Cali, 11 sep (SP). “Celebro este encuentro. Ha sido norma de este Gobierno acudir a las asambleas de las ramas, analizar tranquilamente con ustedes los temas.

Si en los años anteriores pudimos analizar tranquilamente temas de presupuesto, de la necesidad de apropiar las partidas para poder poner en marcha los juzgados administrativos, de nivelaciones que aun faltan, de conectividad, ¿por qué en esta ocasión no vamos a continuar el diálogo para hablar de temas tan importantes, por ejemplo, como los que ha traído el honorable Magistrado, Presidente del Consejo de Estado, el doctor Enrique Gil?

La práctica nos demuestra que la independencia de las ramas, no puede impedir el diálogo, y que hay que tener un diálogo más allá de los pronunciamientos en las sentencias o en los autos. Es una necesidad de la vida colombiana.

Y es bueno el diálogo público, porque el diálogo público elimina suspicacias, el diálogo público y cara a cara, obliga a prestar mucha atención a lo que dicen los voceros de las otras ramas, a interiorizar sus planteamientos, a buscar opciones cuando esos planteamientos tienen divergencias con los propios.

Cuando el Presidente del Consejo de Estado dice que detrás de la crítica, por pequeños elementos diferenciantes, puede haber motivos perturbadores, yo estoy de acuerdo.

Por eso la crítica y el análisis tienen que hacerse en público, para que no quepa la menor duda, para que se construya confianza, porque la confianza se construye entre los que piensan diferente, para que se construya confianza en la relación entre las ramas, respetando su autonomía y su independencia, y para que no quepa ninguna razón de suspicacia a la opinión pública, porque finalmente este es un Estado de Derecho, sí, social, sí, pero de opinión.

La circunstancia del Estado de opinión, es el elemento diferencial más importante hoy del Estado de Derecho. Ustedes, distinguidos juristas de mi Patria, familiarizados con todo el proceso evolutivo de la construcción del Estado de Derecho, desde la carta de Juan sin Tierra,  y ese proceso inglés, que al decir de Bertrand Rusell, fue un proceso permanente, imperceptible, de transición de poderes de la corona al pueblo, sabe que finalmente el Estado de Derecho es un Estado de opinión.

Nadie discute hoy en el mundo que el gobernante tiene que dar ejemplo en sometimiento a la ley. Eso fue elemento diferencial del Estado de Derecho en algún momento.

Nadie discute hoy en el mundo, que un Estado Democrático no funciona sin equilibrios, y que el fundamento de los equilibrios radica en la separación del Estado en ramas.

Nadie discute hoy en el mundo, que tiene que existir un conjunto de organismos de control, independientes.

La gran discusión es: cuál es el margen de libertad para actuar en frente de la opinión pública y para permitir la participación de la opinión. El alto grado de participación de la opinión, es lo que a mi juicio finalmente distingue el Estado de Derecho.

Por eso –y lo digo de la manera más constructiva, como todo lo que quiero decir esta tarde, y con el mayor respeto- cuando las cosas las discutimos públicamente, con toda franqueza, se despeja cualquier duda sobre intereses protervos, mezquinos, que puedan sustentar las afirmaciones o los análisis.

Primero, quiero hacer un reconocimiento a toda la trayectoria del Consejo de Estado en Colombia, de nuestra Justicia, desde la concepción original del Libertador.

Como lo ha dicho muy bien el Presidente del Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa tiene una tarea nobilísima: la de definir todas las discrepancias que se presentan entre los ciudadanos y las acciones de las cuales derivan responsabilidad para el Estado.

Permítanme hilvanar esta exposición de la siguiente manera: repetir a ustedes qué piensa el Gobierno de Colombia hoy, sobre los elementos fundamentales del Gobierno, la Seguridad Democrática, sus resultados, su relación con la justicia, temas como el de la Universidad Distrital, de gran importancia para ser tratado hoy 11 de septiembre.

El tema de la reforma política, el tema de la reforma a la justicia, el paro en algunos sectores de la justicia, el tema de la crítica a algunas decisiones, si eso constituye interferencia o no, la oportunidad de la reforma, si una integralidad en la justicia se puede definir en una reforma o si resulta de un proceso permanente de ajustes, y los otros temas de la reforma a la justicia.

Elementos de Gobierno

Este Gobierno, apreciados compatriotas, ha venido trabajando un esquema elemental, el de construir confianza en Colombia. Y el diálogo público contribuye a ello.

Confianza para vivir en Colombia, para trabajar en Colombia, para estudiar en Colombia.

¿De donde surge ese propósito? Recorría yo el país a finales de los años noventa, a principios de los años dos mil, y preguntaba a los estudiantes universitarios si en alguna ocasión ellos habían pensado abandonar al país definitivamente, y la inmensa mayoría contestaba que si.

Observábamos una especie de desprendimiento del país, de renuncia a la nacionalidad.

Eso y otros elementos de observación del discurrir de la vida nacional, nos llevó a proponer como fundamental la profundización de la confianza en Colombia, soportada en tres pilares: la seguridad desde la democracia, la confianza inversionista con responsabilidad social, y la construcción de cohesión social.

Si esos tres pilares funcionan, hay más confianza, una relación vertical de abajo hacia arriba. Si esos tres pilares funcionan y hay más confianza, la confianza fortalece en una replica vertical de arriba abajo la confianza.

La Seguridad Democrática y la confianza inversionista crean las posibilidades para construir cohesión social. En ausencia de ellas, el discurso social no produce resultados, es agitacional en campañas y pobre en rendiciones de cuentas.

En presencia de la Seguridad Democrática y de la confianza inversionista con responsabilidad social, el discurso social va ganando resultados, que va construyendo cohesión social, y esa cohesión social se constituye en un factor legitimante de la Seguridad Democrática y de la confianza inversionista.

¿Por qué Seguridad Democrática?

¿Por qué democrática nuestra seguridad? La propusimos como una categoría democrática, y después de 6 años de Gobierno podemos mostrar una praxis democrática. La propusimos como una categoría democrática por razones internacionales y también por razones de la idiosincrasia colectiva de la Patria.

Razones internacionales: los proyectos de seguridad en América Latina se asociaban con proyectos de dictadura, con supresión de libertades, con eliminación del pluralismo, con expatriación del disenso, y muchos de ellos condujeron finalmente a formas de terrorismo de Estado, que compitieron en crueldad con las acciones de inseguridad que combatían.

