Esa preocupación, con involucramiento en las dolencias del país en todo momento, ha tenido el liderazgo del señor Vicepresidente y de su equipo, lo que ha sido muy importante en el contexto nacional e internacional para poder avanzar en nuestra política Seguridad Democrática.
Qué bueno que el país, que está librando una de las más intensas luchas del planeta contra el terrorismo, sea sede de este seminario. Mil gracias por acoger a Colombia y a la ciudad de Cartagena como su sede.
Apreciados visitantes y compatriotas: nosotros asociamos a Colombia con una figura semejante a esto: en el techo escribimos la palabra Confianza. ¿Por qué? Hace seis, ocho años, les preguntaba a muchos estudiantes colombianos: ¿ustedes han pensado irse definitivamente del país? Y la gran mayoría decía que sí, pero que sin tiquete de regreso. Querían irse para permanecer por fuera por siempre.
Eso nos inspiró la necesidad de trabajar la palabra confianza, como la palabra fundamental en Colombia. Confianza para vivir en Colombia, para opinar en Colombia, para ejercer las libertades en Colombia, para invertir en Colombia. Confianza integral en Colombia.
Y esa palabra confianza procuramos sustentarla en tres pilares: seguridad desde la democracia, confianza inversionista con responsabilidad social y construcción de cohesión social.
Todo esto tiene una relación vertical, de abajo arriba, de arriba abajo. Y una relación horizontal, de mutuas dependencias y de transitivas dependencias.
La seguridad y la confianza inversionista crean un marco para que haya la posibilidad de construir cohesión social. Y cualquier grado de avance en cohesión social, se convierte en un gran legitimador de la seguridad democrática y de la confianza inversionista.
Creemos que la lucha por la seguridad es la lucha por los derechos humanos. En un país en donde llegaron a asesinar en un año a 35 mil personas –las cifras hablaban de 28 mil y las fosas comunes descubiertas en los últimos años indican que hubo años de 35 mil asesinatos–, en un país en donde llegaron a secuestrar a casi cuatro mil personas, hablar de derechos humanos sin una política de seguridad, es hablar de una utopía cada vez más alejada.
Nosotros creemos que la lucha por la seguridad es la lucha por un valor democrático. Es la lucha fundamental por los derechos humanos.
¿Por qué democrática esa seguridad? Por muchas razones. En el continente, y lo dijo ahora uno de mis ilustres antecesores en el uso de la palabra, las propuestas de seguridad se asociaban con la doctrina de la seguridad nacional. Se asociaban con caminos hacia la dictadura. La doctrina de la seguridad nacional que eliminó el concepto de disidencia, que suprimió el pluralismo, que censuró a la prensa, que cerró las puertas de los países a la vigilancia internacional, que afectó las libertades en nombre de la lucha contra el terrorismo, finalmente creando marcos de terrorismo de Estado, tan temibles como las fuerzas a las cuales pretendía combatir.
Seguridad democrática para todos
Por eso lo nuestro ha querido desde un principio, desde la proposición teórica inicial y en todas instancias de la práctica, marcar una diferencia. Nosotros hemos buscado que este concepto de seguridad sea democrático. Democrático por el universo al que se le destina. Democrático por la manera como se adelanta. Democrático por los procedimientos con que se ejecuta.
Democrático por el universo: es una seguridad para todos los colombianos, independientemente de que sean amigos u opositores a las tesis de Gobierno. Seguridad para líderes sindicales, para periodistas, para maestros, para líderes empresariales, para turistas, para el transeúnte colombiano. Seguridad para todos.
Seguridad dirigida por las fuerzas institucionales, por la justicia institucional. Seguridad con procedimientos totalmente transparentes, seguridad sin impunidad, seguridad vigilada, seguridad observada por la comunidad nacional y por la comunidad internacional.
Colombia no ha tenido generalmente gobiernos hostiles con las libertades. Aquí las libertades estaban siendo afectadas por el terrorismo. Creemos que en estos años hemos recuperado un alto nivel de eficacia en las libertades, gracias a la acción de la seguridad democrática.
