Un documento, que fue entregado por el Gobierno de Estados Unidos al Congreso de ese país, indica que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz ha sido fundamental para esclarecer crímenes y reducir los índices de violencia en Colombia. Señala a las Farc, el Eln y bandas delincuenciales como las principales violadores de Derechos Humanos en el país.

Bogotá, 26 feb (SP). El reporte sobre Derechos Humanos 2008 del Departamento de Estado de Estados Unidos, destaca los avances de Colombia en esa materia, gracias a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

“A pesar de que los problemas continúan, el respeto del Gobierno por los asuntos de Derechos Humanos ha mejorado, lo cuel se evidenció particularmente en el progreso de la implementación de la Ley de Justicia y Paz”, dice un aparte del informe, que fue entregado en la víspera al Congreso de ese país.

El proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, exalta el informe, ayudó a clarificar más de 20 mil crímenes y llevó a la exhumación de 1.788 restos en 1.441 fosas comunes.

“Las investigaciones de la Suprema Corte y el Fiscal General de la Nación sobre el vínculo de políticos y paramilitares implicaron a 70 representantes, 15 gobernadores y 31 alcaldes; muchos de ellos estaban en la cárcel al final de año (2008)”, agrega.

El informe señala a las Farc y al Eln como los principales violadores de los Derechos Humanos en Colombia, cometiendo los siguientes delitos: muertes políticas, muerte de miembros retirados de las fuerzas públicas de seguridad y oficiales locales, secuestros y desapariciones forzosas, y desplazamientos masivos forzados.

La subordinación e intimidación de jueces, fiscales y testigos; violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos; restricción de la libertad de movimiento; amplio reclutamiento de niños soldados; ataques contra activistas de Derechos Humanos, y acoso, intimidación y muerte de profesores y sindicalistas, también figuran dentro de las acciones violentas de las guerrillas.

Nuevos grupos ilegales, que se dedican principalmente al narcotráfico por lo que son blanco de la Fuerza Pública, también son señalados en el documento como violadores de Derechos Humanos.

“Los paramilitares que se negaron a desmovilizarse y nuevos grupos ilegales, continúan cometiendo numerosos actos ilegales y abusos”, dice.

Expresa que la desmovilización de las AUC también ha sido fundamental para la reducción de asesinatos y otros abusos de los Derechos Humanos.

Otros temas

- El Gaula (entidad militar y de la policía creada para combatir el secuestro y la extorsión) y otros elementos de la fuerza de seguridad, liberaron a 222 rehenes durante el año. Fondolibertad reportó que 14 víctimas del secuestro mueren durante su cautiverio, comparado con 22 durante el 2007.

- El Gobierno permitió un monitoreo independiente de las condiciones de las prisiones, por parte de grupos de derechos humanos locales e internacionales. Dicho monitoreo se llevó a cabo durante el año. Las Farc y el Eln continúan negando el acceso del Comité de la Cruz Roja Internacional, a los secuestrados de la Policía y el Ejército.

- Las guerrillas y los grupos armados ilegales usaron niños como soldados. El Ministro de Defensa continúa creyendo que más de 4 mil 600 miembros de las Farc y 1.300 del Eln son menores y que la mayoría de combatientes entraron al grupo armado cuando todavía eran unos niños. El observatorio de derechos humanos reportó que en 2003 había aproximadamente 11 mil niños soldados y que las Farc y el Eln han continuado reclutándolos desde entonces.

- La ley provee libertad de prensa y de discurso y el gobierno generalmente respeta estos derechos en práctica. Los medios independientes fueron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricción. Un número de periódicos y revistas independientes publicaron libremente, y todas las publicaciones impresas son de carácter privado. Los canales de televisión y estaciones de radio privadas transmitieron libremente.

- El Gobierno provee libertad de asociación y agrupación, y el Gobierno respeta generalmente estos derechos en la práctica. La libertad de asociación se limita en la práctica por las amenazas y actos violentos cometidos por los grupos armados ilegales contra ONG’s, grupos indígenas, y uniones sindicales.

- Un programa del Ministerio de Interior y Justicia brindó protección a más de 966 activistas de Derechos Humanos durante el año. El Gobierno aumentó esta seguridad en 129 oficinas de ONG’s durante este año.

- Desde 2001, el Despacho del Fiscal General ha procesado 126 casos, de 247 perpetradores de actos violentos contra sindicalistas. En 2006 el Gobierno comenzó una labor especial, con una sub-unidad para procesar a aquellos que cometieron dichos actos, 19 fiscales y 96 investigadores de esta sub-unidad resolvieron 80 de los casos, logrando 154 convicciones.