El Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), Eduardo Pizarro Leongómez, destacó que la puesta en marcha de este proceso le daría al país la posibilidad de garantizar el retorno seguro de cientos de comunidades campesinas a los sitios de donde fueron desplazadas.

Bogotá, 19 feb (SP). En enero del 2010, Colombia estaría recibiendo la visita de equipos civiles internacionales de desminado humanitario para apoyar el retorno de miles de familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado.

El proceso ya recibió el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, para lo cual se están conformando equipos de trabajo que definirán los mecanismos de apoyo, protocolos y ejecución del proceso de desminado por parte de grupos de civiles internacionales expertos en esta tarea.

El Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), Eduardo Pizarro Leongómez, destacó que la puesta en marcha de este proceso le daría al país la posibilidad de garantizar el retorno seguro de cientos de comunidades campesinas a los sitios de donde fueron desplazadas.

Pizarro Leongómez explicó que algunas experiencias de retorno de víctimas en el país están mostrando que el riesgo por minas antipersonales se está convirtiendo en el cuello de botella, puesto que hace insostenible su permanencia por la imposibilidad de realizar sus actividades productivas, como la siembra de la tierra, ante el riesgo de nuevos accidentes.

“Cuando se acabe la violencia en el país y la gente desplazada no pueda regresar a las zonas rurales podemos llegar a un cuello de botella que se debe romper”, dijo.

Hasta la fecha, el país dispone de seis pelotones de desminado integrados por 240 hombres que son insuficientes para cubrir las necesidades de todo el territorio nacional, lo cual se podría reforzar con grupos civiles internacionales que ya han hecho estas labores en otras partes del mundo afectadas por el mismo fenómeno, como Afganistán, Irak, Kosovo, Camboya o Bosnia.

El Director del Programa Presidencial para la Atención Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), Andrés Dávila Ladrón de Guevara, explicó que con el fin de reducir los riesgos de accidentes por parte de una organización civil, el país empezará a definir las condiciones, mecanismos y costos de implementar esta iniciativa.

Inicialmente, la experiencia arrancaría con dos procesos pilotos en zonas del país aseguradas por el Estado y que no representan riesgos para los integrantes de los equipos internacionales de desminado humanitario.

La estrategia se dará a conocer en noviembre de este año, durante la realización de la segunda revisión del Convenio de Ottawa en Cartagena. La puesta en marcha de los dos primeros casos pilotos se iniciaría en enero de 2010.

Teniendo en cuenta que en Colombia los grupos ilegales utilizan artefactos explosivos no convencionales, se deberán capacitar a los equipos en estos casos, puesto que la experiencia está relacionada con desminado de artefactos convencionales.

Actualmente, Colombia tiene el primer puesto a nivel mundial por número de víctimas afectadas por accidentes con estos artefactos y el tercer lugar por cantidad de minas sembradas. De acuerdo con cifras del Paicma, en el 64 por ciento de los municipios colombianos se han reportado accidentes con estos artefactos explosivos y en el 43 por ciento se han presentado víctimas.

La Cnrr y el Paicma firmaron hoy un convenio de cooperación interinstitucional para establecer un sistema de información común sobre actividades relacionadas con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (Muse), con el fin de colaborar eficazmente en el registro de factores de riesgo, población afectada, detección de zonas minadas y operaciones de desminado humanitario adelantadas en el territorio nacional.

Gracias a ello se fortalecerán los lazos de cooperación para trabajar en la coordinación de tareas de Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en las sedes regionales de la Cnrr, y apoyar la orientación a las víctimas en la ejecución de los procesos previstos en la ruta de atención integral a las víctimas de minas antipersonal.