Es bien importante recordar que desde cuando propusimos el proyecto de seguridad democrática, propusimos también que tenía que tener unos universos-objetivo que demostraran ese carácter democrático que se predicaba.
Nos propusimos proteger con la seguridad democrática a los periodistas, nos propusimos proteger a los sindicalistas, nos propusimos proteger a los maestros. No hemos logrado todavía cero crímenes. Pero hemos avanzado.
El país llegó a tener años en los cuales fueron asesinados 15 periodistas. El año pasado fue asesinado un periodista, amigo nuestro. Todo indica que por robarle, que no tuvo relación con su actividad periodística, en Villavicencio. Él ejercía el periodismo en la ciudad de Arauca. Este año no habido asesinato de periodistas.
Y encontramos a los periodistas, especialmente de las regiones colombianas, menos amenazados, más tranquilos, gracias al avance de la seguridad democrática.
Esto es muy importante decirlo, porque ustedes se refirieron en sus intervenciones a la necesidad de garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, como un medio necesario para poder identificar las violaciones a los derechos humanos.
Nosotros estamos plenamente de acuerdo con ustedes. Y por eso nuestro esfuerzo para proteger la eficacia de la libertad de prensa, de la libertad de los periodistas.
Colombia tuvo años cuando fueron asesinados 200 – 256 integrantes de las organizaciones sindicales. Todavía no hemos podido llegar a cero casos. Llegamos a descender a 25 casos.
El año pasado, al sumar líderes sindicales, maestros, trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales, tuvimos 60 casos. Ojalá este año estemos muy por debajo. Estamos haciendo todos los esfuerzos.
Lo más importante es que se ha creado una gran sensibilidad nacional para proteger a todos estos compatriotas.
El Gobierno colombiano tiene un sistema de protección que les llega hoy a 10 mil personas. Protección individual. De ellos, dos mil, aproximadamente, son integrantes de las organizaciones sindicales. Eso nos cuenta 40 millones al año, de nuestro presupuesto. En un país que tiene todavía muchas limitaciones fiscales, alto déficit y alto endeudamiento.
Lucha contra la impunidad
Es bien importante destacar la lucha contra la impunidad. La Fiscalía General de la Nación, que es independiente del Ejecutivo, pero que tiene el mandato de coordinar con el Ejecutivo la política anti-criminal, mandato constitucional, ha creado la unidad especial para superar los casos de impunidad en el asesinato de líderes sindicales.
Con participación y liderazgo del Vicepresidente, del Ministro de Protección, se logró, en la Organización Internacional del Trabajo, un gran acuerdo gobierno, empleadores y trabajadores, para trabajar por la protección de los trabajadores y por la superación de la impunidad. Esa comisión tripartita, apoyada por una oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Bogotá, hace seguimiento riguroso a la tarea de superación de impunidad.
Hay ya más de 108 personas en la cárcel, acusados de haber participado en crímenes contra trabajadores. Hay un proceso mucho más rápido de investigación, un proceso mucho mas rápido que ha llegado ya a dictar muchísimas sentencias.
Pero nada nos puede declarar satisfechos hasta cuando Colombia logre que en este país asesinen cero periodistas, hasta cuando Colombia logre que en este país asesinen cero trabajadores, hasta cuando Colombia logre que en este país asesinen cero maestros.
Por supuesto, es que hemos sufrido mucho, apreciados visitantes y compatriotas. Esta patria tuvo una tasa de asesinatos de 68 personas por cada 100 mil habitantes. Ha estado entre el 36 – 38. Ojalá esta año no se ponga por encima del 30. Pero todavía es muy alta, a pesar del descenso.
Si sumamos los trabajadores sindicalizados y los profesores, el universo es de 1 millón 250. La tasa es infinitamente menor. Tasa del 2,5 por cada 100 mil, del 3 por cada 100 mil, del 6 por cada 100 mil. Pero esas comparaciones, cuando está de por medio el derecho a las libertades, no nos pueden llevar a declararnos contentos, cualquiera sea la tasa.
