo les voy a decir, respetuosamente, por qué creo que no. Uno no puede mirar la legislación laboral del país a la luz de hoy. Hay que mirar la película, pero también hay que hacer comparaciones.

Antes de mirar la película. Cuando a mí me preguntan cosas buenas para invertir en Colombia, entre muchas, destaco cuatro. Digo: Colombia es un país de una gerencia excelencia, la reconocen en todas partes; una clase trabajadora con una gran capacidad de asimilar nuevas tecnologías. Colombia es un país en el cual el inversionista encuentra con quien adelantar sociedades. Ayer, por ejemplo, trabajábamos con los japoneses para hacer rápidamente el acuerdo integral de asociación económica de Japón, y se reconoce eso: Colombia es un país en el cual hay un magnífico universo humano para encontrar socios.

Diría que Colombia tiene hoy una legislación laboral muy equilibrada. Una legislación laboral con suficiente flexibilidad para enganchar y desenganchar, y con suficientes garantías de estabilidad. Diría que es buena también por otra razón: mientras los empleadores dicen que es muy costoso despedir, los trabajadores dicen que es muy barato. Referidos ambos a la tabla de indemnizaciones, una especie de distribución equitativa de la inconformidad, de Santa Teresa.

Pero la legislación laboral colombiana, cuando uno la compara hoy con el continente, es una legislación que estimula a invertir, que estimula a construir fraternidad. Uno no puede pensar en manejos laborales de odio de clases ni de capitalismos salvajes. Ambos han hecho mucho daño. Quienes asistimos a la universidad pública en los 70’s, sabemos el daño que a este país le hizo todo lo que se infundió allí de odio de clase.

La película: para proponer las nuevas reformas laborales no podemos olvidar lo que ha ocurrido. Yo les pregunto a los mayores de esta reunión: ¿qué habría sido del país si en 1990 no eliminamos la retroactividad de las cesantías? Las dificultades que eso trajo: a mí todavía me gritan por ahí algunos: usted, con la Ley 50, acabó con la retroactividad, con los ahorros de los trabajadores. Eso sí que es muy difícil. Y eso iba a quebrar a la empresa privada y arruinar a los trabajadores.

Las empresas privadas temían muchísimo invertir y los ahorros de los trabajadores quedaban convertidos en créditos de papel. Se quebrara una empresa y no había con qué pagar lo que habían acumulado en la contabilidad. Eliminamos también la cláusula de estabilidad para trabajadores con más de 10 años, que lo único que había hecho era generar inestabilidad.

Veamos la otra reforma, la que dirigió nuestro Ministro Juan Luis Londoño (que en paz descanse) en diciembre de 2002. Hasta hace poco estuvo subjúdice en la Corte Constitucional. En buena hora la Corte Constitucional la declaró exequible. Racionalizó los recargos, racionalizó el contrato de aprendizaje. Eso ha permitido que en lugar de tener 20 mil aprendices tengamos casi 100 mil en Colombia. Nos permitió crear el Fondo Emprender.

Colombia está construyendo hoy 11 mil habitaciones hoteleras. En el periodo 2003-2010 la hotelería crece en un 15 por ciento. Lo dijo Cotelco en su asamblea la semana pasada en Pasto. Creo que eso es sector productivo, que haya un gran crecimiento, y que nos da alguna esperanza en medio de esta dificultad.

Los almacenes de cadena. Cuánto ha ayudado la Reforma Laboral a que prosperen. A mí me dice el gerente de Carrefour: teníamos cinco y vamos a terminar el año con 60 almacenes de cadena. Y me dice le gerente del Éxito: vamos a terminar el año con casi 90, pero con casi 300 con las fusiones. Y todo esto es empleo formal, con afiliación a la seguridad social, empleo de mejor calidad, y se ha logrado con estas reformas.

Cuando veo la película digo: no veo más espacios para otras reformas. Y finalmente, estos temas son políticos. A mí me parece que le creamos una dificultad política insalvable al país, insuperable, si nos empecinamos en eliminar los parafiscales.

