Se trata de la protección de los bienes de uso público que tradicionalmente han sido objeto de ocupaciones ilegales, abusos y atropellos por parte de particulares inescrupulosos que, aprovechándose de legislaciones poco claras, del desgreño o de la negligencia administrativa de funcionarios o entidades del Estado, han invadido playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas. Actualmente, 24.951 propiedades están en indebido poder de particulares, recordó el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

Bogotá, 20 oct (SP). Siete ministerios y la Procuraduría General de la Nación se comprometieron este lunes 20 de octubre en un esfuerzo colectivo para sacar adelante una Política de Estado en defensa y protección de las Playas y Terrenos de Bajamar.

En un acto especial en la sede del Ministerio Público en Bogotá, los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos; de Agricultura, Andrés Felipe Arias; de Ambiente, Juan Lozano, y de Transporte, Andrés Uriel Gallego; así como el Viceministro de Turismo, Oscar Rueda García, y el Director General Marítimo, Jairo Javier Peña Gómez, firmaron, con el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, el Pacto Interinstitucional para el Diseño de una Política Pública en Defensa y Protección de las Playas y Terrenos de Bajamar.

Todos los representantes del Estado estuvieron de acuerdo en que el tema es importante no solo por la defensa jurídica de los bienes públicos, sino por la protección de la vida y bienes de personas que habitan predios en zonas inundables o de alto riesgo, como las construcciones palafíticas.

Situación preocupante

El Ministro del Interior y de Justicia, cuya cartera es responsable de los programas de atención a la población vulnerable, a través de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, dijo que desde este lunes comienza una acción que nos compromete a todos los colombianos.

Se trata de la protección de los bienes de uso público que tradicionalmente han sido objeto de ocupaciones ilegales, abusos y atropellos por parte de particulares inescrupulosos que, aprovechándose de legislaciones poco claras, del desgreño o de la negligencia administrativa de funcionarios o entidades del Estado, han invadido playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas.

Las cifras son preocupantes: actualmente, 24.951 propiedades están en indebido poder de particulares, recordó el Ministro.

Y observó que el volumen de construcciones palafíticas constituye el 85.7 por ciento de las ocupaciones indebidas, lo cual genera un riesgo alto para la vida de sus habitantes ante un probable desastre natural.

El Ministro Valencia Cossio Invitó a poner la legislación colombiana a la altura de los países que disponen de normativas precisas y de políticas de Estado perfectamente trazadas y que son severas para preservar la soberanía nacional en los litorales, costas y playas.

“Como lo destaca el Protocolo de Intención que firmaremos en esta mañana, Colombia es un Estado ribereño y el 45 por ciento de su territorio nacional está constituido por un área marítima rica, que nos da una condición privilegiada ante el resto del mundo”, dijo el Ministro.

Respaldo a proyecto del Procurador

El Ministro del Interior y de Justicia dijo que participa de este propósito no solo por sus obligaciones legales, sino porque apoya ineludiblemente la política del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe de hacer más eficiente la administración del Patrimonio Público.

“Además, nos compromete a todos en el Estado en la garantía que debemos dar a todos los colombianos para que tengan el derecho al uso, goce y disfrute de los bienes propios de la nacionalidad, pero también en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para protegerlos y evitar su deterioro o uso indebido”, subrayó Valencia Cossio.

Los ministros, al anunciar el acompañamiento de la iniciativa del Procurador General de la Nación para la suscripción del Pacto Interinstitucional para el Diseño de una Política Pública en Defensa y Protección de las Playas y Terrenos de Bajamar, indicaron que este es un asunto de gran importancia, no solo en lo que tiene que ver con la defensa del Patrimonio, sino, primordialmente, de la vida.

“Vamos a propender por una política pública para el adecuado uso del borde costero del litoral –dijo el Ministro del Interior y de Justicia–, que favorezca su desarrollo, permita un efectivo ejercicio de los derechos soberanos de Colombia en sus costas y, además, contribuya a la proyección de proyectos de inversión turísticos y comerciales, que no riñan con los objetivos sociales y ambientales del Estado”.

El gran auge de proyectos de inversión de los particulares en playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas ha superado las previsiones y capacidad de la Administración para darles el cauce necesario, agregó Valencia Cossio.

El titular de la cartera del Interior y de Justicia señaló que el Gobierno acompañará con entusiasmo y dedicación completa en las ambiciosas metas que se deben cumplir en los próximos diez meses, porque en julio del año entrante deberán presentar las fórmulas de solución a esta problemática nacional.