Cartagena, 24 abr (SP). “Los saludo con todo afecto. Cumplen ustedes una tarea bien importante, que ha contribuido a que Colombia tenga un mercado interno fuerte, que en alguna forma le da protección frente a estas crisis de la economía.

He escuchado con toda atención las palabras del doctor Arthur Errázuriz (Presidente de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, Fiap) y del doctor Santiago Montenegro (Director de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos), siempre llenas de juicioso análisis y de espíritu constructivo.

Quiero referirme a ellas, pero enmarcadas en una visión general, por supuesto más integral desde lo político, a lo cual está obligado el Gobierno y el Presidente de la República.

Nosotros creemos que los países necesitan persistir en visiones tan elementales como profundas.

Por eso, nuestra prioridad sigue siendo construir confianza en Colombia, sobre esos tres pilares: la seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y la cohesión social.

En un Estado de opinión -que es el Estado ulterior a la concepción elemental del Estado de Derecho y del Estado Social- la seguridad y la inversión solamente son sostenibles en la medida que creen un marco de prosperidad, que vaya alimentando la cohesión social, la cual, a su vez, ejerce una acción más que de réplica, determinante sobre la seguridad y la confianza en la inversión.

Seguridad Democrática

En el tema de seguridad podemos hablar de lo cuantificable y de lo no cuantificable.

En lo cuantificable hay avances y por supuesto hay faltantes. Esta es una tarea de todas las horas.

Ha habido una reducción bien importante del secuestro, del homicidio, de las masacres; no ha sido posible que se vuelvan a destruir municipios.

En medio de las dificultades este año registra un 18 por ciento de disminución en el conjunto de los delitos, frente al mismo periodo de 2008.

Pero el Gobierno reconoce todo aquello que aún falta.

Permítanme hablar del otro capítulo de la seguridad: lo no cuantificable, lo intangible.

Creo que hemos avanzado en muchos aspectos. Hemos recuperado lo que nunca debimos perder: el monopolio del Estado para combatir a los violentos.

La palabra ‘paramilitar’ se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales, cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hoy, en todo el territorio el Estado es el que combate a todos los criminales.

Colombia ha tenido un resultado de desmovilización que nadie anticipó. Y cuando el mundo lo analiza, sorprende. Más de 50 mil personas desmovilizadas desde 2002.

De ellos, han reincidido 3 mil, 2 mil de ellos han sido abatidos por las Fuerzas Armadas o llevados a la cárcel, y aquellos mil reincidentes activos, provenientes de los paramilitares, operan simplemente como bandas del narcotráfico, aliados con la guerrilla, y se ha superado aquello de pretender sustituir al Estado en la lucha contra los criminales.

Hemos recuperado el monopolio de la Justicia democrática. En muchas regiones de Colombia, guerrilla, y después la misma reacción cruel del paramilitarismo, desplazaron a la Justicia.

Allí eran los jefes terroristas los que dirimían los conflictos entre vecinos, las querellas de familia. Hemos recuperado el imperio de la Justicia institucional.

En el país el tema de las víctimas apenas era un tema de funerales. Se hace hoy un gran esfuerzo por reparación de víctimas. Puede costar más de 10 mil millones de dólares en los próximos años.

Yo ruego mirar los desafíos fiscales del país, como es este desafío, más el de la atención de los desplazados, donde también puede haber un subsidio perverso que aún no se ha analizado en Colombia.

En este Gobierno, el crecimiento del presupuesto para atender el desplazamiento ha pasado de 80 mil millones, a más de un billón de pesos al año.

Y vamos a tener que enfrentar la realidad, porque mucho desplazamiento hoy se alega como producido por la violencia, cuando también obedece a causas migratorias interregiones, de diferentes orígenes.

Sabemos que es imposible la reparación total de las víctimas, pero creemos que todo esfuerzo por reparación es un esfuerzo que anula gérmenes de venganza, que crea mejores condiciones de conciliación.

Diría yo que la parte más importante para destacar de este proceso de seguridad es su adhesión a los valores democráticos.

En Colombia se temía la denuncia; se ha recuperado toda la confianza para la denuncia.

El colectivo social parecía desintegrado, porque muchos ciudadanos, y de manera creciente, no acudían a las instituciones en procura del servicio de seguridad, sino que se aislaban, emigraban o pretendían resolver el problema por sus propios medios.

La seguridad ha probado su condición democrática para proteger al empresario contra el secuestro, al trabajador contra el asesinato; para proteger con eficacia y por igual al vocero amigo de las tesis del Gobierno, que aquel que confronta a diario las tesis de Gobierno.

Muchos países de América Latina, con problemas de seguridad menos graves que los nuestros, sin bandas de seguridad soportadas en la riqueza del narcotráfico, como las nuestras, bandas de inseguridad, esos países, para enfrentar esos problemas, violaron todas las garantías democráticas. Allí, so pretexto de combatir al terrorismo se indujo a terrorismos de Estado.

Nosotros hemos profundizado la eficacia de las garantías democráticas. Este programa de seguridad se ha adelantado sin violar las garantías constitucionales y sin Estado constitucional de Sitio; con legislación ordinaria.

Yo creo que eso es bien importante destacar ante la comunidad nacional e internacional.

Política para enfrentar la crisis de la economía

Voy a mirar algunos de estos aspectos para llegar a los puntos del doctor Santiago Montenegro, a la luz de nuestra política para enfrentar la crisis de la economía.

Apreciados compatriotas y visitantes, es una política que se elabora todos los días; que no se puede improvisar, pero tampoco se puede estancar. Por eso, el Gobierno ofrece toda la receptividad para estarla revisando.

Hemos avanzado en el capítulo de infraestructura, en el capítulo de protección social, en el capítulo de confianza inversionista, en el capítulo de financiación del Estado y de los particulares.

Este año, Colombia debe invertir 55 billones en infraestructura, lo cual es una cifra bien importante, teniendo en cuenta el tamaño del PIB, que es un tamaño de 500 billones.

De esos 55 billones, concesionarios particulares y contratistas, con responsabilidades contractuales con el Estado, que los obligan a realizar cuantiosas inversiones, por ejemplo, en el sector energético, deben invertir este año 32 billones. Los otros 23, a cargo de recursos públicos.

