Cali, 16 oct (SP). “En 1998 recibí una invitación con mucha extrañeza: visitar la Universidad Santiago de Cali; asistir a un foro. Y me pregunte: ¿pero por qué?, si la voz mía es una voz totalmente disidente, una política comprometida con un proyecto de seguridad que es bastantemente rechazado por la dirigencia política del país.
Y vine y aquí encontré un foro vibrante, duro, difícil pero democrático. Profundamente democrático. Desde ese día he tenido la suerte de convertir esa visita en costumbre y de acudir permanentemente, periódicamente, a la Universidad Santiago de Cali. Y siempre la encontramos en ascenso.
La Universidad sigue un requisito fundamental de competitividad: mantenerse en una línea de mejoramiento continuo. Quiero, hoy, rendir un testimonio de admiración a sus fundadores; a quienes han sostenido esta llama de la ciencia, esta llama de la libertad durante cincuenta años.
Nuestro Rector, en la muy cuidadosa intervención que acaba de leer, antes de entrar al presente y al futuro de la Universidad, a sus logros y a sus proyecciones, nos paseó por los acontecimientos mundiales que la antecedieron y buena parte del periodo que la ha circundado durante estos 50 años de existencia, bien difíciles.
Nace con el nacimiento del Frente Nacional; nace con la agitación contra el Frente Nacional; nace con la desmovilización de las guerrillas partidistas; nace con la revolución cubana; nace con la idea prevalente en la cátedra; con la idea de que la vieja cátedra, única del derecho natural, tenía que ser sustituida por la nueva cátedra de los hechos sociales.
Se criticaba la vieja cátedra porque se le concebía enemiga de la libertad de cátedra, pero también se quiso hacer de la nueva cátedra una sola posibilidad de ejercicio doctrinario en la cátedra.
¡Qué momento tan difícil! Se hacía pensar que el mundo solamente podía escoger entre el modelo de Unión Soviética, el modelo de Mao Tse-tung, el modelo de Ho Chi Ming, el modelo naciente de la revolución cubana.
Nos sorprendieron los acontecimientos sucedidos décadas después.
¡En qué momento tan difícil nace la Universidad! Pero que visión y que tesón de los fundadores y de quienes la han conducido y mantenido durante estos 50 años.
Sin claudicar a sus principios de libertad, de posibilidad de acceso masivo a este bien fundamental que es la educación.
Le tocó a la Universidad el nacimiento de las guerrillas marxistas, derivadas, muchas, de las viejas guerrillas partidistas.
Le corresponde a la Universidad vivir la Colombia en la cual quiso imponerse el narcotráfico y en la cual también quiso imponerse la reacción paramilitar.
Tres amenazas contra el Estado democrático: las guerrillas marxistas, la reacción paramilitar y el narcotráfico, que convirtió a unos y a otros en terroristas. Y la Universidad, firme al pie de las banderas democráticas.
Quisiera destacar algunos elementos bien importantes.
Cobertura educativa
Cuando empezó este Gobierno, la cobertura universitaria era del 22 por ciento. Hoy es del 33. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, hoy tenemos más de un millón 400 mil. La universidad ha ayudado enormemente en ese crecimiento.
Aspiramos que al finalizar este Gobierno, y hemos fijado una nueva meta, la cobertura universitaria sea del 35. En la universidad tenemos una gran acompañante para esa tarea.
Cuando empezó este Gobierno el Icetex tenía 60 mil estudiantes con crédito; este año termina con 235 mil. Al concluir el Gobierno debemos tener más de 300 mil.
¡Qué buena la asociación que han hecho el Icetex y la Universidad Santiago de Cali! Porque una Universidad que en estos años ha pasado de 10 mil a 14 mil estudiantes y que le ha hecho una gran apertura de sus puertas, le ha dado una gran apertura a los estratos 1 y 2 de la población es un ejemplo democrático para Colombia. Y ha estado en permanente asociación con el Icetex que, pienso, le ha prestado un muy buen apoyo al propósito de que los estudiantes de los estratos 1 y 2 tengan aquí una gran posibilidad.