En lo nacional, terminada la Guerra de los Mil Días, separada Panamá, el país vivió un periodo de relativa paz en medio de los grandes problemas y de la depresión en que nos sumieron todos los episodios de fines del Siglo XIX y de principios del siglo XX. Esa paz se altero. La violencia partidista, la aparición de las guerrillas marxistas, posteriormente el narcotráfico, los paramilitares, el elemento común de todos esos factores, el narcotráfico, la sustitución de la ideología por el afán de enriquecimiento, la mutación de la insurgencia hacia el terrorismo.

Y el país, siempre tuvo un gran temor a comprometerse en proyectos de seguridad. Se les rechazaba, como propuestas de dictadura y de cercenamiento de libertades, se desacuñaban posturas ideológicas extremas, y estaban condenados a no prosperar en Colombia.

Se confundía la civilidad con la debilidad. Por eso, nosotros muy cuidadosamente propusimos un proyecto democrático de seguridad, que es el que hemos practicado. Seguridad para todos, para los amigos del Gobierno y para sus críticos.

Un Gobierno que lleva 6 años tiene que reivindicarse en los hechos y tiene que ser juzgado por los hechos. Aquí los críticos tienen con quien controvertir, pero están plenamente rodeados de garantías.

Aquellos que estaban en el exilio, alegando una u otra razón de seguridad desde antes del inicio de este Gobierno, han regresado. Son acervos críticos del Gobierno, ya no viven en el extranjero sino en el país, rodeados de garantías.

Yo creo que ese es un hecho bien importante, para decir que este proyecto de seguridad merece que se le atienda el reconocimiento de ser un proyecto democrático.

Esos hechos sí que son bien importantes, porque conectan con otro elemento fundamental: el respeto a las otras ramas del poder público.

Aquí hemos hecho un inmenso esfuerzo para proteger por igual a todos los colombianos, a los lideres sindicales, a los periodistas, a los empresarios.

Tenemos 10 mil compatriotas con protección individual directa, con un costo de 40 millones de dólares al año para el presupuesto, de ellos 2 mil son líderes sindicales.

En nuestra Patria hubo años en que asesinaban 256 líderes sindicales, 15 periodistas. Todavía nos asesinan, trabajadores. No podemos conformarnos por la circunstancia de que hemos pasado de 256 a 20, 25 o a 40 maestros. Nosotros estamos inconformes, el mejoramiento de la tendencia no nos da satisfacción. Lo que queremos llegar es a cero casos.

Y se ha hecho un gran esfuerzo par superar la impunidad, para mejorar la protección. Hubo años en que asesinaban 15 periodistas. El año pasado asesinaron uno, por razones no relacionadas con su oficio. Este año no han asesinado uno solo.

Cuando un Gobierno lleva seis años de práctica democrática de un proyecto de seguridad, yo creo que eso solo, apreciado Presidente del Consejo de Estado, debe dar tranquilidad a la Justicia, sobre el hecho de que en los análisis que este Gobierno haga –acertados o equivocados- no hay motivación distinta a la de los superiores intereses de la Nación, respetando la constitución, la ley y principios fundamentales de la organización del Estado, como la independencia entre las diferentes ramas del poder publico.

Justicia, fundamental en la Seguridad Democrática

La justicia es un elemento fundamental de la Seguridad Democrática, y es un elemento fundamental para hacer de la Seguridad Democrática un proyecto perdurable en los colombianos.

En un Estado de opinión estos proyectos son perdurables si son creíbles, y para ser creíbles tienen que ser eficaces y transparentes. La eficacia y la transparencia están íntimamente relacionadas: no hay eficacia sin transparencia, no se puede alegar la eficacia cuando un proyecto de seguridad viola los derechos humanos, o pasa por encima de la separación de las ramas del poder público.

Nosotros hemos procurado, a lo largo de estos seis años, trabajar por la credibilidad de la Seguridad Democrática,  buscando su eficacia, llevada de la mano de la transparencia

La justicia es una pieza fundamental.

Déjenme, con todo respeto, decir ante ustedes, que constituyen este auditorio tan calificado de los juristas de la Patria, expresar, que el país había perdido la eficacia del Estado.

Recuerdo la discusión en las aulas de las facultades de derecho. ¿Qué Estado ejercía el poder en el territorio francés de la ocupación nazi?, ¿el Estado francés, titular formal de esa soberanía?, ¿o el Estado alemán, usurpador, gobernante de facto.

Allí, los franceses mantuvieron durante la ocupación la titularidad formal, pero el poder de hecho, la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir coercitivamente la ejercieron los invasores.

Algo le estaba pasando a Colombia. Los invasores eran los terroristas de toda pelambre. Se habían apoderado de un altísimo porcentaje del territorio, no solamente habían sometido amplias masas de ciudadanos, sino que habían desbordado a la Fuerza Pública, y en muchas partes sustituían la justicia. Tuvieron por lo menos la capacidad de hacerla inoperante en muchas partes del territorio.

El esfuerzo por recuperar la presencia eficaz del Estado, la operación de la justicia, es un esfuerzo fundamental en nuestra política de Seguridad Democrática.

Diría yo, que hemos recuperado el monopolio estatal en el uso de las armas, y el monopolio de la justicia del Estado.

Esfuerzos en beneficio de la Justicia

Por eso digo que más que estar en crisis, estamos en solución de la crisis.

Nosotros hemos procurado apoyar a la justicia con todas nuestras energías. Basta mirar el proceso normativo, el proceso presupuestal.

Primero, se aprobó la reforma constitucional que introdujo el sistema penal acusatorio, cambio fundamental, la oralidad. Vino un largo proceso de discusión para actualizar los códigos, y después se han aprobado leyes estatutarias y otras reformas.

Distinguidos magistrados, Presidente y Vicepresidente del Consejo de Estado, distinguido jueces: hay que pensar esto. ¿La reforma integral es el producto de un proceso de reformas concatenadas, o una sola reforma?

Yo creo que la reforma que se presenta no se puede mirar aisladamente. Hay que mirarla en concordancia con las reformas aprobadas desde 2002.

Quiero, muy respetuosamente, proponerles esa reflexión.

Hemos hecho un gran apoyo presupuestal, en medio de dificultades. Un país que todavía tiene alto déficit, un alto endeudamiento. Y todos los reclamos son justos.

Entonces, uno se reúne con los calificadores de riesgos y dicen: “lo que pasa, Presidente, es que se les fue la mano en las transferencias a las regiones”.

Y nos reunimos con alcaldes y gobernadores, y dicen: “Presidente, es que ustedes no quisieron volver a la Constitución del 91, se podría profundizar más la descentralización”.

Voy a la Andi y dicen: “Presidente, ustedes están haciendo mucha vía municipal, pero no están construyendo los corredores de comercio exterior”. Al otro día los alcaldes dicen: “Presidente, el Plan 2.500 es bueno, pero insuficiente”.