Algunos colombianos preguntan: ¿y por qué seguir haciendo un esfuerzo en infraestructura de petróleos, de hidrocarburos, de generación de energía?

Pienso que una de las crisis a precaver, que puede ser sucedánea de la actual, es la falta de energéticos, si el mundo suspende la inversión en energéticos.

No solamente hay que hacer un gran esfuerzo en los energéticos tradicionales, sino en las energías alternativas, que Colombia lo viene haciendo y exitosamente.

Ya hoy destinamos más de un millón de litros diariamente de alcohol carburante, y con las plantas que han entrado y las que ingresan en los próximos días, Colombia produce un millón 800 mil litros diarios de biodiesel, a partir de aceite de palma africana.

Fue precaver esa crisis de energéticos, y también el imperativo del desuso, que es creciente, exclusivamente de energías fósiles, es una necesidad de todas las economías y Colombia no será inferior a ello.

De ese programa de infraestructura, está el programa de los planes departamentales de Agua, el programa de vivienda, el programa de infraestructura escolar.

En lugar de manejar una relación entre la Nación y 1.102 municipios en el tema de acueductos, hemos agrupado los municipios en el nivel intermedio de Gobierno, lo que refuerza la institucionalidad descentralista del Estado.

Y adelantamos planes departamentales de Acueductos en todas las regiones de Colombia, a través de los departamentos. Este año esa inversión debe ser del orden de 2 billones.

Estamos buscando ejecutar, en 2009, la inversión en escuelas, prevista para este año, y sumarle a eso un anticipo de inversión correspondiente a los años 2010 y 2011, para poder sacar mejor provecho del periodo de los alcaldes y de los gobernadores.

Conozco la preocupación de todos los compatriotas por el tema de infraestructura. Un país bastante difícil.

Hace una semana se celebró en Bolivia el día del mar, y cuando uno mira la distancia entre La Paz y el Pacífico, encuentra que es mucho menor que la distancia entre Bogotá y el Caribe; aún, que la distancia entre Bogotá y Buenaventura.

El Gobierno nuestro encontró todas las concesiones en pleito. Habían fracasado las de primera generación.

Una situación presupuestal y financiera bastante difícil y sin proyectos, y por supuesto asumimos el tema con temor. Nos demoramos bastante en poder abrir un camino para avanzar con ímpetus en el tema de infraestructura.

Están resueltos todos los pleitos que encontramos en concesiones. Las concesiones viejas están reactivadas; las que ha adjudicado este Gobierno, todas operan.

Y estamos bastante esperanzados en que este año se puedan adjudicar otras nuevas, grandes obras como la doble calzada Bogotá-Santa Marta; la fusión de todas las concesiones del Caribe en una sola, para garantizar la carretera entre Palo de Letras, en la frontera con Panamá, y Paraguachón, en la frontera con Venezuela.

Cuando empezó este Gobierno, Colombia tenía 52 kilómetros de doble calzada. Hoy, a eso hay que sumarle 560 construidos en este Gobierno. Y creemos que el ritmo en los próximos años va a acelerarse.

En las próximas semanas nos proponemos adjudicar corredores de competitividad que unen regiones del país con las principales arterias. Para citar un ejemplo, las carreteras que comunican a los departamentos del Cauca y Nariño con el Valle del Magdalena, o la doble calzada de Cúcuta a Bucaramanga.

Hay confianza para licitar en Colombia. Lo ha demostrado, por ejemplo, el avance de obras de gran importancia como el Túnel de la Línea.

Hemos superado los pleitos en aeropuertos. El Aeropuerto de Bogotá ha sido el gran contribuyente a sostener la infraestructura aeroportuaria del país. Hoy dedica el 46 por ciento de sus ingresos a su propio mejoramiento, a través de la concesión. Y el presupuesto público ha sustituido esos aportes para la infraestructura aeronáutica.

Hemos adoptado el principio de adjudicar concesiones grupales. Y como concesión grupal funciona hoy el conjunto de aeropuertos, integrado por los dos de Medellín, Quibdó, Montería y Corozal. Están en estructuración otras dos: la que incluye los aeropuertos de Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Valledupar y la ciudad de Riohacha, y la que incluye los aeropuertos de Palestina -para sustituir al de Manizales-, Cartago Armenia y Pereira.

Teníamos dos concesiones ferroviarias en pleito: en la del Pacifico, el Gobierno actual ha invertido 150 millones de dólares y se ha recuperado la ferrolínea entre Buenaventura y Cartago. El contratista concesionario que encontramos cobró la construcción de la obra, pero no operó el transporte. Tenemos un nuevo concesionario que ha empezado a prestar el servicio.

Colombia estaba demandada en el Tribunal de París por la concesión del Ferrocarril del Magdalena. Resolvimos ese pleito. Se cambió el concesionario. Ha pasado, gracias a las nuevas obras, ese ferrocarril, de tener una capacidad para transportar 24 millones de toneladas al año, a una capacidad para transportar 44 millones. Ya avanza la doble calzada ferroviaria. Tiene alrededor de 90 kilómetros, y este año tiene que empezar la calzada ferroviaria que hará variante a la ciudad de Santa Marta para llegar hasta esa ciudad.

Están en estructuración otros proyectos ferroviarios de gran importancia, como aquel que ha de subir del Magdalena a la Sabana Cundiboyacense, bien sea por el Cañón del Chicamocha (Santander) o por el Carare.

Y, además, está para empezar la obra que permita reconstruir la línea desde La Dorada, hasta donde ya hemos llegado, a las principales estaciones ferroviarias del Tolima y después, del Huila.

Aeropuertos

Hemos renegociado concesiones, adjudicado nuevas concesiones y les hemos dado el tratamiento de zonas francas a las nuevas inversiones portuarias. Eso ha permitido lo siguiente: solamente en la Sociedad Portuaria de Cartagena, en este Gobierno hemos pasado de una capacidad de movilización de 100 mil contenedores y este año se espera que esta Sociedad Portuaria movilice un millón y medio de contenedores.

Seguiremos haciendo este esfuerzo para un país que tiene en la falta de infraestructura una gran oportunidad de tonificar su economía.

Red de Protección Social

Los pobres no tienen la culpa de la crisis; no se les puede trasladar la factura de la crisis.

Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, que lo necesita la gobernabilidad democrática de este país.

Los países tienen que pensar no en el momento macroeconómico, sino en su gobernabilidad. Yo veo economías latinoamericanas muy brillantes, pero condenadas a que en el proceso electoral próximo les cambien de orientación. Por eso, creo que hay que mirar el tema también con criterio político, en el mejor sentido de la palabra.

Nada vale tener una economía sana y un modelo político totalmente en entredicho, como está ocurriendo por amenazas electorales en otros países del continente.

La red de protección social es fundamental. Nosotros este año aspiramos llegar a tres millones de Familias en Acción. Algunos compatriotas me dicen: ‘¿No es mejor invertir eso en infraestructura?’. Un pueblo educado construye la infraestructura. Un pueblo sin educación no supera la pobreza, no mejora la equidad social y así le hagan la mejor infraestructura no sabrá cómo aprovecharla.

Se discute mucho la naturaleza de nuestra política social: si es una política existencialista o estructural.

Los sociólogos han expresado que lo que diferencia las políticas sociales estructurales es su idoneidad para superar la pobreza y para construir equidad. Es lo que estamos buscando con nuestra política social.

Por ejemplo, las Familias en Acción no son un paliativo del momento, sino un presupuesto que sumado a la gratuidad educativa, a todos los temas de la Revolución Educativa, deben garantizar que las familias más pobres, sus hijos, completen los ciclos educativos, presupuesto esencial para que este país supere pobreza y construya equidad.

Cuando se habla del pilar solidario en las pensiones de Chile, permítanme recordar lo siguiente:

El sistema de Chile era un sistema que lo pagaban en su totalidad los trabajadores. En el sistema nuestro hay más solidaridad. El gran esfuerzo de cotización lo hacen los empresarios.

El sistema de Chile nada tuvo que ver con fondos de solidaridad. Cuando nosotros introducimos eso en el proceso entre 1986, cuando empezamos a hablar de esta reforma en el Congreso de la República que concluyó en 1993, era una figura extraña.

El pilar solidario que ha introducido Chile no lo financia el sistema pensional, lo financia el presupuesto público. En el sistema pensional nuestro hay un gran esfuerzo para financiar el fondo de solidaridad.

Dos expresiones tiene el sistema pensional nuestro que lo hacen más presentable socialmente, más ‘defensable’ como sistema solidario: primero, la distribución de los aportes y después, la contribución del mismo sistema a un Fondo de Solidaridad para los sectores más pobres.

Todo no se puede hacer al mismo tiempo.

Nosotros hemos avanzado en atención de ancianos. De pronto, a la luz de los sociólogos, es lo único que de nuestra política social admitiría la predica que no es estructural, porque es un imperativo democrático atender la tercera edad vulnerable pobre, pero no va a resolver los problemas de pobreza y los problemas de equidad.

Reconocemos, Brasil le está pagando a cuatro millones de ancianos pobres salario mínimo. En Colombia apenas se atendían 60 mil ancianos; hoy atendemos, precariamente, 857 mil ancianos.

Un reto del país es mejorar esa atención y ampliarla. Deberíamos llegarles por lo menos a dos millones de ancianos pobres. Pero también hay aparecen dilemas fiscales. Entonces, cuando no es posible atenderlo todo, uno tiene que decir: bueno, si lo que requiere fundamentalmente el país para superar pobreza y construir equidad es garantizar los ciclos educativos de los sectores más pobres, no podemos sacrificar Familias en Acción.

Yo diría que fiscalmente estamos obligados a relacionar todos esos programas.

El pilar solidario que debe sostener el Estado y que ya en Colombia tiene un principio con la atención que se está prestando a 857 mil ancianos, hay que mirarlo en concordancia con programas como el programa de Familias en Acción.

Yo diría que esto es fundamental en la política de Revolución Educativa.

Apreciado doctor Santiago (Santiago Montenegro Trujillo, Director de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos), yo creo que es muy importante también orientar la discusión en el país a dos temas: la política educativa, y la reforma administrativa de la cual usted, con Claudia Jiménez, fueron líderes.

Ese programa de Familias en Acción es un componente bien importante de la Revolución Educativa.

Les voy a contar algo: en los últimos 120 años Colombia tuvo 102 ministros de Educación. Muchos de ellos excelentes, como excelente es la Ministra Cecilia María Vélez. Esta ha tenido tiempo y su Ministerio ha sido tratado como un Ministerio de primerísima importancia.

Resultados:

En estos años Colombia ha pasado de un 78 por ciento de cobertura en educación básica y hoy estamos bordeando el cien por ciento.

De menos de un 65 por ciento de cobertura en educación media, estamos llegando al 80 por ciento. Teníamos alrededor de un millón de estudiantes universitarios, una cobertura del 22, 23. Hoy más del millón 550. Una cobertura del 34, del 35 (por ciento).

Hemos pasado, en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), tema aparte, de darle formación inicial a un millón 100 mil colombianos por año. Eso, en la primera institución de formación vocacional de la región latinoamericana. Una diferencia con la del Brasil: esta es abierta a todos los ciudadanos, no solamente a los trabajadores de las empresas afiliadas.

Hoy atiende seis millones de ciudadanos al año. Tenía 41 mil colombianos matriculados en programas técnicos y tecnológicos. Hoy tiene 298 mil y tiene un nuevo reto, al cual me referiré, para enfrentar el tema de la necesidad de avizorar los nuevos empleos.

El Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) atendía 60 mil estudiantes con crédito. Hoy atiende alrededor de 300 mil.

Hemos introducido una variedad de pruebas de calidad. Antes, solamente, la prueba de los bachilleres, hoy las pruebas Saber en todos los niveles educativos; las pruebas de egresados universitarios; evaluaciones de profesores; el observatorio de la suerte laboral de los egresados universitarios; la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, que es de gran importancia. Aspiramos que el 80 por ciento de la matricula oficial quede con conectividad.

El Congreso de la República, en el último acto legislativo sobre transferencias, introdujo normas bien importantes para la gratuidad educativa, que se aplican por segundo año, y también para la escolaridad de primera infancia.

En este Gobierno hemos pasado de atender un millón 700 mil niñitos en primera infancia, a atender tres millones 700 mil. Pero nos falta un millón.

