Octubre 21
ABC del proyecto ‘Techo digno y ciudades justas para todos’

Bogotá, 21 oct (SP). El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, radicó este martes 21 de octubre en el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Techo digno y ciudades justas para todos’. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Qué busca? ¿Qué cambios que contempla?

¿En qué consiste el proyecto de ley ‘Techo digno y ciudades justas para todos’?

En la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el Gobierno Nacional se comprometió a consolidar, en un solo cuerpo normativo, de manera unificada, toda la regulación de la vivienda en Colombia.

No obstante, más allá de esta compilación y reestructuración de normas, el objetivo principal de este estatuto es garantizar el salto de escala en la producción de vivienda social en Colombia y simplificar los trámites de adquisición de vivienda de interés social, para que todos los colombianos, por fin, tengan un techo digno y propio en un entorno de ciudades justas, de ciudades amables.

Sobre el tema, el Ministro Juan Lozano agregó: “No es solo facilitar la compra de Vivienda de Interés Social. También es blindar jurídica y socialmente el proceso, con sanciones fuertes y ejemplares para quienes pretendan jugar con las ilusiones de la gente”.

¿Qué cambios contempla?

-El más relevante de todos es la revolución, la transformación del uso del subsidio.

Antes: Se destinaba solamente para el pago parcial de la cuota inicial.

Esto implicaba un mayor monto de ahorro de la familia y un menor valor de crédito otorgado por la entidad bancaria, con una mayor cuota para el beneficiario.

Ahora: Se destina una parte para el pago de la cuota inicial y la otra para ayudar a pagar las cuotas del crédito.

Se requiere un menor ahorro por parte de la familia, se potencializan sus ingresos para lograr un mayor crédito, pagando una menor cuota, ya que el Estado asume una parte importante de la misma.

Finalmente, esta nueva fórmula implica un aumento real en el valor del subsidio

-Institucionaliza la política de Macroproyectos de Vivienda de Interés Social Nacional.

-Motiva la demanda de VIS con incentivos como: modificación del subsidio, ampliación del espectro de quienes pueden entregar créditos de vivienda (cooperativas, asociaciones), exclusión del pago de gastos notariales y de registro, financiación de gastos de conexión a los servicios públicos (es decir, diferir en cuotas la instalación de contadores) y estándares mínimos para el diseño y construcción de vivienda (por ejemplo, estas deberán contar con mínimo 2 habitaciones para dormir).

-Control y vigilancia realmente efectivos: se requiere de una entidad del orden nacional que se encargue de la vigilancia, control y sanción de las conductas de quienes participan en los procesos de oferta, promoción, construcción y financiación de vivienda, así como de aquellas en que incurren las personas naturales beneficiarias del subsidio de vivienda familiar. Por esto, se le otorgan competencias especiales a la Superintendencia de Industria y Comercio para que siempre esté alerta ante cualquier rumor de fraude.

-“Más dientes” contra avivatos: el Estatuto promueve la creación de un Régimen Sancionatorio, con los instrumentos suficientes que le permitan al Gobierno Nacional evitar conductas que afecten el normal desarrollo de los programas de vivienda.

-Revisión de la figura de los desalojos, los cuales siempre tendrán que ejecutarse con el acompañamiento permanente de la Procuraduría en los procesos judiciales. Se prohíben desalojos nocturnos y prácticas inhumanas de cobro.

-En materia de Desarrollo Territorial, le da herramientas a alcaldes locales para que puedan expropiar terrenos y de esta manera agilizar procesos constructivos.

-Establecimiento del Régimen Disciplinario del Curador Urbano.

Aunque entre el 2006 y el 2008 casi multiplicamos x 5 el presupuesto de vivienda, se requiere un esfuerzo sostenido por la siguiente década para combatir el déficit histórico.

Se requiere una inversión de 15.4 billones de pesos para combatir el déficit de cantidad y calidad de soluciones habitacionales para los próximos 10 años.

En resumen, ¿qué busca la iniciativa?

• Autoriza que el subsidio se use tanto para pagar parte de la cuota inicial como para pagar las cuotas mensuales del crédito, lo que beneficia a los más pobres.
• Facilita el acceso de los beneficiarios de subsidios al crédito popular de vivienda, para asegurar la efectividad del derecho a un techo digno.
• Protege a los beneficiarios del subsidio para evitar que pierdan su casa.
• Prohíbe los desalojos nocturnos, el uso de la fuerza en los mismos y los métodos inhumanos de cobro. Garantiza el acompañamiento permanente del Ministerio Público.
• Rehabilita como sujetos de subsidios de vivienda social a quienes perdieron sus casas por el Upac.
• Reduce papeleos, tramitología y costos para construir vivienda.
• Establece la exclusión del pago de gastos notariales y de registro a las viviendas sociales.
• Incluye la financiación de gastos de conexión a los servicios públicos para facilitar la adquisición de vivienda social.
• Crea la Superintendencia delegada de Vivienda, para vigilar, controlar y sancionar a quienes abusan en el proceso de compra, venta y arrendamiento de inmuebles.
• Establece el principio de leal colaboración entre entidades públicas para garantizar ‘Techo digno y ciudades justas para todos’.
• Por Ley, se prohíben viviendas de interés social con una sola habitación que ponen en peligro los derechos de niños y niñas.

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