Lo que nosotros queremos es cero asesinatos. Una lucha sin cuartel para lograr que en Colombia se enseñoree nuevamente el respeto a la vida.
Minas antipersonal
Se han hecho muchísimos esfuerzos. Por ejemplo, es plausible que el país más amenazado por el terrorismo haya sido un país que emprendió, bajo la dirección del Vicepresidente de la Republica, la destrucción de las minas antipersonal que, por razones experimentales, por razones académicas, tenían nuestras Fuerzas Armadas.
Colombia dio ejemplo en eso. Y nuestras Fuerzas Armadas las destruyeron. Y no hubo protesta, sino contento en nuestras Fuerzas Armadas.
Vigilancia internacional
Es bien importante señalar lo siguiente: muchos países, cuando tuvieron problemas de seguridad, se cerraron a la vigilancia internacional. Aquí no. Aquí llegan periodistas internacionales todos los días a descubrirnos o a tratar de verificar sus prejuicios. Aquí hay una presencia masiva de Ong’s. Están rodeadas de todas las garantías. Creo que el único problema que han tenido en estos seis años es que el Presidente de la República ocasionalmente discute con ellas.
Pienso que no han sido muchas las discusiones. Lo que pasa es que se les ha asignado demasiada importancia. Ese es el único riesgo. Yo creo que discutir es bueno para la democracia. Pero aquí están rodeadas de garantías, no tienen filtros para ingresar al país. Casi pueden entrar, creo que entran sin visa. Eso es bien importante.
Yo me pregunto: ¿qué país, afectado, como estuvo Colombia por 60 mil terroristas, que todavía pueden quedar 8 mil, ha estado tan abierto a la vigilancia internacional, justamente en una coyuntura en la que el pueblo ha apoyado al Gobierno en la decisión de derrotar plenamente al terrorismo?
Eso hay que destacarlo también, como un compromiso nuestro con otro factor necesario para el imperio de los derechos humanos, que es la vigilancia internacional.
Nosotros controvertimos, pero consideramos que esa vigilancia internacional es absolutamente necesaria, es conveniente. Tan importante como las libertades que puedan usufructuar quienes ejercen el periodismo, por ejemplo, al interior del país.
Operativos militares
Allí hay otros temas bien importantes a los cuales nos pudiéramos referir. El tema de los operativos militares.
Primero, diría que las Fuerzas Armadas de Colombia son las Fuerzas Armadas del mundo más comprometidas con el estudio y la interiorización de los derechos humanos.
Estudio para tener total claridad teórica, e interiorización para poder ajustar automáticamente, casi como un reflejo condicionado, la conducta de cada integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia hacia el respeto de los derechos humanos.
Eso parte de un principio, parte de la idea de que el nuestro es un Estado de derecho y de opinión, de gobierno y de instituciones sometidas a la ley. Un Estado de Opinión que respeta profundamente la expresión de la opinión.
Y sostener una política de seguridad en un Estado de Opinión implica que esa política de seguridad sea creíble. Y para que esa política de seguridad sea creíble, tiene que ser eficaz y tiene que ser transparente. Sostenibilidad depende de credibilidad. Y la credibilidad tiene dos pilares: la eficacia y la transparencia.
Y algo que puede decir Colombia hoy es que eso esta totalmente interiorizado en nuestras Fuerzas Armadas. Qué importante.
Prioridades de las Fuerzas Armadas
¿Cuáles son las prioridades hoy de las Fuerzas Armadas? Las prioridades de las Fuerzas Armadas son: primero, desmovilizar a los integrantes de los grupos terroristas. Esa es la gran prioridad. Para eso se trabaja. De otra manera no hubiéramos logrado que durante nuestros años de gobierno se hubieran desmovilizado 48 mil.
Comparen con lo que pasó en otros países, que sufrieron problemas semejantes: se desmovilizaban dos mil, cuatro mil, cinco mil. Aquí 48 mil, en nombre de la seguridad.