Con los profesores adoptamos las normas del nuevo escalafón para garantizar calidad. Un debate político bien complicado, porque lo que querían era mayores salarios, sin aumentar requisitos. Ya tenemos 50 mil profesores en el nuevo escalafón, con unas exigencias mayores, pero también con una remuneración más justa.

Programas como Familias en Acción hay que mirarlos allí en el universo de la Revolución Educativa, que este país requiere para poder superar pobreza y para construir equidad.

Nosotros teníamos 10 millones 700 mil colombianos en el Régimen Subsidiado de Salud. Hoy tenemos 23 millones de cupos. Pero también en el Régimen Contributivo teníamos 13 millones y medio de beneficiarios. Estamos llegando a 18 millones.

Se sorprende la comunidad internacional al ver que Colombia, con 45 millones de ciudadanos, ha logrado una cobertura de 41 millones y que se apresta, en el sector más pobre, a llegar a un cien por ciento de cobertura.

Escucho una preocupación: que cuando aprobamos la Ley 100, el objetivo era que la gran mayoría estuviera en el Régimen Contributivo y no en el Régimen Subsidiado. No podemos olvidar que el país llegó a niveles de pobreza del 60 por ciento.

Ahora, el Gobierno es conciente y que tiene que evitar la trampa de que aquellos que puedan estar en el Régimen Contributivo sigan estando en el Régimen Subsidiado. A eso contribuye la Pila, y yo creo que se ha corregido mucho en los últimos años, gracias a ello.

Entonces, yo creo que el tema no se puede decir tan simplistamente que por qué tenemos 23 millones de colombianos en el Régimen Subsidiado. Es que habíamos llegado a un 60 por ciento de pobreza. Lo acaba de decir el doctor Santiago Montenegro, se nos había caído la tasa de inversión al 13 por ciento.

Es que el país, a diferencia de lo que muchos dicen, el país en estos años no ha vivido loterías, empezó un proceso de recuperación.

Unos dicen: es que se desaprovecharon los años de la gran bonanza. ¿Cual bonanza? Nosotros hemos vivido unos años de recuperación que, esperamos, Colombia pueda tener un gran horizonte de recuperación, superada esta crisis de la economía mundial.

El microcrédito es otro de los elementos fundamentales para esta política anticíclica.

Cuando empezó el Gobierno, en poder de los microempresarios había una cartera de 732 mil millones. Hoy supera 7 billones. Representaba el uno y medio por ciento de la cartera del sector financiero. Hoy representa el 5 y medio.

Uno de los grandes factores de exclusión en nuestro país ha sido la falta de posibilidades de los sectores pobres de acceder al crédito institucional.

La bancarización todavía muy baja, pero está cerca al 58 por ciento, que denota un crecimiento de 20 puntos en esta administración, reconociendo que el 58 por ciento es todavía un nivel muy bajo.

Yo los invito a ustedes a pensar que la gobernabilidad democrática, la defensa de la confianza, exige un gran esfuerzo social, especialmente en esta época de crisis.

Y a pensar que cuando quiera que se le desee exigir al Estado más esfuerzos fiscales, por ejemplo para avanzar en el pilar solidario, hay que hacerlo en concordancia con esfuerzos fiscales que se hacen en otros imperativos sociales igual o más importantes, como el imperativo de la Revolución Educativa, y eslabones de la Revolución Educativa, como es el tema Familias en Acción.

Confianza inversionista

Bien lo decía el doctor Santiago Montenegro: el país nunca ha sido hostil a la inversión, pero tampoco se le había puesto todo el énfasis. Teníamos picos de inversión y yo creo que hemos ganado una inversión extranjera más estable, y una tasa general de inversión más alta y más estable.

En los últimos años la inversión extranjera ha sido de 6.500, 8.600, 9.028. El año pasado, 10 mil 564 millones de dólares, el 54 por ciento en el sector de minería e hidrocarburos, y el 46 por ciento distribuido en muchos sectores de la economía.

Vemos una inversión extranjera más alta, más estable y más irrigada.

Y creemos que la confianza ha ayudado a tener un ritmo de tasa de inversión también más alto y más estable.

No es que ahora hayamos logrado el 27 y medio por ciento, es que venimos en una senda. El país saltó del 13, al 17, al 19, al 21, y ya lleva 3 años por encima del 25 por ciento. Hay que hacer el esfuerzo de sostenerlo.

El doctor Santiago nos decía cómo se la logrado mantener, a pesar de la crisis, la financiación de los grandes proyectos de inversión en Colombia. El Gobierno es muy cuidadoso en aquello de sostener la confianza inversionista, y de hacer todos los esfuerzos para que fluyan los recursos de inversión para los grandes proyectos.

Hasta ahora hemos tenido una enorme dificultad: Glencore y la Refinería de Cartagena. Está superada. A mí personalmente me correspondió decirles a los señores de Glencore: ‘Mire, este Gobierno tiene una convicción expresada sobre la necesidad de la confianza inversionista en Colombia. Pero lo que no va a permitir es negociados ni trampas al país. Ustedes le cumplen a la Refinería de Cartagena o se retiran del país’. Y más que un pleito jurídico, el Gobierno les propondrá un pleito político para que se retiren de todos los contratos en el país.

Y los señores se avinieron e hicieron una transacción equitativa con Ecopetrol, que ha asumido la responsabilidad, porque además le interesa, de sacar adelante esa Refinería.

Doctor Santiago, en los otros grandes proyectos de inversión, incluidos los cuatro mil megas de generación de energía que deben instalarse en los próximos años en Colombia, no hay hasta el momento reportes de falta de financiación. Y el Gobierno le hace a eso un seguimiento riguroso todos los días.

Muchos compatriotas me dicen: Presidente, ¿para qué tanta preocupación en la confianza inversionista, si este año, por la crisis, y probablemente el año entrante, no habrá inversión en los países que carecen de confianza inversionista, pero tampoco en los países que la tienen como Colombia?

En Colombia, a pesar de la crisis, se ha mantenido un buen ritmo de inversión.

Y aún en el evento de que la crisis fuera tan pronunciada, tan profunda y tan extensa, que obligara a que se suspendiera totalmente la inversión, hay que perseverar en la confianza inversionista con responsabilidad social.

