Cartagena, 27 ago (SP). “Es un altísimo honor para Colombia, que esta reunión se lleve a efecto en la ciudad de Cartagena. Una ciudad de la historia, del presente, del porvenir.
Entendimos los colombianos, como una ciudad que era un oasis, en la cual no se podían expresar los problemas de violencia que tanto han afectado al país. Pero no fue así.
Dos días antes del inicio de nuestro Gobierno, el 5 de agosto de 2002, aquí estalló una potentísima bomba terrorista contra la Gobernación del departamento. Era apenas una de las expresiones de esa violencia que con mucha mayor intensidad que hoy, diariamente asesinaba a los colombianos.
En pocos años esta ciudad pasó de 500 mil habitantes a más de un millón. El atractivo histórico de la ciudad, su condición de ciudad turística, de puerto esencial del Caribe, no fue en esos años anteriores a nuestra administración el principal factor de atracción de quienes querían llegar a Cartagena.
La inmensa mayoría llegaron como parte de ese gran universo de víctimas del desplazamiento forzado, causado por los grupos terroristas.
Se imaginarán ustedes, muy distinguidos visitantes, la dificultad para poder enfrentar en lo social en el tema de infraestructura, semejante desafío. Una ciudad que en pocos años duplicó su población y que eso tuvo una causa determinante en el desplazamiento derivado del terrorismo.
Visitan ustedes un país que cree y practica superiores estándares democráticos.
La vieja división entre izquierda y derecha
Nosotros en nuestro Gobierno pensamos que la integración del continente, tiene que ser una integración dentro de la diversidad, reconociendo que los valores del uno, pueden complementar los valores del otro.
También creemos que hay divisiones artificiales, polarizantes, que hacen profundo daño, que el continente debe superar. La vieja división entre izquierda y derecha tuvo su razón de ser cuando de los procesos europeos se tomó para nuestro continente el conjunto de valores democráticos, con los cuales se debía enfrentar dictaduras que se habían enseñoreado de varios de nuestros países.
Hoy, cuando todo el mundo está comprometido a girar alrededor de la regla democrática, mantener la vieja división es polarizante, no trae resultados prácticos en beneficio de la integración.
Nosotros creemos que el esfuerzo de cada quien y el de la integración debería orientarse a obtener superiores estándares democráticos.
Seguridad y democracia
Hemos venido trabajando para que la democracia se exprese en cinco parámetros: la seguridad, las libertades, la cohesión social, la independencia institucional, la transparencia.
La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Hoy, como valor democrático, es presupuesto para las libertades.
Por supuesto, como fuente de recursos crea condiciones para la cohesión social que a su vez se convierte en un gran validador de la seguridad, en un gran validador de las libertades.
Un parámetro bien importante es la formación del Estado por instituciones independientes que a través de la colaboración armónica, manteniendo su independencia, contribuyan a los fines superiores del estado, al beneficio colectivo mayor.
Justicia independiente y autónoma
La justicia colombiana es una justicia independiente y autónoma, con una trayectoria que honra a la institucionalidad democrática de Colombia.
El Gobierno no interviene en la formación de la Corte Suprema de Justicia, tampoco en la formación del Consejo de Estado. De los nueve miembros que integran la Corte Constitucional, el Gobierno propone tres a través de ternas que envía al Senado de la República.
En las dos salas del Consejo de la Judicatura, el Gobierno interviene a través de ternas al Congreso en la formación de una de las salas.
El Gobierno propone a la Corte Suprema de Justicia una terna para escoger al Fiscal General de la Nación que, de acuerdo con la Constitución, debe ser el gran apoyo a la política anticriminal liderada por el Gobierno.
Los organismos de control en Colombia son independientes y autónomos. Nosotros creemos que los organismos de control no deben asignarse de acuerdo con las preferencias del Gobierno. Tampoco en consonancia con los reclamos de la oposición.
Creemos que los organismos de control en el Estado Social de Derecho tienen que cumplir una tarea de verificación, de notariado del acontecer público, para informar, para vigilar la labor administrativa, para dar cuenta de ellos a los organismos de control político y a la opinión pública.