Esta Universidad ha hecho un enorme avance en profesores con doctorado. Lo acaban de registrar las cifras de nuestro Rector: en sistemas, en conexión con la sociedad. No es una Universidad aislada. Es una Universidad que ha entendido la misión universitaria que es la de ser caja de resonancia de los problemas sociales, laboratorio de procesamiento de esos problemas sociales y factor de réplica sobre la sociedad. Una Universidad totalmente conectada con la sociedad.
Y algo bien importante: aproximadamente el 50 por ciento de los estudiantes de esta Universidad estudian y trabajan. Un gran mérito de la sociedad caleña y vallecaucana. Una juventud que hace un enorme esfuerzo; una juventud que tiene que luchar durante 20 horas al día y descansar escasas 4 horas. Las horas de clase en la Universidad; las horas de movilidad, de traslado de un sitio a otro; las horas de trabajo y las horas de preparación de exámenes universitarios, de preparación de trabajos universitarios.
Esta Universidad es una escuela de estudio y también una oportunidad de estudio para las gentes más disciplinadas en el trabajo.
A mí me enorgullece mucho, como colombiano, saber que el 50 por ciento de los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, al tiempo que estudia, trabaja. Ese es un gran ejemplo de disciplina social, de rigor individual. Eso es un anticipo de que esa generación definitivamente será la encargada de transformar a Colombia para bien, dentro del rigor de la disciplina como presupuesto de la libertad.
El Gobierno Nacional ha tomado la decisión, hoy, de entregar en los próximos días, en la Casa de Nariño, a los directivos de la Universidad Santiago de Cali, la Orden Nacional al Mérito, distinguiéndola, resaltando el mérito de su contribución a un país en el cual predomine una clase media democrática, con oportunidades, con valores, ejemplo de ética, ejemplo de moral, ejemplo de rigor en el trabajo y en el estudio.
Apreciados compatriotas vallecaucanos y caleños:
No puedo dejar en esta oportunidad de referirme a algunos temas de actualidad nacional: el tema de la justicia, el tema del sector azucarero en el Valle del Cauca y el tema de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.
El tema de la Justicia
Primero, el Gobierno celebra lo que viene ocurriendo a lo largo de la semana. Primero, una reintegración, en creciente número, de los jueces, fiscales y trabajadores de la Justicia.
Y esta mañana, la protocolización del levantamiento del paro por parte de Asonal Judicial. El Gobierno lo celebra. Pero debo hacer unos comentarios.
Recientemente se han aprobado varias leyes para que Colombia tenga, todos los días, más equilibrio laboral, en procura de la armonía social.
Nosotros buscamos Seguridad Democrática, buscamos confianza inversionista y buscamos armonía social, fraternidad.
Se relacionan recíprocamente. La seguridad y la inversión generan un marco de prosperidad que si se utiliza para construir armonía social, la armonía social finalmente se convierte en el validador de la seguridad y en el validador de la inversión.
Recientemente se han aprobado en Colombia varias leyes. Una Ley que traslada a la Justicia la competencia para calificar la legalidad o ilegalidad de las huelgas.
Antes la calificaba el Gobierno, en una instancia administrativa. Se dijo: como hay mucha empresa estatal que va a huelga o va a paro es incurrir en un conflicto de interés el que se permita que continúe la competencia del Gobierno de calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga. Y así lo dijo la OIT. Y Gobierno y Congreso tramitamos esa Ley.
La nueva Ley radica en la Justicia la competencia para declarar un paro legal o ilegal.
Pues bien, el ex ministro Carlos Holguín, quien lideró la reforma de la Ley Estatutaria de Justicia, conoce perfectamente cómo la Ley Estatutaria de Justicia define a la Justicia como un servicio público esencial.
Yo tengo dos preocupaciones:
Primera preocupación: ¿Por qué Asonal Judicial fue aun cese de actividades, si la Ley que los rige -y la Justicia es la que tiene que dar ejemplo en materia de cumplimiento a la Ley para tener la autoridad moral de aplicarla- declara a la Justicia servicio público esencial?