Y la solución de que estas entidades sean sostenidas por el Presupuesto Nacional no es solución. Estas entidades deben recaudar el año entrante alrededor de 6 billones. Y es un país todavía con mucha pobreza, con mucha inequidad.

Pero hay algo importante para mirar sobre su impacto en la pequeña empresa: cuando se observan las cifras de creación de empleo, entre junio de 2007 y junio de 2008, aparece que el país en ese periodo creó 718 mil empleos; 442 mil se afiliaron a las Cajas de Compensación Familiar, un 61 por ciento.

El país venía formalizando 20-25 empleos de cada 100 creados. Esta cifra muestra que de lo creado en el último año, se formalizó el 61 por ciento. La mayoría de las empresas que se afiliaron son pequeñas empresas, y los trabajadores de salarios inferiores. Ayudó mucho la Pila (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), que ha eliminado trámites a favor de los empresarios, y a favor de estas entidades ha eliminado evasión.

Si uno se poner a ver el impacto, por ejemplo, de las Cajas de Compensación, de Bienestar Familiar para las empresas de trabajadores de menores ingresos, primero, las Cajas de Compensación son las que se benefician, las que no se benefician son aquellas que tienen los trabajadores por encima de cuatro salarios mínimos. Tienen que pagarles a las Cajas, pero no compensan. En cambio, las que tienen el grueso de los trabajadores por debajo de cuatro salarios mínimos, les pagan a las Cajas y compensan, porque esos trabajadores son beneficiarios de esos pagos, del subsidio monetario familiar, etcétera.

En Bienestar Familiar son los hijos de los trabajadores de menores ingresos y los informales los que se benefician con los programas de nutrición del Estado, etcétera. Y cuánto representa para una empresa de éstas, en un momento de dificultades laborales, poder decirles a sus trabajadores: yo no puedo con estos reclamos, estoy haciendo el esfuerzo de afiliarlos a las Cajas de Compensación, a Bienestar. Miren los aprendices del Sena, etcétera.

Yo pienso que eso bien manejado racionaliza costos laborales en vez de estimular costos laborales. Y cómo que el país pueda pensar en una política de generación de empleo de baja remuneración. En una economía abierta, pienso, apreciados compatriotas, que el mejor estímulo a la creación de empleo es el estímulo a la inversión.

No se entendería que después de haber introducido todas estas deducciones, descuentos tributarios para estimular la inversión, el nuevo concepto de zonas francas; después de haber hecho estas reformas laborales; después de haber hecho las reformas constitucionales, como la de pensiones, la de transferencias, después de haber reformado 411 entidades del Estado, que seguimos reformando, viniéramos ahora a eliminar los parafiscales.

Yo los ubico en ese contexto, apreciado doctor Clavijo. Y por eso los defiendo. Lo que creo es que debemos construir un gran ambiente, para que de verdad beneficien a la pequeña empresa. Me daría mucho miedo insistir en eliminar los parafiscales.

Tratados de libre comercio

Los TLC. Hicimos el acuerdo con Chile, el acuerdo de inversiones con Perú, el acuerdo con 3 países centroamericanos, hemos cerrado con Canadá, estamos a la espera del resultado electoral en Canadá, pero nos han dicho en Canadá que hay mucha inclinación a darle aprobación definitiva.

Ayer nos anunciaron una buena carta de la Unión Europea, respondiendo positivamente nuestra aspiración, de que como Ecuador y Bolivia por ahora han dicho no, la Unión Europea acepte no tener que negociar con el Bloque Andino sino con Colombia y Perú. Estamos cerca de cerrar el acuerdo de protección de inversiones con China, estamos avanzando en el acuerdo de protección de inversiones con India.

Ayer se abrió paso ya la negociación de algunos acuerdos con el Japón, que es bien importante, vamos a seguir en esa tarea.

Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que inclinaciones ideológicas de nuestras centrales obreras, han convencido a las centrales obreras de Estados Unidos de que el TLC no le conviene al pequeño productor colombiano, y que aquí no se protege a los trabajadores. Ese es el problema.

