Bogotá, 17 sep (SP). “Señor Presidente (del Congreso), honorables senadores, señores (Jorge) Robledo y (Jaime) Dussan, colombianos.

Realmente me sorprende este debate, porque es un debate planteado básicamente para hacer una recopilación de prensa. Y yo si tengo que aceptar que ha sido juicioso.

Han espado recogiendo varios recortes, varios videos y yo creo que plantea la posibilidad de mostrarle al país, una vez más, la trascendencia de lo que ha sido la política de Seguridad Democrática y lo que ha sido el respaldo permanente y creciente del pueblo colombiano al Presidente Uribe.

El Senador Robledo terminaba su intervención hablando de las cifras que dan las encuestas, de favorabilidad al Presidente, y yo entiendo que haya una preocupación política, porque a pesar de todos los ataques, de todos los críticos, de la manera como se ha querido zaherir la imagen del propio Presidente, la de sus Ministros, la de sus más cercanos asesores, la mía propia, el país sigue creyendo y confiando en el Presidente Uribe.

Acaba de salir hoy una encuesta. Resulta que en el pico de la popularidad del Presidente Uribe, con el rescate –que también critican- de la doctora Ingrid Betancourt y de otros colombianos, el Presidente Uribe llegó al 91 por ciento, después de seis años de Gobierno, y hoy la encuesta le da el 84 por ciento, es decir, el puntaje más elevado desde enero del 2004.

Claro, a la oposición no le va a gustar. Pero a nosotros si, porque eso demuestra que el Presidente está haciendo las cosas bien, como el país quiere que se hagan.

El Senador Robledo empieza el debate diciendo que él va a hacer una alusión inicial a los principios jurídicos de la presunción de inocencia y al debido proceso. Pero para no tener que repetir mucho, simplemente la hace al principio, y que después, todas las cosas que diga tienen que partir de la base de que están cobijados por ese principio.

Pero aquí acusó y condenó a mucha gente. A mucha gente que les están haciendo simplemente investigación previa o están en proceso. Y entonces entra posteriormente el Senador Dussan y él sí aclara, dice: “claro, yo creo en la presunción de inocencia y en las investigaciones en curso, yo no puedo condenar”.

Lo que quiero es mostrar cuáles son los resultados claros de la política de Seguridad Democrática, pero voy a ir contestando poco a poco todas las alusiones y todas las aseveraciones que se han hecho en la noche de hoy, que como les digo, como dirían en el argot periodístico: ‘han sido un auténtico refrito’.

Es que me pasaron 17 preguntas y yo soy muy aplicado, y obviamente las contesté todas, y voy a pedirle al que me está ayudando con la presentación que procure seguir mi intervención, porque me voy a saltar muchas cosas.

La primera pregunta era que les informara a ustedes y a los colombianos la situación actual de la parapolítica. Y claro, con mucho gusto.

Hay un total de 71 Congresistas en distintas etapas del proceso, que es lo importante. Hay 42 Senadores y 29 Representantes De los 42 Senadores hay cuatro condenados, hay seis llamados a juicio, dos llamados a versión libre, cinco a indagatoria y en investigación preliminar 21. Absueltos dos y con inhibitorio dos.

De los 29 Representantes hay condenados cuatro, llamados a juicio cuatro, llamados a versión libre uno, indagatoria cinco, investigación preliminar doce, absueltos uno, inhibidos dos.

Esto da un total de 71, ocho condenados, diez llamados a juicio, tres llamados a versión libre, diez a indagatoria y 33 en investigación preliminar, absueltos tres, inhibidos cuatro.

Y es importante mirar cómo se puede hacer un análisis de esta situación.

Lo primero que hay que arrancar es por decir que Colombia ha sido una víctima del narcotráfico, y de los paramilitares y la guerrilla, y amplios sectores de la sociedad –lamentablemente- han tenido que sufrir las consecuencias de este flagelo, que realmente ha martirizado al país.

Y aunque al Senador Robledo no le guste, toda esta investigación y todo el resultado del proceso de la parapolítica, surge en la sombrilla de la Seguridad Democrática. Y las investigaciones, a pesar de que los hechos, todos, son antes del 2002, antes de llegar a la Presidencia el Presidente Uribe, todas las investigaciones surgieron a raíz de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que la aprobó este Congreso, presentada por el Gobierno Nacional.

Y tanto la Seguridad Democrática, como la Ley de Justicia y Paz han permitido ir recuperando la institucionalidad del país. Porque es que el Presidente Uribe ha sido muy claro en que el combate debe ser por igual. Por igual es el narcoparamilitarismo como el narcoguerrillerismo, para llamarlo de alguna manera.

Es que todos, absolutamente todos esos movimientos están de alguna manera vinculados estrechamente con el narcotráfico.

Y también se ha facilitado a través de la Seguridad Democrática y de la Ley de Justicia y Paz, la verdad. Son las versiones que han dado los paramilitares que se sometieron a la Ley, y los documentos que se han encontrado de ellos, los que han permitido iniciar las investigaciones. Y ahí van las investigaciones.

Como aquí se cita tanto la prensa, yo voy a citar a la Revista Semana del 26 de julio del 2008, que dice: “Una de las más importantes verdades que han salido a flote de la llamada parapolítica, fue en una versión libre que Salvatore Mancuso dio a conocer el pacto de Ralito que firmaron varios políticos de la Costa”. Esto es del 26 de julio del 2008.