Y tengo una segunda preocupación: ¿Por qué, después de transcurridos tantos días, el tribunal competente en la Capital de la República para declarar, en primera instancia, la legalidad de ese paro no se ha pronunciado?
Como Presidente de los colombianos, de manera tranquilla, pero sincera, tengo que expresar estas inquietudes. No se trata de ser pendenciero con la Justicia. Pero sí de mantener este esfuerzo para que este país tenga un mínimo de disciplina social.
Ahora, veamos las causas que invocan para haber mantenido ese paro: falta de nivelación.
La nivelación que se decretó por allá en el año 92 se entendió cumplida, por decisiones de los gobiernos de los presidentes (César) Gaviria y (Ernesto) Samper. Esas decisiones costaron 700 mil millones por año.
Este Gobierno ha tenido la siguiente postura: ser cuidadoso para no asumir obligaciones que hereden los posteriores gobiernos y que tengan dificultades para cumplirlas. Pero ser solidario para examinar las justas peticiones de reivindicación de sectores de la población, como el sector de la Justicia.
No parece bien, apreciados compatriotas, que Colombia siga con la costumbre de que cada uno resuelva su problema y el que viene atrás mirará qué hace; chutarle el problema a los que han de venir: yo resuelvo mi problema, dicto los decretos que me permitan superar este problema y el que viene atrás que arregle. Él verá cómo paga.
Los gobiernos no solamente tienen que mirar el presente, sino ser responsables con el futuro del país.
Hay dos extremos que hacen mucho daño: el extremo de resolver problemas con decretos, leyes, promesas ‘incumplibles’ que crean grandes dificultades en el futuro de la Nación y el extremo de darles la espalda a los reclamos.
Este Gobierno no ha querido incurrir en ninguno de estos extremos.
Durante todos estos años, con los diferentes ministros de Justicia -y durante un buen tramo nos acompañó en esa cartera el doctor Carlos Holguín- se ha mantenido un diálogo ininterrumpido con la Justicia.
Quiero reiterar hoy a los colombianos desde Cali: casi hemos duplicado el presupuesto de la Justicia. Eso no sería gracia si estuviéramos en abundancia de recursos, pero es un país con un alto déficit aún y con un alto endeudamiento aún. Obras son amores y no buenas razones.
En 2004 dictamos un decreto para mejorar los ingresos de los magistrados de los tribunales. En 2005 otro, para mejorar los ingresos de los jueces y empleados. Y en 2006, otro.
Esos tres decretos, el año entrante, valen 200 mil millones. Y son gastos recurrentes, porque eso hay que pagarlo año tras año.
Acabamos de dictar nuevos decretos que favorecen mayormente a los empelados, que valen 111 mil millones.
O sea que, además de haber casi que duplicado el presupuesto de la Justicia, este Gobierno, en favor de la remuneración de empleados, jueces y magistrados de tribunales, ha ordenado y además cumplido, que es bien importante, incrementos que valen 311 mil millones al año.
¿Qué les decía yo en reuniones en las cuales participé, a los compatriotas de Asonal?:
‘¿Qué quieren ustedes? ¿Un Gobierno que por superar la huelga los engañe, les prometa lo que no se va a poder cumplir? ¿Un Gobierno indolente que les tire la puerta?
Nosotros hemos procurado ser solidarios, con realismo. Y les explicaba: ‘El Gobierno no está en un pulso ni en un tira y afloje. El Gobierno está constreñido por unas limitaciones fiscales muy severas’.
Les dije: ‘El Gobierno no puede pasar de 111 mil millones en las nuevas reivindicaciones’.
Se les ofreció, y el Gobierno lo va a cumplir, volvernos a reunir a finales de mayo del año entrante, porque en ese mes se sabrá cómo ha sido la cuantía de la primera cuota de pago de impuesto de renta. La primera cuota se paga en mayo.
En ese mes sabremos cómo va el financiamiento del país y en ese mes sabremos cómo va el crecimiento de la economía, en un momento muy difícil.
El Ministro de Hacienda, el fin de semana anterior, logró concretar el financiamiento externo para el país en 2009.
