administrativo, Eugenio Alvarado, y el ex jefe de compras de esa entidad, Jaime Anay.
Ortiz González señaló que la decisión se originó luego de constatar que el mismo día en que el Gobierno anunció el despido de los funcionarios, el 23 de diciembre del año en curso, estos firmaron el contrato con la empresa a la que se le adjudicó la licitación, la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos Limitada.
“No sólo firmaron el contrato, sino que en el transcurso de la mañana de ese día del anuncio tramitaron la póliza y pagaron el impuesto de timbre, documentos necesarios para suscribir el contrato”, indicó el funcionario.
El Programa Presidencial de la Lucha contra la Corrupción informó que Óscar Ortiz también le pidió al ente de control disciplinario revisar la contratación del Instituto de los Seguros Sociales desde el pasado mes de agosto, incluyendo los contratos de prestación de servicios en esa entidad y la vinculación de personal de planta.
Hace unos días, el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, tomó la decisión de despedir a los tres funcionarios luego de que adjudicaran una licitación para organizar y sistematizar información del archivo del ISS, por un valor de 5 mil 400 millones de pesos, sin justificar ni dar explicaciones sobre irregularidades detectadas. |