El diálogo permanente con mis compatriotas, me ha indicado que es un país donde falta mucho, a todo el mundo le falta, y que el Gobierno tiene que ser paciente para atender los reclamos, porque casi todos son justos.

Hemos hecho un gran esfuerzo para la justicia, pero falta más. Lo entendemos.

Por ejemplo, en la Rama Judicial, en pesos corrientes, el crecimiento presupuestal ha sido del 90 por ciento, en el Consejo Superior de la Judicatura del 55, en la Corte Suprema de Justicia del 146 por ciento, en el Consejo de Estado el 134, en la Corte Constitucional del 99, en los tribunales y juzgados del 97, en la Fiscalía del 101 por ciento, en Medicina Legal del 142 por ciento. Y todo eso se ha hecho en un trabajo armonioso con la justicia.

Hemos analizado esos temas permanentemente, a lo largo de estos seis años de Gobierno. Estamos haciendo un gran esfuerzo ahora, para cumplir unos acuerdos con ustedes en materia de conectividad.

Qué bueno que este Gobierno pudiera dejar bastante avanzado ese proyecto de conectividad, y una justicia que puede operar con conectividad de banda ancha, una justicia totalmente integrada en tiempo real, a través de la conectividad.

No ha habido  subsector de la justicia, al cual el Gobierno no le haya respondido positivamente, al menos con la mejor voluntad de buscar soluciones.

Al final, cuando hable del paro en algunos sectores de justicia, me voy a referir a lo que sobre esos temas concretos hemos hecho, a lo que falta y a las limitaciones que tenemos.

Hemos hecho estos esfuerzos por la Justicia, en la convicción de que este país tiene en la justicia, finalmente, el gran factor de unidad, que es un componente esencial de la Seguridad Democrática en el presente y en su sostenibilidad.

Resultados de la Seguridad Democrática

Algunos resultados de la Seguridad Democrática: El país ha eliminado los paramilitares.

Uno recorre hoy el país y encuentra  guerrillas y unas bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Las investigaciones recientes y las denuncias de los ciudadanos, un día en Norte de Santander, al otro día en Nariño, al otro día en el Cauca, muestran una integración entre los grupos guerrilleros debilitados y las famosas bandas criminales, alrededor del narcotráfico.

¿Por qué digo que hemos eliminado los paramilitares?

Porque la palabra surgió de la circunstancia de que aparecieron organizaciones privadas criminales, cuyo objetivo era combatir otros criminales. Hoy en el país hay criminalidad, pero no hay bandas privadas criminales organizadas para combatir otros criminales. Hoy hay asociación de criminales. El Estado ha recuperado el monopolio para combatir criminales.

Característica histórica de nuestro proceso de Seguridad Democrática, es que este Gobierno no se ha asociado con criminales para combatir a otros criminales.

Si nos hubiéramos asociado con los paramilitares seguramente iríamos más rápido en la lucha contra la guerrilla, pero le habríamos hecho un daño terrible a las instituciones y a los valores democráticos.

Hemos debilitado las guerrillas. Se ha presentado una disminución del delito, a pesar de todo lo que falta. Nosotros revisamos diariamente todas las estadísticas de delincuencia en el país.

Este año, sumados todos los delitos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, a pesar de problemas, se registra un 30 por ciento de disminución.

Ahora, no estamos contentos.

Cuando se cuantifican las fosas masivas del año 98, del 2000, del 96, del 2001, y se le suman a los registros de asesinatos de la época, encontramos que hubo años con 35 mil asesinatos. La Policía me dice que este año es posible que no superemos 16 mil. Ojalá, pero todavía es muy alto.

Si bien tenemos ya ciudades como Bogotá –una de las más seguras del continente- como Medellín, con un descenso en criminalidad bien destacable, como Cali, que venía este año muy bien, el carro-bomba de la semana pasada nos hizo un daño, el promedio nacional del país ha descendido de 66 – 68 crímenes por cada 100 mil habitantes año, a 36 – 38. Este año ojalá no se sitúe por encima de 30. Pero todavía es muy alto.

O sea que hay resultados buenos, pero se necesita todos los días hacer mayores esfuerzos.

Quiero referirme a los resultados más importantes, los intangibles.

Hemos recuperado confianza. Hace seis años muchos compatriotas o no creían en las Fuerzas Armadas, o no creían en el Ejecutivo, o no creían en la justicia. Habían perdido la esperanza de credibilidad en las instituciones, y muchos querían resolver el problema por sus propios medios.

El gran intangible es haber recuperado confianza en todas las instituciones del Estado.

Otro gran intangible es haber recuperado ese monopolio del Estado para combatir a los violentos, y el monopolio de la justicia del Estado.

Otro gran intangible: los colombianos por indiferencia o por temor no denunciaban, negaban el testimonio, para que la justicia esclareciera los casos graves. Por indiferencia o por temor.

La Seguridad Democrática ha hecho que los colombianos pierdan el temor y tengan confianza para dar testimonio y para denunciar.

Por supuesto, permítanme decirlo, es que son unos temas donde infortunadamente tenemos unos puntos de contacto, y tenemos que, en medio de la independencia, buscar cómo trabajamos en armonía, porque son temas relacionados con el orden público.

Y el Ejecutivo es el director del orden público, y las ramas de la Justicia son las que aplican justicia. Y enfrentar el orden público sin justicia es imposible. Y la justicia no avanza si no hay un avance en el orden público.

Alguna vez me preguntaron, apreciados compatriotas: “¿cuál era la principal reforma que Colombia necesitaba para derrotar la impunidad?”. Y yo dije, la seguridad. Con 35 mil asesinatos, 3 mil 500 secuestros, no hay justicia que funcione.

Por supuesto, la seguridad del Ejecutivo, sin la Justicia, es una seguridad que no puede dar resultados que den confianza a la ciudadanía.

Son temas donde no se puede alegar, que en nombre de la independencia  cada uno tiene que andar por su lado. Son temas que tenemos que tratarlos en armonía, sin invadir la órbita de la otra rama.

Entonces vuelvo al tema de lo que ha pasado con los testigos. Un país que ha pasado de la indecencia y del miedo, a la confianza para denunciar o para rendir testimonio.

Lo que no podemos permitir es que nos vamos al extremo del abuso del testimonio o de la manipulación de testigos.

Y esto hay que hablarlo con toda claridad. Y todos los que tenemos responsabilidades en el orden público o en la justicia, tenemos que ser cuidadosos con el tema.

Otro gran intangible: las víctimas. No reclamaban por temor. No reclamaban porque decían: “mi reclamo no vale, me trae un riesgo y nadie me repara”. Hoy han aparecido más de 140 mil víctimas. Un proceso que admira la comunidad internacional.