El país ha reducido enormemente las necesidades de financiamiento externo, pero todavía el año entrante nos cuestan 2.400 millones de dólares; con esta crisis de los mercados financieros, con este cierre de los créditos en el mundo entero.
Están pronosticando una profunda recesión en los Estados Unidos, en Europa. Una desaceleración de la economía china, de la economía de la India.
América Latina ya empieza a tener muchos problemas; en unas partes, por la disminución del precio del petróleo. Muchas empresas brasileras y argentinas aparecen ahora en el listado de empresas del mundo que tenían mucha plata invertida en Wall Street. ¿Y quién se las va a pagar?
Entonces, la situación económica es muy delicada. Nosotros la tenemos que manejar con mucha delicadeza. Por eso, yo le dije a Asonal (Judicial): ‘El Gobierno no se puede poner a hacer gracias’.
Este año, de acuerdo con lo que habíamos presupuestado de ingresos para el presupuesto, tenemos hoy un faltante de 312 mil millones. ¿Por qué? Porque en el primer semestre las importaciones se disminuyeron y valieron menos.
Uno trae un carro que cuesta 100 dólares. Había estimado que esos dólares valieran a dos mil pesos. Ese carro iba a pagar impuestos y una base de 200 mil pesos. Resulta que esos dólares valieron a 1.800; entonces, ese carro pagó arancel e IVA no sobre una base de 200 mil pesos, que se había previsto inicialmente, sino sobre una base de 180 mil pesos. Todo eso disminuyó los ingresos de fisco.
Además, tuvimos que eliminar los aranceles a los fertilizantes, por su encarecimiento. No obstante esta decisión, todos los agricultores nos dicen: ‘Bueno, el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero es tanto el incremento de fertilizantes que los agricultores no sentimos ese beneficio’. ¡Qué paradoja!
Y una serie de sectores exportadores que estaban perdiendo mucho dinero por la revaluación del peso, el Gobierno tuvo que ayudarles, no solamente con ayudas financieras, con ayudas fiscales, sino también quitándoles el arancel a las materias primas que importan, para poder producir el producto final que exportan.
Eso nos ha llevado a tener un recaudo inferior en 312 mil millones a lo esperado. Y ustedes saben que hay muchas incertidumbres para los años que vienen.
Yo creo que el Gobierno ha venido haciendo un trabajo con todo, con todo el esfuerzo.
Durante muchos meses resistimos el debate que nos hacían. Nos criticaban mucho por mantener controles a los capitales de corto plazo. Pienso que la situación mundial nos ha dado la razón.
Para estimular la confianza inversionista en un país hay que ser muy estimulante de los capitales productivos, pero no se pueden permitir esos abusos de los capitales que viene a pescar fabulosas utilidades en el corto plazo.
Yo creo que la caída de los maestros en Wall Street demuestra que estas disidencias, como la que venía haciendo Colombia en esa materia, son juiciosas.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, nosotros tenemos que decirle al país que tenemos dificultades, que no las podemos ignorar.
¿Por qué hemos hecho todos estos esfuerzos? Para proteger el empleo. Empleo de los sectores exportadores.
Yo llegaba acá, me visitaba una empresa y me decía: yo exporto tanto en confites, voy a tener que licenciar tantos trabajadores, porque no me da la reevaluación. Inmediatamente decían ‘apóyenos’. Que una empresa de calzado, que una empresa de confecciones, buscando apoyos para todos.
Los apoyos costaron, en el primer semestre, 614 mil millones, para proteger el empleo. Y el menor recaudo, 312 mil millones.
Ahí tenemos muy serias dificultades. Hay que manejar esto con mucho juicio para proteger el empleo.
Lo que nos ayuda en este momento de dificultades es que la economía colombiana está mejor de lo que estaba hace algunos años, pero todavía no está a salvo.
Que teníamos un déficit del 7 y medio, todavía es del 3.2. Que teníamos un endeudamiento del 50, todavía es del 27. Todavía no está a salvo.
Lo otro que nos ayuda es que en este país hay confianza inversionista, que se ha logrado en los últimos años.