Y me preguntan, además, que ¿qué gravedad tiene para el Gobierno todas estas cifras? Pues claro, todo esto es muy grave, pero es que esto no surge como problema en el Gobierno del Presidente Uribe, sino que ha sido la consecuencia de un problema histórico del país, agravado por la intervención del narcotráfico en uno y otro.

Sobre estos hechos graves y preocupantes, obviamente lo que Colombia quiere y el Gobierno lo que ha propiciado es que se investigue, y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Y que se sancione a los culpables, pero que también se absuelva a los inocentes. Porque en un Estado de Derecho el ciudadano tiene el derecho, así haya una repetición, de simplemente ser juzgado, ser oído y ser vencido o ser absuelto. Eso es un principio básico del derecho.

Y por eso las investigaciones tienen que ser objetivas, tienen que ser sometidas a la más rigurosa técnica de la investigación. Y por eso el Gobierno ha censurado, y lo hará todas las veces que sea necesario, que se trate de montar a cualquier ciudadano, llámese congresista o no, expedientes simplemente a través de lo que ha denominado la prensa “el cartel de testigos”.

El Gobierno ha dicho en todas las maneras que respeta y acata la decisión de los jueces, pero también ha dicho que se reserva el derecho, cuando estos fallos desbordan la órbita de lo jurídico, desbordan la órbita de la administración de justicia, a hacer las críticas que considere pertinentes.

Y eso no es un derecho del Gobierno, es un derecho de todos los ciudadanos, porque precisamente una de las cosas más importantes en el Estado moderno, en el Estado de Derecho constitucional, que surge después de las revoluciones burguesas y que acabó con la era medieval, es precisamente que se reconoce que no hay ningún ciudadano, ni el Presidente de la República, ni el congresista, pero tampoco los magistrados, que no estén sujetos a la Constitución y a la Ley. Ese es un Estado de Derecho. Nadie en un Estado de Derecho, nadie, puede estar por encima de la Constitución y de la Ley.

Y yo quiero mirar unas cifras con ustedes, con el país, unas cifras que por sí solas responden las críticas que hemos oído hoy sobre la Seguridad Democrática y sobre el Presidente Uribe y sobre su Gobierno y sobre sus funcionarios.

Porque el Presidente Uribe defiende lo que es defensable, pero también cuestiona lo que es cuestionable. Y eso lo ha demostrado con creces en todo el ejercicio de su vida, de su vida política y obviamente en el ejercicio como primer magistrado de la nación.

El Gobierno Uribe ha respaldado la justicia de una manera plena, importante y vamos a ver cifras.

El Gobierno casi que ha duplicado el presupuesto de la justicia. Entre el 2002 y el 2008 pasó de 1.4 billones (de pesos) a 2.6 billones (de pesos).

Este año, por los ajustes fiscales, y aquí está el señor Ministro de Hacienda y además está el señor Ministro de Agricultura, estuvo también el Ministro de Seguridad Social, estuvo también el Ministro de Defensa, el Ministro de Transporte, a quienes agradezco la presencia acá, que demuestra que esto es un equipo de Gobierno y que además estamos solidarios plenamente con el Presidente Uribe, y que estamos listos a venir aquí todas las veces que nos llamen, porque es nuestra obligación y porque esta es la función del Congreso, Congreso que respeto profundamente.

En el recorte fiscal de 1.5 billones de pesos, el Presidente Uribe, el Ministro de Hacienda y yo, convinimos que no se hacía recorte a la Justicia, ni a la Rama Jurisdiccional, ni a la Fiscalía. Eso es una clara actitud de respaldo a la justicia Colombiana.

El Gobierno, para las investigaciones de la parapolítica, para crear un cuerpo especial de investigación en la Corte Suprema de Justicia, solicitada por la Corte, aportó inmediatamente 5 mil 500 millones de pesos, para fortalecer la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Yo pregunto ¿un Gobierno que así procede, está o no interesado en que se conozca la verdad, en que haya justicia y en que haya reparación a las víctimas, que es el propósito fundamental de la Ley de Justicia y Paz y que está dentro del marco de la política de Seguridad Democrática?

Y podría dar muchos datos más de apoyo a la justicia, porque nosotros creemos que la justicia es el pilar fundamental de la democracia, pero una justicia igual para todos, donde se aplique la ley por igual para todos.

Se preocupan los citantes por la imagen internacional de Colombia. Y yo quiero decirles que frente al tema del narcotráfico Colombia ha sido una víctima por muchos años.

Los que nos ha tocado estar representando a Colombia en el exterior sabemos de las dificultades que se plantean por el país, por una imagen deteriorada que siempre se había vendido de Colombia y que nos ha costado mucho trabajo revertirla.

Colombia era vista siempre como el país verdugo, Colombia era el responsable del consumo, del tráfico y de la violencia generada por el narcotráfico.

Luego el mundo empezó a mirarnos como víctimas y hoy nos ven como los líderes en la lucha contra el narcotráfico.

Y eso lo ha logrado no solamente el Gobierno del Presidente Uribe, una serie de gobiernos, entre ellos el Gobierno del Presidente Barco, del Presidente Gaviria, obviamente del Presidente Pastrana, del Presidente Belisario Betancur, que han ido logrando transformar esa imagen, para que a través de un principio internacional de responsabilidad compartida, todo el mundo empezara a entender que el problema del narcotráfico era un problema que tenía que concitar como solución a todos los países del mundo: productores, los que sirven simplemente de paso en el tráfico y obviamente a los consumidores. Y hoy Colombia es reconocida en su lucha contra el narcotráfico, y además es reconocida en el mundo por la fortaleza de sus instituciones en la lucha contra este flagelo.