Estamos en la tarea de esa reparación parcial, lo máximo que se puede lograr, porque el asesinato del ser querido nada lo repara plenamente.

Ahora, la reparación sí tiene una incidencia muy importante en evitar la venganza. No repara plenamente el dolor de la familia de la víctima, pero sí crea un estado de ánimo para la reconciliación y para superar las tentaciones de venganza.

Primero la Ley de Justicia y Paz, con la exigencia de reparación. Después del decreto que lideraron el Fiscal, el Ministro Carlos Holguín. Ahora el proyecto de ley, que pedimos que esté ajustado al decreto. Porque es que eso cuesta. Y yo no se qué es más grave con las víctimas: si negarles la reparación u ofrecerles una reparación con la cual no vaya a poder cumplir el Estado. Por eso hemos pedido una racionalización en la oferta legislativa de reparación.

Cuando expedimos el decreto para hacer posible la conciliación administrativa, estimamos que eso podría costar siete billones, en un país que todavía tiene un endeudamiento del 28 por ciento del PIB, un déficit en el Gobierno Nacional Central del 3.2 (por ciento), y que solamente este año para que el Seguro Social pueda pagar las pensiones, el Presupuesto Nacional le tiene que trasladar 6.4 billones (de pesos).

Tenemos retrocesos y dificultades que nos obligan a persistir: el carro-bomba de Cali. Ahí hemos estado dedicados todos estos días, a ver cómo la Policía, la Fiscalía esclarecen el crimen.

Este Gobierno no ha sido un Gobierno temerario para hacer imputaciones. La Policía ha capturado con plenas evidencias a seis integrantes de las Farc que hacen parte de una columna de las Farc que produjo el crimen.

Antes de esta intervención pregunté, muy cuidadosamente, ¿qué se había escuchado en las primeras declaraciones? Y ya algunos de quienes han sido aprehendidos por la Policía, en sus primeras declaraciones, han confesado que intervinieron en el crimen y que pertenecían, pertenecen a esa columna de las Farc.

¿Y cómo asocio yo eso con lo que pasó en la Universidad Distrital? Me parece que no se puede interpretar la libertad, como la libertad para que los apologistas del terrorismo se tomen las universidades.

¿Qué tal hoy, 11 de septiembre, en el país de las libertades, que es Estados Unidos, o en alguna de esas democracias libérrimas de Europa, aparecieran unos encapuchados en una universidad a hacer la apología de los terroristas que produjeron los atentados contra Nueva York, el Pentágono y un Estado de los Estados Unidos?

Ahora, guardemos las proporciones del tamaño, de la sofisticación de los artefactos terroristas. Salvadas esas diferencias, apreciados compatriotas, ¿qué diferencia hay entre el ataque de los terroristas a Nueva Cork, al Metro de Londres, a la estación de trenes de Madrid y a la ciudad de Cali, de hace una semana?

Yo no creo que la libertad sea permitir la apología del terror. ¿Entonces la libertad es permitir que se incite para que se le arroje ácido a los policías, para que en nombre de la lucha armada estallen carros bombas?  Eso no puede ser. Nosotros reclamamos justicia para todos.

Cuando la Corte Suprema empezaba el proceso de la parapolítica, una de las cosas que nos pidió la Corte Suprema fue que presupuestalmente se posibilitara que la Corte tuviera su propio cuerpo de investigación. Y lo hicimos, con un enorme esfuerzo presupuestal. Nosotros creemos que el país tiene que derrotar todos estos factores de terrorismo.

Es que aquí los paramilitares habían interferido la política y muchas instituciones. Pero la guerrilla fue la que dio ejemplo de eso. Este país tuvo más de 200 municipios controlados por la guerrilla, y uno de los reclamos del Gobierno es que hay que darles el mismo tratamiento a todos. Yo no creo que eso sea interferir la independencia.

Es un tema de orden público, sumamente grave para las presentes y venideras generaciones. Y en temas como ese, yo creo que se necesita más armonía que reivindicación de independencia para darnos la espalda. Diría yo que necesita armonía sin invadir la órbita del otro.

La Reforma Política

La Reforma política busca lo siguiente: exigirle a los partidos responsabilidades en los procedimientos democráticos, en la austeridad, en la transparencia de la financiación y en la elección de sus candidatos.

Hoy hay responsabilidades a las personas naturales, más no las hay a los partidos.

¿Cómo se propone resolver el problema de la silla vacía? De la misma manera que quisimos anticiparnos en el Referendo de 2003, que no pasó, a pesar del gran caudal de votos de colombianos que se depositaron a favor del sí.

Nosotros propusimos eliminar las suplencias. Que hoy hay suplencias, aunque no se llamen suplencias, simplemente actúa como suplente quien sigue en la lista. Y eso ha causado mucho trauma en el proceso legislativo, eso de estar cambiando el Congreso cada tres meses. Y causa mucho traumatismo también en el control político.

¿Qué proponemos? Proponemos que, al eliminarse los suplentes, solamente por excepción se permita que llegue el que sigue en la lista. ¿En qué casos excepcionales? Muerte del congresista, incapacidad absoluta. En el caso de vaya a la cárcel, no puede ascender el que sigue. ¿Proponemos que eso impere desde cuándo? Desde el 20 de julio del año entrante.

Creemos que, al proponer esa vigencia, no debe haber lugar a impedimentos, porque repito hoy ante la Justicia: me parece que es muy grave, so pretexto de los impedimentos, que el Congreso le niegue esta reforma al país.

Reforma a la Justicia

La reforma a la Justicia: quiero decirles que el Gobierno ha discutido mucho siempre con el Congreso y con la Justicia. Este Gobierno ha sido buscador de opciones. Y a ustedes no les debe extrañar que yo diga eso, porque ustedes han tenido una amplia participación en nuestras reformas constitucionales y legales, y en nuestras decisiones presupuestales.

Y queremos, en esta nueva propuesta de reforma, invitar a esa misma participación. La Justicia colombiana participó ampliamente en todo lo que fue la adopción del régimen penal acusatorio, la incorporación de la oralidad, la actualización de los códigos. Sí hubo una gran participación. No solamente los oímos sino que los escuchamos. Resultaron unos textos, finalmente, fruto de la concertación. ¿Por qué en esta ocasión no se puede?

¿Qué se propone para la descongestión? Se propone para la descongestión algo que hoy ha criticado –y recibimos la crítica con mucho respeto- el presidente del Consejo del Estado (Enrique Gil Botero).

¿Cómo va a decir el Ejecutivo, que en nombre de la independencia, la Justicia no puede criticar una propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo? No, de ninguna manera, nosotros recibimos bien esa crítica.

