Bogotá, 16 ago (SP). “Colombianos:
Con gran satisfacción presento los avances logrados frente a los retos que nos fijamos hace un año en el Ministerio del Interior y de Justicia y asumiré los nuevos que cumpliremos hasta el 7 de agosto de 2010.

Primer logro:

Encontramos unas cárceles convertidas en escuelas del crimen y las estamos convirtiendo en centros de resocialización.

Avanzamos en la construcción de ocho cárceles, en la resocialización de los internos y en la humanización de sus condiciones de reclusión.

El hacinamiento actual es del 36 por ciento. Esta sobrepoblación carcelaria obedece básicamente al atraso encontrado en las obras de las nuevas cárceles, al déficit presupuestal y a un aumento anual de la población reclusa, que pasó del 5 al 8 por ciento, superior al registrado históricamente. Esto, debido, en gran parte, a la aplicación efectiva de las leyes que incrementaron las penas y limitaron el beneficio de la excarcelación.

Aceleramos las obras de las cárceles, generamos 7.000 empleos directos e inyectamos en lo que va de este año $128 mil millones a la economía y en lo que resta del año ingresarán 230 mil millones más. Así hemos contribuido a la meta anticíclica del Gobierno.

Para cumplir la meta del cuatrienio, de construir 11 cárceles, lideramos el Conpes que nos garantiza su financiación, con una inversión de un billón de pesos, llegando a un total de 22.703 nuevos cupos. Actualmente, estamos recibiendo las cárceles de Cúcuta y Yopal, y a diciembre de este año tendremos 5 más: en Puerto Triunfo, Acacías, Florencia, Ibagué y Jamundí, para un total, este año, de 7, que generan 16.910 cupos.

Así, en los próximos 7 meses reduciremos el hacinamiento actual en un 85 por ciento.

Las 4 cárceles restantes se recibirán en el 2010 (Guaduas, Medellín, Bogotá y Cartagena).

Adicionalmente, pusimos en marcha el Programa piloto de los Brazaletes de vigilancia electrónica, para disminuir el hacinamiento y mejorar el control sobre la detención domiciliaria en Bogotá, Medellín, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Cali, Buga y la zona cafetera.

A la fecha, se han beneficiado del sistema 1.200 personas. Antes de implementar este programa, las detenciones domiciliarias no tenían control real. Ahora lo tendrán en un 98 por ciento.

Señor Presidente:

Por primera vez en la historia toda la población reclusa del país, cerca de 100 mil personas, incluyendo hijos menores de 3 años, goza hoy del Régimen Subsidiado de Salud.

Nuestro segundo logro responde a la Política Antidrogas:

Para combatir el narcotráfico, macabro sustento del terrorismo, reactivamos el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que tienen asiento autoridades civiles, militares y la Fiscalía General de la Nación.

Conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, creamos la Sociedad de Activos Especiales (SAE), empresa especializada para la administración y enajenación de los bienes incautados y extinguidos al narcotráfico.

Para fortalecer la cooperación internacional en el marco del principio de la corresponsabilidad, participamos, en Viena, en la Conferencia Mundial contra las Drogas.

Por primera vez, desde 1991, un Ministro de Justicia colombiano sostuvo con su homólogo estadounidense un encuentro oficial para consolidar y ampliar la cooperación judicial.

Hoy, la Dirección Nacional de Estupefacientes, que estaba convertida en una lonja, coordina realmente la Política Antidrogas.

Tercer logro:

En consecuencia con el anterior logro, fortalecimos la lucha integral contra la producción y el consumo de estupefacientes, para lograr una Colombia sin drogas.

Por iniciativa del Consejo Nacional de Estupefacientes, realizamos una encuesta en casi 30 mil hogares, la más grande de América Latina.

Los resultados son muy graves: Colombia se ha convertido en un país de consumo intermedio a nivel mundial. Los principales afectados, jóvenes entre los 18 y 24 años de edad.

Este estudio sirvió para insistir ante el Congreso en la aprobación de la Reforma Constitucional que prohíbe el porte y consumo de drogas ilícitas.

En este proyecto, el Gobierno propone que los adictos sean tratados como enfermos y no como delincuentes. Por lo tanto, habrá medidas preventivas y de rehabilitación, sin que las mismas impliquen penas de reclusión.

Pero, Presidente: no se nos ha olvidado a quién debemos sancionar y a quién debemos castigar y a quién debemos dirigir todo el peso de la Ley.