Quiero hacer ese llamado a la Justicia a esa reflexión. ¿Por qué si es un servicio público esencial lo paralizan? ¿Y por qué si hay una nueva Ley que radica en la propia Justicia la calificación de la ilegalidad de la huelga o del paro eso no se ha dado?
Razones de la conmoción interior
Ahora, apreciados compatriotas: ¿por qué la conmoción (interior)?
Por muchísimas razones. Les menciono dos o tres: 2.720 presos de alta peligrosidad, libres; miles de audiencias de control de garantías que no se pudieron realizar; los aprehendidos, en libertad por falta de las audiencias de control de garantías; 36 mil tutelas sin notificar; casi 500 mil decisiones sin notificar. Una situación sumamente difícil.
¿Para qué la conmoción? La conmoción es para ‘desatrasar el atraso’ imputable a la parálisis de actividades. Y lo quiero repetir en todos los escenarios. El Gobierno no busca, vía conmoción, el desatraso histórico de la Justicia, sino, vía conmoción, exclusivamente, el desatraso de lo correspondiente al paro de actividades en estas semanas.
Característica de la conmoción: hemos dicho, una conmoción con valores democráticos. Los decretos se le han venido consultando a la Justicia.
Y lo que más quiero resaltar, hoy, en esta Universidad democrática: el Gobierno no ha aprovechado la conmoción para quitarle competencias a la Justicia y auto adjudicárselas el Gobierno.
Lo que hemos hecho es fortalecer las competencias de la Justicia. En lugar de decir el Gobierno: por conmoción, se le quita la justicia la competencia de calificar la ilegalidad de la huelga, el Gobierno en los decretos de conmoción no se refiere a eso.
Simplemente, el Presidente de la República llama a la atención por qué, después de tantos días, no se ha calificado la ilegalidad de la huelga en un servicio público esencial.
En lugar de autorizar un decreto del Gobierno para decir: el Gobierno nombra jueces para desatrasar la conmoción, los efectos de la conmoción, el Gobierno lo que ha dicho es: Facúltase al Consejo Superior de la Judicatura para nombrar los jueces y funcionarios que se requieran, a fin de poder superar el atraso derivado de esta parálisis.
En lugar de que el Gobierno diga, en un decreto de conmoción: el Gobierno notificará, a través de contratación con los correos privados, todas las decisiones cuya notificación se ha atrasado a lo largo de esta parálisis, el Gobierno lo que ha hecho, dentro de la conmoción, es darle facultades al Consejo de la Judicatura para que si a bien lo tiene, como órgano administrador de la Justicia, defina cómo desatrasar notificaciones, apelando a los servicios de los correos privados que existen en Colombia.
Es una conmoción para fortalecer la Justicia, a fin de poder desatrasar lo acumulado en esta parálisis. No es una conmoción para arrebatarle poderes a la Justicia y auto asignárselos al Ejecutivo.
Qué mejor que este foro, en una Universidad democrática como la Santiago de Cali, para reiterar esto, apreciados compatriotas.
Nuevas leyes para descongestionar la Justicia
¿Qué sigue? Vamos a hacer el esfuerzo de presentar dos leyes y a concertar con el Congreso de la República su aprobación. Una de ellas, para buscar nuevos recursos para la Justicia.
El ex ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín introdujo en la reforma de la Ley Estatutaria un artículo que permite derramar un arancel sobre la Justicia comercial y civil, en altas cuantías. A mí parece que está bien. Es un servicio público que por regla no se puede cobrar. Pero por qué no se le cobra las altas cuantías comerciales y civiles, en un país con tanta pobreza. No les cobre el servicio a los pobres, pero a los sectores pudientes que pelean esas cuantías astronómicas por qué no se les cobra un arancel. El Gobierno cree que se debe cobrar.
Entonces, vamos a presentar el proyecto de ley en los próximos días, con un esquema tributario para derramar esas tasas, ya autorizada por la Ley Estatutaria. Que diga cuál es el hecho degenerador; cuál es la base gravable, es decir, a partir de qué cuantía en reclamaciones, en juicios comerciales y civiles; cual es la tarifa y cuál es el destino, a ver si podemos fortalecer la Justicia.