¿Qué propone el Ministro (del Interior y de Justicia)? El Ministro propone lo siguiente: uno de los factores de congestión es la reclamación permanente por decisiones pensionales y de salud, entonces se resuelve un caso, y después viene un caso idéntico, y hay que congestionar nuevamente la justicia.

¿Qué ha dicho el Ministro? Si la manera como se resuelve un caso se entiende que es jurisprudencia obligatoria para los casos idénticos, eso ayuda a descongestionar la justicia. Eso es lo que ha dicho el Ministro.

¿Qué ha respondido el Presidente del Consejo de Estado hoy? Que no está de acuerdo. Eso lo respetamos. ¿Por qué no buscamos en qué casos la jurisprudencia debería ser obligatoria para las actuaciones administrativas?

Yo temo que no puede ser en todos los casos. Y ahí tendría un acuerdo parcial con ustedes, porque la jurisprudencia ayuda, en las palabras del ex Presidente Darío Echandía, a que la Justicia permanentemente dinamice, vigorice el Derecho. De pronto, el Derecho más vigoroso del mundo ha sido el inglés, construido con jurisprudencia.

Entonces, eliminar la dinámica de la jurisprudencia, estacionar la jurisprudencia puede hacer un gran daño. Entonces, diría el Gobierno: no, pero es que nosotros estamos diciendo que la jurisprudencia sea obligatoria para el Ejecutivo, pero no estamos diciendo que se estanque la jurisprudencia. Eso es bien importante tenerlo en cuenta.

Sin embargo, se puede pensar que, en la medida en que sea obligatoria para el Ejecutivo, y que haya una jurisprudencia que haya resuelto un caso de pensiones o de salud favorablemente a la luz de los intereses de los demandantes, va a haber mucha presión de opinión que va a crear dificultades para cambiar la jurisprudencia. Analicemos eso. El Gobierno está dispuesto a analizar eso con toda apertura.

Creemos que si avanzamos en conectividad, como lo acordamos hace un año en el Quindío, en una reunión que no fue de discursos magistrales, como hoy, sino de mucho diálogo, yo creo que eso tiene que ayudar a descongestionar la Justicia.

Me parece que hay algo novedoso en la propuesta del Gobierno, de ocurrencia del Ministro: que se crea una sala de gobierno, integrada por los presidentes de las Altas Cortes y un magistrado adicional de cada Corte. Y se propone dotar a esa sala de competencias constitucionales, para que de manera autónoma, sin tener que acudir a la Ley, esa sala pueda tomar las medidas que se requieran para descongestionar la Justicia.

Apreciado Presidente del Consejo de Estado, creo que eso es una demostración palmaria del respeto a la autonomía de la Justicia.

Decir: “mire, la Justicia, autónomamente, a través de reglamentos constitucionales, expresamente asignados en la Carta, por intermedio de una sala de gobierno integrada por los presidentes de las Cortes, puede tomar todas las decisiones que se requieran para descongestionar la Justicia”.

Ahora, ese es el tema más sentido de todos los compatriotas. Pienso que hay que seguir en esa discusión.

Organismos de control

El tema de los organismos de control. El Presidente de Colombia no es hoy un Presidente de pedestal sino un Presidente de carne y hueso, que vive en un diálogo con sus compatriotas permanentemente. Y en el diálogo uno se equivoca. Tengan paciencia con esta tesis que me atrevo a exponer, así discrepen de ella.

Antes de 1991 había clientelismo entre órganos de control, concejos, asambleas y Congreso. Creo que la reforma, en lugar de curar ese clientelismo, en alguna forma lo extendió a la Justicia. Y eso no esta bien.

A mí me lo decía un contralor. Me decía: “mire Presidente, a mí me eligieron contralor en tal municipio después de la Constitución del 91. Entonces partí la nómina burocrática en tres grupitos: un grupito de cargo para los magistrados que me ternaron, otro grupito para los concejales que me eligieron y otro grupito para mis amigos personales”.

Yo no creo que eso sea bueno para la justicia. Y no es la primera vez que doy este debate. Muchos de ustedes recordarán nuestro esfuerzo para que se eliminaran las contralorías municipales y departamentales, y que fueran sustituidas por la nacional. Y lo mismo las personerías y su sustitución por la Procuraduría, en el Referendo de 2003.

¿Qué proponemos? No proponemos que los órganos de control los manipule el Ejecutivo. Todo lo contrario, que los ciudadanos se puedan inscribir sin limitaciones ante los concejos, las asambleas y el Congreso. Que aquellos inscritos que cumplan los requisitos previamente establecidos de un concurso, sean elegibles, y que esas corporaciones elijan en audiencia pública.

Es muy importante despejar aquí la duda que algunos han propuesto: “es que el Gobierno quiere que no intervenga la Justicia, para el Gobierno apoderarse de esos cargos”. Aquí inclusive el Gobierno está renunciando a ternar al Procurador.

El señor Contralor General me decía hace unos días “Presidente, quiero hablar con usted, porque he venido estudiando un mecanismo para elegir contralores municipales”. Tengo esa conversación pendiente con el señor Contralor. Estamos abiertos a examinar eso.

En su conciencia ustedes dirán si el diagnóstico nuestro es acertado o no. Si en el diálogo, que por franco no puede dejar de ser fraterno, ustedes muestran que el Gobierno está equivocado, corregimos. Si creen que el Gobierno está acertado en el diagnóstico, pero que la solución no es la mejor, busquemos otra, pero resolvámosle ese problema al país.

Elección. Se criticó mucho la cooptación, que era un sistema de amiguismo. Pero el nuevo sistema no ha traído la imparcialidad y la posibilidad de que todos los colombianos accedan en igualdad de condiciones.

¿Qué proponemos? Que sea el propio Consejo de Estado, la propia Corte Suprema, quienes seleccionen a sus magistrados, con un procedimiento totalmente abierto de inscripción, de publicación de requisitos, de preselección y de elección en audiencia pública.

Yo creo que esa es otra demostración palmaria de nuestro respeto a la autonomía a la Justicia.

Cuando el Presidente hacía ese brillante discurso sobre la independencia, la autonomía y la imparcialidad, yo decía: “bueno, me da la oportunidad de demostrar cómo eso lo estamos respetando con las propuestas de reforma”.

Juzgamiento

El tema de separación de investigadores, juzgadores y de la doble instancia para los aforados. Pienso yo, a riesgo de equivocarme, que Colombia introdujo en la Constitución el Régimen Penal Acusatorio de manera general, y que hay que llevarlo a todos los procesos.

