Así lo señala el proyecto de ley que este viernes radicaron en el Congreso de la República los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. La iniciativa advierte que quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual y sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 61 a 144 meses.
Bogotá, 12 sep (SP). El Gobierno Nacional radicó este viernes, ante la Secretaría General del Senado, el proyecto de ley 154, mediante el cual busca evitar que el delito de captación ilegal de dinero continúe siendo excarcelable.
En la actualidad, la pena principal de prisión para la captación ilegal de recursos es de mínimo 32 meses, lo que hace procedente la aplicación de la ‘casa por cárcel’.
Con la actual legislación, también es “potencialmente” procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que esta se puede imponer por un tiempo menor a 3 años.
Por esta razón, y con el propósito de propiciar una represión severa, el Ejecutivo, a través de los ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, propuso al Congreso de la República que la pena se aumente de 32 a 61 meses como mínimo, con un máximo de 144 meses.
Con la aprobación, por parte del Legislativo, de esta iniciativa gubernamental, la pena se ajusta en forma proporcional y necesaria a la gravedad del daño causado con la comisión del delito.
La iniciativa también propone una multa de hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien capte dineros del público en forma masiva y habitual, sin contar con la autorización de la autoridad competente. Esta modalidad es conocida en la opinión pública como ‘pirámides’.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público explicó que con esta iniciativa el Gobierno Nacional busca ponerle punto final a una actividad ilegal que ha abusado de muchos colombianos, “que han sido engañados para que lleven sus recursos a entidades que no tienen ningún soporte legal ni respaldo patrimonial y que podrían estar alimentándose de dineros ilícitos”.
El Jefe de la cartera de Hacienda explicó que el Gobierno, a través de la Superintendecia Financiera y de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf), está fortaleciendo los controles para inspeccionar este tipo de empresas.
“La Fiscalía General de la Nación también va a fortalecer sus acciones. Así se lo hemos planteado desde el Gobierno Nacional al señor Fiscal (Mario Iguarán)”, enfatizó Zuluaga.
Por su parte, el Ministro del Interior y de Justicia indicó que el Gobierno “está decidido en llevar a la cárcel a los defraudadores de la fe pública”. |