¿Por qué? Porque una vez empiece a superarse la crisis, la inversión no llegará allí donde se ha creado un universo de desconfianza, sino allí donde hay confianza, y Colombia es un país que hoy está en el primer renglón mundial de confianza para invertir. Creo que lo dicen todos los voceros autorizados y lo indican también las cifras.

La financiación del Estado y de los particulares

Colombia ha cerrado la financiación estatal del año 2009. Y con esa emisión de mil millones de dólares empezó la financiación del año 2010.

A lo que ha dicho el doctor Santiago Montenegro, debemos sumarle que sin exigencias al país que fueran a crearle un debate político, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de contingencia de 10 mil 400 millones de dólares para Colombia. Yo creo que esa es una noticia de la confianza bien importante que hay en el país.

Y no es el viejo Fondo contra el cual irrumpía todo el discurso latinoamericano. Es el Fondo que ha tomado unas decisiones después de la reunión del G-20, donde fue tan importante la voz del Presidente Barack Obama, como la voz del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Brasil.

Y es ese Fondo, con nuevas orientaciones, el que ha dicho: inmediatamente Colombia puede contar con esta disponibilidad de 10 mil 400 millones de dólares.

Todos mis antecesores contribuyeron a que este país tuviera un gran prestigio en la comunidad financiera internacional. El Gobierno nuestro ha contribuido. Nosotros hemos reducido el endeudamiento del 48 por ciento al 22 por ciento.

Yo recuerdo al Ministro (Roberto) Junguito, que en varias administraciones lo hemos llamado a superar momentos de crisis, en agosto y septiembre de 2002 diciendo: no hay con qué pagar los soldados; el Banco Mundial dice que hemos perdido la viabilidad financiera.

Teníamos un déficit del 4,2 consolidado en agosto de 2002. El año pasado terminó en el 0,1. No para alegrarnos, porque también hubo un componente de falta de ejecución, por ser el primer año de las autoridades regionales.

Ese déficit del Gobierno Nacional central, si ustedes le suman, y el doctor Santiago Montenegro se refirió a esas cifras, lo que el Gobierno desde 2003 le tiene que trasladar al Seguro Social, ese déficit del Gobierno Nacional central era de más del 6 por ciento, sumando esa obligación. El año pasado terminó en el 2,3.

Y estamos dando las dos cifras basados en el mismo punto de referencia, que es la medición del PIB en el año 2002; no la medición del PIB del año 1994.

O sea que ha habido una gran reducción del déficit, una gran reducción del endeudamiento.

Seguramente, este año los esfuerzos que tenemos que adelantar nos llevan a tener un endeudamiento mayor y un déficit mayor, dentro de lo razonable. Porque tenemos que tener en cuenta dos variables, apreciados compatriotas: primero, nadie sabe cuánto va a durar la crisis; nadie sabe cuántos años tendremos que financiar con dificultades.

Y una segunda variable: así como creemos que hay que precaver la crisis de falta de energéticos o de falta de energías limpias, también hay que precaver la crisis de endeudamiento.

El país tiene que ser ambicioso en el endeudamiento dentro de lo prudente.
¿Qué tal que nos financiemos para uno, dos años y que la crisis dure más?

Colombia tiene que preservar una cualidad que siempre ha tenido, cuando en otras partes de América Latina ha habido crisis de deuda, que aquí casi que la tuvimos en el año 2002 y a principios del 2003, Colombia, que ha sabido evitarla, ahora tiene que evitarla. Por el desespero de la crisis Colombia no puede incurrir en el sobreendeudamiento al que están tentados muchos países.

Yo creo que también hay elementos que ayudan. Por ejemplo, hemos pasado en estos años de 10 mil 600 millones de dólares a 23 mil 600 en reservas.

Destaco un punto: es el país de las grandes economías de la región que menos ha tenido que gastar reservas para defender el peso, desde diciembre del año pasado. Veamos lo que ha tenido que gastar Brasil de sus reservas, México, para defender sus monedas. Cómo se ha defendido casi que solita la moneda colombiana. Eso es bien importante.

Me da pena decir esto: el Gobierno Nacional insistió mucho en que había que distinguir entre el capital especulativo y el capital como factor de creación de riqueza social. Y por eso propuso, en el Banco de la República y lo adelantó dentro de sus competencias, restricciones a los capitales de corto plazo. Hubo una enorme discusión. Decían: pero cómo un Gobierno que pretende la confianza inversionista impone estas restricciones. Fueron afortunadas.

Y celebro que en sus materias el Banco de la República las hubiera impuesto, y el Gobierno, de acuerdo con las competencias que a él corresponden.

Otros países que abrieron las puertas ilimitadamente a esas inversiones de corto plazo, tan pronto empezó la crisis se quebraron, porque los mismos dineros que habían entrado empezaron a querer salir con toda velocidad y agotaron sus reservas. Colombia lo evitó.

Creemos que la situación del sector privado es mejor para enfrentar esta crisis de lo que pensábamos.

El sector privado colombiano debía en 1997 casi 17 mil millones de dólares. Una cifra prácticamente igual a la que debía en diciembre del año 2008. Eso demuestra que ha habido prudencia.

El Estado colombiano tenía un 70 por ciento de la deuda con moneda extranjera. Empezó este año con un 25 por ciento. Nos hemos hecho menos vulnerables en el mercado financiero internacional, lo que nos obliga a ser más cuidadosos para no crear presiones en el mercado financiero interno. Creo que lo hemos sido, doctor Santiago.

Me parece que la evolución de las tasas de interés tiene muchas variables determinantes, como usted lo decía; la disminución de la tasa de referencia del Banco de la República; la disminución de las expectativas de inflación. No creo que la disminución de requerimientos de crédito del sector privado. Pero sí ha contribuido mucho la prudencia del Gobierno.

Yo creo que la prudencia del Gobierno en materia de endeudamiento ha ayudado a que haya un buen margen para atender, sin tendencias peligrosas de tasas de interés, los requerimientos de financiación del sector privado.

En buena hora este Gobierno ha hecho un gran ahorro, un gran ahorro en el aseguramiento de los depósitos. Hemos pasado en estos años de 400 millones de dólares de seguro de depósito, a 3 mil millones de dólares de seguro de depósito.