Yo no veo que haya procesos excepcionados del Régimen Penal Acusatorio. Y eso lo ha confirmado una jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Y de la esencia del sistema penal acusatorio es separar la tarea de investigador de la tarea de fallador.

¿Qué se propone aquí? Acoger la disposición constitucional general que introduce en Colombia el Régimen Penal Acusatorio y acoger en la Constitución, expresamente, la sentencia de la Corte Constitucional.

No voy a hablar de la vigencia, para referirme a ella después, en el tema de la doble instancia.

La doble instancia es una garantía universal. ¿Qué se propone? Se discutió mucho. En una visita que le hice a la Corte Suprema hace muchos días, hasta la una de la mañana, ahí estuvo todo el mundo de acuerdo con la doble instancia.

Las discusiones eran si la primera instancia se radica en el Tribunal de Cundinamarca o en la Sala Penal de la Corte, si la segunda instancia se surte en la Sala Penal de la Corte o en la Sala Plena de la Corte Suprema, y algo análogo para el tema de los juicios de pérdida de investidura en el Consejo de Estado.

¿Cuál es la propuesta hoy? La propuesta hoy es que investigue la Fiscalía, en primera instancia juzgue la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, de la segunda instancia conozca la Sala de Gobierno que se propone crear, integrada por los presidentes de las altas cortes y un magistrado por cada Corte.

No despojamos a la Justicia de ninguna de sus facultades, esa no es nuestra pretensión. Yo creo que ahí hay otra demostración palmaria de nuestro propósito de no afectar la independencia ni la autonomía de la Justicia.

Ahora, viene allí una discusión que quiero compartirla con ustedes, y pedir las luces de ustedes. Es que en el Estado de Derecho, en nombre de la independencia, nadie puede presumir que se las sabe todas.

Yo, como Presidente accidental de mi Patria, no puedo decir que me las se todas para ejercer la competencia de la dirección del orden público o de las relaciones internacionales. Todos somos seres humanos.

Por eso en un país con tantas dificultades tenemos que analizar entre nosotros, y por eso me parece sano lo de esta tarde.

Me gustó mucho cuando el Presidente del Consejo de Estado, mi admirado coterráneo, dijo que la Justicia solamente podía hablar por sentencias, resoluciones, por sus actuaciones judiciales. Yo dije: “no nos va a hacer la crítica a la reforma”.

Y después me tranquilicé cuando oí la crítica a la reforma, y dije: sí puede hablar, sí puede hablar, tiene que hablar, eso es de la esencia de la democracia, de la esencia del Estado de opinión, apreciados jueces y magistrados.

Entonces, déjenme proponer aquí las dudas, para que ustedes nos ayuden con sus luces.

Muchos colombianos dicen: “hombre, con la doble instancia lo que se va a hacer es crear un marco de impunidad a los de la parapolítica”.

Primero hay que recordar las circunstancias de hecho. Esos son delitos anteriores a este Gobierno. No se habían juzgado ni se habían empezado las investigaciones.

Creo yo que la política de Seguridad Democrática ha creado también un marco para que la Justicia pueda actuar. Son anteriores a este Gobierno.

Este Gobierno empezó a combatir eso desde la hora cero, eso da a nuestra acción de Estado, de Gobierno, eso da autoridad moral.

Miren, yo los invito a que nos ayuden a no equivocarnos, porque nosotros hemos asumidos un compromiso con la opinión pública. Y vuelvo, en sindéresis, al planteamiento inicial. Este es un Estado de opinión, donde todos le debemos respeto a la opinión pública.

Nosotros nos hemos comprometido con la opinión pública a que esto tiene que tramitarse de tal manera, que no se convierta en un estímulo a la impunidad de quienes están siendo actualmente investigados o juzgados.

Entonces dicen: “no, el peligro Presidente, es que le van a alegar el principio de favorabilidad. Y entonces, así el Gobierno no quiera, al alegar el principio de favorabilidad, las nuevas disposiciones se van a tener que aplicar con retroactividad a los que están siendo juzgados, investigados y aún a aquellos que han sido condenados”.

Primero: la sentencia de la Corte Constitucional deja en claro que en el tema de separar las funciones de investigador de las funciones de fallador no hay ese riesgo, porque la Corte Constitucional ha aclarado su jurisprudencia histórica y ha dicho que esa es una reforma instrumental del procedimiento, sin efectos sustantivos, y que por ende, frente a ella no cabe alegar el principio de favorabilidad.

Cuando uno carece de unos conocimientos, tiene que amolarse muy bien para comparecer ante los auditorios. Yo suelo amolarme bien cuando tengo que hablar ante los economistas, y hoy procuré amolarme para poder dar este debate con ustedes.

Leí cuidadosamente esa sentencia, y me hice la pregunta que les hago a ustedes. Es que finalmente ustedes son la Justicia y nosotros el Ejecutivo, pero somos compatriotas. Y ustedes tienen hijos y yo también. Y todos estamos luchando para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en este país.

Y ustedes han visto caer muchos compañeros de la Justicia asesinados por el terrorismo. Y yo no alcanzaría a contar los colombianos que han sido asesinados por apoyar estas tesis políticas.

Finalmente todos somos compatriotas, deseamos una Patria mejor para las generaciones que vienen.

Entonces mi primera duda es: ¿se puede trasladar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de separación instrumental de funciones entre el investigador y el fallador, al tema de la doble instancia, para concluir que frente a la adopción de la doble instancia, con la advertencia de que se aplicará solamente para aquellos que resulten investigados o juzgados en el futuro, se podrá trasladar esa sentencia para concluir que no podrán alegar válidamente los que están siendo investigados en la actualidad o ya fueron condenados o están siendo juzgados, que se les aplique el principio de favorabilidad?

Así como hay total claridad que no lo pueden alegar al separar las funciones de investigador, de las funciones de fallador, nos tenemos que detener para estudiar si lo pueden invocar o no, al crear la doble instancia.

El Gobierno ha creído que si el texto del cambio constitucional es claro en el sentido de que se aplica hacia delante, no pueden alegar ese principio de favorabilidad.

Y entonces nos remontamos a examinar las fuentes de ese principio, porque los principios generales del derecho son aplicables en la medida que estén incorporados al ordenamiento positivo. Y estos principios se incorporan al ordenamiento positivo directamente en la Constitución, o a través de aquellos tratados de los cuales Colombia es signataria, que en razón de sus materias hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Y hemos encontrado que frente al principio de favorabilidad hay referencia expresa en el texto constitucional, y hay también referencias expresas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales Colombia es dignataria, que por expresa voluntad del Constituyente hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad.

