El Vicepresidente Francisco Santos destacó el apoyo que el Programa Presidencial de DD.HH. y DIH le ha dado a otras entidades del Estado en el tema de derechos humanos, y los avances en investigación y judicialización de casos. Agregó que en la actualidad hay una política integral que está siendo ejecutada por entidades del Estado a nivel nacional, para la toma de decisiones que permitan prevenir el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales.

Bogotá, 16 ago (SP). Desde el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República se han capacitado 550 operadores judiciales en identificación e investigación de casos de Derechos Humanos.

El anuncio lo hizo el Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, durante la Rendición de Cuentas 2008-2009, tras informar que el programa también dio apoyo a la Procuraduría General de la Nación para desarrollar diligencias en 150 casos de homicidio en persona protegida.

Así mismo, el funcionario informó que también se ha dado apoyo a tres comisiones especiales de la Fiscalía para investigar casos de violaciones de Derechos Humanos contra indígenas.

“El trabajo de estas comisiones avanzó como nunca antes en el esclarecimiento de 240 casos contra indígenas. Durante el año 2008 se profirieron más sentencias condenatorias en casos de violaciones contra sindicalistas que en cualquier año anterior. En el 2002 se profirió una sentencia, 75 en el 2008 y en lo que va corrido del 2009 se han proferido 38 sentencias”, indicó el Vicepresidente.

Santos destacó que Colombia y Suiza fueron los dos únicos países que se presentaron voluntariamente al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí, el país presentó un reporte concertado con más de 100 organizaciones de la sociedad civil y todas las instituciones del Estado.

“Nuestro informe, y su proceso de construcción, fueron reconocidos y puestos como ejemplo por la Unión Europea”, dijo el Vicepresidente.

Agregó que el Estado colombiano presentó 69 compromisos voluntarios y aceptó 64 recomendaciones de otros estados formuladas para los próximos cuatro años: “El 10 de junio hicimos público el primer informe de avance en la implementación de las recomendaciones”.

Para Santos, el Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, ha “jugado un papel decisivo en la coordinación interinstitucional para enfrentar graves problemas de derechos humanos”.

Explicó que en relación con los homicidios en persona protegida, “o mal llamados falsos positivos”, se ha asesorado al Ministerio de Defensa en la implementación de medidas para enfrentar el problema.
“Se ha apoyado la labor investigativa de la Fiscalía y se confeccionó el sistema de recepción de quejas. Estas medidas han sido reconocidas por organismos internacionales y han mostrado eficacia en la reducción, casi a cero, de las denuncias sobre este tipo de hechos”, señaló.

El funcionario hizo énfasis en la implementación del Sistema de Información en Derechos Humanos, el cual concentra la información estadística sobre casos, violaciones de derechos humanos, informes nacionales e internacionales, alertas tempranas e informes de riesgo, desplazamiento, legislación en esta materia y los proyectos que se desarrollan desde el Programa Presidencial.

“Esto nos permitirá administrar la información eficazmente y tener mejores insumos para la toma de decisiones”, afirmó.

El Programa también ha liderado la interlocución entre las organizaciones no gubernamentales, las instituciones del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Como resultado, se han realizado dos sesiones de la Mesa Nacional de Garantías y siete audiencias regionales sobre la situación de las garantías para el trabajo de líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.

“Esperamos que este nuevo esfuerzo del Gobierno nos permita por fin tener un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que no hemos concluido por resistencia de algunos sectores de la sociedad civil”, puntualizó el Vicepresidente.

Prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados ilegales

Asimismo, el alto funcionario indicó que en la actualidad hay una política integral que está siendo ejecutada por entidades del Estado a nivel nacional, para la toma de decisiones que permitan prevenir el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales.

Aseveró que a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños y Jóvenes por grupos al margen de la ley, en el año 2008 se trabajó con 50 municipios y 2 localidades de Bogotá, priorizados según indicadores de riesgo como cultivos ilícitos, presencia de grupos armados y delincuencia organizada, minas antipersonal y desplazamiento forzado.

“Al finalizar el 2009 tenemos la meta de haber trabajado con 62 municipios más y 3 localidades de Bogotá y de seguir apoyando a las alcaldías en el diseño de sus políticas de infancia y adolescencia, incluida una línea de prevención del reclutamiento”, indicó Santos.

Afirmó que desde la Comisión se coordinaron las acciones de todas las entidades del Estado que estaban dispersas y nivel local se trabajó en la sensibilización de a las autoridades locales, muchas de las cuales no reconocían el problema.

“Construimos conjuntamente con las autoridades locales sus planes de acción, creamos redes de protección social y diseñamos talleres de cartografía de riesgo con los mismos jóvenes”, señaló.

Dentro de los retos de la comisión, Santos se refirió a la construcción de un Conpes de prevención de reclutamiento y a la movilización social para que las comunidades y las familias de los municipios focalizados empiecen a reportar este crimen ante las autoridades competentes y a fortalecer las redes de protección de los jóvenes.