Colombia ha sido víctima del narcotráfico y su imagen en el exterior hoy ha cambiado, en el sentido, de que ven sus instituciones fuertes luchando contra el narcotráfico. Y ahí está el Congreso y está el Ejecutivo y está la Justicia colombiana.

La comunidad internacional sólo puede ver en Colombia un país hoy con una democracia sólida y unas instituciones funcionando.

Los resultados de la Seguridad Democrática se pueden medir en muchas factores. Los podemos medir, inclusive, a pesar de la pregunta que quería que llegará y que me condujera a que Colombia hoy tenía la misma pésima imagen que tenía hace 10 años, aquí les voy a demostrar cómo ha ido transformándose la fortaleza de esta lucha frente al mundo, y cómo se ha ido fortaleciendo Colombia institucionalmente.

Hemos creado, a través de la política de Seguridad Democrática, lo que podríamos llamar un círculo virtuoso que sale de la Seguridad Democrática. La seguridad nos está restableciendo la confianza. La confianza nos está devolviendo la inversión. La inversión nos está generando crecimiento y el crecimiento nos está generando inversión social.

Y les voy a dar cifras.

Inversión Extranjera: Durante el Gobierno Uribe la confianza inversionista ha permitido multiplicar por cinco la inversión extranjera directa en Colombia. Pasamos de una inversión de 2 mil 139 millones de dólares a 9 mil 28 millones de dólares en el 2007, y según los cálculos podemos llegar este año a 11 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido del 2002 en un 15 por ciento.

Durante el Gobierno Uribe la inversión pública y privada como porcentaje del PIB se ha duplicado y supera el promedio latinoamericano, porque esta inversión creció del 15 por ciento en el 2002 al 26.2 por ciento que tenía América Latina, y nosotros crecimos al 27.2 por ciento. Casi todos estos años estábamos por debajo del promedio latinoamericano, y en el 2007 estuvimos ya por encima del promedio latinoamericano.

Es decir, que la inversión pública más privada como porcentaje del PIB pasó del 15 por ciento al 27.2 por ciento.

El incremento del PIB: uno de los elementos fundamentales es el crecimiento de la inversión, entre otros. Y este crecimiento de la inversión ha permitido pasar de un PIB de 1.9 por ciento en el 2002, al 7.5 por ciento en el 2007. Esas son cifras. Y son cifras duras.

Pero vamos a mirar cifras en como se ha mejorado la seguridad de los colombianos. Y vamos a mirar, por ejemplo, la tasa de homicidios. En el 2002 teníamos 28 mil 837 homicidios. En el 2007 –claro, muchos todavía, hay que seguir reduciendo esta tasa de homicidios- 17 mil 413. Es decir, los homicidios se han reducido en un 40 por ciento. Y dicen que estamos fracasando en la política de Seguridad Democrática.

Y miren este indicador de homicidios en relación con alcaldes, concejales, sindicalistas, maestros sindicalizados, maestros no sindicalizados, indígenas y periodistas. Porque uno de los pilares fundamentales de la política de Seguridad Democrática es la protección de los derechos humanos, y especialmente la vida y la libertad que son los derechos fundamentales del ser humano.

Nosotros pasamos en el 2002 de 12 asesinatos de alcaldes y ex alcaldes, a uno en el 2007. Debería ser cero. Concejales en el 2002, 80, en el 2007, 14.
Sindicalistas, 99 en el 2002, y 8 en el 2007. Maestros sindicalizados, 97 en el 2002, 18 en el 2007. Maestros no sindicalizados, no tenemos datos del 2002 sino del 2004, 20 y cinco en el 2007. Indígenas en el 2002, 196 y en el 2007, 38. Todavía cifras muy altas, pero ustedes ven cómo va la reelección. Periodistas 11 en el 2002, uno en el 2007.

Nuestro reto es garantizar plenamente la vida y la libertad como hechos inalienables y fundamentales del ser humano.

Indicadores de terrorismo. En el 2002, 1.645 actos de terrorismo, en el 2007, 390.

Indicadores de secuestro. En el 2002, 1.709 secuestros, en el 2007, 234 secuestros.

Indicadores de seguridad, en relación con las pescas milagrosas. En el 2002, hubo 169 pescas milagrosas y 698 víctimas. En el 2007, dos pescas milagrosas, 6 víctimas.

Desempleo. En el total nacional pasamos de junio de 2002, del 16.2 por ciento, a junio de 2008 a 11.2 por ciento.

La imagen internacional de Colombia: les voy a dar solamente cuatro titulares de medios internacionales importantes que están mirando cómo está evolucionando el país.

Marzo 22 de 2007, The Economist. El artículo dice: “El efecto Uribe, inversión creciente y creciente, homicidios decrecientes”.

Forbes de marzo de 2007. El último año, por tres años consecutivos, la economía de Colombia creció en un cinco por ciento y registró una oleada de inversión extranjera.

Business Week, de mayo 28 de 2007. La creciente confianza en Colombia trae una nueva gama de retos, las calles son más seguras y los ciudadanos viajan otra vez por las carreteras, las importaciones y exportaciones están creciendo constantemente. El turismo casi que se ha triplicado en cinco años.

Revista Lejop, de Suiza, noviembre de 2007. “Colombia el nuevo Dorado”. El más antiguo país de las Américas sufre de una muy mala reputación que ya no corresponde a la realidad. Los inversionistas empiezan a entenderlos, mientras que un tratado de libre comercio está a punto de firmarse con Suiza.