En toda la década de los noventa en Colombia se desmovilizaron –no me dejarán equivocar el Vicepresidente y el ex Ministro, doctor Augusto, que ha sido un trabajador insomne por la paz y los derechos humanos en Colombia–, creo que en toda la década de los noventa se desmovilizaron 4 mil personas.
Desmovilizar 48 mil, implica un gran compromiso con los derechos humanos.
¿Finalmente por qué se han desmovilizado? Porque han creído que aquí hay derechos humanos. Y no ha sido fácil. A ellos los amenazan: ‘Si usted nos abandona, lo asesinamos, le asesinamos a la familia’. Y sin embargo han abandonado a grupos terroristas.
Y a ellos les dicen: ‘No se vayan, no se sometan a la ley colombiana, no acudan a buscar la protección del Ejército, de la Policía, que los asesinan’. Y a pesar de todo eso que les han dicho, 48 mil han tomado la decisión de desmovilizarse.
Y todo el que se desmoviliza, se convierte en un testigo de que aquí hay transparencia y de que aquí hay compromiso con los derechos humanos.
Yo no les voy a decir que estamos en un paraíso. Un proceso de desmovilización de 48 mil personas es muy costoso y muy difícil. En mi permanente diálogo con los compatriotas, siempre encuentro quejas de los desmovilizados. ‘Presidente, que a mí no me pagaron; Presidente, que yo estoy pidiendo ingreso a una universidad y no he podido llegar a una universidad’.
Y de todas maneras hemos tenido también un porcentaje de reincidencia. Han reincidido unos tres mil. Que porcentualmente es poco frente a 48 mil desmovilizados, sí. Pero tres mil reincidentes, en cualquier país del mundo, se constituyen en una amenaza gravísima para la sociedad.
Con los desmovilizados, generosidad. Y nuestra política con los reincidentes, toda la fortaleza de las instituciones para capturarlos y llevarlos a la cárcel y pedirles a fiscales y a jueces que los investiguen y los condenen, sin los atenuantes de sentencia corta que, por ejemplo, trae la Ley de Justicia y de Paz.
Algo bien importante en nuestras Fuerzas Armadas: primero, el interés es buscar que todos estos grupos se desmovilicen.
Segundo, ponerlos presos.
Y por última prioridad está la de darles de baja.
Esa escala de prioridades debemos destacarla, porque así trabajan hoy nuestras Fuerzas Armadas.
Tema de omisión
Hemos tenido problemas. Primero, se decía: es que las Fuerzas Armadas están en colusión con grupos terroristas llamados paramilitares. Crítica dura. Las Fuerzas Armadas de Colombia resistieron esa crítica con total humildad republicana. Y no se opusieron a las investigaciones, no hubo solidaridades de cuerpo.
¿Qué demostró la realidad? Que eran individuos. Que nunca la institución estuvo en este tipo de colusiones con criminales.
Cuando estábamos aprobando la Ley de Justicia y Paz, que es la primera en el mundo que exige justicia, verdad y reparación, se decía: ‘Apenas empiecen a decir la verdad, ahí van a involucrar a la mitad de los integrantes de las Fuerzas Armadas’. No ha pasado.
En nombre de la democracia, hemos creado todos los riesgos que se derivan de la posibilidad de la delación. Y creo que nuestras Fuerzas Armadas en este proceso están quedando todos los días más enaltecidas ante la historia.
Eso ha demostrado que ellos no se han opuesto, en las Fuerzas Armadas, a la investigación y juzgamiento de quienes han violado los derechos humanos.
Y el proceso ha demostrado que ha sido casos aislados de individuos. Que la institución, en momentos de tantas dificultades, ha estado ceñida a la Constitución y al cumplimiento de los derechos humanos.
Me decía: ‘Es que hay conductas omisivas’. Es muy fácil hablar de conductas omisivas cuando hay un terrorismo muy fuerte y las Fuerzas Armadas no están suficientemente fortalecidas, no están suficientemente apoyadas para poder enfrentarlos eficazmente.