Tienen que ser organismos técnicos, organismos imparciales, organismos autónomos.
En Colombia los fallos que producen los tribunales de justicia son fallos que corresponden a su autonomía, a su independencia.
Siempre se acatan, no obstante que excepcionalmente, por tocar materias bien sensibles, valor del público o a las relaciones internacionales, también hay discusiones a partir del principio de acatarlos.
En un país con inmensas dificultades presupuestales y financieras en los últimos años se ha avanzado muchísimo en la financiación de la justicia.
Para la Rama Judicial los aportes prespuestales han crecido en un 37 por ciento; para la Fiscalía General de la Nación en un 51 por ciento. Estos crecimientos son en valores constantes por encima de la evolución inflacionaria del periodo.
Confianza e inversión
Nuestro Gobierno ha tenido como propósito construir confianza en Colombia. ¿De dónde surge, muy estimados visitantes? Cuando adelantábamos la campaña por la Presidencia de la República, en conversatorios con los estudiantes universitarios solíamos preguntarles si ellos en algún momento habían pensado abandonar el país sin tiquete de regreso.
La inmensa mayoría decía que si, se expresaba una especie de desarraigo, de desprendimiento, de ruptura del afecto patriótico. Ello nos inspiró proponer la búsqueda de confianza como una tarea que amerita el esfuerzo creciente y cotidiano del Gobierno.
Para buscar esa confianza, trabajamos tres pilares que corresponden a los cinco parámetros de la democracia moderna, a los cuales ya me he referido. Esos pilares son: la seguridad, con valores democráticos; la confianza inversionista, con responsabilidad social; y la búsqueda de la cohesión social, con libertades.
Por ejemplo, para referir a ustedes alguna información básica desde el Gobierno sobre la confianza inversionista y sobre la cohesión social, permítanme hacer estas menciones.
La tasa de inversión en Colombia se había caído al 12, 14 por ciento; la del sector privado al seis, ocho por ciento. En los últimos años esa tasa de inversión se ha elevado al 25 por ciento.
No obstante que en el primer trimestre de este año sufrimos -como seguimos sufriendo- los rigores de esta crisis internacional de la economía, nuestra tasa de inversión estuvo en el 25 por ciento.
Colombia era un país que recibía 500, 600, picos muy excepcionales mil 500 millones de dólares al año de inversión extranjera directa. En los últimos años ha recibido 8 mil 500, 6 mil 500, 9 mil 28, 10 mil 564. Este año, con una reducción del 12 por ciento, estamos llegando a los 5 mil 500 millones.
Y algo bien importante: en el curso de los últimos años esa inversión ha sido más diversificada hacia los diferentes sectores de la economía, menos concentrada en el sector de hidrocarburos.
Reforma del Estado
Hemos hecho una serie de reformes estructurales: que a las pensiones, que la introducción de los incentivos tributarios, que un equilibrio laboral con suficientes garantía de estabilidad para los trabajadores, con suficientes garantías de competitividad para los empleadores.
Hemos reformado 427 entidades del Estado sin desmantelarlo. Nosotros nos apartamos de los procesos extremos en que ha vivido América Latina. Nos apartamos de la idea del desmantelamiento del Estado, que se trajo el nombre del ‘neoliberalismo’, y de la idea del burocratismo, que se trajo en nombre de una aplicación distorsionada de la socialdemocracia.
Tanto un extremo como el otro destruyen el Estado: el neoliberalismo lo destruye por decreto y el burocratismo lo destruye porque lo quiebra. Hemos reformado sin desmantelar el Estado 427 entidades y continuamos en ese proceso.
Este año, en un esfuerzo de construir un alto nivel de consenso con las altas cortes, se están trabajando en el Congreso de la República reformas muy importantes, que consideramos estructurales, como reformas para darle a la justicia mejores elementos de agilización de sus decisiones, para darle a la justicia recursos frescos, como aquellos que provendrían de un arancel judicial, que es justo en un país con desequilibrios sociales.