Y por eso yo quiero hacer un llamado a todos los colombianos: no bajemos la guardia en el combate y sanción ejemplarizante a quienes inducen a niños y jóvenes al consumo, y los utilizan como correos humanos para la distribución de la droga.

Que se tengan los ‘jíbaros’ porque les vamos a implementar las penas y los vamos a sancionar severamente. Sobre ellos caerá todo el peso de la Justicia colombiana.

Cuarto logro:

La reparación a las víctimas de la violencia de los grupos armados ilegales ha sido nuestra prioridad.

Por primera vez, un Gobierno inicia el proceso de Reparación por Vía Administrativa y la restitución de tierras a quienes fueron victimizados, despojados y desplazados por grupos armados ilegales, por hechos ocurridos en los últimos 50 años.

A la fecha, han sido reparadas 1.600 familias y en lo que resta de este año llegaremos a 10.000, en un programa que compromete recursos por más de 200.000 millones de pesos.

En Antioquia ya está funcionando la primera de 12 comisiones regionales, donde se entregaron 105 títulos de propiedad.

Pusimos en funcionamiento cuatro Centros Piloto de Atención a Víctimas en Medellín y Bucaramanga, Valledupar y Santa Marta, financiados con cooperación internacional.

Con el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, en 2009 hemos implementado 287 medidas de protección, por un valor de 500 millones de pesos.

Participamos activamente en los debates de la ley de víctimas, pero, lamentablemente, un sector parlamentario, en un afán evidentemente electoral, pretendió imponer un proyecto sin viabilidad fiscal, lo que frustró la aprobación de la ley y la decisión del Gobierno de entregar más de 23 billones de pesos a las víctimas de los grupos armados ilegales.

El Gobierno insistirá en un nuevo proyecto. Pero, con ley o sin ella, seguiremos comprometidos con la reparación integral a las víctimas.

Quinto logro:

Cero tolerancia a la violación de los derechos humanos como fundamento de la política de Seguridad Democrática.

Descentralizamos e impulsamos la Política de Derechos Humanos, mediante la generación de estrategias que les permitan a los entes territoriales tener mejores herramientas para hacer más eficaz y eficiente su deber.

Apoyamos 12 mesas departamentales para desplazados, ejecutamos 10 Planes de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y capacitamos a 640 funcionarios regionales e implementamos 17 planes de contingencia para atención a esta población.

Con el respaldo del Congreso, presentamos e impulsamos una ley que aumentó las penas para los autores de delitos contra sindicalistas hasta en 60 años y elevó a 30 años la posibilidad de iniciar la investigación penal, es decir, que no prescriba la acción. Esto es muy importante como una política en defensa de las comunidades vulnerables y de los derechos humanos.

Hemos concertado medidas de protección con poblaciones vulnerables. Este programa tuvo un costo, el año pasado, de 80 mil millones de pesos.

Sexto logro:

En este Gobierno, las comunidades étnicas sí cuentan.

Diseñamos una política y recuperamos los espacios de interlocución institucional para estas comunidades.

Este Gobierno asumió el cumplimiento de más de 2.000 compromisos adquiridos por el Estado en los últimos 20 años con sectores indígenas y sociales. Por ejemplo, reparamos en un 85 por ciento a las víctimas de la masacre del Nilo, ocurrida en 1991; esta obligación la cumpliremos totalmente.

El Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas, en su reciente visita, resaltó estos logros, así como destacó el proyecto de ley que hemos preparado y que regulará la consulta previa para comunidades indígenas y poblaciones negras.

Esta ley será un modelo único en el mundo, como lo afirmó ante usted, señor presidente, el Relator Anaya.

Elaboramos un proyecto de ley para impulsar la Política de Igualdad de Oportunidades y contra la Discriminación Racial para la población negra y afrocolombiana.

Séptimo logro:

Hoy la defensa jurídica de la Nación está siendo debidamente atendida.

Creamos la Comisión Intersectorial, que está recopilando la información litigiosa de las entidades públicas y acompañándolas en el proceso de defensa. Hasta hoy ha reunido datos del 83 por ciento de ellas, identificando 130 mil procesos en contra de la Nación.

Asumimos como política la adopción de la conciliación extrajudicial para resolver litigios con terceros; esto permitirá ahorros de recursos y descongestión de la Justicia.

En demandas contra Cajanal y el antiguo Seguro Social, podríamos disminuir en 30 mil procesos la congestión judicial y reducir cuantiosas condenas.

Octavo logro:

La modernización tecnológica e informática para la Justicia ha sido un propósito del Gobierno.