Por otro lado, un segundo proyecto para crear normas permanentes, por Ley de la República, a fin de que podamos avanzar sustancialmente, hacia el año 2010, para descongestionar la Justicia. Y eso le va a costar plata al país.
Lo que queremos es convertir en permanentes algunas de las disposiciones de conmoción vía ley y complementarlas. ¿Para que? Para que aquello que es el atraso histórico de la Justicia -no el atraso de esta parálisis; el atraso de esta parálisis hay que superarlo con la conmoción-, la nueva norma legal es para aquello que es el atraso histórico de la Justicia, ponerlo al día y procurar entregarle al país, en el 2010, una justicia totalmente desatrasada.
Vamos a hacer ese esfuerzo.
Los corteros de caña
El tema de los corteros de caña. Lo que nosotros deseamos es un acuerdo fraterno y ojalá rápido.
Primero, quiero agradecerle al Gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, su muy valiosa intervención, con mucha ponderación, con mucha paciencia, con buen tino. Y al doctor Julio Cesar, su Secretario de Gobierno.
Yo he tenido una preocupación no por los trabajadores, sino por grupos ajenos a ellos, que tratan de presionar a algunos sectores. Es la Justicia la que tiene que decir quiénes han llegado, en nombre de las Farc, a hacer daño. Que no son los trabajadores.
Y yo tengo que cumplir con el deber de decirlo aquí, en Cali. Pero es la Justicia la que tendrá que definir eso.
En aquello de los trabajadores, las cooperativas y los ingenios, deseamos un rápido acuerdo.
Hace 15 días, en las reuniones de un domingo, sostenidas aquí en Cali, propusimos que el acuerdo que llegare a hacerse para mejorar las condiciones de las cooperativas frente a los trabajadores, sea vigilado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esa oferta se mantiene en firme.
Esta mañana hablábamos lo siguiente con el señor Gobernador: buscar, adicionalmente, un grupo de personas del Valle del Cauca, de confianza de empresarios y trabajadores, que se constituyan en un comité garante de que los acuerdos parciales y definitivos se cumplan.
Un comité de buena fe, de gente respetable, que ayude a unos y otros y que vigile que se cumplan esos acuerdos parciales y esos acuerdos definitivos. Ojalá esto se pueda dar.
Otra de las leyes recientemente aprobadas es la ley que restringe las cooperativas de trabajo asociado. La ley nueva dice: las cooperativas de trabajo asociado no pueden ser intermediarias laborales, tienen que ser auténticos empleadores. Y las obliga a cumplir con todas las normas legales de remuneración, de prestaciones y de cotizaciones parafiscales.
Esa Ley está fresca, esa Ley se sancionó hace 5, 6 semanas. Yo creo que las cooperativas no se pueden utilizar para maltratar trabajadores ni para burlar prestaciones.
A mí me parece que para construir confianza hay que garantizar que las cooperativas sean muy cumplidas. Y por eso nuestra insistencia en esa veeduría de la Organización Internacional del Trabajo. Ojalá haya un acuerdo ahora, y se cumpla, que restablezca definitivamente la confianza y la armonía social.
Nosotros hemos sido adversos a que las relaciones laborales en Colombia las rija el odio de clases o las rija el capitalismo salvaje. Ni lo uno ni lo otro. Deben ser conducidas por la fraternidad ente empleadores y trabajadores. Se necesitan mutuamente. Y es lo único que le da prosperidad en el largo plazo a un país y le da profundidad a sus valores democráticos.
El tema de las comunidades indígenas
Quiero decir esto ante la comunidad nacional y ante la comunidad internacional:
Colombia ha asignado a las comunidades indígenas 30 millones 739 mil 345 hectáreas. El país tiene 115 millones de hectáreas. Las comunidades indígenas de Colombia representan el 2.2 por ciento de la población. Un millón de indígenas que tienen el 27 por ciento de la tierra.
Y esto es bueno que se sepa. Porque este problema es totalmente diferente a problemas que se presentan en otras partes del continente.