La primera fuente de derecho positivo aquí, el texto directo de nuestra Constitución. Dice el artículo 29: “… en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

¿Qué dice uno ahí? Está hablando de la ley, y la ley incluye la sanción, el presupuesto, la ley incluye el procedimiento.

Entonces lee uno las sentencias anteriores de la Corte Constitucional, y dice: pueden alegar el principio de favorabilidad, porque la Corte Constitucional ha dicho con toda razón, referidas sus jurisprudencias, sus sentencias a este artículo 29, que el principio de favorabilidad obra por igual, sea más favorable el procedimiento o más favorable la sanción o más favorable el presupuesto.

Pero aquí vienen los peros.

Cuando miramos los pactos internacionales que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, uno de ellos es el pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, y otro es la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la ley 16 de 1972, se refieren exclusivamente a la sanción no al procedimiento.

Entonces diríamos: como aquí no estamos modificando la sanción, sino que estamos dando una doble instancia en el procedimiento, a la luz de estos pactos internacionales no se puede alegar el principio de favorabilidad.

Y alguien me dice, en la replica: ‘hombre Presidente, ponga cuidado, porque de todas maneras lo alegan, no con referencia a esos tratados internacionales, sino con referencia al articulo 29 de la Constitución, para el cual lo que es favorable no es el procedimiento exclusivamente, ni la sanción exclusivamente, sino la Ley.

Trate la ley, en su contenido material, del presupuesto, de la consecuencia del procedimiento.

Y vuelvo a leer la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia dice que el principio de favorabilidad en materia procesal opera, cuando la norma cambia de manera más favorable los resultados sustantivos.

Y dice: hay cambios procesales con efectos sustantivos, y cambios procesales que son meramente instrumentales.

Y define la jurisprudencia que, por ejemplo, el cambio que incorpora la separación de funciones, que separa al investigador del fallador, es un cambio procesal instrumental, que no genera efectos sustantivos y que como cambio meramente instrumental, frente a él no es alegable el principio de favorabilidad.

Mi pregunta, para que nos ayuden en la discusión: ¿podemos decir que en la doble instancia se da lo mismo, o no podemos decir?

Sí podemos decir que en la doble instancia estaríamos en presencia de un cambio procesal instrumental, sin consecuencias sustanciales, podríamos concluir como se ha concluido en la separación de la investigación y del fallador, que no es atendible el reclamo del principio de favorabilidad.

Sí se dijera lo contrario, si se dijera: “no, es que al separar las funciones de investigador y de fallador hubo un cambio instrumental, pero al crear la segunda instancia el cambio procedimental genera consecuencias sustanciales”, ahí sí abría una diferencia y ahí se podría invocar el principio de favorabilidad.

¿Qué queremos nosotros?, que la Ley vaya asegurada para no fallarle a la opinión pública, que el acto legislativo vaya con el seguro de que no se va a poder invocar el principio de favorabilidad, de que solamente se va a aplicar hacia futuro.

Eso lo hace oportuno, señor Presidente del Consejo de Estado, y lo digo con todo respeto.

Porque se dice inoportuno, y trato de ser un intérprete. Uno tiene que oír y escuchar, y yo le tomé nota, con el mayor respeto, a toda la intervención del señor Presidente del Consejo de Estado, y bregaba a procesarla velozmente. Y decía: inoportuno porque estamos en presencia de unos juicios muy importantes. Inoportuno si los interferimos, inoportuno si se pudieran afectar alegando un principio de favorabilidad derivado de una nueva norma constitucional. Pero si no se puede alegar ese principio de favorabilidad, yo creo que no se puede alegar que el cambio es inoportuno. Ayúdenos a clarificar eso.

Y yo indagaba después qué es el cambio procedimental instrumental y cuál es el cambio procedimental de consecuencias sustanciales.

Entonces dice la jurisprudencia, dice la doctrina, el instrumental es el que mantiene las cosas inalteradas hasta la ejecución de la condena. El sustancial es el que las cambia.

Y pregunto: ¿denme ejemplos? Y me dicen: si se cambia la sanción, si le dan un mayor beneficio, si se introduce un mayor beneficio para la sentencia anticipada, etcétera. Pero aquí nada de eso está propuesto.

En síntesis, ayúdennos ustedes, con su análisis y su conocimiento, a garantizar que la doble instancia no pueda generar alegatos para aplicar la norma retroactivamente, en virtud del principio de favorabilidad.

También digo lo siguiente, con nuestro respeto a la opinión pública: si esa discusión llegare, si de esa discusión saliera la conclusión de que se corre ese riesgo, el Gobierno retira la doble instancia.

Nosotros tenemos toda esa apertura.

El tema del Consejo de la Judicatura no es un tema nuevo, lo viene proponiendo el Gobierno. Yo lo propuse de candidato presidencial en el 2000,  2002.

Después se morigeró mucho en la propuesta de referendo.

Yo creo que no tengo que explicar esa reforma, porque el Presidente del Consejo de Estado explicó en alguna forma el acuerdo de la jurisdicción contenciosa con ese punto, que hay una reforma ahí que respeta totalmente la autonomía de la Justicia.

Pero quiero anotar algo: ¿cómo se nombra hoy, cómo se elige hoy, la sala disciplinaria del Consejo de Estado?, por ternas que presenta el Gobierno. La Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, por ternas que presenta el Gobierno.

En la propuesta de reforma se propone que se le sustraiga esa competencia al Ejecutivo, y que se elija por el mismo procedimiento concursal.

Yo creo que eso fortalece más la autonomía, fortalece más la independencia.

No me aplaudan ni una vez, que yo venía esperando que me chiflaran. Con que no me chiflen me siento muy bien servido.

Hay una discusión, porque el Ministro ha propuesto que en adelante, si se aprueba esta reforma, esa sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en adelante no conozca sobre acción de tutela.

Y ya hay muy buenas razones también en contra de esa proposición. Y el tema lo tenemos que discutir ampliamente.

Nuestro presidente del Consejo de Estado dice: se omitieron elementos muy importantes en la propuesta de reforma, como la reglamentación de la tutela.

Esos intentos han sido de conflagración. En nuestro primer Gobierno nosotros hicimos todos los esfuerzos para que se llegara a un acuerdo entre las altas cortes sobre la tutela sobre sentencias. No pudimos.

Cuando empezó nuestro segundo Gobierno yo visité el Consejo de Estado, visité la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema. Dije bueno, reconozcamos que la tutela es una acción de creación constitucional para proteger derechos expresamente incorporados a la constitución, y que el juez de constitucionalidad es la Corte Constitucional. Por estas razones no le afectemos esa competencia, regulémosla.

¡Santo Dios!, qué conflicto con la Corte Suprema.