Creemos que tiene que haber un proceso permanente de ajustes, no se puede detener un proceso de ajustes.
Nosotros protegemos la libertad de emprendimiento, pero la condicionamos a la responsabilidad social.
Transparencia, control y responsabilidad social
Algunos de nuestros significados de responsabilidad social son la transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, transparencia en la asignación de contratos, transparencia en la solución de disputas, en la tributación.
La transparencia es uno de nuestros cinco parámetros de democracia moderna. Creemos que en la evolución del Estado de Derecho, que es ese tránsito en el cual la humanidad no se detiene -que empezara en la carta magna de Inglaterra de poderes al pueblo-, es bien importante la llegada de la humanidad a cada uno de los controles.
Al control administrativo al control fiscal, al control político. Pero pensamos que el más importante de los controles es la participación de opinión pública. Un alto nivel de participación de opinión pública le da vitalidad a la democracia representativa, le da trasparencia a los procesos públicos, le da eficiencia a la aplicación de recursos y finalmente da confianza.
Todos los contratos que adjudica nuestro Gobierno, se adjudican en audiencia pública.
Para nosotros un principio fundamental es el alto nivel de participación de la opinión pública. Creemos que es el fundamento aglutinante de todos los controles que garantizan aquel principio fundante del Estado de Derecho, el sometimiento del gobernante a la ley.
Otro de los elementos que garantizan la responsabilidad social es la obligación de los emprendedores e inversionistas de ir más allá de los mínimos legales, en permanente concertación con las comunidades sobre temas tan importantes como el medio ambiente.
Creemos que la responsabilidad social tiene que traducirse en la fraternidad de las relaciones laborales, tememos mucho que esas relaciones se rijan por el odio de clases o por el otro extremo el capitalismo salvaje. Pensamos que deben estar regidas por la fraternidad.
Creemos que un componente fundamental de la responsabilidad social es el concepto del capital. La crisis financiera internacional, que ha causado estos profundos estragos en la economía, se deriva de un concepto especulativo del capital.
La iniciativa privada lo debería abandonar. El único concepto que justifica y auspicia el emprendimiento es entender que el capital es un factor de riqueza social, de solidaridad.
Seguridad y cobertura social
Hemos hecho esfuerzos muy importantes para que la política de Seguridad vaya acompañada del aumento de coberturas sociales. No se excluyen son factores mutuamente determinantes.
Sin política de Seguridad no se dan las tasas de inversión que se requieren para poder garantizar la financiación de las políticas sociales. Y si no se avanza en políticas sociales, no se encuentra el legitimador de opinión para garantizar la política de Seguridad.
Nosotros creemos que hay que hacer ese esfuerzo de manera sostenida.
Cuando empezó nuestro Gobierno, todavía prevalecía en nuestro país la tesis de que todo tenía que tener una solución social, que la única manera de superar la violencia era con soluciones sociales.
Cuando la violencia durante varios años se había convertido en el gran factor de empobrecimiento del país, en el gran factor de construcción de inequidad, en el gran factor determinante del desplazamiento, del aumento de la pobreza, del aumento del desempleo y de las reducidas tasas de inversión.
Los esfuerzos concretos en coberturas sociales se expresan, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena. El país tenia en educación básica una cobertura del 78 por ciento; hoy esta llegando al ciento por ciento y la ciudad de Cartagena es una de las ciudades que ya está llegando al ciento por ciento.
Con un atraso en infraestructura, porque las coberturas han desbordado la infraestructura. Ahora el esfuerzo se orienta, en coordinación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno local, a poder desatrasarnos en infraestructura.
Avances en educación
El país ha avanzado en el tema de gratuidad educativa. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios; hoy nos estamos acercando a un millón 700 mil. Financiábamos 60 mil créditos a estudiantes universitarios; hoy superamos 250 mil.
Cartagena está en un proceso de universalización de la educación superior, al cual concurren dos acciones complementarias: la acción de la Alcaldía y la acción de los Centros Educativos Regionales (Ceres) del Gobierno Nacional.