Yo diría que las cifras son elocuentes y los resultados son elocuentes. Y como diría el Presidente Uribe, falta mucho pero vamos a seguir luchando para que el país, todos los días tenga mejores indicadores económicos y tenga mejores cifras en seguridad.

Preguntan los honorables senadores si el Gobierno cree en las responsabilidades políticas. Claro, y yo simplemente me voy a limitar a decir cuáles son las responsabilidades políticas que uno debe asumir. Y voy a citar simplemente las normas.

Las responsabilidades políticas, según la Constitución y las leyes, se derivan de las conductas del funcionario en el ejercicio de sus funciones. Los ministros son responsables políticamente ante el Congreso por desatender la citación y por asuntos relacionados por las funciones propias de su cargo. Constitución Nacional artículo 135 numeral 9, y la Ley 5 artículo 30 numeral 2 de 1992.

No creo que tenga que agregar más.

Mantiene el Gobierno sus juicios de valor sobre algunos magistrados de la Corte Suprema. El Gobierno reitera su respeto y acatamiento a los fallos de los jueces, pero vuelvo a insistir, se reserva el derecho a discrepar cuando considera que los fallos se salen de la órbita del derecho y entran a la órbita de la política.

El Gobierno reitera no solamente su derecho sino la obligación constitucional y legal que tiene de denunciar los hechos presuntamente delictivos que lleguen a su conocimiento. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque es una obligación ciudadana, pero además es una obligación del Gobierno y del funcionario público.

Cualquier funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un delito, inmediatamente tiene que dar traslado de ese conocimiento y denunciar esos hechos ante las autoridades competentes, así lo ha hecho el Gobierno y así lo seguirá haciendo.

Me preguntan que cómo beneficia al colombiano del común la reforma a la justicia. Este un cuestionario que habían hecho antes de presentar la reforma, todavía hablaban del borrador.

Yo no me voy a detener en la reforma a la justicia, entre otras cosas señor Presidente, yo quiero saber cuánto tiempo tiene el Gobierno, porque quiero saber, para poder saber, cuánto puede ser la extensión.

Tiene que sumar señor Presidente las dos intervenciones. Cada uno de ellos habló una hora, o sea que yo tengo derecho a dos horas.

Yo no había entendido, es 55 y 55.

La reforma a la justicia. ¿En qué favorece al ciudadano del común la reforma?

Yo solamente voy a hablar de los objetivos de la reforma. La reforma busca fundamentalmente fortalecer la independencia y la autonomía, combatir la congestión y los atrasos en los despachos judiciales. Hoy tenemos procesos que duran hasta trece y quince años.

Simplificar obviamente los trámites, liberar a la rama jurisdiccional, de las intromisiones políticas, tanto en la selección de sus jueces, como en la elección de funcionarios de control, que no tienen nada que ver con la función sagrada de la justicia, que es administrarla.

Y un quinto punto que es muy importante, es garantizar el debido proceso en el juzgamiento de los aforados.

Toda esta reforma está encaminada a tener una justicia pronta, ágil, eficaz y cercana al ciudadano, una justicia autónoma.

Que no haya injerencias de otros órganos en el poder público en la elección de magistrados.

El Presidente de la República, renuncia a ternar a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y renuncia a participar en la terna para Procurador General de la Nación.

Renuncia también a ternar el Defensor del Pueblo, pero obviamente, la rama jurisdiccional tampoco vuelve a participar ni en la conformación de las ternas para Procurador, ni para Contralor, ni para Auditor General de la República.

Y la cooptación se les devuelve distinta a la que había en el 91, para que ellos mismos, sin la injerencia de nadie, después de un concurso público y en una urgencia pública, para que puedan participar libremente todos los colombianos que llenen las calidades para llegar a la alta magistratura, puedan designar sus propios reemplazos.

Si esa no es una muestra de autonomía, si eso no es una muestra de reconocer que la justicia colombiana debe ser todos los días más independiente y más autónoma, no entendería la crítica.

Los demás cargos de la rama deben seguir provistos por la carrera judicial.

Las cortes, como ya lo dije, no participarán en la nominación de los candidatos de los organismos de control.

En adelante, las ternas para Procurador General, para Contralor General, para Defensor del Pueblo, para Auditor General y para Registrador, será fruto de un concurso de méritos público, que reglamentará la ley, y que llegará después de ese proceso. Unos nombres, una terna a consideración del Congreso en pleno, para que después de oír a esos candidatos que surgen por un concurso de méritos, sean elegidos por el Congreso.

Solamente no habría cooptación en la Corte Constitucional, por la naturaleza de la función de la Corte, porque la Corte es la guarda de la Constitución, la que la interpreta, y como es la Constitución Política, necesita un origen político, por eso se mantiene unas ternas del presidente, unas ternas del Consejo de Estado y unas ternas de la Corte Suprema, y la elección sigue siendo por parte del Senado de la República.

El Fiscal General también se mantiene su nominación y su elección, porque también es un funcionario que participa por el Presidente de la República con todo el manejo de la política criminal. Pero también pertenece a la rama jurisdiccional, y por eso la terna la debe seguir haciendo el Presidente y la elección la debe seguir haciendo la Corte Suprema de Justicia.

Esta es una reforma orientada a que la rama recobre su autonomía y su independencia. Aquí hay un equilibrio entre las ramas, a que nadie interfiera de la una en la otra, y a que se pueda prestar y desarrollar el principio constitucional de la colaboración armónica.