Entonces rápidamente, rápidamente, el Ministro Holguín y yo concluimos: no mire, esto sí no tiene un mínimo de consenso, en esto no se puede avanzar. Y le quitamos todo el acelerador, y prácticamente ese proyecto murió en el Congreso.

Volvimos al tema. Deben ponerse de acuerdo.

Presidente del Consejo de Estado, doctor Enrique Gil Botero, esas apreciaciones, nuestra amarga experiencia en tratar de reglamentar la tutela, la convicción de que las circunstancias de hecho nos demuestran que tiene que ser un acuerdo entre las Cortes, nos han llevado a omitir proponerle reglamentos a la tutela en este acto de reforma constitucional que se propone.

Diálogo eficaz

El Gobierno viene aquí sin ánimo de tener la última palabra. Yo celebro la disposición del Consejo de Estado de discutir estos temas. Bienvenidos los cambios, las modificaciones, las adiciones. Ayúdennos a que salga una buena reforma para la Patria.

Y a todos muchas gracias.

El diálogo permanente con franqueza es necesario. Yo creo mucho en el diálogo eficaz. Uno puede tener un concepto aquí y otra persona otro aquí. El diálogo no es pretender que esta persona se tenga que sumar a esta, y que prevalezca este punto de vista, o al revés. El diálogo también, bien conducido, llega a que la inteligencia del uno y del otro permita obtener una opción creativa, mucho mejor que las inicialmente propuestas. Diálogo eficaz.

A  mí me sorprende mucho. Este país le dedicó tanto tiempo a dialogar con los terroristas, mientras ellos se crecían, ¿Por qué negamos la oportunidad de dialogar entre nosotros? ¿Qué malo es? ¿Por qué vamos a afectar con diálogos de esta naturaleza la independencia a la Justicia?

Yo creo, y espero que hayan estado tranquilos por una razón: por ahí hay un profesor de administración, yo lo leo con mucho entusiasmo, John Kotter, ahora acaba de sacar un libro sobre urgencia, y uno saca de ahí conclusiones. En un país con tantas dificultades nadie puede entrar en estado de complacencia. El Ejecutivo no puede decir: todo está bien. Con todo respeto, creo que la Justicia tampoco puede entrar en estado de complacencia, a decir todo está bien.

Hay que estar haciendo permanentes ajustes, dentro de unos principios. Ni estancamientos, ni bandazos, ajustes con visión, con principios. También hay que diferenciar la falsa urgencia de la urgencia real.

Yo quería darles una tranquilidad: el Presidente de la República discute, pero es muy conciente que la discusión tiene que ser respetuosa con los colombianos.

Es real urgencia la buena discusión, franca, con respeto, y es falsa urgencia sustituir los argumentos por la agresión personal.

Por eso me parece de la mayor importancia, haber escuchado ampliamente al Presidente del Consejo de Estado sobre las  conclusiones iniciales a las cuales ustedes han llegado, y les agradezco inmensamente que nos hubieran escuchado.

El paro de la Justicia

Me dice el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, que recordemos lo del paro.

Primero, hay una Ley nueva buscando el equilibrio laboral.

Por iniciativa del Gobierno acaban de tramitarse dos leyes: una ley sobre las cooperativas de trabajo asociado, para que no sean intermediarios laborales, para que tengan que cumplir con todas obligaciones de remuneración mínima, seguridad social, pagos parafiscales, para que no sean una competencia desleal al derecho de asociación.

Y una segunda Ley, que traslada la competencia para calificar la legalidad del derecho de huelga, del Ejecutivo a la Justicia. Aquí la vamos a estrenar. Es la propia Justicia la que va a tener que calificar este paro, estrenando esa Ley.

Este Gobierno siempre ha tenido la norma, así como hay que enfrentar con toda la dureza los terroristas, en estos temas hay que tener delicadeza. Y creo que lo hemos demostrado a lo largo de seis años.

Miren, en medio de muchas dificultades, nuestra primera decisión fue el Decreto 4040 de 2004. ¿Todavía le falta? Ministro anótelo ahí. Pero se hizo un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo. Y como ustedes lo conocen muy bien, sobre decir cuál fue la materia.

La segunda fue el Decreto 2460 de 2006. Y en el 2005 habíamos producido el Decreto 3131. Ahora me dicen: ‘Bueno Presidente, pero es que hay un tema de jueces del circuito, de jueces municipales. ¿De quiénes más? De los empleados. Sí.

Eso hay que mirarlo, pero por favor hay que tener en cuenta esto: este Gobierno ha hecho permanentes esfuerzos y no fáciles. Ustedes no saben qué es, por un lado, otro órgano independiente diciendo: ‘frenen el gasto público que van a disparar la inflación’

Cualquier crítica del Presidente dicen; ‘está atentando contra la independencia’ Y por el otro lado: ‘no, es que hay que acelerar ya estos reajustes’.

Yo creo que se pueden definir en un proceso gradual. El manejo presupuestal es muy difícil. Yo les propongo que examinen con el Ministro del interior la manera de resolver eso en una escala, en una gradualidad, porque la situación fiscal de la Nación es muy difícil.

El diálogo público, para que sea creíble, tiene que ser sincero. Si yo por dejarlos contentos les digo que va a ser una gradualidad en el corto plazo, los engaño.

Y prefiero que ustedes se pongan bravos conmigo, pero que me puedan creer. ‘Estoy en desacuerdo con ese tipo, pero se le puede creer’.

Nosotros no tenemos una situación fiscal que nos permita una gradualidad rápida. Yo los invito a una transición de acuerdo con las posibilidades fiscales. Es muy difícil.

Miren, todo el mundo nos pide más recorte presupuestal para el año entrante, por el tema de la inflación y de la desaceleración economía. Solamente los compromisos con los maestros el año entrante en cesantías valen 700 mil millones de pesos.

El Seguro Social recauda 2 billones, pero el pago de pensiones le puede valer 10 billones y medio. El resto lo tiene que pagar el Gobierno. Y así sucesivamente.

Todos estos pasos demuestran que ha habido una voluntad del Gobierno. Y el Gobierno está dispuesto también a dar ese paso. Ayúdennos con la gradualidad.

Ustedes no producen una sentencia tan fácil como quieren que yo les resuelva eso ya. Ustedes no se dejan acosar y a mí la situación fiscal no me deja acosar.

Acuérdese lo que dijo el Presidente del Consejo de Estado: ‘El acoso para las decisiones es interferencia en la independencia’

Siéntense con el Ministro del Interior y de Justicia, y siéntense con el Ministro de Hacienda y el equipo económico. Verá que llegamos a un buen punto. Siéntense cuanto antes.