El departamento del Cauca: las comunidades indígenas tienen 154 mil 400 hectáreas, el 80 por ciento cultivable. 188 mil hectáreas de los indígenas y las cultivables son 154 mil 400. El 80 por ciento.
El problema reciente, anoche lo expresamos: hay dos compromisos de anteriores gobiernos que este Gobierno ha querido honrar:
Un compromiso viene de la masacre del Nilo. Esa masacre golpeó al país en 1991. Esa obligación es para adquirir 15 mil 633 hectáreas. Se han adquirido 11 mil 866 hectáreas. Faltan 3 mil 796.
El Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, con presupuesto de este año y del año entrante, para comprarlas. Se ha puesto a consideración de las comunidades indígenas un grupo de predios para buscar su aceptación.
Y el Gobierno que ha venido comprando estas tierras -porque se han comprado 11 mil 866, repito, de las 15 mil 663- el Gobierno que ha demostrado toda la vocación de cumplir, va a cumplir, comprando el resto.
El compromiso número dos: un decreto de 1999, también anterior a este Gobierno. Finalmente, se concretó en la obligación de adquirir 8 mil hectáreas.
Se han adquirido 4 mil 673, pero además se están titulando en este momento 7 mil 648. Faltarían por adquirir mil en Caldono. El Gobierno no las ha podido comprar, porque el presupuesto que teníamos era entre 2 y 3 millones por hectárea y dicen allá que eso ha adquirido un valor comercial de 15 millones.
Hemos estado buscando todas las alternativas.
Yo quiero hablar aquí, en la capital colombiana más cerca al epicentro de los problemas, con toda franqueza y contando en qué hemos avanzado y dónde tenemos dificultades. Estamos buscando alternativas frente a esas mil hectáreas de Caldono.
¿Cuánto nos hemos gastado? Nos hemos gastado, apreciados compatriotas, 33 mil millones. Para comprar, por un lado, 11 mil 866 hectáreas; y por otro lado, 4 mil 673. Y allí no incluyo lo que ha costado la titulación.
Yo pienso que este Gobierno, con estas inversiones y estas adquisiciones, ha demostrado toda la buena fe.
Pero, además, quiero compartir con los colombianos, con mis compatriotas, desde Cali, lo siguiente:
Los resguardos indígenas de Colombia recibieron, en 2002, por transferencias de la Nación, 62 mil 503 millones. Este año reciben 100 mil 82 millones. Dineros que la Nación pone a título de transferencias, en manos de los resguardos indígenas.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para vincular las familias indígenas a Familias en Acción. Todos los pueblos del Cauca hoy tienen Familias en Acción. En el país ya hay un millón 700 mil y vamos a llegar a 3 millones. Y allí se privilegia a desplazados y estrato 1.
En muchos pueblos del Cauca tenemos Familias Guardabosques, en el país hay 66 mil. Y un crecido número es de familias de comunidades indígenas. El crecimiento de Bienestar Familiar, de nutrición, de Régimen Subsidiado de Salud.
En Régimen Subsidiado, en 2003, este Gobierno llegó a 603 mil indígenas afiliados. Hoy hay cupo para un millón 81 mil indígenas. El censo dijo que eran muchos menos los indígenas, pero nosotros decimos: ‘nosotros le damos cupo a todos los que aparezcan, no importa lo que haya dicho el censo’. Obras son amores y no buenas razones.
Cuando los compatriotas de la Justicia dicen: ‘Presidente, es que los empleados tenemos muy mala remuneración todavía’. Yo no se los niego. En el país falta mucho, todo el mundo tiene dificultades. Yo lo que reclamo es lo que hemos venido avanzando en medio de las dificultades.
Que los compatriotas indígenas hagan reclamos, yo no se los niego. Nosotros hemos hecho un esfuerzo a lo largo de estos años. Eso sí, eso sí: respetamos la protesta, pero no los bloqueos ni la violencia.
A mí me estrenaron, en septiembre de 2002, que con un bloqueo a Popayán. Y le dije a la Policía y al Ejército, antes de que consoliden ese bloqueo, lleguen ustedes allá a impedirlo. Bajo mi responsabilidad, hasta el último día de Gobierno, bloqueos no se permiten. Son vías públicas.
