La Viceministra del Interior, Viviana Manrique, agradeció el apoyo de estas dos organizaciones internacionales que año tras año han venido apoyando el tema de la atención a este grupo vulnerable del país.

Bogotá, 30 abr (SP). El Ministerio del Interior y de Justicia renovó este jueves con la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), el Convenio de Cooperación para la Atención a la Población Desplazada por 510 millones 440 mil 900 pesos.

Durante el acto en el que se renovó el convenio estuvieron la Viceministra del Interior, Viviana Manrique; el Director de Programas de la OIM, Fernando Calado; y la Gerente de Programas OIM Desplazados Usaid Colombia, Ángela Suárez.

Así mismo, Ángela Ospina, Asesora del Despacho del Ministro del Interior y de Justicia; y Diana Medrano y Martha Yolanda Gómez de la OIM, entre otros.

Durante la reunión a Viceministra Manrique agradeció el apoyo de estas dos organizaciones internacionales que año tras año han venido apoyando el tema de la atención a este grupo vulnerable del país.

“Ha sido fundamental su apoyo, han sido nuestro acompañante desde el 2007 en todo este proceso interinstitucional en la atención a la población desplazada”, sostuvo.

También, señaló que este convenio permite garantizar que la cartera del Interior y de Justicia pueda llegar a los 115 municipios que necesitan la mayor atención en el tema de los desplazados.

“Y vamos a poder fortalecer institucionalmente la importancia de que incluyan los alcaldes y los gobernadores en sus planes de desarrollo la atención a esta parte de la población”, indicó.

La funcionaria manifestó que, además, con este convenio se abre la posibilidad de estudiar nuevos elementos de formulación de política para la coordinación territorial

Llamado a alcaldes y gobernadores

Adicionalmente, la Viceministra del Interior afirmó que tanto la Corte Constitucional como el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, han sugerido al Ministerio del Interior y de Justicia revisar distintas herramientas jurídicas para que alcaldes y gobernadores se comprometan en la atención a la población desplazada.