Yo diría que en Colombia la omisión de las Fuerzas Armadas, puede decirse que fue frente a ambos, y no fue dolosa. Fue simplemente por falta de apoyo político. Fue simplemente por falta de logística. Fue simplemente por falta de determinación en la dirección política y civil del Estado, para combatir a los grupos terroristas.
Pienso que el tema de omisión es un tema que se debe estudiar más en relación con el Gobierno civil que con las Fuerzas Armadas. Porque finalmente nuestras Fuerzas Armadas son constitucionales. Son unas Fuerzas Armadas profesionales. Son unas fuerzas Armadas subalternas, que han seguido las instrucciones de los comandantes civiles, de origen democrático, en cada momento.
Algo bien importante en nuestras Fuerzas Armadas. Primero se decía: ‘Es que es baja y ese operativo eficaz no lo realizaron las Fuerzas Armadas sino los paramilitares’.
Entonces trataban de acusarlas para desdorar su actividad, diciendo: ‘Ese positivo no lo hizo la Fuerza Pública colombiana, lo hicieron los paramilitares, y se lo entregaron a las Fuerzas Armadas para que ellos los reivindicaran’.
Se demostró que no. Las Fuerzas Armadas fueron avanzando en eficacia.
Entonces en los dos últimos años lo que se ha dicho es, ya se ha cambiado de acusación. La nueva acusación es que las Fuerzas Armadas producen ejecuciones extrajudiciales, que no se deberían llamar ejecuciones extrajudiciales, porque en Colombia no se permite la ejecución judicial. En Colombia, desde 1910, se eliminó la pena de muerte. Se deberían llamar homicidios, asesinatos fuera de combate.
¿Y qué ha hecho nuestra Fuerza Armada? Facilitar plenamente las investigaciones, ajustar los protocolos.
Por ejemplo, desde que empezó esa crítica, nuestras Fuerzas Armadas tomaron una decisión: allí donde haya un integrante de terrorismo dado de baja, las Fuerzas Armadas no realizan ningún movimiento mientras no llegue un fiscal.
Creo que esa decisión que se ha tomado, en los últimos tiempos, ha venido ayudando y tiene que ayudar mucho para que haya total confianza en la transparencia de nuestras Fuerzas Armadas.
Ningún escenario mejor que este para decir que la lucha del Vicepresidente, de nuestras Fuerzas Armadas, ha sido una lucha que ha producido esa gran sensibilidad a favor de los derechos humanos en nuestra patria.
Quiero también contarles, no voy a abultarlos con resultados de la seguridad democrática, porque falta mucho. ¿Para qué dice uno que ha rebajado el homicidio a la mitad, si todavía 16 – 17 mil homicidios en un año es una barbaridad?
¿Para qué dice uno que el secuestro ha bajado de tres mil, tres mil 500 casos a 270, si deberíamos tener cero secuestros?
Intangibles
Déjenme hablar de intangibles. Un intangible bien importante que se ha ganado, es que el pueblo colombiano tiene la determinación de derrotar el terrorismo. Y hoy cree posible la derrota del terrorismo. Hace seis años no lo creía posible.
Otro intangible es que hace seis años la gente era muy indiferente, o cada quería resolver el problema por sus propios medios.
Hoy la ciudadanía esta comprometida, apoya, se involucra, ya no quiere resolver el problema por sus propios medios, sino que apoya a las instituciones.
Otro intangible es exigir eficacia, pero también exigir transparencia.
Creo que estos intangibles, para una cultura de seguridad, que finalmente es el camino que conduce a la paz sostenible en un Estado de Opinión, pueden ser más importantes que los resultados obtenidos en el campo material en estos seis años.
Otros resultados importantes. En Colombia a la gente le daba miedo testificar. Nosotros hemos dicho que con la seguridad democrática hemos recuperado el monopolio estatal de las armas y hemos recuperado el monopolio estatal de las armas y hemos recuperado el monopolio estatal de la justicia.
