![El Vicepresidente Francisco Santos Calderón dijo que si bien los grupos armados ilegales siguen sembrando minas antipersonal, con la Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, aprobada hoy lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), se puede “reversar” la tendencia en el número de víctimas.](../../../../fotos/2009/febrero/16/foto17.jpg) |
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El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó este lunes la Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, que fortalecerá la acción interinstitucional para la atención de víctimas, la educación en el riesgo y el desminado humanitario.
Bogotá, 16 feb (SP). Con 179.532 millones de pesos para ser ejecutados entre el 2009 y el 2012, el Gobierno continuará con la implementación de la Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, en los componentes de educación en el riesgo, asistencia a víctimas y desminado humanitario.
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El Vicepresidente Francisco Santos Calderón dijo que si bien los grupos armados ilegales siguen sembrando minas antipersonal, con la Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, aprobada hoy lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), se puede “reversar” la tendencia en el número de víctimas.
Foto: Miguel Ángel Solano - SP.
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El anuncio lo hizo el Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, responsable del Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonal.
Según el documento aprobado este lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), con las acciones contempladas se pretende garantizar que el desarrollo humano y socioeconómico de las comunidades no se vea obstaculizado por la existencia o sospecha de presencia de minas. Además, se busca que las víctimas de estos artefactos ejerzan plenamente sus derechos.
El Vicepresidente indicó que si bien los grupos armados ilegales siguen sembrando minas, con esta política se puede “reversar” la tendencia en el número de víctimas.
“Lo que este Conpes planeta es una política integral de fortalecimiento interinstitucional y de acción agresiva para la atención a las víctimas, dando prioridad a su rehabilitación integral (…). Es un paso adelante que nos coloca a la vanguardia en la lucha contra las minas antipersonal”.
Santos Calderón recordó que entre 1990 y 2008, cerca de 7 mil 500 colombianos fueron víctimas de minas antipersonal. En el último año se registró una disminución del 21 por ciento con respecto a 2007 en el número de personas afectadas, pero la situación “sigue siendo preocupante”.
Los departamentos que presentan mayor número de víctimas son Antioquia (1.665), Meta (772), Caquetá (568) y Bolívar (545).
Santos explicó que dentro de los objetivos específicos trazados por el Programa de Acción Integral contra las minas antipersonal de la Vicepresidencia de la República, se destacan el aumento en la cobertura para la educación en el riesgo de minas y el acceso oportuno y completo, por parte de las víctimas, a los servicios establecidos por la Ley, en salud, rehabilitación integral e inclusión socioeconómica.
Igualmente, el programa contempla la vinculación laboral de las víctimas bajo esquemas solidarios con la sociedad; el ajuste de la capacidad nacional en desminado humanitario de cara al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en acción contra minas y el desarrollo de alternativas que se adecuen a las características particulares de la condición de discapacidad de las víctimas.
Esta política será implementada por diferentes entidades del Gobierno como la Vicepresidencia de la República, la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
También tienen participación los ministerios del Interior y de Justicia, Defensa, Protección Social, Educación y Relaciones Exteriores, así como la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Con estas decisiones, el Gobierno, además de cumplirles a los colombianos en materia de protección, se pone al día con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la ratificación de la Convención de Ottawa.
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