Toda la situación de la economía es muy difícil, pero yo creo que todos estos elementos ayudan, y ayudan a la financiación del Estado colombiano.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para financiar al sector privado, para no dejar secar la caja de los empleadores.

Bancoldex colocaba un billón 900 mil millones al año. El año pasado, 3 billones y medio. Este año debe colocar cinco billones. Hemos también crecido en la misma proporción los recursos de Findeter y los recursos de Finagro, sin incurrir en la tentación tantas veces propuesta de convertir esos bancos en bancos de primer piso, manejados con toda la ortodoxia, con toda la seguridad como bancos de segundo piso.

Estamos haciendo todos los esfuerzos para preservar la financiación de los medianos y pequeños empresarios, con el fin de evitar una mayor caída del empleo en este momento tan difícil de la economía.

El tema del empleo

La informalidad. Yo quiero empezar por esta cifra. No ha aumentado, tiene que haber disminuido: que mientras la población ocupada ha crecido en dos millones, dos millones 100 mil trabajadores, solamente la población afiliada al sistema de pensiones, en el mismo periodo, ha pasado de 4 millones 715 mil a 8 millones 714 mil.

Los fondos de cesantías tenían dos millones 200 mil trabajadores. En la última liquidación, arrojaron la cifra de cinco millones y medio, doctor Santiago. Yo recibí ese informe de su parte. Entonces, es un crecimiento mucho mayor en afiliación a las pensiones y a las cesantías, que el crecimiento de la población ocupada.

Eso, para decir que no ha crecido la informalidad. Al contrario, ha disminuido, no en la velocidad en que debería disminuir. Pero sí es bien importante que el país conozca estas coberturas, que estas coberturas demuestran que se ha creado empleo de mejor calidad y que se ha corregido una porción importante de la informalidad.

Yo discrepo del valor comparativo del salario colombiano. Mírenlo en dólares. Y yo creo que algún mecanismo de compensación es el mecanismo de los extrasalarial y, también, el mecanismo de los parafiscales. Es una sociedad con mucha inequidad, con mucha pobreza.

Entonces, hay que mirar el tema. A mí me parece muy bien crear esa comisión, voy a insistir. Pero también el Gobierno tiene que proteger estabilidad. Yo creo que Colombia necesita estabilidad tributaria y estabilidad laboral. Y no lo digo por capricho.

Por ejemplo, en el tema tributario no tenemos una legislación estructural simple, como muchos la quisieran, pero es que también son inequitativas.

Cómo se ha derrumbado de la noche a la mañana el modelo de Irlanda, que nos lo presentaban como la gran panacea.

Es que la reforma estructural que muchos han querido, elimina la progresividad. Simplemente rebaja la tarifa y deje una tarifa plana para todos. Y en un país con tanta pobreza y tanta inequidad, no es conveniente, por razones de política democrática, eliminar la progresividad. Acepto, nuestra legislación tampoco es simple. Pero yo pido que se reflexione en esto: hemos logrado una legislación tributaria muy atractiva para la confianza inversionista.

No hemos reducido las tarifas de manera abrupta para todo el mundo.

En renta habíamos subido del 35 al 38 y medio, vino bajando gradualmente y se situó en el 33. Lo que hemos hecho es introducir estímulos a la inversión, que es bien importante en un país con unas tasas bajas de inversión.

Y lo que hemos hecho es crear, menester a una ley del Congreso de la República, la posibilidad de hacer pactos de estabilidad con los inversionistas a 20 años, lo que da mucha confianza para invertir en Colombia.

La legislación laboral

Cuando uno la compara punto a punto con América Latina, encuentra que Colombia tiene una legislación bastante estimulante para los empresarios, y también protectora de la estabilidad de los trabajadores. Lograr ese punto de equilibrio es muy difícil, como los puntos de equilibrio que ahora tratamos en el Congreso de la República.

Hace dos noches, por fortuna la Cámara de Representantes, qué difícil en esta tendencia de América Latina, qué difícil en esta tendencia de América Latina, negó en su plenaria un recargo al trabajo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Lo fácil, lo que da votos es hacer todo lo contrario.

Pero un Gobierno que ha pedido esas votaciones, también tiene que decir que así como no se pueden seguir creando obstáculos al empleo, tampoco se pueden desmontar los beneficios de los trabajadores.

El Gobierno se opuso a que se aprobara esa reforma, pero el Gobierno tampoco puede permitir que entonces ahora, en nombre de la masificación del empleo, cuando hay este problema de empleo en todo el mundo, nosotros hagamos la apuesta del empleo de baja calidad, desmontando, por ejemplo, los parafiscales.

Hemos dicho en el Congreso: ni desmonte de los parafiscales en contra de los trabajadores ni nuevos bloqueos al empleo, como el recargo del trabajo entre las 6:00 de la tarde o las 10:00 de la noche. Tampoco extenderle la partida de defunción al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, laboralizando por ejemplo las madres comunitarias.

Lograr ese equilibrio es bien difícil en lo normativo y en lo político.

Por eso, la invitación a los compatriotas es que nosotros en Colombia demos señales de estabilidad en las normas tributarias y de estabilidad en las normas laborales.

Que porque ha crecido el producto entonces tenemos una participación de los ingresos tributarios menores. Eso hay que mirarlo también en armonía con los parafiscales, con las obligaciones de seguridad social que, ya lo decía, en Colombia, en Colombia, un alto porcentaje es pagado por los empleadores, a diferencia de otros países donde todo lo pagan los trabajadores.

El tema laboral no se puede aproximar sin el proceso histórico. En el proceso histórico hay que recordar dos reformas laborales.

A mí me correspondió presentar en el Congreso de la República el proyecto de reforma de la Ley 50 de 1990, al que se refirió después el Presidente (César) Gaviria en su discurso de posesión y se convirtió en Ley de la República, en medio de enormes dificultades políticas.

Yo no sé qué es más difícil: si sacar una reforma de esa naturaleza o, por ejemplo, hacer la reforma administrativa que ha hecho Colombia, tema que hay que tener en cuenta, doctor Santiago. Haber reformado 437 instituciones del Estado, empezando por Ecopetrol, Telecom, las clínicas del Seguro Social, es algo bien importante desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del concepto del Estado, a pesar de fundamentalismos predominantes de América Latina, a los cuales se les hace mucho eco en nuestro país, opuesto radicalmente a ese tipo de reformas.