Ese problema paramilitar lo encontró el Gobierno. Los destinos de parapolítica son delitos cometidos antes de este Gobierno. Y yo me pregunto, indago con mucha frecuencia: ¿y porque no se había judicializado? ¿Qué pasaba? Si teníamos la misma estructura de justicia que tenemos hoy.
Creo que faltaba el liderazgo político para decir: vamos a derrotar el terrorismo. Y de allí se derivaba, que ese terrorismo avanzaba mucho y a la ciudadanía le daba miedo testificar.
La política de seguridad democrática, en la medida en que ha quitado el temor a testificar, ha hecho posible que la justicia actúe, amén de otras circunstancias.
Nosotros en estos años casi hemos duplicado el presupuesto de la justicia. La hemos fortalecido muchísimo. Hemos modernizado los códigos. Introdujimos la reforma constitucional del sistema penal acusatorio. Introdujimos la oralidad.
La advertencia que si hay que hacer es que no se puede pasar del extremo en que vivamos, de un país que le daba temor testificar, al extremo, que no podemos permitir, de manipulación de testigos.
Nosotros, con la autoridad moral que tenemos, de haber dirigido esta política de seguridad democrática, que ha contribuido a que se pierda el temor a dar testimonio, pedimos que no nos vamos a ir al otro extremo, al de manipular testimonios. Porque eso le hace mucho daño a la cohesión social, que tiene que construirse para que una política de seguridad democrática sea sostenible, en un comunidad pluralista, como es la comunidad colombiana.
Otro resultado bien importante: el papel de las víctimas. Las víctimas no aparecían. Señor Vicepresidente: usted que ha recorrido el país desde hace muchos años, en esa lucha contra el secuestro, identificando víctimas, no aparecían.
Excepcionalmente los colombianos salían a la calle a protestar contra el secuestro. El país tenía temor y estaba anestesiado. Un secuestro más no se denunciaba por temor, pero había una especie de anestesia que hacía que nos sintiéramos el dolor.
Hoy se reclama más por seguridad, a pesar de que ha mejorado la seguridad, porque se ha quitado esa anestesia. Antes 3.500 secuestro no dolían. Hoy un secuestro duele. Creo que eso es bien importante.
Entonces el país ha aprendido a reaccionar y las víctimas han perdido el temor. Creo que el proceso de la seguridad democrática ha dado una protección a las víctimas, para que aparezcan, para que reclamen.
Reparación a las víctimas
Después de que tuvimos la reunión de la Corte Interamericana en Bogotá, distinguida jueza, se produjo el decreto para avanzar en la reparación administrativa de las víctimas.
Está en trámite en el Congreso de la República una ley. Hemos pedido que se ajuste al decreto, porque también tenemos limitaciones presupuestales.
En los próximos años, Colombia deberá pagar 3.500 millones de dólares de reparación de víctimas. Eso equivale a muchos puntos del PIB. Entonces tenemos que avanzar, pero también dentro de lo posible.
Y cuando en el país no aparecían las víctimas, hoy aparecen. Ya hay más de 137 mil víctimas censadas. Están compareciendo a reclamar sus derechos. Antes no lo hacían. ¿Ahora por qué lo hacen? Porque la seguridad democrática ha ayudado a que superen el temor. Porque ya sin temor, encuentran que tienen unos derechos que reclamar para que esos derechos sean eficaces.
Tema de la droga
Yo no puedo dejar de referirme al tema de la droga. El tema de droga tiene profunda relación de causalidad con la violación de los derechos humanos en Colombia.
Este país ha hecho un inmenso esfuerzo por recuperar el turismo. Hace seis años nos llegaban 500 mil turistas. Este año estamos esperando dos millones.
Y nos dio mucha tristeza saber que hace pocos días hubo un video, que mostraba que muchos turistas venían a Cartagena a consumir droga.
La droga ha hecho un daño enorme. Y nos parece que hace falta en nuestro país, en el mundo, decisiones. El mundo tiene que tomar la decisión de perseguirla de verdad.