Nosotros hemos hablado con mucha franqueza en los Estados Unidos con todo el mundo. En efecto aquí hubo años en que asesinaron a 256 líderes sindicales. Este año todavía llevamos entre maestros y trabajadores sindicalizados 31 personas que han sido asesinadas. Pero es que en esta Patria se llegó a asesinar 35 mil personas por año. Este año ojalá no pasemos de 16 mil, que todavía es mucho.

Si uno compara la tasa de asesinato de estos sectores, que componen un universo de millón 250 mil personas, con la tasa general de asesinatos del país, mientras esta es de 2 –5 por cada 100 mil, la general del país todavía es de 36.

Estamos haciendo un gran esfuerzo, queremos llegar a cero, a cero. Poder decir: en Colombia no asesinan trabajadores, en Colombia no asesinan periodistas, etcétera. Mostrar todos los resultados, todas las bondades de un concepto democrático en seguridad. No hemos podido llegar a cero, pero ayúdennos a decir en Estados Unidos: nosotros empezamos la lucha por la protección de los trabajadores desde antes de nuestra campaña, nosotros no necesitamos que los Estados Unidos pusiera esa condición, eso está en nuestro Manifiesto Democrático de 2002.

Protección de trabajadores. Colombia hoy tiene aproximadamente 10 mil personas que reciben protección individual directa, casi dos mil son líderes de los trabajadores. Eso le cuesta al presupuesto 40 millones de dólares al año.

Impunidad. Antes de este Gobierno se dictó una sentencia, en este Gobierno se han dictado 122, van 123 sentencias, han condenado 196 personas, ya hay 134 en la cárcel.

Nosotros financiamos una unidad especial de derechos humanos para superar impunidad sobre asesinato de trabajadores en la Fiscalía.

Ahora, le hemos dicho a Estados Unidos: nosotros reconocemos todo lo que falta, pero reconózcanos todo lo que hemos hecho. No con la irresponsabilidad de simplificar, sino de tratar de ser objetivos. Ese es el problema hoy con el TLC de los Estados Unidos, amén del problema interno. Vamos a ver.

Esta semana logramos que se aprobara la extensión de las preferencias, no fácil, por la disputa interna, vamos a ver si entre la fecha de elección y la fecha de posesión del nuevo Presidente hay una sesión del Congreso de los Estados Unidos que nos dé una oportunidad.

Infraestructura

Y el tema de infraestructura. Ahí estamos trabajando. Ya las dobles calzadas no son cuentos. Ya se puede transitar por varios kilómetros de la doble calzada a Sogamoso que va para Arauca y que va para Venezuela.

En la de Girardot. El corredor Bogotá – Buenaventura, lo tenemos casi todo contratado en doble calzada. Está contratado Bogotá – Girardot, está contratado Girardot – Ibagué – Cajamarca.

El túnel de La Línea. Hicimos el primer túnel, el básico. Mostró que era factible, despejó las dudas de ingeniería. Después de tantos fracasos que había tenido el país, acabamos de recibir ocho propuestas con una gran participación de la ingeniería internacional. Ojalá antes del 15 de noviembre esté adjudicada la nueva licitación de La Línea. Nos falta por contratar en ese trayecto hasta Buenaventura, un pedacito de doble calzada, que sería de Armenia por la carretera del Alambrado hasta La Paila. Y en el trayecto Buga – Buenaventura nos falta por contratar 14 kilómetros. Lo otro está contratado.

La doble calzada Bogotá – Santa Marta. Es que nosotros superamos todos los pleitos que había en concesiones. Ese pleito de Commsa duró 10 años, lo acabamos de superar, estamos esperando que el Banco Mundial nos entregue la estructuración para abrir la licitación de la doble calzada Bogotá – Santa Marta.

El 7 de noviembre tenemos una cita en Barranquilla para afectar unos recursos patrimoniales de la Nación, saneados de la vieja Corelca, para construir la doble calzada entre la frontera con Panamá, en Palo de Letras, y la frontera con Venezuela en Paraguachón.