Colombia es un país hoy que muestra un gran avance en formación vocacional. Nosotros formábamos un millón de ciudadanos al año; este año en oficios vocacionales formamos 6 millones de ciudadanos.
Este año debemos llegar a un millón de ciudadanos que estudian inglés como segunda lengua a través de Internet. La formación vocacional tiene como entidad líder una entidad del Estado que se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje. El aprendizaje es gratuito.
La financiación proviene de un recurso fiscal que pagan exclusivamente los empleadores. Los empleadores en Colombia, en aras de la equidad, tienen unas altas cargas prestacionales de seguridad social y parafiscales.
Pero eso recurso no solamente da formación vocacional a los trabajadores de las empresas que contribuyen a pagarlo, sino que es abierto a todos los ciudadanos.
Cuando empezó nuestro Gobierno, los programas de esta entidad alcanzaban en la ciudad de Cartagena a 40 mil personas; este año alcanzan 347 mil personas.
Bienestar social
El país está logrando plena cobertura en nutrición infantil. Esta ciudad es uno de los grandes ejemplos.
Colombia tenía 5 millones de usuarios; hoy tiene 12 millones de usuarios.
Tenemos un programa que se llama Familias en Acción para garantizarles un subsidio las familias para la educación de sus hijos, a fin de que puedan completar todo el ciclo básico. Creemos que tiene que incidir en la superación de la pobreza, en la construcción de equidad.
Estos programas demoran en producir sus consecuencias sociales, pero cuando esas consecuencias se producen son sólidas, son irreversibles. Diríamos que el país ha venido construyendo lo que se llama un mejor conjunto de oportunidades para las nuevas generaciones.
Hoy tenemos registradas en el país 2 millones 740 mil Familias en Acción, de ellas 70 mil en la ciudad de Cartagena.
Todavía tenemos un gran atraso en vivienda social, pero los esfuerzos que se están haciendo, como los Macroproyectos, pueden darle al país un nuevo ritmo para poder superar ese gran rezago que tanto nos atormenta.
Colombia, estimados visitantes, de 46 millones de habitantes, ha logrado vincular al seguro de salud a 41 millones de habitantes. Hemos hecho un gran avance para lograr plena cobertura en los sectores pobres.
Por supuesto, la vida pública es una relación entre mil esfuerzos y un pequeño resultado. Los temas que quedan por resolver en salud son muy grandes, muy costosos, pero hemos avanzado en una proporción muy significativa del aseguramiento.
En nuestra prestación del servicio de seguridad social concurren entidades estatales, del sector solidario, privadas. Todas bajo la reglamentación y supervisión del Estado. Y se exige el principio de la solidaridad cualquiera sea el actor, a si sea el actor privado. Y por supuesto, la Constitución exige llegar a la plena cobertura.
Cuando nuestro Gobierno empezó, Cartagena tenía 165 mil personas con seguro de salud; hoy tiene 490 mil. El crecimiento ha sido de 324 mil. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a la plena cobertura.
Nuestra política de Seguridad es una política que busca su sostenibilidad a través de la credibilidad. Creemos que la credibilidad reposa en la eficacia y en la transparencia.
Opinión sin restricciones
La transparencia es la adhesión al bloque de constitucionalidad, al que refería el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Augusto Ibáñez). La transparencia es la vocación irreductible de observar los Derechos Humanos, Este es un país que, además de la alta partición de la opinión pública, de esa libertad sin restricción en medios de comunicación, es un país que tiene permanente vigilancia internacional.
Aquí no se restringe la vigilancia internacional, en presencia de todos los organismos internacional, las ONG tienen plena libertad de acción en Colombia.
De vez en cuando el Presidente discute con ellas. Pero las libertades que gozan en el país son totales.
Este país, ha enfrentado el mayor desafío de inseguridad, el mayor desafío del terrorismo, sin intentar cerrar las puertas a la vigilancia internacional.