Yo no quiero entrar a detallar la reforma a la justicia, pero voy a hacer mención a una crítica que hacía el Senador Dussán, con relación a lo de la composición de la Sala Administrativa.

Se cambia la composición, porque la actual composición –y así lo reconocen las propias Cortes y la propia justicia- ha tenido dificultades, porque los jueces a pesar de que son elegidos por ellos, entran en contradicción con las propias necesidades y requerimientos de la justicia.

Proponemos entonces que esa sala que se denominaría ‘de Gobierno’, esté compuesta por los tres presidentes de las Cortes y por un magistrado más de cada una de ellas, en comisión, para que realmente interpreten la necesidad y puedan autónomamente administrar la rama y administrar el presupuesto de la rama.

Y a esa sala, así compuesta, se le darían atribuciones constitucionales para que puedan dictar reglamentos autónomos en forma permanente, sin necesidad de pasar por el Congreso, para poder solucionar problemas de descongestión, de reubicación en la administración y de manejo autónomo completo de la rama jurisdiccional, a través de la elección de un gerente general de la rama, designado por ellos mismos.

¿Autonomía o no autonomía?

Tenemos una cosa que es muy importante para demostrar cómo favorece –además directamente- al ciudadano la propuesta que estamos haciendo. Estamos proponiendo que para el Ejecutivo, no para la rama jurisdiccional, porque entendemos que la jurisprudencia es la institución que dinamiza la modernización y los cambios de la jurisprudencia a través de las Cortes, pero sí con una obligación para el Ejecutivo que cuando haya una jurisprudencia reiterada de las Altas Cortes, por un número determinado, esto sea obligatorio para el Ejecutivo.

Y solamente les voy a dar un ejemplo para que vean ustedes la bondad de esta propuesta. Si estuviera en aplicación esta jurisprudencia reiterada, por ejemplo, en un solo caso del Seguro Social, se podrían conciliar más de 17 mil demandas que se adelantan contra ese instituto por incrementos pensionales, bajo el régimen del decreto 758. Ya existen 5 fallos de la Corte Suprema, Sala Laboral, donde se ha considerado que procede este reconocimiento.

Con lo anterior se logran dos propósitos: se descongestionan los despachos judiciales y se le ahorran muchos costos al Estado. Y como este ejemplo hay muchos, sobre todo en el campo laboral y en el campo de la justicia.

El debido proceso en la Constitución. Hemos dicho que estamos listos a dialogar no solamente con el Congreso, que por naturaleza es parte de su ejercicio legislativo, para introducir los cambios que mejoren esta propuesta o que la amplíen. Y también reiteramos desde acá, que hacemos un nuevo llamado a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Corte Constitucional, para que participen en la discusión y para que enriquezcan la reforma.

¡Qué mejor que pudiéramos consensuar, entre el Congreso, el Gobierno y la justicia, una reforma que apunte a llenar todos estos objetivos¡

Nosotros estamos proponiendo el restablecimiento de un derecho universal de la doble instancia, derecho que ya está consagrado a través del bloque de constitucionalidad colombiano, porque hace parte de instrumentos internacionales que establecen ese derecho a toda persona, no solamente de tener dos instancias, sino de tener separado el investigador del juzgador. Y esos instrumentos internacionales ya están ratificados por el Congreso, ya son leyes de Colombia, y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Pero además, estamos acatando un fallo de la Corte Constitucional reciente, que estableció que era obligatorio separar el juzgador del investigador, y le dije al Congreso que deben legislar en la materia.

Yo quiero reiterar que de ninguna manera, esta doble instancia favorece ni a la parapolítica, ni a la farc-política, ni a ningún proceso, ni investigación, que se desarrollen antes de la vigencia de este acto legislativo, desde su promulgación.

Y por eso yo creo que es mal intencionado seguir sosteniendo que a pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, acogida inclusive hace muy poco por la Corte Suprema de Justicia, cuando ordenó la Corte Constitucional, separar las dos instancias, el juzgador del investigador.

Un Senador que fue condenado en el proceso de la parapolítica pidió a la Corte Suprema de Justicia, que en razón de esa sentencia del 28 de mayo pasado, anulara ese proceso porque no le habían aplicado esta separación de juzgador e investigador, y la Corte le negó esa solicitud diciéndole que esa sentencia de la Corte Constitucional era a partir del 28 de mayo para casos nuevos y que por lo tanto no aplicaba a su caso.

Esta reforma –y contesto esto porque me lo preguntaron- de ninguna manera está encaminada a favorecer a nadie distinto al ciudadano colombiano, ni a unos aforados que a partir de la vigencia de ella tendrán simplemente el reconocimiento de un principio internacional, como lo tenemos todos los ciudadanos de Colombia.

Había unas preguntas sobre el sistema electoral, que las voy a omitir porque ya están en mis respuestas escritas.

Me preguntan qué opinión tiene el Gobierno Nacional sobre la Fiscalía y el caso ‘Tasmania’.

Reitero, el Gobierno Nacional respeta y acata las decisiones, en este caso las que tomó la Fiscalía, pero se reservó el derecho a hacer unas críticas con ese fallo, pero acató y respetó el fallo.

Lo que sí queremos reiterar es que es muy importante que estos fallos siempre queden dentro del ámbito del derecho. Todos los colombianos somos iguales ante la Ley, por eso todos los organismos judiciales deben dar ejemplo de acatamiento, colaboración, transparencia, y sometimiento a la justicia. La Ley está por encima de todos nosotros, ese es el principio fundamental del Estado de Derecho.