Pero muchos de esos trayectos ya hoy están en construcción. En plena construcción Córdoba – Sucre, en plena construcción Cartagena – Barranquilla, en plena construcción como variante de Santa Marta.

Tenemos otras dobles calzadas adjudicadas: Área Metropolitana de Cúcuta, Área Metropolitana de Bucaramanga, y otras por adjudicar.

Tenemos un gran atraso en infraestructura, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para superarlo. El 12 de septiembre se firmó el memorando con los concesionarios de El Dorado, no fácil, porque cuando se adjudicó la concesión vinieron unas propuestas de modificación, que al entender de muchos abogados habrían cambiado el contrato y nos habrían hecho objeto de demandas, como la demanda de Commsa. Pero está en plena construcción la zona de carga. Una vez termine de construirse esa zona de carga, donde está la vieja zona de carga empieza el edificio nuevo internacional.

Está tomada la decisión de demoler el edificio viejo y construir un nuevo edificio. Desde hace ocho meses se le dijo eso a los concesionarios, ya está en el memorando. Confío que eso avance. Ya está a mejor ritmo. Y hemos venido concesionando los otros aeropuertos del país. También introdujimos el sistema de concesión grupal, grupos de aeropuertos en concesión.

El tema del ferrocarril. Estaban los dos en pleito, superamos el pleito del Ferrocarril del Atlántico, se entregó la concesión a los propios productores exportadores de carbón, eso va bien, ya tienen 70 kilómetros de construcción de la segunda línea, y nos va a dar los recursos para seguir avanzando en la reparación hacia el sur del país.

Veo la posibilidad de poder concesionar el Ferrocarril del Carare, vamos en ese camino, estamos esperando una respuesta de Votorantim, el inversionista de Paz del Río.

El Ferrocarril del Pacífico. Pagamos 150 millones de dólares para reconstruir la línea, contrato que encontramos. Pero el contratista dijo que no lo podía operar, cuando él se había comprometido a ser constructor y operador. Se le ha adjudicado ahora un nuevo operador, un grupo encabezado por el doctor Fernando Garcés, de Cali. Se han comprometido a transportar en el primer año 300 mil toneladas.

Puertos. Solamente en Buenaventura se están empezando inversiones por mil millones de dólares. Inversiones cuantiosísimas en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla. Les dimos a los puertos el tratamiento tributario de zonas francas.

Reconozco los obstáculos que en materia de infraestructura tiene el país, pero ahí estamos haciendo todo el esfuerzo a ver cómo lo superamos, y con honradez.

Unas licitaciones muy difíciles, muy controvertidas, todas adjudicadas en audiencia pública en televisión con total honradez. Si ustedes ubican La Paz, ubiquen La Paz en Bolivia, país mediterráneo, y calculen la distancia de La Paz al Pacífico, es menor que la de Bogotá al Atlántico. Es que aquí tenemos unas distancias considerables, de aquí al Caribe hay mil kilómetros, a Buenaventura hay 580, con una topografía muy, muy difícil.

El problema en Chile hoy es de hacer un Transmilenio. Nosotros estamos haciendo 9 Transmilenios, y tenemos 9 ciudades esperando para que les financiemos su sistema de transporte masivo. Hay todo el empeño, todo el empeño. Yo llegué a la Andi, y me dice el doctor Luis Carlos Villegas, buen amigo: ‘Presidente, es que ustedes están invirtiendo los dineros en las vías municipales, hay que hacer los corredores de competitividad’. Y al otro día me reúno con los alcaldes y me dicen: ‘Muy buenas estas vías municipales, pero muy poquitas, hay que hacer más’. Y todos tienen razón.

Y el doctor Clavijo dice: un obstáculo para el crecimiento del país es la infraestructura. Y tiene razón. En un país donde falta de todo, todo reclamo es justo. La seguridad que ustedes pueden tener, es que trabajando todos, con inmenso amor por Colombia, este país lo sacamos adelante.

Muchas gracias”.