Frente a las personas que han expresado que no existen garantías electorales para las próximas elecciones a realizarse en 2010 debido a la demora en el trámite del Proyecto de Ley Estatutaria por medio de la cual se reglamenta la Reforma Política, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio manifiesta a la opinión pública que:

1. El Congreso de la República aprobó el 14 de julio de 2009 la Reforma Política contenida en el Acto Legislativo N° 1 de 2009 con el propósito de que sus disposiciones rigieran las campañas electorales y las elecciones para Congreso de la República y Presidente de la República que se avecinan.

2. Es preciso señalar que hoy están vigentes todas las sanciones y son aplicables en su integridad para las próximas jornadas electorales, como los son la silla vacía, la pérdida de la investidura por violación de topes electorales, la eliminación del carrusel y la pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos por avalar candidatos  vinculados a grupos armados ilegales y actividades de narcotráfico, así como el sistema de financiación electoral en el cual el Estado concurre por vía de reposición de gastos por votos obtenidos.

Por esta razón y en vista de la premura del tiempo dispuso que, para desarrollar las nuevas reglas sobre organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos contenidas en el artículo 1°, así como los nuevos preceptos sobre financiación política y electoral de que trata el artículo 3°, se tramitaría un Proyecto de Ley Estatutaria mediante un procedimiento acelerado, esto es, con mensaje de urgencia, sesiones conjuntas, mensaje de insistencia y revisión previa por la Corte Constitucional en términos reducidos a la mitad.

3. El Gobierno Nacional ha puesto todo su empeño en impulsar esta reforma, cumpliendo con su obligación de radicar el proyecto de Ley Estatutaria  el día 31 de julio, fecha a partir de la cual,  con el firme propósito de llegar a un acuerdo sobre los contenidos de la reglamentación,   el Ministerio del Interior y de Justicia convocó  20 sesiones de trabajo a las cuales asistieron miembros y voceros de todos los partidos políticos.

4. A pesar del diálogo permanente y del consenso político a instancias del Ministerio del Interior y de Justicia, que dio lugar al texto de la ponencia para primer debate y a la propuesta elaborada por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, la discusión del articulado ha surtido un trámite lento y dispendioso, presentando obstáculos que van desde la reiterada falta de quórum,  hasta la presentación de proposiciones ajenas al proyecto mismo, con claros visos de inconstitucionalidad.

5. El Proyecto de Ley sólo aborda los temas contenidos en los artículos 107 y 109 de la Constitución Política, sobre organización, funcionamiento y responsabilidad de los actores políticos, financiación política y electoral y atribuciones del Consejo Nacional Electoral como órgano de inspección, vigilancia y control.

No obstante la Ley Estatutaria no ha sido aún aprobada. Los Partidos y Movimientos Políticos, tienen la responsabilidad de establecer en sus estatutos internos el procedimiento para aplicar las sanciones establecidas por la Reforma Política hoy vigente, las cuales van desde multas, devolución de los recursos recibidos por financiación estatal, hasta la perdida de la curul. Si los partidos no hicieren esa reglamentación, será la autoridad competente la encargada de establecer  dichas sanciones.

6. La Reforma Política de 2009 sigue siendo una oportunidad única para implementar sin dilaciones, la responsabilidad política para los partidos y sus directores,  y superar los indeseables sucesos que han  acompañado  procesos electorales anteriores; es un paso hacia la profundización de la democracia en las organizaciones políticas, a través de un régimen de responsabilidad política de los partidos que no había sido previsto en Colombia y que, esperamos conduzca a un sistema democrático con Partidos y Movimientos Políticos fuertes, disciplinados, representativos y legítimos ante la opinión.

7. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia seguirá insistiendo en la prioridad de la iniciativa, pero es responsabilidad del Honorable Congreso de la República que ésta culmine su trámite durante el presente periodo, sin que medien intereses distintos a la clara y trasparente voluntad de blindar los procesos electorales de cualquier interés de actores ilegales.