El Gobierno se ha sometido como ninguno al escrutinio de la opinión pública, cada que las autoridades han visto la necesidad de iniciar una investigación contra cualquier funcionario, contra cualquier congresista, el Gobierno ha respetado y seguirá respetando y acatará los fallos, lo que no puede el Gobierno es desconocer el principio de la presunción de inocencia y el debido proceso, pero siempre con la mira en que respeta y acata los fallos de la justicia.

¿Que injerencia tiene en Colombia el Ministro del Interior y de Justicia? Yo comienzo por decir que tenemos que partir del principio de que las Ramas del Poder Público son independientes y autónomas, y que cada una opera dentro del ámbito, de su competencia.

Que la Rama Ejecutiva tiene como cabeza al Presidente de la República, y que los Ministros y directores de departamento tenemos la función de tratar políticas inherentes al ámbito de la competencia de cada uno de nosotros. Dirigir toda la actividad administrativa y ejecutarla.

El Ministro del Interior del Interior y de Justicia, igual que los demás ministros somos, con el señor Presidente de la República, quienes hacemos el Gobierno, pero siempre con el respeto al ámbito y a la independencia y la autonomía de los demás.

Dentro de las funciones del Ministro del Interior y de Justicia no está la de administrar justicia. Eso corresponde a la Rama Jurisdiccional. No está la de investigar, eso corresponde a la Fiscalía, que hace parte de la Rama Jurisdiccional, y a los organismos que tiene esa competencia.

Hizo mucho énfasis el Senador para que yo explicara la conversación con el Fiscal General. Porque yo soy un hombre respetuosísimo, como el que más, de la Ley y de los organismos que aplican la justicia o que investigan.

Respeto profundamente al señor Fiscal General de la Nación. No dudo en ningún momento ni de su seriedad ni de su probidad.

Y como ciudadano y como funcionario apoyo irrestrictamente todas la expresiones de la justicia y acataré los fallos que ella profiera. Y por eso desde el momento mismo, para contestarle al Senador Dussan, desde el momento mismo desde que se supo por prensa, que fue cuando yo me enteré y cuando se enteró el Señor Presidente, el 5 de agosto, en una noticia de Vanguardia Liberal, inmediatamente supe yo esa noticia, saque el comunicado que simplemente voy a leer, porque deja clara mi posición pública, transparente.

Yo no oculté nunca ni la conversación con el señor Presidente ni con el Fiscal General. Esto lo publicó la prensa nacional, y todavía esta en la página Web de la Presidencia de la República que guarda todas las noticias que se publican.

Dice: “Declaración del Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Agosto 5 de 2008

En el día de hoy me he enterado que un Fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos compulsó copias a la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para una posible investigación contra mi hermano Guillermo León Valencia Cossio, actual Director Seccional de Fiscalías de Medellín.

Sobre este hecho, quiero manifestar a la opinión pública que a pesar de que dicha investigación está por fuera de mi órbita de competencia como Ministro del Interior y de la Justicia, le he manifestado al señor Presidente de la República y al señor Fiscal General de la Nación que me mantendré totalmente al margen de dicho proceso.”

No porque tuviera competencia, es que es un acto de respeto.

“Creo firmemente en la justicia colombiana – dice el comunicado- y espero que mi hermano de las explicaciones satisfactorias que permitan dejar incólume su conducta. Cualquiera sea el resultado, acataré y respetaré el fallo de los jueces”.

Yo voy a leer la declaración del 30 de agosto del 2008. Una declaración del Fiscal.

“¿Qué interpretación le da a que el Ministro Valencia lo llame a interceder por su hermano?”

Y él dice: “Él fue muy respetuoso y no tocamos el tema de aceptar o pedir renuncias o declaratorias de insubsistencia. Yo creo que estaba en su derecho de hacerlo. Lo hizo personalmente y respeto y comprendo que crea en la inocencia de su hermano y sienta que merece la opción de defenderse”.

Esto para mí esta totalmente clausurado.

¿Cómo demuestra usted que su poder como Ministro no afectará las investigaciones?

Yo creo que cuando uno tiene una trayectoria de vida de 40 años de servicio público, los hechos hablan por uno. Cuarenta años, siempre sometido al escrutinio de la opinión nacional, internacional, siempre sometido obviamente al control de todos los organismos del Estado, incluyendo ahora el Congreso de la República.

Una vez fui un congresista y me tocó ejercer el control político. Hoy vengo a rendir cuentas ante el Congreso, y lo hago muy honrado.

Yo no, ni nadie, puede poner en duda la probidad y la autonomía de los jueces de la República.

Pensar en lo contrario, pensar en que se puede, sería irrespetar la majestad de la justicia, y yo no lo hago. Ni lo hago ni nunca lo he hecho.

Esa ha sido mi norma de conducta a través de 40 años de vida pública, y por supuesto seguirá siendo mi conducta.

Todos los servidores del Estado estamos sometidos a los órganos de control, al escrutinio de la opinión y tengo el honor, el orgullo de que yo nunca he sido sancionado en nada. Ni siquiera un parte de tráfico.

Es mi vida, yo me hice en la política con mi propio esfuerzo, con mi propio esfuerzo. Si, yo soy hijo de un maestro de escuela, muy honrosamente lo digo, y de una mujer campesina, y hoy tienen 96 años. Y aprendí de ellos todos los valores que he profesado en mi vida.

Ese es mi mejor respuesta: mi vida, mi conducta. Señálenme un acto de mi conducta. Uno responde por los actos, y yo por eso no voy a entrar en una polémica, porque ni he sido Fiscal ni he estado vinculado de ninguna manera a la Fiscalía.