Reducción de delitos y crímenes
Se han reducido delitos. Pero mucho falta. Teníamos un tasa de asesinatos de 66 por cada 100 mil habitantes; está en 33. Pero de los mil 102 municipios de Colombia hay más de 300 municipios en los cuales este año no se ha presentado un solo homicidio.
En amplias regiones del país hay un descenso considerable del homicidio. Todavía en otras mantenemos niveles muy altos. La secuela del terrorismo rampante toma años en superarse.
Bogotá, con 17, 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, es una de las ciudades más seguras del continente.
Este país sufría 4 mil secuestros al año. Hemos reducido eso en lo que va corrido de este año a alrededor de 100 secuestros. Muchas áreas del país han visto superado totalmente el flagelo del secuestro.
El Gobierno Nacional no maneja el sistema oficial de cifras en Colombia.
Colombia es un país de multiplicidad de organizaciones independientes que llevan la contabilidad en los diferentes adscritos que incumben a la vida colectiva.
Veníamos en el proceso de eliminar totalmente las masacres, sufrimos reveses. Ayer en el sur del país, fueron asesinados 12 indígenas. Nosotros confiamos que podamos esclarecer totalmente ese crimen.
Desde anoche pedimos la participación de las Naciones Unidas -de la Oficina del Alto Comisionado- con nuestras instituciones de investigación e inteligencia, para el esclarecimiento total de ese crimen.
Y el Gobierno acudirá a organismos internacionales de inteligencia e investigación, para que nos ayuden a acelerar el esclarecimiento de este crimen.
Nuestra seguridad ha buscado proteger a todos los ciudadanos. En este país asesinaban en un año más de 250 dirigentes sindicales. El año pasado, de una población de más 300 mil integrantes de organizaciones sindicales -magisterio oficial-, todavía fueron asesinados 38. Este año ya vamos en 21, queremos cero casos.
Hemos superado bastante la impunidad. Antes de nuestro Gobierno, frente a estos casos había unas dos sentencias condenatorias; hoy hay un poco menos de 100. Ya hay 176 personas en la cárcel por estos delitos.
El terrorismo quería negarle a Colombia la libertad de medios de comunicación. El país tuvo años con el asesinato de 15 periodistas. Llevábamos dos años sin asesinato de periodistas. Este año se nos han presentado dos casos. Uno está completamente esclarecido en el sur del país.
Tenemos más de 10 mil colombianos con protección individual directa. Eso nos cuesta este año más de 40 millones de dólares. De ellos, alrededor de 2 mil son dirigentes de las organizaciones sindicales.
Nuestra política de Seguridad es para todos los colombianos, independientemente de su afinidad con las ideas de Gobierno o de su actitud de oposición a las tesis de Gobierno.
Recuperación de monopolio de la justicia
Esta política de Seguridad tiene unos intangibles bien importantes. Hemos recuperado tres monopolios que nunca debimos perder, el monopolio estatal para combatir a los criminales y el monopolio estatal para administrar justicia.
Hemos desmontado el paramilitarismo. La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a las guerrillas.
Hoy en todo el territorio se ha recuperado el monopolio de que el Estado es el único que combate a todas las organizaciones criminales, independientemente de su origen y de sus objetivos.
Tenemos guerrillas en el narcotráfico y bandas de narcotráfico. Tienen entre ellos una alianza mafiosa. En unas partes del país proceden en sociedad para repartirse los beneficios del narcotráfico y en otras partes del país se enfrentan para disputárselos.
El proceso de violencia de Colombia ha sido complejo. En 1902 terminó la última de nuestras guerras civiles, el país quedo en una profunda depresión. En 1903 se separo Panamá. Vivimos un periodo de relativa tranquilidad hasta principio de los años 1940, cuando irrumpió la violencia partidista. Se superó con los pactos del Frente Nacional.
Aparecieron las guerrillas marxistas que propendían como único medio de acción política la lucha de clases, como propósito de Estado la instalación de la dictadura del proletariado.
Creyeron que tomarían violentamente el poder. En la mayoría de los casos utilizaron las ofertas de paz que les hicieron los gobiernos, con toda la buena fe, solamente para avanzar en sus propósitos criminales. Generaron el paramilitarismo.