Recordemos qué era la legislación laboral antes de la Ley 50, la retroactividad de las cesantías. Los mayores en este recinto sabemos que la retroactividad de las cesantías estaba encaminada a evitar que hubiera empresa privada en Colombia, y a estafar a los trabajadores con la pérdida de sus ilusiones.

Se desmontó la acción de reintegro para trabajadores que cumplían 10 años. Era una norma de estabilidad que generaba inestabilidad. Hubo en ese momento la necesidad de aumentar la tabla reindemnización, que en alguna forma se racionalizó en 2002.

Sigue la discusión sobre la Reforma Laboral de 2002, al principio de nuestro Gobierno liderada por el doctor Juan Luis Londoño, cuyas luces tanta falta nos hace.

Entonces, allí hubo otro paso bien importante que ahora se quiso echar para atrás. Por fortuna se frenó esa reversa. Pero también hay que recordar: esa reforma introdujo grandes posibilidades para fomentar el aprendizaje en Colombia. ‘Deslaboralizó’ el contrato de aprendizaje, pero obligó a los empresarios a cumplir con las cuotas frente al Sena.

Hoy, dentro de nuestra política anticíclica nos proponemos que el Sena, en las próximas semanas, empiece inscripciones para otros 250 mil colombianos en programas técnicos y tecnológicos, orientados a nuevos empleos.

Porque algo que hay que entender es que muchos empleos que eran dinámicos, después de esta crisis no volverán a tener el mismo dinamismo. Hay que buscar nuevos empleos, lo cual requiere en el país un gran esfuerzo de reorientación educativa.

¿Y cómo juega ahí el contrato de aprendizaje? Lo hemos deslaboralizado. Pasamos de tener 32 mil aprendices, a tener 101 mil aprendices que hoy tiene el Sena.

Y tenemos exhibido hoy en Internet un proyecto de decreto que nos permitiría pasar, por la vía de aumentar los máximos de aprendizaje en cada empresa, respetando la nómina formal de los últimos tres meses, nos permitiría pasar de un potencial de 300 mil aprendices, a un potencial de un millón 200 mil aprendices, lo cual puede ayudar a darles ingreso a los nuevos matriculados en programas técnicos y tecnológicos, y también a darles oportunidad práctica.

Hemos reglamentado la Ley 590 de 2000. El país no se había atrevido a reglamentarla. ¿Qué permite ese reglamento? Que las nuevas pequeñas empresas que se creen, en el primer año no paguen sino el 25 por ciento de las obligaciones parafiscales. En el segundo año, el 50; en el tercer año, el 75, y en el cuarto año, el cien por ciento.

Ahora, estos han sido esfuerzos producto de una visión sistemática en la sociedad colombiana. No improvisados ni al detal.

Faltan algunos de esos esfuerzos. Por ejemplo, para no hablar de los otros temas de la reforma financiera, en ella hay algo muy importante –y pedimos al Congreso de la República que nos ayude aprobándolo y ojalá en los próximos días se haga el acuerdo final entre el Ministro de Hacienda (Óscar Iván Zuluaga) y las plenarias de Senado y Cámara- es el artículo de la reforma financiera para poder cumplir con la disposición constitucional de 2005, promovida por este Gobierno, que autoriza que en Colombia el Estado aporte recursos presupuestales para financiar beneficios de retiro de trabajadores informales, con ingresos inferiores al salario mínimo.

Me da pena hacer interpretación de la Constitución delante de ese gran constitucionalista, el doctor Manuel José Cepeda. Pero el tema constitucional ha sido difícil, porque nuestra Constitución ha tenido una norma general y unas normas específicas.

La norma general de solidaridad, en virtud de la cual todos estos desarrollos no deberían tener inconvenientes. Pero la norma específica de prohibir pensiones que tengan un valor inferior al salario mínimo.

Y desde la ley de 1887, la 153, se dio en Colombia el criterio de interpretación de que prevalece la norma específica sobre la general, cuando están en el mismo nivel de la pirámide normativa.

Eso nos obligó a que como parte de esa reformas estructurales que este Gobierno ha impulsado, y haciendo toda la apuesta de riesgo político, se incluyera en el acto legislativo de 2005 la norma que le permita al Estado aportar recursos presupuestales, para garantizar beneficios de retiro a trabajadores informales que tengan un ingreso inferior al salario mínimo.

No la podemos llamar pensión. No se puede configurar como pensión.

Esa reforma constitucional explícitamente dijo que necesitaba desarrollo legal. Por eso mis compañeros del Ministerio de Hacienda piensan que no basta con aportar una partida en el presupuesto; que se necesita el desarrollo legal.

¿De qué pende el desarrollo legal? De la aprobación de este artículo que está en la reforma financiera. Casi que diría yo esto: esa reforma financiera se justifica solamente por ese artículo. Siendo de gran importancia el concepto de los multifondos, como lo ha dicho el doctor Santiago Montenegro esta tarde, que nos ha dado unas explicaciones que relevan de hacerle cualquier comentario adicional.

Por prudencia fiscal, la propuesta del Gobierno inicialmente es que aquellos colombianos que entren en ese sistema de ahorro reciban un apoyo –que es el atractivo para entrar en ese sistema de ahorro- del Gobierno, con recursos del Fondo de Solidaridad.

Creo que debe pensarse adicionalmente en cómo nutrir mejor ese Fondo de Solidaridad. Ya sabemos hoy cómo se nutre, pero yo creo que puede haber nuevas fuentes.

En Colombia no ha sido posible, y este Gobierno lo ha intentado muchas veces, crearle un impuesto a las pensiones. Pero las altas pensiones sí deberían contribuir con algún porcentaje al Fondo de Solidaridad, para dedicar ese dinero a poder ampliar la cobertura de retiro en favor de los colombianos más pobres.

El ejemplo de Chile muestra que ese pilar de solidaridad es del presupuesto. Aquí tiene que salir del presupuesto, a través del Fondo de Solidaridad.

