Las pérdidas por el tráfico forestal se estiman en 60 millones de dólares al año. Con la suscripción de este documento, se espera frenar la devastación anual de 48 mil hectáreas de bosques.

Bogotá, 21 ago (SP). El Ministerio de ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, suscribió este viernes el ‘Pacto intersectorial por la madera legal’, con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Federación Nacional de Industriales de la Madera y el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF – Colombia.

Con esta medida se establecen nuevas condiciones para la comercialización, distribución, transporte y utilización de madera. De esta forma el Ministerio espera que en los proyectos de vivienda y desarrollo territorial de todos los niveles se establezca como requisito previo el compromiso de utilizar única y exclusivamente madera o guadua que provengan de fuentes legales.

Igualmente, se fijaron directrices según las cuales en las licitaciones públicas y en los respectivos procesos de compra de todas las entidades públicas que involucren madera, guadua, muebles y productos derivados de estos materiales, se tomen las medidas que permitan asegurar y verificar la legalidad de su procedencia.

Los constructores agremiados en la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se comprometieron a adquirir este tipo de insumos a través de vendedores que certifiquen el origen legal de estos materiales. Además incentivarán entre los consumidores la adquisición de viviendas y proyectos de construcción, en los que se garantice que la madera o la guadua empleadas provengan de bosques explotados legalmente.

Los transportadores de carga agrupados en la Asociación Colombiana de Camioneros y La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), serán los encargados de realizar el traslado de estos materiales y sus derivados con empresas certifiquen la procedencia y legalidad de los materiales.

Con la suscrición de este pacto se beneficiaran las regiones de Riosucio (Chocó), Villa Garzón (Putumayo), Cimitarra (Santander) y Piamonte (Cauca), sectores afectados seriamente por el tráfico forestal.

Según el Ministerio de Ambiente, las pérdidas por el tráfico forestal se estiman en 60 millones de dólares al año. También tienen en riesgo la totalidad de los bosques naturales del país, dispersos en 61 millones de hectáreas a lo largo y ancho de la geografía nacional, incluyendo áreas protegidas como sectores de los Parques Nacionales Naturales de El Cocuy, Paramillo y Los Katíos.

Con la suscripción de este documento se espera frenar la devastación anual de 48 mil hectáreas de bosques.