Este Gobierno ha duplicado el presupuesto para la Rama Jurisdiccional y la Fiscalía General.

Con el Consejo Superior de la Judicatura gestionamos dos créditos por 62 millones de dólares con el banco interamericano de desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que serán destinados fundamentalmente a la actualización tecnológica de las Altas Cortes.

Para acercar la Justicia al ciudadano, Colombia cuenta hoy con 98 centros, entre casas de Justicia, centros de Convivencia y centros de Conciliación, y próximamente abrirán su atención al público otros 18.

Noveno logro:

Decía el maestro Echandía: ‘Una Justicia lenta no es Justicia’.

El Gobierno presentó cuatro proyectos de ley para lograr una Justicia al día, pronta y eficaz:

Descongestión judicial: proyecto ampliamente consultado con las Altas Cortes para superar el atraso histórico en los procesos judiciales. Se crean jueces multicompetencia y se reducen los términos procesales.

El de creación del Arancel Judicial: fortalece la financiación de la administración de Justicia y su Plan de Descongestión.

El Código de Convivencia Ciudadana: Es una cosa increíble, pero hoy tenemos un Código de Policía que todavía no está acompasado con las normas de la Reforma Constitucional del 91.

Este Código de Convivencia Ciudadana busca actualizar la legislación de Policía, para mejorar la protección y las relaciones entre la comunidad y la fuerza policial.

La ley de delitos menores: establece penas no privativas de la libertad y excarcelables para delitos de menor impacto social.

La cooperación de la Unión Europea, con más de 7 millones de euros, ha fortalecido la Rama Judicial, mediante la simplificación de trámites, descongestión de despachos y dotación de equipos para la realización de las audiencias virtuales de los extraditados.

Último logro:

Con el apoyo del Congreso, logramos la Reforma Constitucional para depurar la política.

Esta norma castiga severamente el ingreso de delincuentes y dineros mal habidos en el quehacer político y electoral.

Creó la ‘silla vacía’, que consiste en la pérdida de la curul para el congresista, su partido o movimiento, por las nuevas investigaciones relacionadas con el narcotráfico, grupos armados ilegales y delitos de lesa humanidad.

Se acabó con el ‘carrusel’ de las suplencias, al prohibir los reemplazos por faltas temporales

Como se ha visto, hemos cumplido con importantes logros para la vida y la democracia de los colombianos.

Hemos colaborado sustancialmente con el fortalecimiento de la Seguridad Democrática y con las metas propuestas por el Presidente Álvaro Uribe.

Ahora, compartiré con ustedes los diez nuevos retos que desde el Ministerio asumiremos para los próximos 12 meses.

Primer reto nuevo:

Reduciremos a cero el hacinamiento en las cárceles del país.

Usted, señor Presidente, va a entregar deshacinadas las cárceles. Estamos hablando de un 36 por ciento de hacinamiento hoy; y al 7 de agosto del 2010 usted entregará un sistema carcelario completamente deshacinado.

Para fortalecer la Política Carcelaria y Penitenciaria, entregaremos tres (3) nuevas cárceles en el 2010 y con las ocho (8) que recibiremos en el resto de este año cumpliremos con la meta del cuatrienio de 11 nuevos centros de reclusión con la creación de 22.703 cupos.

Continuaremos con la implementación del Programa Piloto de Brazaletes de vigilancia electrónica, beneficiando a 2.300 personas más.

Segundo reto nuevo:

Lograr la aprobación de cuatro proyectos de ley, actualmente en trámite en el Congreso, con el propósito de tener una Justicia pronta y al día.

• La Ley de Descongestión.
• La creación del Arancel Judicial.
• Ley de Delitos Menores.
• Código de Convivencia Ciudadana (antiguo Código de Policía).

Tercer reto nuevo:

Lanzaremos el programa ‘Colombia, territorio libre de drogas’.

Diseñaremos e implementaremos, conjuntamente con el Ministerio de Protección Social y el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Plan Integral de Prevención contra el Consumo de Drogas en todo el país.

Esta es una lucha que debemos asumir todos, para hacer de nosotros y de Colombia un territorio libre de drogas.

Cuarto reto nuevo:

Nación y regiones tendrán una sola visión.

Para articular las políticas nacionales y su aplicación en las regiones, implementaremos el Sistema Administrativo del Interior.

Crearemos la Comisión Nacional y 32 comités departamentales.

Se firmarán acuerdos de Transparencia Electoral con las gobernaciones y con todas las alcaldías, para evitar destinación indebida de recursos públicos en las campañas políticas.