Con excepción de Estados Unidos, que nos ha apoyado eficazmente, el resto del mundo nos apoya más con retórica que con acciones efectivas. Y hago ese reclamo, muy constructivamente. Nosotros necesitamos un apoyo con acciones efectivas.
La historia de Colombia uno no desea que, en esta materia, la repitan otros países.
Cuando aquí empezó el narcotráfico, se decía: ‘Esos tipos traen, comercializan coca de Bolivia y de Perú, la llevan a Estados Unidos y se gastan la platica en Colombia. Eso no es problema. Aquí no van a tener nunca producción’.
Después aparecieron 5 mil hectáreas de producción en Colombia. Y la Policía colombiana dice que si en el año 2000 se hubieran hecho las mediciones de droga, como ahora se hacen, en el año 2000 deberíamos haber tenido 400 mil hectáreas de droga.
Y cuando ya teníamos problemas con siembras de droga y con laboratorios, se decía: ‘Eso no es problema. Aquí nunca vamos a ser consumidores’. Hoy tenemos más de un millón de consumidores.
Todos los países están expuestos hoy a ser países de producción, países de tráfico y países de consumo. Y todo eso induce a la criminalidad.
Nosotros somos muy severos en extradición. En este Gobierno hemos extraditado a más de 700 personas.
Diría que es el país que más trabaja la confiscación. Nosotros tenemos una ley que le permite a la Fiscalía y a la Policía incautar un bien, por sola sospecha, sobre el origen del dinero con que el propietario lo adquirió.
Y es el propietario el que tiene que desvirtuar la presunción. Es el propietario el que tiene que demostrar la licitud del dinero con el cual adquirió ese bien.
En este Gobierno se han incautado 10 mil bienes. A pesar de que tenemos problemas para administrarlos, de todas maneras en Colombia hay una política severa de incautación.
En Colombia hay una lucha muy grande por erradicación de cultivos. Este año puede ser un año de 130 mil hectáreas de fumigación y de 100 mil hectáreas de erradicación manual.
Colombia hace un gran esfuerzo por cultivos alternativos. Tenemos 66 mil familias guardabosques, que antes estaban vinculadas a la droga. Se ha hecho con ellas el pacto de que ellos deben dedicarse a cuidar la restauración de la selva, deben mantenerse totalmente alejadas de la droga, deben mantener las áreas que se fijen libres de droga.
Eso lo vigila Naciones Unidas. Naciones Unidas ha dado fe de que ese es un programa extraordinario. Y cada familia de esas está recibiendo más o menos 2 mil dólares del Estado colombiano por año.
Se hacen esfuerzos enormes para impulsar la piscicultura, para impulsar la palma africana, para impulsar el cacao, para impulsar el caucho, para impulsar la miel de abejas, los cultivos transitorios, en un país que tiene muchos problemas.
Todavía tenemos muchos problemas de infraestructura, muchos problemas de pobreza. Ustedes llegan a un país que quiere salir adelante, pero que reconoce que todavía, por intermedio de su Gobierno, tenemos muchos problemas.
Dosis personal
Nuestra gran falla esta en el consumo. No entiendo cómo, mientras se hacen todos esfuerzos contra la droga, en Colombia no puede penalizar la dosis personal.
Estamos reiterando ante el Congreso de la República nuestra petición de que se introduzca una reforma constitucional para poder penalizar la dosis personal.
La droga es un camino hacia la delincuencia. Un niñito que sale de su casa a jugar fútbol en un parque de Cartagena, y lo llama un distribuidor de droga y le dice: ‘Como usted es menor de 18 años, usted no tiene problema, lléveme este bulto de coca a tal parte’. Ese niñito se olvida del juego, se olvida del béisbol, se olvida del fútbol y empieza ya a pensar en el dinero que le da esa actividad. Y esa actividad finalmente lo conduce a la criminalidad.
Y entonces el otro que está distribuyendo, no tiene en su bolsillo sino una dosis personal. Va y se la vende a un consumidor, vuelve al sitio, a la guarida donde tienen el cargamento, recoge otra dosis personal y va y se la vende a otro consumidor. Y eso crea un manto total de impunidad.