Aquí hicieron, hace dos o tres años, una marcha. Las fotos eran bellísimas y los videos de televisión, bellísimos. De 14 mil indígenas y llegaron a Cali. Acordaron con la Policía que marcharían por las bermas y no interfirieron el tráfico. Eso salió bien y el Gobierno los protegió.
El país tiene que hacer una gran pedagogía para separar lo que es la protesta social y el respeto que se le debe, de la violencia.
Entonces, esta mañana el Gobernador, que ha asumido todo esto con una gran responsabilidad, me decía: ‘Presidente, hablé con ellos. Me piden que entonces usted les mande una comisión a dialogar’.
Sí, yo estoy listo. Ya la Policía y el Ejército están debidamente posesionados en La María, para no permitir bloqueos. Yo estoy listo a que venga el Ministro de Agricultura, a que venga el Ministro del Interior.
Me queda un pero. Me queda un pero para ese diálogo: está en la clínica el intendente Aldiver Giraldo Galeano. ¿Qué le pasó a este intendente? Presenta amputación traumática de ambas manos, trauma ocular, auditivo y en el torax; quemaduras de tercer grado en el rostro, recluido en la Clínica Valle de Lili, de Cali.
Entonces, a mí me queda esa preocupación ética. Me queda esa preocupación ética. ¿Entonces vamos a correr a dialogar como reacción a la violencia?
Los policías llegaron allá con escudos y sus bastones y enseguida tenemos gran cantidad de policías (lesionados). ¿Cuántos son, mi General?
Brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, Comandante de la Policía Metropolitana de Cali: Señor Presidente, un total de 70, de los cuales quedan recluidos 34 hombres en hospitales y clínicas.
Presidente Álvaro Uribe Vélez: Juan Carlos Valencia Lina, luxación hombro derecho; Jair Mauricio Giraldo, impacto de artefacto explosivo en la cabeza; Rogelio Alberto Ospina Uribe, trauma de miembros inferiores, quemadura de primer grado facial, comprometimiento de la vista y trauma en tejidos blandos.
Yo no creo que el diálogo sea para premiar la violencia. ¿O es que la salud y la integridad de los policías no valen? Nosotros tenemos que hacer respetar a nuestros solados y policías, apreciados compatriotas.
Gobernador, mire, ayúdeme con una cosa, lléveles este mensaje: que piensen ellos en su imaginación cómo le van a pedir perdón a la Policía.
Y aquí no he contabilizado todo lo de este año. ¿Acaso la protesta social se hace con explosivos? Me decía mi General allá que lanzaron una granada.
Entonces, ¿van a llegar aquí los ministros de Agricultura y del Interior el sábado, muy tranquilos, a seguir dialogando, sin tener en cuenta estas actuaciones de violencia tan graves?
Eso sí, ayer había cien ONG por allá en Estados Unidos diciendo: ‘Cuidado que el Gobierno de Uribe va a matar a los paeces, cuidado que Uribe va a masacrar a los paeces’. Y todo es distorsionando los hechos para lograr que no se apruebe el TLC.
Las cosas hay que decirlas por su nombre.
Entonces, ahora aparece que el violador de derechos humanos es el Gobierno, cuando encontramos esto que han sufrido en su propio ser los policías de la Patria.
Protesta social, sí; pero violencia, apreciados compatriotas, no.
Yo he discutido mucho en esta Universidad con estudiantes. Y duros. Y entran con unas pancartas durísimas contra mí.
Que a mí me digan lo que quieran, que mi mamá se aguanta eso en el Cielo, pero que no hieran a los policías de Colombia.
Vamos a ver cómo mi Dios nos ayuda, con firmeza y paciencia. Que no se altere la paciencia y que no se ablande la firmeza para superar todas estas dificultades.
A esta gran Universidad, todas, todas las felicitaciones.
Que sigan cosechando éxitos para que ayuden a construir una Colombia donde prevalezca una clase media democrática llena de oportunidades.
Muchas gracias”. |