Como Embajador estuve 4 años, como Alto Consejero Presidencial 3, ahora como Ministro llevo unos meses. Y yo respondo por esos y por todos mis actos. Yo no puedo responder por los actos de otros.

Yo quiero reiterar una cosa que la quiero dejar muy clara, absolutamente clara la quiero dejar: Fabio Valencia, el hermano se conduele por la situación. Fabio Valencia el ciudadano, respeta y acata la justicia, y Fabio Valencia el Ministro apoya la decisión de la justicia, cualquiera que esta sea.

¿Cómo cree usted que se afecta la imagen internacional de Colombia? La imagen de Colombia se fortalece cuando operan las instituciones. Todo lo contrario, es que aquí la ley es para todos. Lo importante es que sea para todos, y que para todos por igual. Eso enaltece la democracia colombiana, eso enaltece este Gobierno.

En Colombia desde el más humilde de los colombianos hasta el Presidente de la República, los Magistrados y los congresistas, todos, y los ministros, claro está, debemos acatamiento a la justicia y a la ley.

Que se presenten denuncias y se investiguen. Que se cumpla el debido proceso y que se falle en derecho enaltece una democracia, o para condenar o para absolver. Es que el derecho y la práctica del derecho es eso.

Es que uno no puede partir de la base de que cuando hay una indagación previa o una investigación en curso, yo no puedo decirle a un Ministro de las calidades de Diego (Palacio), (Ministro de Protección Social), un hombre consagrado al servicio del país, con unos resultados extraordinarios, no le puedo decir yo que simplemente como estaba en una investigación no está habilitado para servirle a Colombia en una posición. No. Nosotros creemos en Diego y creemos en unos funcionarios del Gobierno.

Ahora, el que se equivoque y el que tenga que asumir esa equivocación, dura es la Ley, pero es la Ley. Pero todos, absolutamente todos. Esto no puede ser selectivo. Aquí la Ley no puede ser para unos de ruana, tiene que ser para todos.

¿No cree que usted le haría un bien a Colombia si renunciara? Yo quiero insistir que las responsabilidades políticas según la Constitución y la leyes se derivan de las conductas del funcionario en el ejercicio del cargo.

Como ciudadano siempre he respondido por todos mis actos, y como funcionario también. Lo he hecho y estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces sea necesario.

Por eso estoy aquí. Es que si yo tuviera algo que esconder hubiera salido volado. No, mi vida no es esa, mi vida no es esa. Yo estoy aquí, yo soy un demócrata integral, yo soy, además, un hombre, que me he caracterizado en mi vida política por ser pluralista.

He participado en todos los procesos de paz. Estuve en el proceso del EPL, cuando Oscar William Calvo. Estuve en el proceso del M -19, estuve en el proceso de las Farc, porque yo siempre he creído en el diálogo y en la negociación como un instrumento político.

Y estoy con el Presidente Uribe, sin ninguna contradicción, porque el Presidente Uribe combate por igual al paramilitarismo, a la guerrilla, al narcotráfico y a todo tipo de delincuencia y de violencia. Porque el Presidente Uribe no ha descartado el diálogo ni la negociación, para buscar la paz en este país. Y la estamos logrando.

Le hemos quebrado la espina dorsal a la guerrilla y hemos desarticulado completamente el paramilitarismo. Y vamos a combatir, con toda la fuerza de la Ley, a las bandas emergentes. Y vamos a seguir luchando contra el narcotráfico y vamos a permitir que la justicia opere, para que sancione al que tenga que sancionar.

Esa es la voluntad del Gobierno, esa es la Seguridad Democrática, ese es el Presidente Uribe, el que está dándole una nueva cara, una nueva esperanza a Colombia.

No es insultando al Presidente.

Mientras ustedes lo insultan, el pueblo lo apoya y a él le interesa es lo del pueblo.

Como Ministro del Interior, me he propuesto unos retos y los voy a cumplir con la ayuda de Dios. Los voy a cumplir.

Fortalecer la política criminal y penitenciaria de este país.

Nos estamos empleando a fondo en eso, reagrupando el Estado, para la lucha contra la criminalidad.

Vamos a humanizar las cárceles. Un reto de este Gobierno: en 2010 no habrá hacinamiento en las cárceles de Colombia.

Y vamos a procurar que en las cárceles haya la posibilidad de educarse, para el reintegro de estos internos a la vida civil a través de posibilidades de trabajo en las cárceles. Y lo vamos a hacer.

Y estamos diseñando e impulsando una política antidrogas, entre otras, haciendo una modificación a fondo de la Dirección de Estupefacientes.

La Dirección de Estupefacientes la vamos a dedicar única y exclusivamente a trazar la política y a ejecutarla, en coordinación con todas las demás entidades del Estado y la cooperación internacional.

Y la administración de bienes se la vamos a dar a una entidad especializada, para que no haya ninguna interferencia entre lo que es la función esencial de tener una política eficaz contra las drogas, de administrar unos bienes que simplemente deben servir como soporte económico de la ejecución de esa política.

Y vamos a trabajar para fortalecer los programas de reparación, atención y protección de las víctimas. Es que para este Gobierno la víctima es lo fundamental. Por eso se dictó el decreto de reparación administrativa.

Y por eso estamos apoyando el proyecto de ley que cursa en el Congreso, de iniciativa parlamentaría, para que dentro de unos canales adecuados de la realidad fiscal del país, podamos elevar a categoría legal la atención integral de las víctimas.