La diferencia con Chile es que aquí el sistema contribuye. Allá, no. Y aquí proponemos una contribución adicional del sistema: que se le pueda derramar un gravamen a las pensiones de alto valor, para que esas pensiones contribuyan a la expansión del Fondo de Solidaridad con este propósito.

Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para reformar las cajas de compensación, para mejorar Bienestar Familiar y el Sena. Teníamos 56 cajas de compensación; hoy tenemos 46. Y aspiramos en lo que resta de la administración eliminar otras 10.

Bienestar Familiar ha pasado de una cobertura de 6 millones de niños, a una cobertura de más de 12 millones. Y seguiremos haciendo ese esfuerzo para mejorar.

Muchos colombianos dicen: es que la pequeña empresa no puede pagar esas cotizaciones parafiscales. También hay otros estudios que demuestran lo siguiente:

Los trabajadores más beneficiados de los parafiscales son los trabajadores de las pequeñas empresas que, se supone, pagan los menores salarios. Porque son los trabajadores que reciben la cuota monetaria del Sena, cuyos hijos más se benefician de Bienestar Familiar, cuyos hijos más se benefician de las cajas de compensación, que –corrijo- son las que pagan la cuota monetaria.

Poniéndose uno en el plan de pequeño empresario: es mucho más fácil manejar presiones salariales en una pequeña empresa que es cumplida con los parafiscales, que en una pequeña empresa que no lo es.

Entonces, yo pediría que esa comisión examine todos estos temas, y que se tenga en cuenta tres medidas que ha tomado este Gobierno recientemente:

La medida de deslaborizar el contrato de aprendizaje; la medida de reglamentar la Ley 590 del año 2000, y también, la medida de proponer ese aumento de los máximos de aprendices, por rangos de empresa, que está hoy en Internet consultándose a la opinión pública.

Me atrevo a proponer esto, en ocasiones anteriores lo he dicho. Y lo hago con todo el respeto por la ciencia económica:

En una economía que tiende a integrarse más a la economía mundial, todos los días es más difícil establecer diferencias entre los estímulos al capital y los estímulos al trabajo.

Finalmente, el único estímulo al empleo, y al empleo de buena calidad, es el estímulo a la inversión. Por barato que pongan el empleo, si no hay condiciones de inversión, los ciudadanos no crean empleo.

Y también me atrevo a proponerles esta reflexión: en aras de la angustia por el desempleo, no podemos proponerle al país una creación de empleo masivo, pauperizado. Este país ha sido prudente en el tema.

El único año en el cual no aumentamos el valor real del salario mínimo fue este año, por las circunstancias de la economía. Pero en los años anteriores el aumento tampoco fue una cosa excepcional. Fue de 8 y medio puntos.

El Gobierno ha sido prudente en eso, pero no paupericemos más el ingreso laboral de este país. Este país necesita fraternidad laboral.

Una de las condiciones de sostenibilidad de la confianza inversionista es la fraternidad laboral. Unas relaciones laborales de ingresos de pauperización, de capitalismo salvaje o de odio de clases, no permiten estabilizar un proceso de confianza inversionista.

Quiero invitarlos a esa consideración.

De pronto, en sí, es mejor ir más lento en la formalización, pero con mejor calidad del empleo. Una formalización con pauperización no es una formalización, sino una simulación.

Estudiemos qué reformas deben introducirse, pero teniendo en cuenta que aquello en lo cual se ha logrado un alto nivel de reforma debe mantenerse con un fundamento de estabilidad.

Yo no veo tanta solidez en los fondos de pensiones del mundo como en Colombia. A mí me preocupa muchas veces la diferencia entre la noticia y el análisis. El análisis es catastrófico, pero el resultado es bueno.

Los fondos de pensiones de Colombia no pierden, ganan. Cuando muchos fondos de pensiones se han quebrado. Y sin embargo, el análisis aquí es catastrófico.

Entonces, ¿a qué se atiene uno: al análisis o a los resultados? una enorme dificultad para el Gobierno. Yo veo un gran crecimiento de los fondos de pensiones.

Esta cifra –la conversaba afuera con el doctor Santiago Montenegro-: pasar en estos años de 4 millones 715 mil trabajadores afiliados al sistema de pensiones, a 8 millones 714 mil. Todavía es muy poco, frente a una población ocupada de 19 millones. Pero yo creo que se da un salto muy importante. Busquemos cómo reanudar la marcha para seguir en este salto.

Celebro la solidez del portafolio de los fondos de pensiones. No solamente los resultados causados y declarados, sino la solidez de su portafolio, que anticipa buenos resultados en el futuro.

Recuerdo muchos ilustres compatriotas que anticipaban una catástrofe cuando los creamos, apreciada senadora Cecilia (López Montaño). Sin embargo, cuando usted celebra hoy estos 16 años, doctor Santiago Montenegro, no los muestra como se quebraron aquellos fondos del sistema alemán de principios del siglo pasado, sino totalmente fortalecidos y venturosos.

Creo que lo de multifondos va a ayudar mucho, como les va a ayudar mucho en infraestructura la creación en el país de fondos de inversión, paso que estamos dando. Pero también ustedes tienen una distribución del portafolio muy equitativa.

Yo diría que para proyectos de infraestructura el gran problema hoy no es legal, que se puede mejorar, se puede mejorar con la reforma financiera, con los multifondos. El problema es que ustedes no han tenido todavía la suficiente confianza en los proyectos. Espero que con lo que se está haciendo en superación de todos esos pleitos de concesiones, con los fondos de inversión, con las estructuraciones de los proyectos, ustedes tengan más confianza en los proyectos.

Y que con el experimento que se hace con ISA, para que se encargue de unas dobles calzadas en el país, en un contrato de confianza, el Gobierno le dice: ISA, usted hace esas dobles calzadas. Usted tiene un gran capital que es confianza. Hágalas con libros abiertos, una contabilidad de confianza. Los colombianos confían en usted. El Gobierno le paga el costo de esas obras y si se quiere, inicialmente, por el ensayo, una comisión, un AIU, algo que ponga a ISA en piedra, con absoluta seguridad.

Yo confío que todos esos proyectos le den los fondos de inversiones más confianza para invertir en infraestructura.

Apreciados compatriotas:

Lo único que hay que hacer frente a las dificultades es trabajar con amor a Colombia y con mucho entusiasmo.

Muchas gracias”.