Las guerrillas, que inicialmente tenian una sustentación ideológica, terminaron como mercenarios del narcotráfico. Y el paramilitarismo, que invocaba una razón de autodefensa para suplir los vacíos del Estado, termino como mercenario del narcotráfico.
Muchas generaciones de colombianos no hemos podido vivir un día completo de paz. Creemos nosotros que se requiere que el país recupere plenamente la seguridad para que las nuevas generaciones puedan vivir tranquilas.
Hemos recuperado el monopolio de la justicia. En muchas regiones de Colombia el terrorismo había desplazado y pretendía remplazar a los jueces y fiscales. Eran cabecillas del terrorismo los que querían conocer pleitos de familias, querellas entre vecinos, crímenes mayores y menores.
La falta de seguridad no permitía que la justicia evocara el conocimiento de muchos crímenes. Se ha recuperado el monopolio de la justicia en todo el territorio y además, se han remontado las restricciones en materias que impuso el terrorismo a la acción de la justicia.
Esta política de Seguridad no se ha conducido con legislación marcial, no se ha conducido con supresión de libertades. Esta política de seguridad se ha conducido con legislación ordinaria, con cabal respeto a la legislación de las garantías civiles, de los derechos políticos. Eso honra a Colombia.
Este país ha avanzado muchísimo en descentralización. Elige mil 102 alcaldes y 32 gobernadores de los más diversos orígenes políticos. El 51 por ciento del gasto público de Colombia se efectúa por intermedio de los departamentos y de los municipios.
Ese proceso había sido seriamente afectado por el terrorismo. Cuando nosotros empezamos, 400 alcaldes de Colombia no podían ejercer por presiones del terrorismo. Hoy todos pueden desempeñar cabalmente sus funciones.
El Gobierno construye diariamente un proceso de gobernabilidad, de concertación con ellos, independientemente del origen político de su elección.
Un gran intangible de esta política, es la recuperación eficaz de la descentralización en Colombia.
Reparación y desmovilización
El país en procesos de reforma agraria, en distribución sucesoral, había invertido la tendencia de concentración de la tierra. Y eso se revirtió por la influencia del narcotráfico.
Un logro de este Gobierno, con leyes tan importantes como la nueva Ley de Extinción de Dominio, los procesos de incautación, es haberle puesto punto final al avance del narcotráfico de la adquisición de la tierra en Colombia.
Las victimas no reclamaban, no lo hacían por temor o porque lo encontraban inútil. Hoy tenemos registrado en el proceso de reclamación 220 mil victimas, estamos empezando el proceso de repararlas.
Este año deben repararse en un componente pecuniario las primeras 12 mil victimas.
Sabemos que reparación total no hay, pero todo esfuerzo de reparación frena expresiones de venganza, anula gérmenes de odio.
Pensamos que la reparación integral requiere un punto esencial, el derecho a la no repetición. Creemos que lo único que garantiza el derecho a la no repetición, que lo único que garantiza que no se victimice de nuevo a la sociedad colombiana, es continuar una política de seguridad con toda la determinación.
Nuestra política de Seguridad no es un fin en si mismo, es un camino hacia la paz.
En los años 90, en nombre de la paz se desmovilizaron 4 mil integrantes de los grupos violentos. En nuestro Gobierno, en nombre de la seguridad se han desmovilizado más de 50 mil.
Mientras en los años 90 se desmovilizaban 4 mil, los integrantes de los grupos violentos llegaban a 60 mil. En nuestro Gobierno se han reducido de 60 mil a una cifra alrededor de 7 mil.
El país hace un esfuerzo con infinita generosidad en el proceso de reinserción. Nosotros creemos que es un componente superior de la política de Seguridad.
Por supuesto, ese proceso ha estado regulado por la Ley 975 a la cual hacía referencia el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el honorable magistrado Augusto Ibáñez.