La Policía en Cartagena ha hecho inmensos esfuerzos, en las últimas semanas. Pero muchos de esos esfuerzos han sido fallidos, porque los jueces de garantía dicen: ‘Usted me trajo a este distribuidor de coca, pero usted lo encontró fue con una dosis personal’. Entonces los jueces de garantía lo ponen en libertad.
Este país necesita tomar la valerosa decisión de sancionar la dosis personal.
Y a mí me preocupa que en el mundo hay tanto debate insulso sobre el tema.
Nosotros hemos visto aquí en la vida práctica cotidiana de Colombia, una relación entre la facilidad del consumo y la criminalidad. La facilidad del consumo de droga y la violación de los derechos humanos.
Nosotros necesitamos más conciencia del mundo en esa tarea. El mundo en lugar de avanzar en esta permisividad con el consumo, debe dar el combate al consumo. Porque es muy injusto que se quejen de la producción de coca andina, pero justifiquen su permisividad frente al consumo.
Como también es muy injusto, al interior de nuestro país, que muchos que se quejan del narcotráfico, de las siembras, sean defensores de la permisividad frente al consumo.
Creo que es la hora de pensar muy seriamente en una batalla contra el consumo, que se convierte en un camino de afectación de los derechos humanos.
Si Colombia no hubiera tenido ese problema de la droga, hace rato que habríamos superado el problema del terrorismo.
Cuando uno escucha a quienes intervinieron en los procesos de paz de Centroamérica –el doctor Augusto fue uno de los autores allí–, cuando uno lee sobre las tesis doctorales que se escribieron sobre esos procesos, rápidamente halla que esos procesos se hicieron posible porque habían estancamientos militares, porque dejaba de llegar plata de organismos internacionales que les cooperaban a esos grupos, porque había compromisos para establecer reglas democráticas.
Aquí en Colombia a estos grupos no les llega plata de afuera. Pero es que son excesivamente ricos por el narcotráfico. Creo que esa riqueza autónoma que tienen por el narcotráfico, se ha convertido en el gran freno para que hagan la paz. Inclusive es lo que los ha llevado a no hacer caso de otros países.
Cuando estas guerrillas nuestras se declararon marxistas y dijeron que querían hacer en Colombia una réplica de la revolución cubana, respetaban profundamente la revolución cubana, respetaban profundamente la china de Mao Tsé Tung, el Vietnam de Ho Chi Minh, la Unión Soviética. Hoy no respetan a nadie.
A mí me decía el Presidente Fidel Castro, hace algún tiempo: ‘Yo no tengo hoy ninguna influencia sobre ellos’. Y se lo creemos. Cuba nos ha ayudado de muy buena fe. Nos ha ayudado a buscar la paz.
El día que estos tipos empezaron con el narcotráfico, ese día empezaron a mirar con desdén a todos aquellos que habían sido sus puntos de referencia.
El día que empezaron con el narcotráfico, se les olvidó que su punto de referencia era Cuba, y lo cambiaron por otro punto de referencia, que era el enriquecimiento con el delito. Y eso ha dificultado mucho la paz.
Por eso nosotros no podemos disociar la lucha contra las droga de la lucha por el imperio de los derechos humanos. Reconociendo que el problema de consumo hoy no es de las sociedades industrializadas, sino también de las nuestras. Lo tenemos, y muy grave. Hay que dar esa batalla.
Yo pediría a toda organización, a todo ser humano, que lucha por los derechos humanos, que tenga en el primer lugar de sus preocupaciones la necesidad de la lucha contra la droga. Un factor de violación de derechos humanos enorme.
Les deseo todos los éxitos en estas deliberaciones. Estaremos atentos a sus conclusiones. Están en un país de libertades, en un país que está dando una gran lucha por superar la pobreza, por construir equidad, por atraer inversión, por superar el terrorismo.
En un país que reconoce sus problemas, pero en un país que también le pide al mundo que reconozca el heroico esfuerzo del pueblo colombiano.
A todos, muchas gracias”. |
