Diciembre 21

   

Uribe propone convenio de MinDefensa con Defensoría del Pueblo para defender a integrantes de FF.AA.

Excluyendo a miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a los integrantes de la reserva de las Fuerzas Armadas de Colombia, actualmente hay 1.361 personas entre sindicadas y condenadas, de las cuales el 15 por ciento son por violaciones a los Derechos Humanos.

Bogotá, 21 dic (SP). El Presidente Álvaro Uribe Vélez propuso este lunes un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo para tener un grupo especial de defensores públicos que se dediquen a representar a los integrantes de la Fuerzas Armadas y a los ex integrantes.

“Creo que ese puede ser el camino, un convenio del Ministerio de Defensa con la Defensoría del Pueblo, para tener un grupo especial de defensores públicos que se dediquen a la defensa de los integrantes de la Fuerzas Armadas o de los ex integrantes”, aseguró el Jefe de Estado.

El anuncio lo hizo durante la Rendición de Cuentas de Derechos Humanos, realizada en la Casa de Nariño, donde planteó que los recursos económicos para avanzar en esta idea provengan del Ministerio de Defensa.

“Esta es una preocupación de todas las horas. Yo quisiera que esta Navidad no pasara sin que le diéramos esa garantía a las Fuerzas Armadas y creo que ahí tenemos un camino”, manifestó.

Uribe dijo que no hay ningún obstáculo legal para dedicar unos recursos del Ministerio de Defensa para hacer el convenio con la Defensoría del Pueblo y así tener un grupo de defensores públicos exclusivamente para integrantes de las Fuerzas Armadas.

Durante el evento, el Presidente manifestó que en uno de los últimos esfuerzos presupuestales a la Defensoría del Pueblo se le financió la creación de más de mil cargos de defensores públicos, además de los que había antes.

“Entonces, análogamente, porque no podemos tener defensoría pública para las Fuerzas Armadas. Yo creo que ninguna Ley prohíbe que la defensoría pública que hoy maneja la Defensoría del Pueblo defienda a integrantes de las Fuerzas Armadas”, anotó el Jefe de Estado.

Convenio en proceso

Por su parte el brigadier general, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, Jefe de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército Nacional, le expresó al Presidente Uribe que desde hace dos meses, por instrucciones del Ministro de Defensa, Gabriel Silva Lujan, y del Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, se realizó el contacto con el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez.

“Yo pienso que en esta semana ya está saliendo el borrador del convenio donde los defensores públicos van a interactuar con nosotros, donde obviamente, con unos recursos del Ministerio de Defensa, se tendrán que plantear”, dijo Rodríguez Clavijo.

Entre tanto el Director Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Humberto Toro Parra, anotó que actualmente esa entidad presta el servicio de defensa pública para garantizar dos derechos: el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad.

“El servicio se presta a personas que no tengan recursos para pagar un abogado particular. La Ley del Servicio de Defensoría Publica establece cuales son los deberes de la Defensoría del Pueblo, y en el marco de esa Ley se está revisando la posibilidad de un convenio con el Ministerio de Defensa para prestarle también el servicio de defensa publica a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que estén incursos en algún tipo de proceso”, aseguró Toro Parra.

Sobre las 1.361 personas entre sindicadas y condenadas de las Fuerzas Armadas en Colombia, el Director Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, agregó que el 15 por ciento de la cifra es por violación de los Derechos Humanos.

“La referencia a las cifras que se han ventilado en el día de hoy dan cuenta de los integrantes de la fuerza pública que se encuentran sindicados y condenados recluidos en centros carcelarios dispuestos para tal fin. Pero como lo preciso el señor Presidente esa cifra no da cuenta de que todos los casos son de condenas y sindicaciones por violaciones a los Derechos Humanos”, finalizó Toro Parra.

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