Esa Ley, en nombre de la justicia, ha reiterado el principio del Derecho Internacional que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, tampoco indultables. Marca un contraste con el pasado, cuando se amnistiaron y se indultaron delitos atroces.
Es la primera vez que una ley de paz en Colombia exige el principio de verdad. En el pasado, por ejemplo, no se requirió a quienes se favorecieron de esas leyes para que confesaran sus crímenes, para que confesaran sus vínculos con la política. Es la primera vez que la ley en Colombia exige esfuerzos de reparación de las víctimas.
Además de haber logrado el objetivo de promover una alta desmovilización que ya alcanza 51 mil personas, en esta ley se ha permitido que el Estado recupere 19 mil armas, se han confesado 22 mil 130 casos de homicidios, se han confesado 220 casos de homicidios de sindicalistas, de 83 miembros del partido político Unión Patriótica, de 176 indígenas, de 30 periodistas, de 21 miembros de Organizaciones No Gubernamentales, de 13 integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, de 2 mil 133 casos de muerte de niños.
Se han exhumado mil 997 fosas sobre las cuales no había investigaciones judiciales. Se han encontrado 2 mil 439 cadáveres de personas que no habían sido incorporadas a la lista de asesinatos.
Confiamos en que la política de Seguridad siga siendo el gran soporte para que la política de Justicia y Paz tenga todos los resultados.
Extradición y delitos de lesa humanidad
Entran temas de mucha discusión como la extradición. Primero, la ley fue muy clara en decir que no se podía invocar como factor de negación de la extradición.
Quienes hoy alegan desde lo político, desde algunas Organizaciones No Gubernamentales, que la extradición es un factor que viola la ley, en el proceso de construcción de la ley alegaban todo lo contrario.
Decían que la ley era para proteger a los criminales en contra de la extradición, para favorecerlos con el tratamiento de no extraditarlos, para legalizar el paramilitarismo. ‘Vivir para ver’, decía el ex presidente colombiano Alfonso López Pumarejo.
La extradición no se opone a la verdad, en la medida que operen los mecanismos de colaboración judicial, de acceso del Estado requerido al Estado requirente, se tiene que continuar el proceso de verdad.
En países donde la extradición es un disuasivo a los criminales, no es equivocado afirmar que en la mayoría de las ocasiones la extradición es más propensa a la verdad que el beneficio de no extraditar a criminales de enorme peligrosidad.
Nosotros hemos extraditado cuando se han negado a la reparación, cuando ha transcurrido el tiempo y no avanza la reparación.
Pensamos que la extradición no se puede denunciar como un elemento que afecta la reparación de las víctimas. Al contrario, en la medida que se aíslen a altos criminales de aquellas personas que aparecen como los dueños de sus bienes, se facilita la incautación de esos bienes.
La extradición nos ha ayudado a que en Colombia avance la extinción de dominio sobre bienes que estos criminales no confesaron y no entregaron durante todo el tiempo que estuvieron en Colombia, para contribuir a la reparación de las víctimas.
La extradición no crea impunidad frente a los delitos de lesa humanidad, pero hay una circunstancia de hecho. En Colombia, un alto porcentaje de delitos de lesa humanidad está conectado con el narcotráfico.
Basta recordar el holocausto de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia y la intervención del señor Presidente (de la Corte Suprema) ha terminado citando una de las frases magistrales del doctor (Alfonso) Reyes Echandía: ese holocausto fue producido por una alianza entre el narcotráfico y una de las guerrillas.
En Colombia el narcotráfico ha estado a un altísimo porcentaje de delito de lesa humanidad.
El Gobierno es cuidadoso para que al aplicar ese elemento tan importante de la globalización de la criminalidad, ese disuasivo de criminales que es la extradición, se garantice que una vez terminen de cumplir sus penas en el país requirente, tengan que regresar y ser puestos a disposición de Colombia para que Colombia no deje en impunidad esos delitos de lesa humanidad.
Pensar que la no extradición favorece el avance contra la impunidad puede crear un incentivo perverso. El narcotraficante puede sentirse invitado a incurrir en crímenes de lesa humanidad, para así evitar la extradición.