Es que han sido 40 años, 40 años de violencia fraticida.

Tantos años con el narcotráfico transversalizando nuestra sociedad, todos los estamentos de la sociedad, todos. Y eso es lo que tenemos que evitar.

Y el que cayó ahí, que pague.

Pero Colombia tiene que tener derecho a un nuevo amanecer. Uribe lo está conduciendo de esa manera, 84 por ciento de opinión favorable después de más de seis años de Gobierno.

Eso quiere decir que el pueblo está contento. Puede que algunas elites estén aburridas. Eso quiere decir que el 16 por ciento restante está con otras tendencias y eso es respetable, eso es respetable.

Fortalecer, promover y proteger los derechos humanos. Ya vieron el cuadro. Eso está en la política del Ministerio y le he dado toda la importancia.

No quiero yo que maten a ningún sindicalista, no quiero yo que se coarte la libertad de asociaciones sindicales.

No quiero yo que maten a ningún estudiante, no quiero yo que maten a ningún concejal, ni a ningún Alcalde, ni a ningún parlamentario, ni a ningún diputado.

Y le estamos poniendo toda el alma a esa política de protección de los derechos humanos, porque somos defensores de los derechos humanos. Y desde el Ministerio, me estoy empleando en eso.

Y he abierto la puerta del Ministerio, a los sindicatos, a los concejales, a los alcaldes, a los diputados, a los parlamentarios, a los ciudadanos, porque la vida y la libertad, como derecho fundamental, la vamos a proteger.

Y vamos a afinar todos los instrumentos que permitan que todos los días sean menos y menos y menos, los colombianos a los que se les violen sus derechos fundamentales.

Y también, con el Senador Piñacue y otros senadores indígenas, me voy a emplear a ayudarles a las comunidades indígenas. Y ya estamos reuniéndonos.

Y en todo lo que los vamos a apoyar, hay que apoyarlos, porque tenemos que proteger esa cultura tan importante para Colombia, esas comunidades tan importantes para el mundo, esa cultura que no podemos dejar perder ni desvanecer.

Senador Piñacue, yo a usted le dije en mi oficina: es mi convicción, es mi obligación, y cuente con que el Gobierno va a trabajar conjuntamente con ustedes y las comunidades, como estamos promoviendo la protección de la jurisdicción indígena, respetando su cultura, todo, claro está, en el marco de la Constitución y de la ley.

Y lo mismo vamos a hacer con las comunidades afrodescendientes, afrocolombiana, la raizal, la palenquera.

Todos somos Colombia y esto me lo puse como reto: mejorar los intereses de la defensa de la Nación. Se están perdiendo el 70 por ciento de los procesos contra la Nación, y es porque no tenemos una debida organización en la defensa de la Nación.

Y me he impuesto el reto de que en estos dos años, al menos, logremos recuperar por lo menos un 10 o un 20 por ciento de ese porcentaje, para que esos recursos que se están perdiendo ahora en demandas, se puedan utilizar en otro tipo de funciones en el país.

Vamos a modernizar, desde el punto de vista de las tecnologías de la información, la comunicación, a la Justicia.

Acabamos de convenir un empréstito de 50 millones de dólares para modernizar todas las comunicaciones y toda la tecnología en las altas cortes. Y ya están en proceso de conexión de los juzgados, otros 40 millones de dólares con el Banco Mundial. Los 50 millones son con el BID.

Todo esto para modernizar y acercar la justicia al ciudadano. Este también es otro reto, y lo voy a cumplir, con la ayuda de Dios.

Y obvio, hay dos retos muy grandes: la reforma política, para limpiar la política de la interferencia de las mafias y de la violencia, para consolidar nuestra democracia; y la reforma a la justicia para tener una justicia autónoma, eficaz, cercana al ciudadano, pronta y cumplida.

Decía el maestro Rafael Echandía que una justicia lenta no es justicia.

Y hay otro reto, que lo vamos a impulsar, que es la manera de cómo sancionamos lo del consumo de la dosis mínima, porque lamentablemente, los narcotraficantes y los comerciantes de la droga, sin escrúpulo alguno, están utilizando a los niños, a los jóvenes, a las personas enfermas, como correos para comercializar la droga, ya vamos a impulsar el proyecto.

Porque ese es un clamor de los padres de familia, de los maestros, porque el consumo está creciendo de tal naturaleza en el país, que yo diría hoy –y eso nos lo va a confirmar una encuesta que ya contratamos en 39 mil hogares, la más grande que se ha hecho en Colombia sobre consumo- yo creo que hoy el consumo es un problema, tan o más grave, que la producción. Y tenemos que afrontarlo como Estado.

Y por eso, esto no es un capricho sino que es una realidad. Hoy el mundo, está en tal situación de gravedad de la problemática del narcotráfico, del tráfico y del consumo, que ya hoy casi no se puede establecer cuál es el país consumidor y cuál es el productor, porque antes Europa y Estados Unidos eran países consumidores. Hoy son productores de drogas sintéticas.

Por esa razón, honorables Senadores, señores citantes, señor Presidente del Senado, una vez más, quiero dejar ante el país con claridad mi conducta.

Aquí estaré las veces que ustedes lo requieran, explicaré cada punto de mis actuaciones, rendiré todos los informes permanentes que ustedes exijan.

Pero Fabio Valencia, con la ayuda de Dios, mientras tenga la confianza del señor Presidente, estará sirviéndole al país. Como ciudadano hasta el último minuto de mi vida y como Ministro hasta que el señor Presidente considere mis servicios.

Muchas gracias”.