Quinto reto nuevo:

Con el apoyo que nos dará el Congreso, promoveremos una agenda legislativa para fortalecer las políticas públicas del Gobierno:

1. Reglamentación de la Reforma Política.

2. Reforma Constitucional de porte y consumo de estupefacientes, en la que trabajaremos intensamente para que sea aprobada en segunda vuelta.

Y aquí quisiera hacerle una muy breve anotación, señor Presidente: el marco constitucional nos dará las herramientas para que a través del desarrollo legal podamos sancionar severamente, severamente, a todas aquellas personas, especialmente a los promotores distribuidores, a los famosos ‘jíbaros’, los vamos a llevar a la cárcel para que puedan pagar lo que representa inducir a niños y a jóvenes al consumo y después a la distribución de la droga.

3. Ley de reparación a las víctimas de la violencia, que cumple con los parámetros internacionales, en el marco de los principios de solidaridad y responsabilidad.

Sexto reto nuevo:

La Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, elemento sustancial de la Seguridad Democrática.

El país tendrá un modelo integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para la prevención de delitos comunes.

De manera coordinada entre autoridad civil, Policía e instancias judiciales, evaluaremos los criterios de medición e impacto de la criminalidad, para poder hacer, coordinadamente, una política concertada, que nos ayude a aliviar la delincuencia y los efectos de la delincuencia común en las áreas especialmente urbanas.

Se aplicará la ley para la prevención de la violencia y promoción de la convivencia en el futbol.

Diseñaremos planes metropolitanos y regionales de Seguridad y Convivencia y tendremos un nuevo protocolo de alertas tempranas.

Pondremos en funcionamiento líneas 1-2-3 en 10 municipios más, llegando en el cuatrienio a un total de 117, e instalaremos 6 nuevos circuitos cerrados de televisión para completar 28 en el cuatrienio.

Se consolidará el Comité Operativo contra la trata de personas y la línea única de denuncia.

Séptimo reto nuevo:

Colombia, modelo de atención a amenazas volcánicas.

Consolidaremos la estrategia de intervención piloto en zonas de amenaza volcánica (Cerro Machín, Galeras, Nevado del Huila).

Para el Cerro Machín se realizará la socialización e implementación de los planes de contingencia de Cajamarca e Ibagué y se identificarán las familias que están en zona de alto riesgo.

Para la zona del Volcán Galeras, realizaremos la reubicación de 832 familias en igual número de predios.

Para el Nevado del Huila, con la aprobación del Conpes, reubicaremos 400 familias en la zona aledaña al río Páez y actualizaremos seis (6) planes de contingencia.

Continuaremos la ejecución del Plan de Reasentamiento de las familias ubicadas en zona de alto riesgo del municipio de Belalcázar (Cauca).

Octavo reto nuevo:

Colombia, líder en la prevención de tsunamis.

Adoptaremos por decreto el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo por Tsunami, convirtiendo a Colombia en el único país en América Latina con este programa.

El plan cubre 16 municipios de la Costa Pacífica en Nariño, Valle, Cauca y Chocó.

Noveno reto nuevo:

La población desplazada tendrá una política integral.

Se coordinará con Acción Social, alcaldes y gobernadores una política de atención en beneficio de las comunidades étnicas y la población en desplazamiento.

Se consultará el Plan Nacional de Garantías para Pueblos Indígenas y se diseñarán planes de salvaguarda para 34 pueblos.

También apoyaremos el plan para la supervivencia y protección de la mujer indígena.

Décimo reto nuevo:

El sistema de Gestión de Calidad del Ministerio será certificado.

Me comprometo a obtener, antes del 7 de agosto de 2010, la certificación de calidad para el Ministerio del Interior y de Justicia. Esto nos permitirá mejorar la atención de los trámites y la prestación de los servicios al ciudadano, ser eficientes en la gestión y tener una transparencia absoluta en el uso de los recursos públicos.

Señor Presidente, colombianos:

Seguiremos siendo el Ministerio puente entre el Gobierno y ustedes, la sociedad toda.

Los logros y retos que he presentado han estado y estarán dirigidos a fortalecer la democracia y la Justicia, componentes esenciales de la política de Seguridad Democrática.

Nos hemos entregado al país y hemos trabajado con honestidad y responsabilidad patriótica, convencidos de que su Gobierno, señor Presidente, ha dividido la historia de Colombia en dos.

Usted nos ha devuelto la esperanza, la fe, la confianza.

Muchas gracias”.