¿Por qué tiene que hacer el Gobierno estos comentarios y de la manera más respetuosa? Porque es que la extradición en Colombia corresponde a un proceso muy complejo.
La intervención del país requirente, de la Fiscalía General, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el pronunciamiento sobre la solicitud de la honorable Corte Superama de Justicia y finalmente, en el evento en que el pronunciamiento sea favorable, el ejercicio de una potestad constitucional discrecional por parte del Ejecutivo.
Entonces el tema tiene una profunda relación con la justicia y una profunda relación con dos materias que son del resorte de competencias del Ejecutivo: el combate a la criminalidad, el orden público y la conducción de las relaciones internacionales.
Claro que como en todo lo que tienen que ser la integración de nuestros países, se requiere, para que la extradición opere en debida forma, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes, una gran cooperación del país requirente con el país requerido.
Cooperación y lucha contra drogas
Y esa cooperación la necesitamos en todos los frentes que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad. Requerimos la cooperación entre las instituciones de justicia de nuestros países. Requerimos la cooperación entre las policías de nuestros países. Tenemos un enemigo en unas partes presentes, en otras partes latentes. Es el terrorismo estimulado por el narcotráfico.
La vieja asunción de responsabilidades, de acuerdo con la cual al asumir en algunos países la responsabilidad de la producción se pretendía explicar adjudicando a otro la responsabilidad del consumo, está superada.
Colombia ha vivido una experiencia que es bueno que ustedes tengan en cuenta. Cuando empezó el narcotráfico había una especie de actitud indulgente: ‘No, Colombia se beneficia del tráfico, pero aquí no habrá producción ni habrá consumo’.
Años después, cuando aparecieron las primeras 5 mil hectáreas de producción, se dijo: ‘eso no crece en Colombia’. Nuestra Policía científicamente concluye que de haberse medido con los mecanismos de exactitud de hoy y de cobertura de todo el territorio los cultivos de coca en el año 2000, Colombia habría presentado una cifra no inferior a 400.000 hectáreas. De acuerdo con las Naciones Unidas ahora tenemos alrededor de 81 mil hectáreas.
Un país que pensó que nunca sería productor llegó a esos niveles de producción. Y el narcotráfico cómo ha hecho de daño en el consumo. Colombia, como muchos de los países, también tiene un grave problema de consumo.
Cuando algunos nos proponen legalizar las drogas, nosotros respondemos, lo que hay que pensar es en ilegalizar ese gran componente que es el consumo. El mundo ha evolucionado hacia su legalización. Nosotros no somos ajenos a ello.
Aquí hay libertad de la dosis personal, eso se ha convertido en un canal para llevar la niñez a la criminalidad. Por eso una de las prioridades del Gobierno es la aprobación en el Congreso de la República del acto legislativo que permita la sanción de la dosis personal sin perjuicio de todas las tareas de prevención y de rehabilitación de personas enfermas.
Nosotros celebramos muchísimo esta reunión en Cartagena. Y queremos invitarlos a que nuestros países se unan en el propósito del imperio de la justicia. La mejor manera de trabajar de acuerdo con la primacía en el siglo XXI del juez y de la víctima, es evitando estos niveles de criminalidad que se convierten en los principales victimarios de nuestros pueblos.
Cuando Colombia avanza en acuerdos de cooperación para derrotar el narcotráfico y el terrorismo, lo quiere hacer en beneficio de las nuevas generaciones y en beneficio de todos los pueblos. Cooperamos con muchos países, con México con Guatemala, con Costa Rica, con Panamá, con el Perú y queremos cooperar con todos los países hermanos.
Así como nosotros pedimos cooperación, también ofrecemos toda nuestra voluntad de cooperación. El crimen es la negación de la libertad.
Les deseo todos los éxitos en estas deliberaciones. Están ustedes en la ciudad que pasó de la inquisición al espanto del terrorismo y que ha regresado a la construcción de confianza.
Bienvenidos a Cartagena y muchas gracias por venir a Colombia". |
