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El Gobierno rechaza intimidación a la Justicia y a líderes políticos

“El Gobierno Nacional rechaza y condena categóricamente cualquier amenaza, intimidación o afrenta contra funcionarios, jueces o magistrados de la Rama Judicial”, señala un comunicado. Así mismo, indica que “la autonomía e independencia de la Administración de Justicia deben ser preservadas por encima de cualquier circunstancia”.

Bogotá, 21 ago (SP). El Gobierno Nacional rechazó y condenó las amenazas, intimidaciones o afrentas contra funcionarios, jueces o magistrados de la Rama Judicial.

Advirtió que “la autonomía e independencia de la Administración de Justicia deben ser preservadas por encima de cualquier circunstancia”.

Así mismo, repudió las amenazas contra líderes políticos.

El Gobierno expidió el siguiente comunicado:

“El Gobierno Nacional rechaza y condena categóricamente cualquier amenaza, intimidación o afrenta contra funcionarios, jueces o magistrados de la Rama Judicial.

La autonomía e independencia de la Administración de Justicia deben ser preservadas por encima de cualquier circunstancia.

El Gobierno Nacional, como parte de su obligación de garantizar la seguridad de todos los colombianos, reafirma su indeclinable voluntad de seguir brindando la seguridad y protección a los operadores de la Justicia en Colombia.

En este sentido, se han impartido instrucciones precisas a las autoridades de Policía para que redoblen los esfuerzos dirigidos a impedir que los criminales puedan cumplir con sus nefastos propósitos.

El Gobierno Nacional estará atento a cualquier requerimiento proveniente de las Altas Cortes, en el ánimo de garantizar el pleno ejercicio de sus funciones legales y constitucionales.

En el contexto del proceso electoral que se avecina, es deber ineludible del Gobierno rodear de las garantías necesarias a los actores del debate político.

Por esta razón, el Gobierno Nacional también condena enérgicamente cualquier tipo de coacción o intimidación dirigidas contra los líderes políticos y los miembros del Congreso de la República.

Bogotá, 21 de agosto de 2009.

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