Afirmó que “el manejo del orden público no puede ser negociable”, y subrayó que este es una potestad constitucional indelegable que tiene el Presidente de la República. Indicó, además, que la Nación está frente a unas organizaciones criminales que perturban la vida ciudadana, no solo en las selvas sino en los centros urbanos y en las veredas, y el Estado tiene que reprimirlas.
Valencia Cossio manifestó que ante la cobardía de las Farc, el país y los organismos internacionales tienen que expresar la más severa condena e iniciar una cruzada para exigir que en ninguna parte del territorio colombiano se violen los derechos humanos, sean quienes sean los violadores.
“El cinismo con que las Farc sacan el comunicado reconociendo esa infamia tiene que ser rechazado por el mundo entero. Las Farc pasan fácilmente de la barbarie al cinismo”, agregó.
Advirtió que nadie puede confundir a los actores ilegítimos como la guerrilla, los reductos paramilitares o las bandas emergentes y el narcotráfico con la Fuerza Pública, que representa la legitimidad del Estado.
“Aquellos no solamente han distorsionado y han hecho muy compleja la vida en Colombia, sino que han creado una serie de situaciones de violencia que ha padecido el pueblo indígena y en general el pueblo colombiano. En cambio, las Fuerzas Militares y de Policía, dentro del marco de la Constitución y la Ley, han estado y estarán en la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, anotó.
Reiteró que a esos actores ilegales, el Estado los está combatiendo y los va a combatir con toda la fuerza legítima que establecen la Constitución y las leyes.
Admitió que algunos elementos, desde las Fuerzas Militares o de Policía, han desbordado sus acciones, pero han sido sometidos a investigación y castigo, con toda severidad.
Subrayó que es importante la reiteración de las comunidades indígenas de que no son actores ni están de acuerdo con las acciones armadas.
Respeto mutuo a las jurisdicciones
El encuentro, en el Hotel Agualongo de Pasto, con la finalidad de tratar el tema de los Awá, también condujo a la conformación de una comisión que se encargará de preparar el cumplimiento que el Gobierno dará al auto 04/09 de la Corte Constitucional, para la protección de las comunidades indígenas.
El Ministro Valencia Cossio señaló que el Gobierno del Presidente Uribe cumplirá el auto, que se enmarca dentro de la propia Carta Política de los colombianos.
Anotó que también se respete el manejo propio de los territorios indígenas y su jurisdicción especial, dentro del marco de sus competencias.
Del mismo modo -dijo- las comunidades indígenas tienen que reconocer y respetar la jurisdicción ordinaria, de tal manera que cualquier ciudadano, sea indígena o no, que cometa una violación a la legislación colombiana, conforme al marco constitucional tiene que someterse a la jurisdicción ordinaria.
Recalcó que el Gobierno, en nombre del Estado colombiano, asume la responsabilidad de velar por la educación, la salud y el desarrollo de todas las comunidades, obviamente dentro de las limitaciones presupuestales que tiene.
Acuerdos
El Gobierno y los representantes indígenas acordaron una reunión, el próximo 5 de marzo en la población de El Diviso, Nariño, para comenzar a desarrollar e implementar los mandatos contenidos en el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
La reunión será coordinada por la Viceministra del Interior, Viviana Manrique, y el Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Franco. Así mismo, tendrá acompañamiento de organismos internacionales conforme a la comisión de seguimiento prevista en la decisión del alto tribunal.
El Gobierno seguirá prestando la ayuda humanitaria a los miembros de los pueblos indígenas desplazados, en especial a la comunidad Awá.
Además del Ministro Valencia Cossio, asistieron, entre otros, el Gobernador Antonio Navarro Wolf; el Comandante de la Policía de Nariño, coronel Alejandro Calderón Celis; el Comandante de la Brigada 29 del Ejército, general Alejandro Barrero, y el Director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Carlos Franco.
Así mismo, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez -quien actuó como moderador-, y representantes de las comunidades indígenas, entre ellos Eder Burgos y Gabriel Bisbiscus, de los Awá. |
