Los Jefes de Estado de Colombia, Guatemala, México y Panamá, reunidos con ocasión de la Jornada Presidencial contra la Delincuencia Organizada convocada por el Excelentísimo Señor Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá.

Considerando:

La legítima preocupación de la ciudadanía por el nivel de violencia existente en nuestros respectivos países y la necesidad de que se comprenda que esa violencia criminal es el producto natural y perverso del problema mundial de las drogas y de la delincuencia organizada, que se expresa en amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, la trata de personas y el tráfico de migrantes y las conexiones entre ellas.

Que la lucha contra estas amenazas genera enormes costos y sacrificios humanos, económicos y sociales.

La magnitud de la delincuencia organizada y el carácter transnacional de sus actividades delictivas, así como la naturaleza destructiva y desestabilizadora de sus objetivos de poder y control territorial, los medios que emplea, el uso intensivo y deliberadamente cruel del terror, la intimidación, la corrupción y la violencia con que busca imponerse a la sociedad y al Estado.

Que la delincuencia organizada atenta contra las instituciones de los Estados, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y consecuentemente tiene efectos altamente negativos para nuestras sociedades.

Que el fortalecimiento de los acuerdos y mecanismos bilaterales y subregionales en materia de seguridad y defensa contribuye a la paz y la estabilidad política de la región y a la seguridad en el Hemisferio.

Que se hace imprescindible profundizar la cooperación efectiva y oportuna entre las autoridades competentes de nuestros países, con miras a incrementar la capacidad de respuesta en la lucha contra todas las manifestaciones de la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.

Manifiestan:

1. Que la delincuencia organizada y el problema mundial de las drogas constituyen una amenaza para la gobernabilidad democrática, la seguridad del Estado y la sociedad.

2. Que se recopilarán los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes entre los países participantes en materia de combate a la delincuencia organizada; lucha contra el problema mundial de las drogas; cooperación en materia de seguridad, intercambio de información e inteligencia; procuración de justicia; lavado de activos; extradición y persecución criminal, con el fin que se concrete la suscripción de un instrumento jurídico único y abierto a la firma de otros países de la región.

3. Que el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico es una prioridad de política pública que exige acciones decididas, concertadas y coordinadas de cooperación por parte de nuestros Gobiernos, teniendo como base el principio de corresponsabilidad y los instrumentos internacionales vinculantes en el ámbito multilateral, regional y bilateral, incluyendo los Grupos de Alto Nivel de Seguridad y Justicia.

4. Que instan a los órganos pertinentes del Estado a que, en el ejercicio pleno e independiente de sus competencias, poderes y facultades, fortalezcan los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos.

5. Que en materia de combate al lavado de activos reconocen la importancia de unir esfuerzos para compartir, de forma continua y eficaz, mayor información relacionada con este fenómeno, e instruyen a sus respectivas autoridades a coordinarse entre ellas para sumar investigaciones financieras y patrimoniales concernientes a las organizaciones criminales que tengan presencia en cada uno de los países.

6. Que fortalecerán las acciones conjuntas encaminadas a combatir a las organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de migrantes, y sumarán esfuerzos con los demás países de la región para lograr este propósito, ya que se trata de un delito que no reconoce fronteras y que afecta a la seguridad nacional y a los derechos humanos de las víctimas del tráfico y la trata.

7. Que rechazan y condenan todas las formas de violencia y la presencia y acción de grupos armados ilegales cualquiera sea su origen y motivación.

8. Que invitan a los demás países del Hemisferio a continuar aunando esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones.

9. Que instruyen a sus respectivas autoridades, particularmente a las que participaron en las Mesas de Trabajo Técnicas celebradas como parte de esta Jornada, a concretar este esfuerzo conjunto, con pleno respeto a la soberanía y normatividad interna de cada país, a través de las siguientes acciones principales:

"Agilizar y mejorar el intercambio de información utilizando todas las herramientas tecnológicas al alcance, como es el caso de la Plataforma México.

"Estrechar la cooperación a efecto de lograr una más efectiva judicialización de casos.

"Aprovechar en el corto plazo las infraestructuras y programas de capacitación de los países participantes diseñados para el entrenamiento del personal encargado de la lucha contra la delincuencia organizada, profundizar el intercambio de experiencias en materia de desarrollo policial y colaborar para el establecimiento de sistemas de control de confianza.

"Promover esquemas de colaboración estrecha entre autoridades migratorias, a fin de combatir el tráfico de personas, el uso de documentos falsos y desarrollar mejores controles de identidad.

10. Que apoyan al Gobierno de Guatemala, encabezado por el Presidente Álvaro Colom Caballeros, en su esfuerzo en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico, y en el fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas de esta tarea, y que instan a la comunidad internacional a que continúe brindando todo su apoyo para combatir el flagelo de la delincuencia organizada que afecta a todo el pueblo de Guatemala.